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ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIO

WT/DS217/R
WT/DS234/R
16 de septiembre de 2002

(02-4742)

  Original: inglés

ESTADOS UNIDOS - LEY DE COMPENSACIÓN
POR CONTINUACIÓN DEL DUMPING
O MANTENIMIENTO DE LAS
SUBVENCIONES DE 2000
 


Informe del Grupo Especial


El informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto "Estados Unidos - Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones de 2000" se distribuye a todos los Miembros, de conformidad con lo dispuesto en el ESD. El informe es objeto de distribución general a partir del 16 de septiembre de 2002, de conformidad con los Procedimientos para la distribución y la supresión del carácter reservado de los documentos de la OMC (WT/L/160/Rev.1). Se recuerda a los Miembros que, de conformidad con el ESD, sólo las partes en la diferencia podrán recurrir en apelación contra el informe de un grupo especial. La apelación tendrá únicamente por objeto las cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial y las interpretaciones jurídicas formuladas por éste. No habrá comunicaciones ex parte con el Grupo Especial ni con el Órgano de Apelación en relación con asuntos sometidos a la consideración del Grupo Especial o del Órgano de Apelación.


Nota de la Secretaría: El presente informe del Grupo Especial será adoptado por el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su distribución, a menos que una parte en la diferencia decida recurrir en apelación o que el OSD decida por consenso no adoptar el informe. En caso de recurrirse en apelación contra el informe del Grupo Especial, éste no será considerado por el OSD a efectos de su adopción hasta después de haber concluido el procedimiento de apelación. Puede obtenerse información acerca de la situación actual del informe del Grupo Especial en la Secretaría de la OMC.

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN

II. ELEMENTOS DE HECHO

III. CONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES

A. PARTES RECLAMANTES

B. ESTADOS UNIDOS

IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

A. PRIMERA COMUNICACIÓN ESCRITA DE LAS PARTES RECLAMANTES

1. Australia

2. Brasil

3. Canadá

4. Chile y el Japón

5. Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia

6. Corea 

7. México 

B. PRIMERA COMUNICACIÓN ESCRITA DE LOS ESTADOS UNIDOS

C. PRIMERA DECLARACIÓN ORAL DE LAS PARTES CONTRATANTES

1. Australia

2. Brasil

3. Canadá 

4. Chile

5. Comunidades Europeas

6. India 

7. Indonesia

8. Japón

9. Corea

10. México

11. Tailandia 

D. PRIMERA DECLARACIÓN ORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

E. RESPUESTAS DE LOS RECLAMANTES A PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL

1. Australia 

2. Brasil 

3. Canadá

4. Chile 

5. Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia 

6. Japón 

7. Corea 

8. México 

F. RESPUESTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL, CHILE Y LAS COMUNIDADES EUROPEAS

1. Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas del Grupo Especial

2. Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas por Chile  

3. Respuestas de los Estados Unidos a las preguntas formuladas por las Comunidades Europeas 

G. SEGUNDAS COMUNICACIONES ESCRITAS DE LAS PARTES RECLAMANTES

1. Australia 

2. Brasil

3. Canadá 

4. Chile y el Japón 

5. Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia 

6. Corea

7. México 

H. SEGUNDA COMUNICACIÓN ESCRITA DE LOS ESTADOS UNIDOS

I. SEGUNDA DECLARACIÓN ORAL DE LAS PARTES RECLAMANTES

1. Australia 

2. Brasil

3. Canadá

4. Chile

5. Comunidades Europeas 

6. India 

7. Indonesia

8. Japón

9. Corea 

10. México

11. Tailandia 

J. SEGUNDA DECLARACIÓN ORAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

K. RESPUESTAS DE LAS PARTES RECLAMANTES A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL DESPUÉS DE LA SEGUNDA REUNIÓN

1. Australia 

2. Brasil

3. Canadá

4. Chile 

5. Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia 

6. Japón 

7. Corea

8. México 

L. RESPUESTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL DESPUÉS DE LA SEGUNDA REUNIÓN

V. ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS

VI. REEXAMEN INTERMEDIO


A. ESTADOS UNIDOS

B. MÉXICO

C. CANADÁ

D. AUSTRALIA

E. JAPÓN

F. COMUNIDADES EUROPEAS

G. COREA

VII. CONSTATACIONES

A. CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO

1. Presentación de nuevas pruebas 

2. Formulación de informes separados  

B. PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 18 DEL ACUERDO ANTIDUMPING Y PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 32 DEL ACUERDO SMC, Y PÁRRAFOS 2 Y 3 DEL ARTÍCULO VI DEL GATT: MEDIDA ESPECÍFICA CONTRA EL DUMPING O LAS SUBVENCIONES

1. Introducción 

2. Criterio para establecer si una medida constituye o no una "medida específica contra el dumping" 

3. Determinación acerca de si la CDSOA actúa o no específicamente en respuesta al dumping, en el sentido de que los pagos que dispone sólo pueden efectuarse cuando concurren los elementos constitutivos del dumping 

4. Determinación acerca de si la CDSOA es o no una medida específica contra el dumping

5. Examen acerca de si la CDSOA está autorizada por la nota 24 del Acuerdo Antidumping y la nota 56 del Acuerdo SMC 

6. Conclusión

C. PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO ANTIDUMPING Y PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 11 DEL ACUERDO SMC: LEGITIMACIÓN

1. Argumentos de las partes

2. Evaluación por el Grupo Especial 

3. Conclusión  

D. PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 8 DEL ACUERDO ANTIDUMPING Y PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 18 DEL ACUERDO SMC: COMPROMISOS

1. Argumentos de las partes

2. Evaluación por el Grupo Especial 

E. LA CUESTIÓN RELATIVA A LOS PAÍSES EN DASARROLLO: ARTÍCULO 15 DEL ACUERDO ANTIDUMPING

1. Argumentos de las partes

2. Evaluación por el Grupo Especial

F. PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 18 DEL ACUERDO ANTIDUMPING, PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 32 DEL ACUERDO SMC Y PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO XVI DEL ACUERDO SOBRE LA OMC: MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURAR LA CONFORMIDAD

1. Argumento de las partes

2. Evaluación por el Grupo Especial

G. EFECTOS DESFAVORBLES: ARTÍCULO 5 DEL ACUERDO SMC

1. Argumentos de las partes

2. Evaluación por el Grupo Especial

H. PÁRRAFO 10 DEL ARTÍCULO 4 Y PÁRRAFO 9 DEL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO SMC

1. Argumentos de las partes 

2. Evaluación por el Grupo Especial 

I. PÁRRAFO 3 A) DEL ARTÍCULO X DEL GATT

1. Argumentos de las partes 

2. Evaluación por el Grupo Especial 

3. Conclusión

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN

 

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A

Comunicaciones y declaraciones orales de terceros

Índice

Página

Anexo A-1           Comunicación de la Argentina en calidad de tercero A-2
Anexo A-2           Declaración oral de la Argentina en calidad de tercero A-8
Anexo A-3           Comunicación de Hong Kong, China en calidad de tercero A-13
Anexo A-4           Declaración oral de Hong Kong, China en calidad de tercero A-23
Anexo A-5           Comunicación de Israel en calidad de tercero A-26
Anexo A-6           Comunicación de Noruega en calidad de tercero A-29
Anexo A-7           Declaración oral de Noruega en calidad de tercero A-38

I. INTRODUCCIÓN

1.1 El 21 de diciembre de 2000, Australia, el Brasil, Chile, las Comunidades Europeas, Corea, la India, Indonesia, el Japón y Tailandia presentaron una solicitud conjunta de celebración de consultas con los Estados Unidos de América de conformidad con el artículo 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (el "ESD"), el párrafo 1 del artículo XXII del GATT, los párrafos 2 y 3 del artículo 17 del Acuerdo Antidumping, y el párrafo 1 del artículo 7 y el artículo 30 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (el "Acuerdo SMC") con respecto a la modificación de la Ley Arancelaria de 1930 promulgada por el Presidente el 28 de octubre de 2000 con el título "Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones de 2000" (la "Ley") (WT/DS217/1). El 6 de febrero de 2001 se celebraron las consultas en Ginebra, pero no permitieron resolver la diferencia.

1.2 El 21 de mayo de 2001, el Canadá y México solicitaron la celebración de consultas con los Estados Unidos de conformidad con el artículo 4 del ESD, el párrafo 1 del artículo XXII del GATT de 1994, el párrafo 1 del artículo 7 y el artículo 30 del Acuerdo SMC, y el artículo 17 del Acuerdo Antidumping con respecto al mismo asunto (WT/DS234/1). El 29 de junio de 2001 se celebraron las consultas en Ginebra, pero las partes no llegaron a una solución mutuamente satisfactoria de la diferencia.

1.3 El 12 de julio de 2001, Australia, el Brasil, Chile, las Comunidades Europeas, Corea, la India, Indonesia, el Japón y Tailandia solicitaron el establecimiento de un grupo especial de conformidad con el párrafo 7 del artículo 4 y el artículo 6 del ESD, el artículo XXIII del GATT de 1994, el artículo 17 del Acuerdo Antidumping y el artículo 30 del Acuerdo SMC, que tuviese el mandato uniforme previsto en el párrafo 1 del artículo 7 del ESD (WT/DS217/5). En la reunión que celebró el 23 de agosto de 2001, el Órgano de Solución de Diferencias (el "OSD") estableció el Grupo Especial.

1.4 El 10 de agosto de 2001, el Canadá y México solicitaron por separado el establecimiento de un grupo especial con respecto al mismo asunto de conformidad con el párrafo 7 del artículo 4 y el artículo 6 del ESD, el artículo XXIII del GATT de 1994, el artículo 17 del Acuerdo Antidumping y el artículo 30 del Acuerdo SMC (WT/DS234/12 y WT/DS234/13). En la reunión que celebró el 10 de septiembre de 2001, el OSD accedió a esas solicitudes y, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 del ESD, sometió el asunto al Grupo Especial establecido el 23 de agosto de 2001 (WT/DS234/14).

1.5 El mandato del Grupo Especial es el siguiente:

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados que han invocado Australia, el Brasil, Chile, las Comunidades Europeas, Corea, la India, Indonesia, el Japón y Tailandia en el documento WT/DS217/5, el Canadá en el documento WT/DS234/12 y México en el documento WT/DS234/13, los asuntos sometidos al OSD por Australia, el Brasil, el Canadá, Chile, las Comunidades Europeas, Corea, la India, Indonesia, el Japón, México y Tailandia en esos documentos y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dichos acuerdos."

1.6 El 15 de octubre de 2001, Australia, el Brasil, el Canadá, Chile, las Comunidades Europeas, Corea, la India, Indonesia, el Japón, México y Tailandia pidieron al Director General que estableciera la composición del Grupo Especial, de conformidad con el párrafo 7 del artículo 8 del ESD. El párrafo 7 del artículo 8 del ESD dispone lo siguiente:

"Si no se llega a un acuerdo sobre los integrantes dentro de los 20 días siguientes a la fecha del establecimiento del grupo especial, a petición de cualquiera de las partes, el Director General, en consulta con el Presidente del OSD y con el Presidente del Consejo o Comité correspondiente, establecerá la composición del grupo especial, nombrando a los integrantes que el Director General considere más idóneos con arreglo a las normas o procedimientos especiales o adicionales previstos al efecto en el acuerdo o acuerdos abarcados a que se refiera la diferencia, después de consultar a las partes en ella. El Presidente del OSD comunicará a los Miembros la composición del grupo especial así nombrado a más tardar 10 días después de la fecha en que haya recibido dicha petición."

1.7 El 25 de octubre de 2001, el Director General estableció la composición del Grupo Especial, que es la siguiente:

Presidente: Excmo. Sr. Luzius Wasescha
 
Miembros: Sr. Maamoun Abdel-Fattah
Sr. William Falconer

1.8 La Argentina; el Canadá; Costa Rica; Hong Kong, China; Israel; México y Noruega se reservaron el derecho a participar como terceros en el asunto DS217 y fueron considerados como terceros en el Grupo Especial único. Australia, el Brasil, el Canadá (con respecto a la reclamación de México), las Comunidades Europeas, Corea, la India, Indonesia, el Japón, México (con respecto a la reclamación del Canadá) y Tailandia se reservaron el derecho a participar como terceros en el asunto DS234.

1.9 El Grupo Especial se reunió con las partes los días 5 y 6 de febrero y 12 de marzo de 2002, con los terceros el día 6 de febrero de 2002.

1.10 El Grupo Especial presentó a las partes su informe provisional el 17 de julio de 2002 y su informe definitivo el 2 de septeimbre de 2002.

II. ELEMENTOS DE HECHO

2.1 La presente diferencia se refiere a la Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones de 2000 (la "CDSOA" o la "Ley de Compensación"), que fue promulgada el 28 de octubre de 2000 como parte de la Ley de Créditos Presupuestarios para la Agricultura, el Desarrollo Rural, la Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos y Organismos Conexos, 2001.1 La CDSOA modifica el Título VII de la Ley Arancelaria de 1930 añadiendo un nuevo artículo 754 titulado Compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones.2 El 21 de septiembre de 2001 entró en vigor un reglamento en el que se establecían procedimientos administrativos con arreglo a la Ley.3

2.2 La CDSOA dispone lo siguiente:

Los derechos fijados conforme a una orden de imposición de derechos compensatorios, una orden de imposición de derechos antidumping o una constatación en el marco de la Ley Antidumping de 1921 se distribuirán cada año con arreglo a este artículo, por los gastos admisibles, a los productores nacionales afectados. Esa distribución se denominará "compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones".4

2.3 Por "productores nacionales afectados" se entiende5:

Los fabricantes, productores, agricultores, ganaderos o representantes laborales (incluyendo las asociaciones de tales personas), que:

A) sean uno de los solicitantes o partes interesadas que intervinieron en apoyo de la solicitud que llevó a la aprobación de la orden de imposición de derechos antidumping, a la formulación de una constatación con arreglo a la Ley Antidumping de 1921 o a la aprobación de la orden de imposición de derechos compensatorios; y

B) continúen operando.

Las sociedades, empresas o personas que hayan interrumpido la producción del producto comprendido en la orden o constatación o cuyo patrimonio haya sido adquirido por una sociedad o empresa vinculada con una sociedad que se opuso a la investigación no serán productores nacionales afectados.6

2.4 A su vez, la expresión "gastos admisibles" está definida en la CDSOA como los "gastos hechos después de formularse una constatación en relación con derechos antidumping o de dictarse una orden de imposición de derechos antidumping o compensatorios en cualquiera de las categorías siguientes:

A) Instalaciones de fabricación.
B) Equipo.
C) Investigación y desarrollo.
D) Formación de personal.
E) Adquisición de tecnología.
F) Asistencia sanitaria a los empleados pagada por el empleador.
G) Pensiones de los empleados pagadas por el empleador.
H) Equipo, formación o tecnología relacionados con el medio ambiente.
I) Adquisición de materias primas y de otros insumos.
J) Capital de explotación u otros fondos necesarios para mantener la producción".7

2.5 La CDSOA dispone que el Comisario de Aduanas establecerá en el Tesoro de los Estados Unidos una cuenta especial para cada orden o constatación8 y depositará en esa cuenta todos los derechos fijados conforme a esa orden.9 El Comisario de Aduanas distribuirá todos los fondos (incluidos los intereses devengados por los fondos) procedentes de derechos fijados que se hayan recibido en el ejercicio económico precedente a los productores nacionales afectados sobre la base de un certificado en el que éstos declaren que tienen derecho a recibir la distribución y desean recibirla por los gastos admisibles efectuados desde que se dictó la orden o se formuló la constatación.10 Los fondos depositados en cada cuenta especial durante cada ejercicio económico deben distribuirse dentro de 60 días contados desde el comienzo del ejercicio siguiente.11 La CDSOA y el reglamento establecen que 1) si el monto total de las solicitudes certificadas netas presentadas por los productores nacionales afectados no excede de la cuantía de la compensación disponible, se pagará la totalidad de la solicitudes certificada neta con respecto a cada productor nacional afectado, y 2) si las solicitudes certificadas netas exceden de la cuantía disponible, la compensación se efectuará a prorrata sobre la base de cada solicitud certificada total de cada productor afectado.

2.6 Las cuentas especiales deberán cerrarse una vez que: "A) se haya revocado la orden o la constatación con respecto a la cual se estableció la cuenta; B) se hayan liquidado todas las entradas de importaciones relativas a la orden o a la constatación y se hayan percibido los derechos impuestos; C) el Comisario haya notificado la distribución de compensaciones y haya dado una última oportunidad de obtenerlas de conformidad con el apartado (c); y D) hayan transcurrido 90 días desde la fecha de la notificación a la que se refiere el apartado C)". Todas las cantidades que queden sin reclamar en la Cuenta habrán de ser depositadas con carácter permanente en el fondo general del Tesoro de los Estados Unidos.12

2.7 La CDSOA se aplica a todas las determinaciones de derechos antidumping y derechos compensatorios efectuadas a partir del 1º de octubre de 200013 en virtud de una orden sobre derechos antidumping o una orden sobre derechos compensatorios o una constatación con arreglo a la Ley Antidumping de 1921 que esté en vigor el 1º de enero de 1999 o se dicte con posterioridad a esa fecha.14

III. CONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES

A. PARTES RECLAMANTES

3.1 Las partes reclamantes sostienen que la finalidad expresa de la Ley de Compensación es reparar la "continuación del dumping o el mantenimiento de las subvenciones de los productos importados después de dictadas las órdenes o constataciones antidumping u órdenes de imposición de derechos compensatorios". Según las partes reclamantes, con ese objetivo, la Ley de Compensación prescribe que las autoridades aduaneras de los Estados Unidos deben distribuir con carácter anual los derechos fijados conforme a una orden de imposición de derechos compensatorios, una orden o constatación antidumping en el marco de la Ley Antidumping de 1921, a los "productores nacionales afectados" por los "gastos admisibles" que hayan efectuado (estos derechos son denominados infra "compensaciones").

3.2 Los reclamantes sostienen que la Ley de Compensación es un instrumento legislativo vinculante, que puede ser en sí misma objeto de un procedimiento de solución de diferencias en la OMC ya que no confiere facultades discrecionales a las autoridades competentes, que deben pagar las "compensaciones" siempre que se compruebe la existencia de las condiciones previstas en la Ley de Compensación.

3.3 Las partes reclamantes argumentan que las "compensaciones" constituyen una medida específica contra el dumping y las subvenciones que no está prevista en el GATT, el Acuerdo Antidumping o el Acuerdo SMC. Además, a juicio de las partes reclamantes, las "compensaciones" constituyen un poderoso incentivo para que los productores nacionales presenten o apoyen solicitudes de medidas antidumping o contra las subvenciones, por lo cual distorsionan la aplicación de las prescripciones en materia de legitimación previstas en el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC. Además, las partes reclamantes aducen que la Ley de Compensación obstaculiza la posibilidad de que los exportadores sujetos a una orden de imposición de derechos antidumping o compensatorios obtengan la concertación de un compromiso con las autoridades competentes puesto que los productores nacionales afectados tendrán un interés particular en oponerse a esos compromisos en favor de la percepción de derechos antidumping o compensatorios. A juicio de las partes reclamantes, ésta no es una aplicación razonable e imparcial de la legislación y la reglamentación de los Estados Unidos que ponen en aplicación las disposiciones del Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC en lo que respecta a las determinaciones de legitimación y a los compromisos.

3.4 Por los motivos enunciados supra, Australia15, el Brasil, el Canadá, Chile, las Comunidades Europeas, Corea, la India, Indonesia, el Japón, México y Tailandia consideran que la Ley infringe, en varios aspectos, las disposiciones siguientes:

- el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping, conjuntamente con el párrafo 2 del artículo VI del GATT y el artículo 1 del Acuerdo Antidumping;

- el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC, conjuntamente con el párrafo 3 del artículo VI del GATT y los párrafos 10 del artículo 4 y 9 del artículo 7 y el artículo 10 del Acuerdo SMC16;

- el párrafo 3 a) del artículo X del GATT;

- el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC;

- el artículo 8 del Acuerdo Antidumping y el artículo 18 del Acuerdo SMC; y

- el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC, el párrafo 4 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 5 del artículo 32 del Acuerdo SMC.

3.5 Las partes reclamantes sostienen que, al ser incompatible con las disposiciones enunciadas supra, la Ley de Compensación anula o menoscaba las ventajas resultantes para ellas de los citados Acuerdos.

3.6 Además, México considera que los pagos efectuados en virtud de la Ley de Compensación constituyen subvenciones específicas en el sentido del artículo 1 del Acuerdo SMC, que causan "efectos desfavorables" para sus intereses en el sentido del artículo 5 del Acuerdo SMC, en forma de anulación o menoscabo de las ventajas resultantes directa o indirectamente para México. Por esta razón, México considera que la Ley infringe también el artículo 5 del Acuerdo SMC.

3.7 La India e Indonesia sostienen también que la CDSOA menoscaba el artículo 15 del Acuerdo Antidumping relativo al trato especial y diferenciado para los países en desarrollo Miembros.

B. ESTADOS UNIDOS

3.8 Los Estados Unidos argumentan que la CDSOA autoriza pagos oficiales y que las distribuciones efectuadas en el marco de la Ley son compatibles con el artículo VI del GATT y los Acuerdos Antidumping y SMC porque no son subvenciones recurribles y no son "medidas contra" el dumping o las subvenciones.

3.9 Los Estados Unidos sostienen que no hay pruebas de que la CDSOA haya sido o vaya a ser aplicada de una manera no razonable o parcial (párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994) que afecte a las determinaciones en materia de legitimación y compromisos en las investigaciones antidumping y sobre derechos compensatorios. Según los Estados Unidos, las partes reclamantes no han establecido una presunción prima facie de una violación de las normas de la OMC y, a falta de una violación concreta de otra disposición del Acuerdo sobre la OMC, las alegaciones de las partes reclamantes fundadas en el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC, el párrafo 4 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 5 del artículo 32 del Acuerdo SMC también deben desestimarse.

IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

4.1 A continuación se resumen los principales argumentos presentados por las partes en sus comunicaciones escritas, declaraciones orales y respuestas a las preguntas.

A. PRIMERA COMUNICACIÓN ESCRITA DE LAS PARTES RECLAMANTES

1. Australia

a) Introducción

4.2 Australia, actuando conjunta y separadamente con algunos otros Miembros solicitó la iniciación de este procedimiento de solución de diferencias contra los Estados Unidos por lo que respecta a la Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones ("la Ley"), por la cual fue enmendado el Título VII de la Ley Arancelaria de 1930 ("la Ley Arancelaria") con la inserción de un nuevo artículo 754. La Ley se incluyó en la denominada Public Law 106-387 ("la Ley de Créditos Presupuestarios para la agricultura") y fue firmada por el Presidente de los Estados Unidos el 28 de octubre de 2000. La Ley se aplica a todas las determinaciones de derechos antidumping y compensatorios efectuadas a partir del 1° de octubre de 2000, inclusive.

4.3 La Ley, según ha sido aplicada, dispone que:

- los derechos percibidos por los Estados Unidos tras haberse dictado una orden de imposición de derechos compensatorios, una orden de imposición de derechos antidumping o una constatación en el marco de la Ley Antidumping de 1921;

- se distribuirán:

  • a todos los fabricantes, agricultores, ganaderos o representantes laborales (incluidas las asociaciones de tales personas) que:

  • fueron solicitantes o partes interesadas que apoyaron la solicitud de la orden de imposición de derechos compensatorios, orden de imposición de derechos antidumping o constatación en el marco de la Ley Antidumping de 1921, y
     

  • continúen operando,

  • por los gastos efectuados en las partidas aprobadas en relación con el producto similar después de haberse dictado la orden de imposición de derechos compensatorios, la orden de imposición de derechos antidumping o la constatación en el marco de la Ley Antidumping de 1921.

b) Argumentos jurídicos

i) La Ley tiene carácter de legislación imperativa

4.4 Según Australia, la Ley no permite discrecionalidad en cuanto a su aplicación. La Ley preceptúa la distribución, que habrá de efectuar el Comisario de Aduanas, de los derechos percibidos conforme a una orden de imposición de derechos antidumping, a una constatación en ese sentido o una orden de imposición de derechos compensatorios. Habida cuenta de las constataciones del Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916 (denominado en lo sucesivo Estados Unidos - Ley de 1916), la Ley tiene carácter de legislación imperativa en el sentido en que el concepto de legislación imperativa en contraposición al de legislación discrecional ha sido elaborado y aplicado por la jurisprudencia del GATT y de la OMC. Por lo tanto, la Ley puede ser impugnada en un procedimiento de solución de diferencias de la OMC.

ii) La Ley es incompatible con el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping, conjuntamente con el párrafo 2 del artículo VI del GATT de 1994 y el artículo 1 del Acuerdo Antidumping

4.5 Australia argumenta que el ámbito de aplicación del párrafo 2 del artículo VI del GATT y del artículo 1 y el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping se examinó minuciosamente en el asunto Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916. Según Australia, en ese asunto, el Órgano de Apelación llegó a la conclusión de que el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping, conjuntamente con el párrafo 2 del artículo VI del GATT y el artículo 1 del Acuerdo Antidumping son las únicas disposiciones aplicables a una medida que sea una medida específica contra el dumping y prohíben cualquier medida que no sea un derecho antidumping definitivo, una medida provisional o un compromiso relativo a los precios. En la medida en que una disposición establezca una "medida específica contra el dumping" distinta de esas respuestas permisibles, será necesariamente incompatible con el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping, interpretado conjuntamente con el párrafo 2 del artículo VI del GATT y el artículo 1 del Acuerdo Antidumping.

4.6 A juicio de Australia, una "orden de imposición de derechos antidumping" en el sentido de la Ley es el instrumento administrativo publicado por la autoridad competente mediante el que se establece el derecho antidumping que podrá imponerse a un producto objeto de dumping. Es la determinación formal de los Estados Unidos de que existe una situación en la que concurren los elementos constitutivos del dumping.

4.7 Según Australia, una constatación en el marco de la Ley Antidumping de 1921 es, en el sentido de la Ley, el instrumento administrativo publicado por la autoridad competente de los Estados Unidos que oficialmente determina que existe una situación en la que concurren los elementos constitutivos del dumping. Aunque la Ley Antidumping de 1921 fue derogada en 1979, siguen en vigor algunas de las constataciones formuladas con arreglo a ella, y los Estados Unidos siguen imponiendo derechos en virtud de esas constataciones.

4.8 Australia argumenta que la expresión "los derechos percibidos conforme a … una orden de imposición de derechos antidumping, o una constatación en el marco de la Ley Antidumping de 1921" se refiere, en el sentido de la Ley, a los derechos que sólo pueden ser fijados en respuesta a situaciones en las que concurran los elementos constitutivos del dumping, con el significado que les da el párrafo 1 del artículo VI del GATT, desarrollado por el artículo 2 del Acuerdo Antidumping. Son, por lo tanto, una "medida específica contra el dumping de las exportaciones de otro Miembro", en el sentido del párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping.

4.9 La Ley, sostiene Australia, sin embargo, no prescribe un derecho antidumping definitivo, una medida provisional ni un compromiso en materia de precios, que son las únicas respuestas al dumping permitidas por el artículo VI del GATT, y en especial por el párrafo 2 de ese artículo, leído conjuntamente con el Acuerdo Antidumping. En lugar de ello, la Ley ordena que si se fijan derechos:

- en respuesta a una situación en la que concurren los elementos constitutivos del dumping, y

- existe daño, amenaza de daño o retraso causados por ese dumping a una rama de producción de los Estados Unidos,

los derechos fijados deben ser distribuidos a los productores nacionales afectados por el dumping que hayan apoyado la solicitud de una investigación antidumping. Según Australia, con la promulgación de la Ley, los Estados Unidos han infringido el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping, conjuntamente con el párrafo 2 del artículo VI del GATT, y el artículo 1 del Acuerdo Antidumping.

iii) La Ley es incompatible con el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC, conjuntamente con el párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994, el párrafo 10 del artículo 4, el párrafo 9 del artículo 7 y el artículo 10 del Acuerdo SMC

4.10 A juicio de Australia, la Ley prescribe una medida específica en respuesta a situaciones en las que concurren los elementos constitutivos de la subvención, desde el punto del vista del razonamiento en que se asientan las constataciones del Grupo Especial y del Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - Ley de 1916.

4.11 Australia argumenta que la distribución de los derechos fijados no es simplemente una subvención a los productores, sino que depende de determinaciones positivas de órdenes de imposición de derechos compensatorios, y va ligada a ellas. Los derechos se distribuyen únicamente a los productores afectados que hayan apoyado la solicitud inicial, y en situaciones en las que se haya dictado una orden de imposición de derechos compensatorios. Si no se perciben derechos, es decir, si no existe una orden de imposición de derechos compensatorios, no se distribuyen esos derechos a los productores afectados con relación a los gastos admisibles que hayan efectuado por lo que se refiere al producto que haya sido objeto de la investigación en materia de derechos compensatorios. Los productores nacionales afectados no participarán en la distribución de los derechos fijados, a no ser que hayan apoyado la solicitud inicial, ni tampoco si no se ha establecido una cuenta especial en respuesta a una orden de imposición de derechos compensatorios. Cuando se ponga fin a la orden de imposición de derechos compensatorios, se cerrará también la cuenta especial. Los productores afectados ya no estarán "legitimados" para recibir las cuantías de los derechos fijados, ni se considerarán con derecho a ello.

4.12 Australia afirma que la Ley prescribe medidas en respuesta a situaciones en las que concurran los elementos constitutivos de la subvención y, por lo tanto, es una medida específica contra una subvención, en el sentido del párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC, interpretado conjuntamente con el artículo VI del GATT. La Ley no prescribe, sin embargo, señala Australia, un derecho compensatorio, una medida provisional, un compromiso voluntario ni una contramedida autorizada por el Órgano de Solución de Diferencias, aunque éstas son las únicas respuestas a las subvenciones permitidas por el artículo VI del GATT, leído conjuntamente con el Acuerdo SMC.

4.13 Según Australia, la Ley hace que se aplique tanto un derecho compensatorio como una contrasubvención en beneficio de los productores nacionales afectados. La Ley prescribe una medida para contrapesar o actuar en contra de la subvención por encima del nivel de subvención que se haya determinado. Prescribe, por lo tanto, la Ley una forma adicional de auxilio que contradice el artículo 10 del Acuerdo SMC, el que estipula que sólo se permite una forma de auxilio, a saber, una medida compensatoria o una contramedida. La Ley impone también contramedidas a productos de otros Miembros que no son objeto de órdenes de imposición de derechos compensatorios. La distribución de los derechos percibidos a los productores nacionales afectados se basa en los gastos admisibles efectuados en relación con el producto que ha sido objeto de una orden de imposición de derechos compensatorios. Estos derechos distribuidos equivalen a contrasubvenciones a los productores nacionales afectados que repercuten en los productos de Miembros de la OMC competidores que no fueron objeto de la orden (inicial) de imposición de derechos compensatorios. Australia afirma que las compensaciones que prescribe la Ley, como tales, equivalen a contrasubvenciones que afectan a la exportación de productos de los Miembros de la OMC competidores que no fueron objeto de la orden inicial de imposición de derechos compensatorios.

4.14 A juicio de Australia, la Ley prescribe también una medida que tiene por objeto contrarrestar los efectos de la subvención de otro Miembro de la OMC sin autorización del OSD. Australia argumenta que una medida de esa naturaleza no está permitida sino cuando el Miembro que otorga la subvención no ha aplicado una recomendación del OSD acerca de la subvención impugnada.

4.15 Australia sostiene que, al promulgar la Ley, los Estados Unidos han infringido el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC, conjuntamente con el artículo VI del GATT, el párrafo 10 del artículo 4, el párrafo 9 del artículo 7 y el artículo 10 del Acuerdo SMC.

iv) La Ley es incompatible con el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC

4.16 Australia argumenta que la Ley proporciona un incentivo económico directo y tangible a los productores nacionales del producto similar que se supone objeto de dumping o subvención para que apoyen una solicitud de iniciación de una investigación antidumping o en materia de derechos compensatorios. Según Australia, la Ley crea un sesgo sistémico favorable a que prospere la solicitud, facilitando -e incluso alentando positivamente- el necesario grado de apoyo de la rama de producción en una situación concreta. A juicio de Australia, la Ley no concuerda ni con el principio de que el marco jurídico del sistema de base normativa debe en sí mismo ser imparcial y objetivo, de manera que no aliente ni desaliente un resultado determinado, ni tampoco con el principio de la buena fe que informa los acuerdos abarcados. Australia sostiene que, al promulgar la Ley, los Estados Unidos distorsionan, o amenazan distorsionar, el requisito de que la solicitud se haga "por la rama de producción nacional o en nombre de ella", y han infringido el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC.

v) La Ley es incompatible con el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC, el párrafo 4 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 5 del artículo 32 del Acuerdo SMC

4.17 Australia argumenta que, al infringir las disposiciones del Acuerdo Antidumping y del Acuerdo SMC, como se señala en la comunicación de Australia, los Estados Unidos han infringido también el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC, el párrafo 4 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping, y el párrafo 5 del artículo 32 del Acuerdo SMC, en los que se prescribe que cada Miembro se asegurará de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones en el marco de la OMC.

2. Brasil

a) Introducción

4.18 El Brasil ha planteado esta diferencia contra los Estados Unidos para impugnar la compatibilidad de la Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones de 2000 (en adelante, la "Enmienda Byrd")17 con las obligaciones que imponen a este país los Acuerdos de la OMC. Según el Brasil, esta Ley obliga a las autoridades estadounidenses a distribuir las cantidades resultantes de los derechos fijados conforme a órdenes de imposición de derechos antidumping y derechos compensatorios entre los productores nacionales que hayan apoyado las solicitudes de investigación que hayan dado lugar en último término a la imposición y la fijación de esos derechos.

4.19 El Brasil impugna la compatibilidad de la Enmienda Byrd con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, el artículo VI del GATT de 1994 tal como lo interpretan los párrafos 1 del artículo 18, 4 del artículo 5, 1 del artículo 8 y 4 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y el artículo 10, los párrafos 10 del artículo 4, 9 del artículo 7, 1 del artículo 32, 4 del artículo 11, 1 del artículo 18 y 5 del artículo 32 del Acuerdo SMC, y el artículo XVI del Acuerdo por el que se establece la OMC.

b) Cuestiones sistémicas planteadas en el presente procedimiento

i) Ampliación de las medidas correctivas previstas en la OMC

4.20 El Brasil argumenta que la constatación por el Grupo Especial de que la Enmienda Byrd es compatible con las obligaciones en el marco de la OMC que imponen a los Estados Unidos el GATT de 1994, el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC tendría consecuencias que irían mucho más allá de estos tres Acuerdos. Esencialmente, esta constatación respaldaría el uso de dos formas de medidas correctivas por los Miembros de la OMC para compensar los daños causados a sus ramas de producción en el marco de los Acuerdos abarcados: 1) el pago de una indemnización monetaria; y 2) la subvención de las ramas de producción perjudicadas del país importador, supuestamente para compensar los daños causados por las importaciones objeto de dumping o subvencionadas. En opinión del Brasil, dado que éstas no son medidas correctivas previstas en los Acuerdos pertinentes, la constatación de que son compatibles con esos Acuerdos equivaldría a constatar que, independientemente de las medidas correctivas previstas en los Acuerdos de la OMC, un gobierno puede adoptar unilateralmente las disposiciones que considere apropiadas para promover una mayor disuasión respecto del comportamiento objeto de reclamación o para contrarrestar cualesquiera consecuencias desfavorables de dicho comportamiento. El Brasil argumenta que esto no se limita a los Acuerdos en cuestión en el presente procedimiento, sino que parecería aplicable a cualquier Acuerdo que autorice la utilización de aranceles como mecanismo para dar respuesta a quejas.

ii) Fomento de la proliferación de procedimientos en el marco de los Acuerdos pertinentes

4.21 El Brasil afirma que no cabe duda de que, si se constata que la Enmienda Byrd es compatible con el GATT de 1994, el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC, otros países seguirán rápidamente el ejemplo de los Estados Unidos. Será difícil para los gobiernos Miembros decir a sus ramas de producción perjudicadas que no pueden obtener indemnizaciones monetarias y efectos disuasorios adicionales del tipo de los que permite la Enmienda Byrd cuando las ramas de producción de la mayor economía mundial disfrutan de esos beneficios. En resumen, según el Brasil, las disposiciones de la Enmienda se convertirán, sin haber sido negociadas por los Miembros de la OMC o incorporadas a cualquiera de los Acuerdos de ésta, en parte del GATT de 1994, el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC.

4.22 El Brasil argumenta que la proliferación de indemnizaciones monetarias aumentará la incidencia de medidas antidumping y compensatorias, tanto en los Estados Unidos como, cada vez más a medida que el ejemplo prolifere, en otros países. Las indemnizaciones monetarias hacen que resulte más atractivo para una empresa o una asociación comercial destinar recursos a investigaciones antidumping y en materia de derechos compensatorios. Según el Brasil, el efecto disuasorio adicional mencionado por los patrocinadores del proyecto de ley hará también más atractivas las medidas antidumping y compensatorias.

c) La Enmienda Byrd proporciona una medida correctiva adicional del dumping y las subvenciones que es como las medidas correctivas previstas en la Ley Antidumping de 1916, incompatibles, según se constató, con las obligaciones de los Estados Unidos en el marco de la OMC

i) Las medidas correctivas prescritas en la Enmienda Byrd son no discrecionales e imperativas y, por lo tanto, son recurribles con arreglo a los precedentes de la OMC

4.23 El Brasil afirma que la jurisprudencia de los grupos especiales tanto del GATT como de la OMC deja claramente establecido que la legislación puede ser impugnada independientemente de su aplicación en determinadas circunstancias cuando es imperativa, no permite ninguna discrecionalidad en cuanto a su aplicación y ejecución y es incompatible con las obligaciones de un Miembro en el marco de la OMC. Según el Brasil, la Enmienda Byrd es imperativa y no permite a las autoridades estadounidenses decidir si deben o no distribuir los derechos antidumping y compensatorios a las partes que apoyen la solicitud de imposición de esos derechos.

ii) La medida correctiva prevista por la Enmienda Byrd es indudablemente una medida específica contra el dumping

4.24 El Brasil argumenta que las constataciones del Grupo Especial y el Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916 se centraron en si el artículo VI del GATT de 1994, según se interpreta en el Acuerdo Antidumping, limita las medidas específicas contra el dumping a las previstas en el artículo VI o en el Acuerdo Antidumping.18 Al llegar a su conclusión, el Grupo Especial se refirió expresamente a las limitaciones de las medidas contra el dumping, declarando "… que únicamente podrán aplicarse medidas en forma de derechos antidumping para contrarrestar el dumping …".19 El Órgano de Apelación llegó a una conclusión idéntica.20

4.25 Según el Brasil, la Enmienda Byrd se adopta en respuesta a situaciones en las que concurren los elementos constitutivos del dumping, que son precisamente las situaciones a que se refiere el Órgano de Apelación en su informe sobre el asunto Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916. El derecho a la aplicación de las medidas correctivas previstas en la Enmienda Byrd se basa totalmente en que se haya determinado la existencia de dumping o de subvención con arreglo a las leyes estadounidenses pertinentes por las que se aplican el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC.

iii) La medida correctiva prevista por la Enmienda Byrd es una medida correctiva adicional, como la que estaba en litigio en el procedimiento relativo a la Ley Antidumping de 1916

4.26 En opinión del Brasil, el párrafo 2 del artículo VI del GATT de 1994 enuncia claramente el objetivo de las medidas antidumping cuando declara que los derechos antidumping deben imponerse "con el fin de contrarrestar o impedir el dumping". Así pues, argumenta el Brasil, dicho objetivo es correctivo: impedir el dumping o contrarrestarlo, cuando las medidas no logran impedirlo. El Acuerdo Antidumping prevé dos medidas correctivas: 1) la imposición de derechos antidumping; y 2) los compromisos relativos a los precios. Ni el artículo VI del GATT de 1994 ni el Acuerdo Antidumping prevén una medida adicional que compense a la rama de producción perjudicada del país importador indemnizándola por los efectos pasados del dumping.

4.27 El Brasil afirma que en el asunto Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916, la decisión del Grupo Especial se basó en el hecho de que la Ley en litigio preveía "otras medidas correctivas distintas de los derechos antidumping", y de que ello no estaba en "conformidad con las disposiciones del GATT de 1994" y el "párrafo 1 del artículo 18" del Acuerdo Antidumping.21 La utilización de multas o penas privativas de la libertad y de indemnizaciones por daños estaba prevista en la Ley de 1916, además de la imposición de derechos antidumping. Por consiguiente, la medida correctiva cuya incompatibilidad con el artículo VI del GATT de 1994 y el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping constataron ese Grupo Especial y el Órgano de Apelación comprendía la misma medida correctiva en litigio en este procedimiento, es decir, la concesión de indemnizaciones monetarias a las partes respecto de las cuales se ha constatado que han sido perjudicadas por el dumping. En opinión del Brasil, tanto las indemnizaciones previstas por la Enmienda Byrd como las concedidas con arreglo a la Ley de 1916 se basan en la demostración de la existencia de los elementos constitutivos del dumping. Según el Brasil, el hecho de que, de conformidad con la Enmienda Byrd, las indemnizaciones se paguen con cargo a los ingresos resultantes de los derechos antidumping recaudados y, con arreglo a la Ley de 1916, las indemnizaciones sean pagadas directamente por las entidades que participan en el dumping no es pertinente. En ambos casos, la medida correctiva aplicada tiene la finalidad de compensar el daño concediendo una indemnización a las partes reclamantes.

4.28 El Brasil argumenta que, según sus patrocinadores, la Enmienda Byrd se adoptó para crear una disuasión adicional respecto del dumping y las subvenciones en forma de ayuda prestada por las entidades exportadoras, a sus expensas, a los competidores.22 También descrito como un "doble golpe"23, el objetivo era claramente proporcionar una medida correctiva adicional o mayor que los meros derechos antidumping o compensatorios.

iv) El razonamiento en que se basó la constatación efectuada por el Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916 se aplica igualmente a la distribución de los ingresos resultantes de los derechos compensatorios a las entidades estadounidenses reclamantes de conformidad con la Enmienda Byrd

4.29 El Brasil afirma que el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC es la contraparte del párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y prohíbe a los Miembros adoptar "ninguna medida específica contra una subvención" de otro Miembro, a menos que la medida sea compatible con el párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994, según se interpreta en el Acuerdo SMC. En consecuencia, argumenta el Brasil, conforme al razonamiento del asunto Estados Unidos - Ley Antidumping 1916, se aplican a los recursos contra las subvenciones las mismas limitaciones que a los recursos antidumping.

v) Las medidas correctivas previstas por la Enmienda Byrd son más fáciles de utilizar que las previstas en la Ley de 1916

4.30 Según el Brasil, no es tan fácil hacer uso de las medidas correctivas previstas en la Ley Antidumping de 1916 como de las contempladas en la Enmienda Byrd. Como se dice en el informe del Órgano de Apelación, la Ley de 1916 impone a las partes que intentan obtener una indemnización y al Gobierno, para que pueda aplicar las medidas correctivas civiles o penales solicitadas, determinados requisitos, además de demostrar la existencia de dumping perjudicial.24 Los requisitos impuestos por la Ley Antidumping de 1916 son incluso tales que esta Ley se ha aplicado en raras ocasiones y que los tribunales nunca han impuesto sus sanciones o medidas correctivas.25 Por el contrario, argumenta el Brasil, la Enmienda Byrd es aplicable en todas las situaciones en las que se imponen derechos antidumping y/o compensatorios, y todas las empresas que apoyan la solicitud de investigación que da lugar a esa imposición tienen automáticamente derecho a recibir los pagos por concepto de indemnización monetaria.

d) La Enmienda Byrd pone en peligro las evaluaciones objetivas al determinar si una solicitud de investigación goza del grado mínimo de apoyo requerido para la iniciación de dicha investigación de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC

i) De conformidad con la Enmienda Byrd, es imposible que las autoridades estadounidenses determinen en forma objetiva e imparcial si el apoyo se basa en la posible recompensa monetaria o en el deseo de obtener la imposición de derechos antidumping y compensatorios

4.31 El Brasil argumenta que, de conformidad con el párrafo 6 del artículo 17 del Acuerdo Antidumping, al evaluar los elementos de hecho, se deben respetar ciertos criterios, concretamente determinando si las autoridades han establecido adecuadamente los hechos y si han realizado una evaluación imparcial y objetiva de ellos. El párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994, aplicable a las investigaciones realizadas de conformidad con el Acuerdo Antidumping o con el Acuerdo SMC, dispone que las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas se aplicarán "de manera … imparcial y razonable". El Órgano de Apelación ha declarado que el concepto de "buena fe" está incorporado al párrafo 3 del artículo X e "informa las disposiciones del Acuerdo Antidumping y de los demás Acuerdos abarcados".26 Así pues, existe claramente un umbral de objetividad, imparcialidad y buena fe para actuar de conformidad con los Acuerdos pertinentes.

4.32 Según el Brasil, tanto el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping como el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC disponen que las autoridades deberán determinar el grado de apoyo a las solicitudes de investigaciones formuladas de conformidad con el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC, respectivamente.27 Con la solicitud pertinente se intenta obtener la realización de una investigación que tendrá como resultado la imposición de medidas correctivas para compensar los efectos de cualquier dumping o subvención perjudicial cuya existencia se constate durante la investigación. De conformidad con ambos artículos, la cuestión es si el apoyo de la rama de producción es suficiente para que se inicie la investigación encaminada a obtener la aplicación de tales medidas correctivas.

4.33 El Brasil sostiene que la existencia de la Enmienda Byrd pone gravemente, e incluso fatalmente, en peligro la capacidad de las autoridades estadounidenses de efectuar esa determinación. El resultado de una investigación antidumping o en materia de derechos compensatorios realizada con arreglo a la Enmienda Byrd influirá también en si las partes que apoyan la solicitud de investigación tendrán derecho, si dicha investigación da lugar a la fijación de derechos antidumping o compensatorios, a los beneficios monetarios previstos en la Enmienda. A juicio del Brasil, de conformidad con la Enmienda Byrd, las partes solicitantes no sólo tienen interés en que la investigación se realice desde un único punto de vista, es decir, desde el punto de vista de la imposición de medidas antidumping o compensatorias, sino que ahora abrigan un interés adicional, que consiste en tener derecho a los beneficios monetarios previstos en la Enmienda. Lógicamente, argumenta el Brasil, las autoridades estadounidenses no tienen ninguna manera de distinguir si el apoyo a una solicitud de investigación se debe al interés en los efectos correctivos de las medidas antidumping o compensatorias o al deseo de no renunciar a los beneficios monetarios que puede producir dicha investigación en forma de los pagos previstos en la Enmienda.

ii) La indemnización monetaria aumentará también la probabilidad de que se incremente el número de demandados a fin de aumentar los ingresos generados por los derechos antidumping y/o compensatorios, generalmente en detrimento de los proveedores más pequeños de los países en desarrollo

4.34 El Brasil afirma que la cuestión del apoyo dado por una rama de producción a una solicitud formulada en el marco del párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y/o del párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC, no se refiere sólo al grado de apoyo de que goce ésta dentro de esa rama, sino también al alcance de esa solicitud en lo relativo a los países demandados que han de incluirse. Debido a que las autoridades pueden evaluar acumulativamente los efectos de las importaciones procedentes de múltiples fuentes con arreglo al párrafo 3 del artículo 3 y al párrafo 3 del artículo 15 de los Acuerdos Antidumping y SMC respectivamente, las ramas de producción solicitantes tienen considerable discreción para determinar cuáles y cuántos serán los países que han de incluirse en el ámbito de su solicitud. Cuando las medidas antidumping y/o compensatorias constituyan la única cuestión, las partes solicitantes quizás no estén dispuestas a dedicar los recursos adicionales necesarios para aportar información relativa al dumping efectuado por fuentes más pequeñas. Los solicitantes bien pueden considerar que los costos superan a las ventajas de actuar contra estos otros países. No obstante, argumenta el Brasil, con la posibilidad ahora existente de percibir indemnizaciones monetarias por cada entrada adicional de mercancías comprendidas, es muy posible que la apreciación que efectúe la rama de producción solicitante se modifique. Según el Brasil, la cuestión no reside solamente en si se necesitan medidas con respecto a uno o más proveedores adicionales (o con respecto a grupos de proveedores insignificantes que juntos representen más del 7 por ciento de las importaciones, según lo autoriza el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping), sino también en si la inclusión de uno o más proveedores adicionales aumentará los ingresos por concepto de derechos y, por tanto, la cuantía de las indemnizaciones monetarias de que se dispondrá para su distribución a la rama de producción. A juicio del Brasil, por consiguiente, es perfectamente posible que la decisión de incluir determinados demandados dependa tanto o más de la perspectiva de recompensas monetarias que de la necesidad de medidas antidumping o compensatorias. El Brasil argumenta que esta distorsión muy probablemente afectará de manera desfavorable a los proveedores más pequeños y a los países en desarrollo. Los proveedores importantes siempre tienen una probabilidad mayor de ser incluidos que los más pequeños, simplemente en razón de sus efectos sobre el mercado, tanto en lo que se refiere al volumen y a la penetración de las importaciones, como a los precios. A falta de incentivo monetario, los proveedores más pequeños se ven a menudo excluidos de las investigaciones porque el costo de tratar de imponer derechos a esos proveedores supera los beneficios derivados de cualquier derecho que se imponga a un volumen de suministro tan pequeño.

e) La Enmienda Byrd afecta a la posibilidad de que las autoridades estadounidenses den por terminada una investigación, o la suspendan, como consecuencia de compromisos voluntarios asumidos con arreglo al párrafo 1 del artículo 8 o al párrafo 1 del artículo 18 de los Acuerdos Antidumping y SMC, respectivamente

4.35 El Brasil argumenta que la Enmienda Byrd, por los mismos motivos por los que pone en peligro la capacidad para determinar el grado de apoyo a la iniciación de una investigación, también afecta a la posibilidad de formular determinaciones sobre la suspensión o la terminación de investigaciones en virtud del párrafo 1 del artículo 8 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo SMC. En virtud de la Enmienda Byrd, las indemnizaciones monetarias concedidas con el producto de los derechos antidumping o compensatorios percibidos se han convertido en parte de la "medida correctiva" aplicada en los Estados Unidos en virtud de sus leyes de aplicación de los Acuerdos Antidumping y SMC, respectivamente. Al pasar a formar parte de la "medida correctiva", la indemnización monetaria se convierte también inevitablemente en un elemento de la evaluación de si la aceptación de compromisos voluntarios en lugar de la imposición de derechos constituye una alternativa aceptable para hacer frente al dumping y/o la subvención de que se trata. Según el Brasil, al influir en esta evaluación, la cuestión de las indemnizaciones monetarias se transforma en un elemento no contemplado en el Acuerdo Antidumping ni en el Acuerdo SMC y, por tanto, afecta a la posibilidad de que las autoridades de los Estados Unidos evalúen los compromisos voluntarios de la manera exigida en esos Acuerdos.

f) La Enmienda Byrd impide que las autoridades de los Estados Unidos apliquen sus leyes sobre derechos antidumping y compensatorios de manera uniforme, imparcial y razonable, según lo prescrito en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994

4.36 El Brasil afirma que aunque resulta claro, según se ha explicado, que la Enmienda Byrd infringe obligaciones sustantivas resultantes del GATT de 1994, del Acuerdo Antidumping y del Acuerdo SMC, dicha Enmienda también conduce a la violación de las salvaguardias de procedimiento y de debido proceso establecidas en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. En dicho párrafo se impone a los Miembros la obligación de "aplicar […] de manera uniforme, imparcial y razonable sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas …" Además, según declaró el Grupo Especial que se ocupó del asunto Estados Unidos - Acero inoxidable, las leyes y reglamentos antidumping constituyen "leyes y reglamentos" en el sentido del párrafo 1 del artículo X del GATT de 1994 y, por tanto, se encuentran dentro del ámbito de las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a los que se aplica el párrafo 3 a) del artículo X.28

4.37 Según el Brasil, la Enmienda Byrd pone fatalmente en peligro la capacidad de las autoridades estadounidenses para determinar el grado de apoyo de la rama de producción a la imposición de medidas antidumping o compensatorias. La cuestión del apoyo no se limita a la determinación del que existe para las solicitudes iniciales con arreglo al párrafo 4 del artículo 5 y el párrafo 4 del artículo 11 de los Acuerdos Antidumping y SMC, respectivamente. Ésta, argumenta el Brasil, también se plantea, por ejemplo, en el marco de la disposición reglamentaria 351.222 del Departamento de Comercio relativa a la revocación de órdenes de imposición de derechos antidumping.29 Así, en el apartado g), se establece que el Secretario de Comercio puede revocar una orden de imposición de un derecho antidumping cuando "productores que representen esencialmente toda la producción del producto similar nacional al que la orden … corresponda hayan expresado su falta de interés en esa orden …".30 De manera análoga, con arreglo al apartado i) de la misma disposición, el Secretario puede revocar una orden cuando "las partes nacionales interesadas hayan respondido de manera insuficiente" a la notificación de iniciación de un examen quinquenal por caducidad. Según el Brasil, en estos casos, el grado en que la rama de la producción está dispuesta a "expresar interés" en el mantenimiento de una orden antidumping o a proporcionar una respuesta suficiente a fin de evitar la revocación de una orden de imposición de derechos antidumping vigente, puede ser decisivo para el resultado. Ciertamente, si la rama de producción no manifiesta interés en un examen por modificación de las circunstancias o da una respuesta insuficiente en un examen por caducidad, la orden de imposición de derechos antidumping es automáticamente revocada.31 Sin embargo, en opinión del Brasil, en la posición de la rama de producción influirán inevitablemente los efectos que tendrá su posición -la de no oponerse a una revocación en un examen por modificación de las circunstancias o la de no proporcionar respuesta suficiente en un examen por caducidad- sobre la posibilidad de seguir disfrutando de las indemnizaciones monetarias suministradas por las autoridades de los Estados Unidos mientras tales derechos sigan en vigor. Según el Brasil, la posibilidad de que las autoridades estadounidenses efectúen en estas situaciones una determinación imparcial y objetiva del apoyo o la falta de apoyo para el mantenimiento de las medidas antidumping, no es mayor que aquella de que gozan al evaluar el grado de apoyo de la solicitud inicial. Por consiguiente, argumenta el Brasil, la manera en que se aplique la legislación en materia de revocación variará según la medida en que la rama de producción nacional se vea influida por el deseo de seguir recibiendo los pagos en concepto de indemnizaciones monetarias.

g) La Enmienda Byrd infringe también la obligación contraída por los Estados Unidos de poner sus leyes en conformidad con el Acuerdo sobre la OMC

4.38 El Brasil argumenta que, dadas las incompatibilidades de la Enmienda Byrd con el GATT de 1994, el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC, los Estados Unidos están infringiendo también el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo sobre la OMC), que prescribe que cada Miembro "se asegurará de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan" los Anexos a ese Acuerdo.

h) Solicitud de constataciones y recomendaciones

4.39 Por las razones expuestas, el Brasil solicita respetuosamente al Grupo Especial que constate que:

a) la Enmienda Byrd es incompatible con las obligaciones contraídas por los Estados Unidos con arreglo a las distintas disposiciones del GATT de 1994, el Acuerdo Antidumping, el Acuerdo SMC y el Acuerdo sobre la OMC;

b) las medidas específicas para hacer frente al dumping y a las subvenciones previstas en la Enmienda Byrd son contrarias a los párrafos 2 y 3 del artículo VI del GATT de 1994, al párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y al artículo 10, el párrafo 10 del artículo 4, el párrafo 9 del artículo 7 y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC;

c) los incentivos financieros establecidos imperativamente en la Enmienda Byrd y proporcionados a los productores nacionales que apoyan las solicitudes de investigaciones encaminadas al establecimiento de derechos antidumping o compensatorios conducen a incompatibilidades con el párrafo 4 del artículo 5 y el párrafo 4 del artículo 11 de los Acuerdos Antidumping y SMC, respectivamente;

d) los incentivos financieros establecidos imperativamente en la Enmienda Byrd y proporcionados a los productores nacionales impiden que las autoridades de los Estados Unidos actúen de manera compatible con el párrafo 1 del artículo 8 y el párrafo 1 del artículo 18 de los Acuerdos Antidumping y SMC, respectivamente;

e) como resultado de la Enmienda Byrd la legislación de los Estados Unidos relativa a los derechos antidumping y compensatorios se aplica de manera incompatible con las salvaguardias de procedimiento establecidas en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994; y

f) las infracciones acumulativas especificadas en los apartados anteriores conducen a la violación del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC, el párrafo 4 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 5 del artículo 32 del Acuerdo SMC.

4.40 El Brasil solicita también que el Grupo Especial recomiende que los Estados Unidos pongan la legislación impugnada en conformidad con las obligaciones dimanantes de los Acuerdos mencionados y deroguen la Enmienda Byrd.

3. Canadá

a) Introducción

4.41 Según el Canadá, en esta diferencia está en litigio la Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones de 2000 (CDSOA), promulgada por los Estados Unidos para modificar el Título VII de la Ley Arancelaria de 1930.32 La CDSOA exige que los derechos percibidos en virtud de una orden de imposición de derechos antidumping o de derechos compensatorios se distribuyan a los "productores nacionales afectados" que tengan derecho a la distribución. Para tener derecho a la distribución, los productores han de presentar o apoyar una petición de que se impongan derechos antidumping o derechos compensatorios (en el derecho estadounidense, una "solicitud") que lleve a la expedición de una orden de imposición de derechos antidumping o de derechos compensatorios en virtud de la cual se perciban derechos. Por consiguiente, argumenta el Canadá, con la CDSOA, los poderes públicos de los Estados Unidos han promulgado una ley que de hecho paga a los productores nacionales por apoyar solicitudes y, como los derechos sólo puedan pagarse si se perciben, no se conciertan acuerdos sobre compromisos. El Canadá sostiene que la CDSOA constituye un incumplimiento de las obligaciones de los Estados Unidos en el marco de la OMC por los motivos enunciados a continuación.

4.42 En primer lugar, según el Canadá, el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (el Acuerdo Antidumping) y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (el Acuerdo SMC), conjuntamente con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994), limitan las medidas que los Miembros pueden adoptar para compensar el dumping y las subvenciones causantes de daño. En el contexto del dumping, el Órgano de Apelación confirmó, en el asunto Estados Unidos - Ley Antidumping de 191633 que estas medidas se limitan a los derechos antidumping definitivos, las medidas provisionales y los compromisos. A juicio del Canadá, las constataciones del Órgano de Apelación se aplican igualmente para limitar las medidas que pueden adoptarse con arreglo al Acuerdo SMC y al GATT de 1994. La CDSOA prevé pagos destinados a contrarrestar un dumping o unas subvenciones causantes de daño. El Canadá argumenta que es una medida correctiva que no está autorizada. Como tal, sostiene el Canadá, contraviene el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping, conjuntamente con el artículo VI del GATT de 1994 y el artículo 1 del Acuerdo Antidumping, y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC, conjuntamente con el artículo VI del GATT de 1994 y el artículo 10 del Acuerdo SMC.

4.43 En segundo lugar, en opinión del Canadá el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC disponen que las autoridades investigadoras sólo pueden iniciar investigaciones para imponer derechos antidumping o derechos compensatorios si determinan que la solicitud cuenta con el apoyo necesario de la rama de producción pertinente. La creación de incentivos monetarios para que los productores nacionales presenten o apoyen solicitudes, a su vez, hace más probable que el Departamento de Comercio constate que una solicitud particular cuenta con apoyo suficiente para iniciar una investigación. Según el Canadá, al distorsionar las disposiciones de la Ley Arancelaria de 1930 relativas al apoyo de la rama de producción nacional, la CDSOA, en consecuencia, contraviene el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC.

4.44 En tercer lugar, el Canadá argumenta que el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC también establecen el medio de poner fin prontamente, mediante la aceptación de compromisos, a las investigaciones encaminadas a la imposición de derechos antidumping o de derechos compensatorios. Conforme a la legislación de los Estados Unidos, la aceptación de compromisos por el Departamento de Comercio está, de hecho, supeditada a que la rama de producción nacional pertinente acepte cualquier acuerdo propuesto. Al establecer una retribución financiera que sólo se puede obtener en los casos en que se hayan impuesto derechos, la CDSOA da a los productores estadounidenses un incentivo para no otorgar su consentimiento. En consecuencia, la CDSOA socava la capacidad de las disposiciones de la legislación estadounidense relativas a los acuerdos de suspensión para funcionar de manera compatible con las obligaciones que imponen a los Estados Unidos, en la OMC, el párrafo 1 del artículo 8 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo SMC.

4.45 En cuarto lugar, según el Canadá, la CDSOA, además de llevar a las infracciones sustantivas de las normas de la OMC indicadas más arriba, hace que la aplicación de la legislación estadounidense en materia de derechos antidumping y de derechos compensatorios sea injusta, no razonable y parcial contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. Establece incentivos que hacen más probable que los productores nacionales presenten o apoyen solicitudes y frustren compromisos, lo que hace imposible una aplicación razonable e imparcial de la legislación estadounidense en materia de medidas correctivas comerciales, contraviniendo el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

4.46 Por último, el Canadá argumenta que, por los mismos motivos identificados supra, los Estados Unidos no han hecho que sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos estén en conformidad con las obligaciones que han contraído en el marco de la OMC, como lo disponen el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (el Acuerdo sobre la OMC), el párrafo 4 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 5 del artículo 32 del Acuerdo SMC.

b) La CDSOA

4.47 Según el Canadá, antes de que la CDSOA fuera promulgada, los derechos antidumping y los derechos compensatorios formaban parte de los ingresos generales de los Estados Unidos. De resultas de la CDSOA, todos los derechos percibidos conforme a órdenes de imposición de derechos antidumping o compensatorios o una constatación en el marco de la Ley Antidumping de 1921 se distribuirán cada año, por los gastos admisibles, a los productores nacionales afectados".34 Estos pagos se denominan "compensaciones".35

4.48 El Canadá afirma que, para obtener una compensación, el solicitante ha de presentar al Comisario Adjunto de Aduanas un certificado en el que indique que cumple los requisitos de la CDSOA. Sólo tienen derecho a recibir una compensación los solicitantes o los productores o asociaciones nacionales que apoyaron una solicitud ("productores nacionales afectados"), que llevó a que se dictase una orden por la que se impusieron derechos, y continúen operando. Los productores nacionales afectados no pueden recibir compensaciones más que por los "gastos admisibles". Éstos son gastos hechos después de dictarse una orden de imposición de derechos antidumping o de derechos compensatorios relacionados con la producción del producto abarcado por la orden y comprendidos en una de las categorías enumeradas.

4.49 A juicio del Canadá, la CDSOA está estructurada de forma que todos los derechos que hayan de pagarse a los productores nacionales afectados se separen en cuentas individuales para cada orden del Departamento de Comercio. Al menos 90 días antes de la expiración de un ejercicio fiscal, el Comisario de Aduanas habrá de publicar en el Federal Register un aviso de su intención de distribuir compensaciones. Los productores nacionales afectados cuyas solicitudes certificadas se acepten recibirán posteriormente los pagos correspondientes con cargo a la cuenta establecida para la orden en la que se basaba la solicitud. Todos los fondos que queden en una cuenta especial habrán de ser depositados con carácter permanente en el fondo general del Tesoro de los Estados Unidos.

4.50 El Canadá afirma que los partidarios de la CDSOA han explicado repetidamente por qué fue necesario promulgar esa disposición legislativa. Poco después de que la CDSOA fuera promulgada, el Senador Byrd declaró que, incluso si el Departamento de Comercio y la USITC impusieran derechos para hacer frente a las prácticas comerciales desleales, tales "derechos compensatorios son ineficaces para ayudar a las ramas de producción nacional", y, una vez más, que la "legislación en vigor simplemente no es suficientemente rigurosa …". El Senador DeWine, patrocinador de versiones anteriores de la Ley, declaró que esas versiones anteriores irían "más allá que la Ley de 1930", pues no se limitarían a imponer derechos, y que era "hora de que impusiéramos un precio más alto al dumping y a las subvenciones".36

4.51 El Canadá sostiene que el fondo del proyecto de ley y la manera en que fue aprobado suscitaron muchas inquietudes en el Congreso y en la Administración. Las preocupaciones del Congreso quedaron resumidas de manera óptima en la declaración del Senador Nickles, quien dijo que la CDSOA era un error y que era inadecuado añadir una disposición sobre comercio a un proyecto de ley sobre agricultura, que no habría sido aprobada conforme al proceso normal y que no era compatible, de "ningún modo y de ninguna manera", con los derechos conferidos por la OMC. El propio Presidente Clinton pidió al Congreso que anulase la CDSOA y la Administración Clinton, en su Exposición de la Política de la Administración, declaró que la CDSOA no era necesaria porque "la finalidad de los propios derechos antidumping y derechos compensatorios" era restaurar unas condiciones en las que el comercio fuera leal, y que la Ley suscitaba motivos de inquietud en lo que se refería a la compatibilidad con los objetivos estadounidenses de política comercial, en particular la posibilidad de que los "interlocutores comerciales adopt[aran] mecanismos similares". Estas afirmaciones demuestran que los propios legisladores estadounidenses tienen conciencia de la capacidad de distorsión del comercio de la CDSOA y de que la CDSOA es incompatible con las normas de la OMC.37

c) Argumentos jurídicos

i) Las normas de la OMC limitan las medidas que los Miembros pueden tomar contra el dumping o las subvenciones

La CDSOA es una "medida específica contra el dumping" que no está en conformidad con el GATT de 1994 ni con el Acuerdo Antidumping

4.52 El Canadá argumenta que en el asunto Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916 el Órgano de Apelación constató que, para entender las prescripciones del artículo VI, había que interpretarlas a la luz de las disposiciones del Acuerdo Antidumping. También constató que el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping, en particular, aclaraba el ámbito de aplicación del artículo VI del GATT de 1994. Declaró que el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping dispone que no podrá adoptarse ninguna "medida específica contra el dumping" si no es "de conformidad con las disposiciones del GATT de 1994, según se interpretan en el … Acuerdo [Antidumping]". Asimismo, el sentido corriente de las palabras "medida específica contra el dumping" son las medidas que se adopten en respuesta a situaciones en las que concurran los elementos constitutivos del "dumping". De ello se desprende que las "medidas específicas contra el dumping" han de comprender, como mínimo, las medidas que puedan tomarse solamente cuando se den los elementos constitutivos del "dumping".

4.53 El Canadá afirma que el Órgano de Apelación concluyó que estas formas de actuación, para que sean permisibles, se limitan a la imposición de derechos antidumping definitivos, la adopción de medidas provisionales y los compromisos sobre precios.38 Como el párrafo 2 del artículo VI, interpretado teniendo presente el Acuerdo Antidumping, no autoriza ninguna otra forma de actuación, toda medida contra el dumping que se adopte en cualquier otra forma infringirá el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 2 del artículo VI del GATT de 1994.39

4.54 Según el Canadá, las compensaciones sólo se pagarán cuando se haya dictado una orden de imposición de derechos antidumping o de derechos compensatorios y se hayan percibido los derechos correspondientes. Por consiguiente, las medidas que se tomen con arreglo a la CDSOA se adoptan "en respuesta a situaciones en las que concurran los elementos constitutivos del dumping". En consecuencia, la CDSOA constituye una "medida específica contra el dumping".

4.55 El Canadá sostiene que esta conclusión está corroborada de diversas formas, relacionadas con el hecho de que la CDSOA separa y distribuye los derechos sobre la base de las órdenes concretas dictadas. Primero, la Ley y el Reglamento exigen que los derechos percibidos en virtud de cada orden se ingresen y se mantengan en cuentas relativas a órdenes específicas. Segundo, sólo los solicitantes o los nacionales que han apoyado una solicitud concreta pueden recibir pagos de esas cuentas. Tercero, los "productores nacionales afectados" sólo pueden recibir compensaciones por los "gastos admisibles" efectuados después de haberse dictado una orden concreta. Esos gastos han de estar relacionados con la producción del producto al que se refiera la orden. Finalmente, en las situaciones en que los fondos existentes en una cuenta concreta sean insuficientes para pagar todos los gastos admisibles por los que se haya pedido compensación, los pagos se harán a prorrata.

4.56 Según el Canadá, el hecho de que la CDSOA constituye una "medida específica contra el dumping" se desprende también evidentemente del artículo 1002, en el que el Congreso declara de hecho que está tomando "medidas específicas contra el dumping" necesarias para "reforzar las leyes comerciales de los Estados Unidos", porque la aplicación de derechos antidumping y de derechos compensatorios no hace que "los precios de mercado vuelvan a unos niveles equitativos". Además, como se refleja en su título, la "Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones de 2000" estaba destinada a contrarrestar el dumping o las subvenciones. El término "offset" significa "[a] counterbalance to or compensation for something else ..." (un contrapeso o una compensación por otra cosa).40 Como los redactores de la CDSOA y sus predecesores han declarado repetidamente, las compensaciones tienen por finalidad resarcir a los productores nacionales el perjuicio causado por la continuación del dumping o el mantenimiento de las subvenciones de las importaciones.

4.57 El Canadá sostiene que, habiendo demostrado que la CDSOA es una "medida específica contra el dumping", la cuestión que se plantea es si la CDSOA es una "medida específica contra el dumping" que es conforme a "las disposiciones [del párrafo 2 del artículo VI] del GATT de 1994, según se interpretan en el ... Acuerdo [Antidumping]". La CDSOA no es, evidentemente, un derecho antidumping definitivo, una medida provisional ni un compromiso. Antes bien, la CDSOA es una medida consistente en un pago destinado a "offset" (compensar) el efecto de un dumping causante de daño.41 En consecuencia, es incompatible con el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping, interpretado a la luz del párrafo 2 del artículo VI del GATT de 1994. La CDSOA también socava la importancia del objetivo inveterado de política comercial de los Miembros, reflejado en los Acuerdos, de limitar las medidas contra prácticas comerciales desleales a aquellas que restablecen las "condiciones de igualdad", el equilibrio competitivo entre productos nacionales e importados. Como el párrafo 2 del artículo VI establece claramente, el objeto de un derecho antidumping es contrarrestar los efectos de distorsión del comercio causados por el dumping mediante la aplicación de un derecho que anule la diferencia de precio entre los productos importados y nacionales.42

La CDSOA constituye una "medida específica contra una subvención" que no está en conformidad con el GATT de 1994 según se interpreta en el Acuerdo SMC

4.58 A juicio del Canadá, el razonamiento jurídico del Órgano de Apelación en Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916 es aplicable también a las disposiciones similares relativas a las medidas que pueden adoptarse para contrarrestar las subvenciones causantes de daño de conformidad con el Acuerdo SMC y el párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994.

4.59 El Canadá argumenta que el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC, excepto por el hecho de que en él figura la palabra "subvención" en lugar de la expresión "dumping de las exportaciones", es idéntico al párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping. Puede decirse que, al igual que el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping en el contexto del párrafo 2 del artículo VI del GATT de 1994, el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC aclara el ámbito de aplicación del artículo VI del GATT de 1994 en el contexto de las subvenciones. De ello se desprende que, de forma análoga, debe entenderse por "medida específica contra una subvención" cualquier medida adoptada "cuando concurran los elementos constitutivos de la [subvención]". También se desprende que, como ocurre en el caso del párrafo 1 del artículo 18, puede interpretarse que el párrafo 1 del artículo 32 prohíbe una "medida específica contra una subvención" que no esté en conformidad con el artículo VI del GATT de 1994 según se interpreta en el Acuerdo SMC.

4.60 El Canadá argumenta que la CDSOA opera en el contexto de la publicación de órdenes de establecimiento de derechos compensatorios y de la imposición y asignación de derechos compensatorios. En consecuencia, a los efectos de la presente impugnación, la CDSOA plantea cuestiones en relación con la Parte V del Acuerdo SMC y el párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994. En consecuencia, a juicio del Canadá, no se plantea necesariamente en la presente diferencia la cuestión de si la CDSOA podría constituir una "contramedida" que fuera una "medida específica contra una subvención" admisible con arreglo a las Partes II o III del Acuerdo.43 No obstante, en el grado en que el Grupo Especial examine estos aspectos, el Canadá sostiene que no cabe considerar que la CDSOA constituya una "medida específica contra una subvención" que esté en conformidad con las Partes II o III del Acuerdo SMC, porque, como mínimo, no ha sido autorizada por el OSD como "contramedida".

4.61 En opinión del Canadá, la Parte V del Acuerdo SMC, en conexión con el párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994, prevé medidas correctivas análogas a las permitidas al amparo del Acuerdo Antidumping, en conexión con el párrafo 2 del artículo VI del GATT de 1994. Concretamente, los artículos 10, 17, 18 y 19 de la Parte V del Acuerdo SMC, en conexión con el artículo VI del GATT de 1994, permiten tres tipos de "medidas compensatorias": derechos compensatorios, medidas provisionales y compromisos. En consecuencia, cualquier "medida específica contra una subvención" adoptada en el contexto de una investigación en materia de derechos compensatorios que no sea una de esas medidas no es una medida que esté en conformidad con el artículo VI del GATT de 1994 y la Parte V del Acuerdo SMC.44

4.62 El Canadá afirma que, conforme a lo previsto en el artículo 1003 de la CDSOA, se harán efectivas compensaciones en relación con los derechos impuestos, no sólo en virtud de órdenes antidumping, sino también en virtud de órdenes de establecimiento de derechos compensatorios. En consecuencia, por las razones ya expuestas en el contexto de la "medida específica contra el dumping"45, el Canadá sostiene que la CDSOA constituye una "medida específica contra una subvención". Como también es evidente que la CDSOA no es un derecho compensatorio, una medida provisional ni un compromiso, se trata de una "medida específica contra una subvención" que no está en conformidad con el artículo VI del GATT de 1994, según se interpreta ese artículo en el Acuerdo SMC. En consecuencia, la CDSOA viola el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC en conexión con el artículo VI del GATT de 1994.

ii) La CDSOA impide a los Estados Unidos formular determinaciones sobre el grado de apoyo de la rama de producción nacional de conformidad con lo previsto en el Acuerdo Antidumping o el Acuerdo SMC

4.63 A juicio del Canadá, el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC fijan el grado de apoyo de una rama de producción nacional que es necesario para que se inicie una investigación antidumping o en materia de derechos compensatorios. Establecen requisitos de procedimiento que es preciso que se cumplan para que pueda iniciarse una investigación en materia de derechos antidumping o compensatorios.46

4.64 El Canadá sostiene que, al estipular el texto del párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y del párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC, los Miembros convinieron en aceptar prescripciones que obligaban a las autoridades investigadoras de un lado a examinar el apoyo de que gozaba una solicitud antes de iniciar la investigación y de otro a establecer umbrales cuantitativos conforme a los que había de evaluarse ese examen.47 Como han reconocido los propios Estados Unidos, esas disposiciones establecen un "criterio previsible para determinar si una solicitud tiene el apoyo de la rama de producción nacional".48 Por tanto, cualquier medida que socave el "examen" necesario para establecer la existencia del grado necesario de apoyo de la rama de producción de conformidad con el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC entraña necesariamente la consecuencia de que el Miembro de que se trate no podrá cumplir las obligaciones impuestas por esas disposiciones.

4.65 En opinión del Canadá, el párrafo 6 i) del artículo 17 del Acuerdo Antidumping también avala esta conclusión. El Órgano de Apelación ha declarado que el párrafo 6 i) del artículo 17 define de hecho cuándo puede considerarse que las autoridades investigadoras han actuado de forma incompatible con el Acuerdo Antidumping en el proceso de "establecimiento" y "evaluación de" los hechos pertinentes.49 De ello se desprende que la determinación del grado de apoyo de la rama de producción hecha por la autoridad investigadora debe ser "imparcial y objetiva" y "adecuada". El Órgano de Apelación ha declarado que, para ser "objetivo", el proceso de examen debe estar conforme con "los principios básicos de la buena fe y de la equidad fundamental" y que los hechos pertinentes deben investigarse "de forma imparcial, sin favorecer los intereses de cualquier parte interesada o grupo de partes interesadas en la investigación".50 El Canadá no considera que haya ninguna razón por la que este razonamiento no pueda aplicarse a la determinación del grado de apoyo de la rama de producción nacional en una investigación en materia de derechos compensatorios.

4.66 El Canadá argumenta que una de las condiciones básicas para percibir una compensación en el marco de la CDSOA es que el productor nacional afectado presente o apoye una solicitud. Dicho de otra forma, se paga de hecho a los productores nacionales afectados para que presenten o apoyen una solicitud. De ello se desprende que, si un determinado productor estadounidense no hace lo uno o lo otro, ese productor no sólo no puede percibir una compensación sino que se enfrenta a una situación en la que los competidores nacionales, que perciben compensaciones, consiguen con respecto a él una ventaja competitiva. En consecuencia, esos incentivos monetarios favorecen los intereses de los productores estadounidenses que presentan o apoyan una solicitud en detrimento de quienes no lo hacen y de los importadores, e impiden que el Departamento de Comercio pueda determinar el grado de apoyo con que cuenta realmente una solicitud, por cuanto falsean inevitablemente el grado de apoyo u oposición a una solicitud concreta.

4.67 Según el Canadá, las pruebas de casos en los que la CDSOA ha sido ya utilizada para acumular apoyo a solicitudes avalan esta conclusión. Por ejemplo, antes de que se presentara la solicitud que dio lugar a las actuales investigaciones antidumping y en materia de derechos compensatorios respecto de la madera blanda canadiense, se envió una carta a las empresas estadounidenses productoras de madera blanda pidiéndoles que apoyaran la solicitud de iniciación de una investigación en materia de derechos compensatorios.51

4.68 Así pues, sostiene el Canadá, a raíz de la CDSOA, no cabe ya confiar en que el establecimiento de umbrales de apoyo interno en los Estados Unidos tenga el significado que debía tener: determinar que la propia rama de producción se considera dañada por las importaciones y estima, por tanto, que es necesaria una investigación. La CDSOA, al falsear las disposiciones relativas al apoyo de la rama de producción nacional de la Ley Arancelaria de 1930 de la forma que se ha expuesto, infringe el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC.

iii) La CDSOA impide a los Estados Unidos dar a las propuestas de compromiso un trato compatible con el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC

4.69 El Canadá afirma que tanto el Acuerdo Antidumping como el Acuerdo SMC permiten a las autoridades investigadoras nacionales suspender o dar por terminadas las investigaciones antidumping o las investigaciones previas a la imposición de derechos compensatorios cuando los exportadores (o los gobiernos, en el caso de esas últimas investigaciones) acuerden voluntariamente poner fin a las prácticas comerciales desleales alegadas en una solicitud.

4.70 En opinión del Canadá, los compromisos, al solucionar mediante un acuerdo las cuestiones planteadas en las investigaciones, restablecen la relación competitiva entre productos importados y productos nacionales con trastornos mínimos, incluido el provocado por el establecimiento de un derecho. En consecuencia, las medidas que socavan la posibilidad de concertar compromisos de común acuerdo, frustran la finalidad a que responde el acuerdo de los Miembros sobre esas disposiciones.

4.71 El Canadá señala que la Ley Arancelaria de 1930 faculta al Departamento de Comercio para concertar compromisos, o, en la terminología del derecho estadounidense, "acuerdos de suspensión".52 El Departamento de Comercio sólo puede concertar acuerdos de esa naturaleza si se cumplen determinadas condiciones. Estas condiciones incluyen los requisitos de que el Departamento de Comercio notifique su intención al solicitante y celebre consultas con él en relación con el acuerdo de suspensión propuesto, facilite al solicitante una copia del acuerdo propuesto, permita al solicitante que formule observaciones en relación con el acuerdo y celebre consultas sobre esas observaciones con el solicitante.

4.72 El Canadá argumenta que jurisprudencia estadounidense reciente deja en claro que el Departamento de Comercio sólo puede de hecho concertar acuerdos de suspensión con el consentimiento del solicitante.53 Como hemos indicado antes, de conformidad con la CDSOA, sólo un "productor nacional afectado", es decir, una persona que haya presentado o apoyado una solicitud, puede recibir una compensación. Esas personas sólo tendrán derecho a una compensación si se completa una investigación y se dicta una orden de establecimiento de derechos antidumping o compensatorios. Dicho de otro modo, sólo recibirán compensaciones si no se concierta un acuerdo de suspensión. En consecuencia, la CDSOA genera en esas personas un interés económico en que no se concierte un acuerdo de suspensión.

4.73 Según el Canadá, si los Miembros pudieran privar a sus autoridades investigadoras de la posibilidad de concertar compromisos, quedarían sin sentido el artículo 8 y el artículo 18. Como se ha puesto de manifiesto, antes de la promulgación de la CDSOA, el Departamento de Comercio sólo podía de hecho concertar acuerdos de suspensión con el consentimiento de la rama de producción nacional afectada. En la actualidad, después de la promulgación de la CDSOA, el Departamento no sólo precisa la aprobación de la rama de producción nacional para concertar acuerdos de suspensión, sino que el Gobierno de los Estados Unidos ha promulgado además una ley que sólo beneficia a los productores estadounidenses si no dan esa aprobación. En consecuencia, la CDSOA impide que las disposiciones del derecho estadounidense relativas a los derechos de suspensión se apliquen en forma compatible con las obligaciones de los Estados Unidos en el marco de la OMC en virtud del párrafo 1 del artículo 8 del Acuerdo Antidumping y del párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo SMC.

iv) La CDSOA tiene como consecuencia una aplicación no equitativa, no razonable y parcial de la legislación estadounidense en materia de derechos antidumping y derechos compensatorios

4.74 El Canadá sostiene que, con arreglo a las normas de la OMC, los Miembros no sólo están obligados a asegurarse de la conformidad sustantiva de sus leyes con sus obligaciones en el marco de la OMC, sino también a aplicar sus leyes de manera equitativa, razonable e imparcial. Esta obligación se establece en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994. El párrafo 3 a) del artículo X se aplica a todas las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas "a que se refiere [el párrafo 1 del artículo X]". El párrafo 1 del artículo X se refiere a "las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general […]". Dado que la CDSOA es una ley que modifica la Ley Arancelaria de 1930, y que ésta es a su vez una ley de aplicación general, la CDSOA está sujeta a las prescripciones del párrafo 3 a) del artículo X.54

4.75 El Canadá señala que el Órgano de Apelación ha constatado que la obligación recogida en el párrafo 3 a) del artículo X se refiere a la equidad y reconoce que la aplicación no equitativa de las leyes puede tener en sí misma efectos adversos. Indicó que "el párrafo 3 del artículo X del GATT de 1994 establece determinadas normas mínimas de transparencia y equidad procesal en la administración de las reglamentaciones comerciales […]".55

4.76 Según el Canadá, en Argentina - Medidas que afectan a la exportación de pieles de bovino y a la importación de cueros acabados, el Grupo Especial expuso la opinión de que el párrafo 3 a) del artículo X puede suponer un examen de la existencia de posibles repercusiones en la situación de competencia de la supuesta parcialidad, y razonabilidad o falta de uniformidad en la aplicación de las leyes, reglamentos, decisiones, etc., aduaneros.56 En ese asunto, el Grupo Especial llegó a la conclusión, en particular, de que el peligro inherente creado por el conflicto de intereses derivado de la participación de la rama de producción nacional en el proceso de despacho de aduana de los cueros que exportaban sus proveedores nacionales llevaba a una aplicación de las leyes que no era "imparcial".57

4.77 El Canadá es de la opinión de que la CDSOA afecta de forma análoga a la aplicación de las leyes estadounidenses en materia de derechos antidumping y compensatorios. Da lugar a que esas leyes, tanto en lo que respecta a las determinaciones del grado de apoyo de la rama de producción como a la admisión de compromisos, se apliquen en una manera que no es razonable ni imparcial.

4.78 Según el Canadá, la CDSOA genera incentivos que distorsionan el proceso mediante el cual el Departamento de Comercio establece el grado de apoyo de la rama de producción nacional, así como la capacidad del Departamento de aceptar compromisos, lo que puede incrementar el número de investigaciones que se inician y que se siguen realizando contra importaciones en casos en que esas investigaciones pueden carecer de fundamento. Al hacer rentable el apoyo a las solicitudes o la evitación de compromisos, la CDSOA genera también el "peligro inherente" de que las leyes estadounidenses en materia de derechos antidumping y compensatorios se "apliquen de forma parcial, en la medida en que se permite a personas con intereses comerciales opuestos" frustrar las importaciones. A consecuencia de ello, el trato al que han de enfrentarse las importaciones no es un trato equitativo, razonable e imparcial. Así pues, la CDSOA tiene como consecuencia una violación de lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994.

v) La CDSOA viola también la obligación de los Estados Unidos de poner su legislación en conformidad con los Acuerdos de la OMC

4.79 El Canadá argumenta que el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC, el párrafo 4 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 5 del artículo 32 del Acuerdo SMC obligan a los Miembros a poner su legislación nacional en conformidad con las obligaciones que les imponen los Acuerdos de la OMC. El hecho de que la CDSOA prevea la aplicación de una medida correctiva que no es una "medida específica contra el dumping" o una "medida contra una subvención" permitida, vulnere las disposiciones del Acuerdo Antidumping y del Acuerdo SMC relativas al apoyo de la rama de producción nacional y a los compromisos y tenga como consecuencia una aplicación no equitativa, no razonable y parcial de las leyes estadounidenses, implica que los Estados Unidos no se han asegurado de que sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos estén en conformidad con las obligaciones que imponen a ese país los Acuerdos de la OMC, por lo que debe constatarse además que los Estados Unidos han violado las obligaciones que les imponen el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC, el párrafo 4 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 5 del artículo 32 del Acuerdo SMC.

d) Constataciones y recomendaciones solicitadas

4.80 Por las razones expuestas, el Canadá solicita respetuosamente al Grupo Especial que constate que la CDSOA es incompatible con las disposiciones específicas del Acuerdo Antidumping, el Acuerdo SMC, el GATT de 1994 y el Acuerdo sobre la OMC identificadas supra y que los Estados Unidos no se han asegurado de que sus leyes estén en conformidad con el Acuerdo Antidumping, el Acuerdo SMC, el GATT de 1994 y el Acuerdo sobre la OMC. El Canadá solicita además que el Grupo Especial recomiende que los Estados Unidos pongan su medida en conformidad con el Acuerdo Antidumping, el Acuerdo SMC, el GATT de 1994 y el Acuerdo sobre la OMC.

4. Chile y el Japón

a) Introducción

4.81 El Japón y Chile argumentan que la Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones de 2000 (denominada en lo sucesivo "la Ley") constituye una clara infracción por parte de los Estados Unidos de sus obligaciones dimanantes de los Acuerdos de la OMC. Esa disposición legislativa, de carácter imperativo y no discrecional, prescribe que las autoridades de los Estados Unidos distribuyan los derechos antidumping o compensatorios percibidos entre los productores nacionales que apoyaron una investigación que haya llevado en definitiva a la imposición de esos derechos.

4.82 El Japón y Chile procederán a demostrar que la Ley es incompatible con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT), el Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo Antidumping), el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (Acuerdo SMC) y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo sobre la OMC).

b) Aspectos fácticos

i) Antecedentes del proceso legislativo

4.83 Según el Japón y Chile, el texto que llegó a ser Ley procede directamente de un proyecto presentado por el Senador Michael DeWine al 105º Congreso en 1998. El Senador DeWine presentó el mismo proyecto, con la signatura S.61, al 106º Congreso, y el Senador Robert Byrd fue uno de los copatrocinadores del proyecto. El 3 de octubre de 2000, hacia finales del 106º Congreso, el Senador Byrd adjuntó el proyecto S.61, con algunas modificaciones, a la Ley de Créditos Presupuestarios para la Agricultura y Organismos Conexos para el ejercicio económico 2001 (H.R. 4461).

4.84 El Japón y Chile afirman que la Ley no pasó por los conductos legislativos ordinarios, tales como la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes y la Comisión de Finanzas del Senado, debido a la falta del apoyo que, en otro caso, le hubiese permitido pasar por esos conductos. En cambio, se adjuntó al Proyecto de ley de créditos presupuestarios para la agricultura para el ejercicio económico 2001, porque se daba por segura la aprobación de ese proyecto, que contaba con amplio apoyo en ambos partidos. En el Proyecto de ley de créditos presupuestarios figuraban muchas disposiciones, entre ellas la de financiación de programas agrícolas que gozaban de popularidad.

4.85 Según Chile y el Japón, la Ley despertó considerable oposición en los Estados Unidos. Tanto el Presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios (que es la que tiene competencia con respecto a esa medida en la Cámara de Representantes) como el Presidente de la Comisión de Finanzas del Senado (que es la que tiene competencia con respecto a esa medida en el Senado), expresaron su grave preocupación y sus objeciones con respecto a esa Ley. Al firmar la Ley de Créditos Presupuestarios para la Agricultura, a la que iba adjunta la Ley en cuestión, el Presidente Clinton expresó su profunda oposición a esa Ley adjunta. En la Declaración de Política de la Administración de octubre de 2000, la Administración de los Estados Unidos manifestó que "hay considerables motivos de inquietud en lo que se refiere a la viabilidad administrativa y a la compatibilidad con los objetivos de nuestra política comercial, en particular la posibilidad de que los interlocutores comerciales adopten mecanismos similares". A comienzos de 1994, la Administración estadounidense se había opuesto ya, con éxito, al intento de los peticionarios interesados de que se añadiesen disposiciones compensatorias de esa naturaleza a la legislación de aplicación de la Ronda Uruguay. Provocó también la Ley críticas considerables por parte de la opinión pública de los Estados Unidos. El Japón y algunos otros Miembros de la OMC pusieron en conocimiento del Congreso y la Administración de los Estados Unidos su oposición a esa Ley, y formularon oficialmente su protesta en el Comité de Prácticas Antidumping y en el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias.

ii) Descripción fáctica de la Ley

4.86 El Japón y Chile argumentan que la Ley enmienda la Ley Arancelaria de 1930, que es el principal instrumento legislativo que rige los procedimientos en materia de medidas antidumping y compensatorias de los Estados Unidos, añadiendo a esa Ley un nuevo artículo 754. El artículo 754(a) estipula que los derechos percibidos en virtud de órdenes de imposición de derechos antidumping o de derechos compensatorios o de una constatación formulada con arreglo a la Ley Antidumping de 1921, se distribuyan anualmente entre los productores nacionales afectados para sufragar los gastos admisibles.

4.87 Chile y el Japón señalan que la Ley estipula que el Comisario de Aduanas establecerá y mantendrá "cuentas especiales" e ingresará en esas cuentas todos los derechos antidumping o compensatorios (con inclusión de los intereses devengados por dichos derechos) fijados en virtud de la orden o constatación antidumping o de la orden de derechos compensatorios con respecto a las cuales haya sido establecida la cuenta.

4.88 El Japón y Chile recuerdan que dentro del plazo de los 60 días siguientes al primer día de cada ejercicio económico los fondos disponibles en una cuenta especial serán distribuidos a prorrata entre los "productores nacionales afectados" que hayan efectuado "gastos admisibles". Las distribuciones a los "productores nacionales afectados" con cargo a una cuenta especial se denominan "compensaciones por dumping y subvención".

4.89 El Japón y Chile señalan asimismo que toda parte que desee obtener compensaciones por dumping y subvención debe certificar, cada ejercicio económico, que desea recibir una distribución y que tiene derecho a ello. En el artículo 754(b)(1) se define la expresión "productores nacionales afectados" diciendo que abarca a "los fabricantes, productores, agricultores, ganaderos o representantes laborales (incluyendo las asociaciones de tales personas)" que hayan sido solicitante o una parte interesada que ha apoyado la solicitud inicial de medidas antidumping o compensatorias y que continúen operando. La Ley excluye de la definición de "productores nacionales afectados" a las sociedades, empresas o personas que hayan dejado de fabricar el producto de que se trate o que hayan sido adquiridas por una sociedad o empresa relacionada con una sociedad que se haya opuesto a la investigación. Nadie tiene derecho a recibir las distribuciones, a no ser los "productores nacionales afectados".

4.90 Chile y el Japón afirman que una vez que se han impuesto los derechos antidumping o compensatorios, las actuaciones subsiguientes se producen con carácter automático y es necesario llevarlas a cabo, hasta culminar en la distribución de los derechos a los productores nacionales. El diseño de la Ley y el funcionamiento a que se destina revelan una vinculación entre el dumping o la subvención y la distribución de los derechos fijados.

c) Argumentos jurídicos

i) La Ley tiene carácter de legislación imperativa, no discrecional, y como tal, es recurrible con arreglo a las disposiciones de la OMC

4.91 El Japón y Chile recuerdan que ha quedado establecido en la jurisprudencia del GATT y de la OMC que la legislación que prescribe un acto incompatible con las disposiciones de la OMC y no lo deja a la discreción del Poder Ejecutivo puede ser impugnada como tal, es decir, prescindiendo de que haya sido aplicada o no en casos concretos. La Ley constituye legislación imperativa, que no deja a la discreción del Poder Ejecutivo estadounidense lo relativo a la distribución a los productores nacionales de los derechos antidumping y compensatorios fijados. Demuestra la naturaleza imperativa de la Ley el repetido empleo del futuro de obligación en algunas de sus disposiciones clave (por ejemplo, "… [l]os derechos fijados de conformidad con una orden de derechos compensatorios, una orden de derechos antidumping o …, se distribuirán cada año … entre los productores nacionales afectados", "[l]a distribución se efectuará antes de que hayan transcurrido 60 días desde el primer día del ejercicio económico". "[E]l Comisario distribuirá todos los fondos … a los productores nacionales afectados ...". Es evidente, por lo tanto, que el Grupo Especial tiene autoridad y mandato para examinar la compatibilidad de la ley en sí, dejando aparte su aplicación efectiva a determinados casos, con las disposiciones de los Acuerdos de la OMC a que se hace referencia en la solicitud de establecimiento del Grupo Especial.

ii) La Ley preceptúa una medida específica contra el dumping que infringe el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping, interpretado conjuntamente con el párrafo 2 del artículo VI del GATT y el artículo 1 del Acuerdo Antidumping

4.92 Chile y el Japón argumentan que, en el asunto Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916, el Órgano de Apelación explicó que el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping prohíbe que un Miembro adopte medidas específicas contra el dumping de las exportaciones de otro Miembro, si no es de conformidad con el párrafo 2 del artículo VI del GATT según se interpreta en el Acuerdo Antidumping. El Órgano de Apelación llegó a la conclusión de que "si se adopta una medida específica contra el dumping en una forma que no sea una de las autorizadas en el artículo VI del GATT de 1994, según se interpreta en el Acuerdo Antidumping, la medida en cuestión infringirá el párrafo 1 del artículo 18". El Japón y Chile se proponen demostrar que la Ley preceptúa una medida específica contra el dumping que no está permitida con arreglo al artículo VI y que, por lo tanto, constituye una infracción del párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping.

4.93 Según el Órgano de Apelación, el significado corriente de la expresión "medida específica contra el dumping de las exportaciones de otro Miembro" que se utiliza en el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping es el de "medidas adoptadas en respuesta a situaciones en las que concurren los elementos constitutivos del dumping". Indicó también el Órgano de Apelación que la expresión "medida específica contra el dumping" comprende "las medidas que sólo pueden adoptarse cuando concurren los elementos constitutivos del dumping".

4.94 Chile y el Japón sostienen que las medidas específicas que se prescriben en la Ley -pagos de compensación- se dirigen contra el dumping de las exportaciones de otros Miembros, lo cual exige, por definición, que concurran los elementos constitutivos del dumping, ya que los pagos a los productores nacionales afectados que la Ley autoriza sólo se efectuarán cuando concurran los citados elementos. Así lo demuestra el hecho de que, si no concurren los elementos constitutivos del dumping, no puede haber imposición de una orden de derechos antidumping ni constatación de derechos antidumping, y es evidente que, si no hay derechos antidumping, no hay derechos fijados que haya que distribuir a los productores nacionales en virtud de la Ley. Ello significa que la medida que la Ley prescribe (es decir, la distribución de los derechos fijados a los productores nacionales) sólo puede tener lugar si los Estados Unidos determinan que concurren en la situación los elementos constitutivos del dumping y, por consiguiente, imponen un derecho antidumping a la importación del producto de que se trate. Por tanto, la Ley contempla una medida específica contra el dumping, en el sentido en que esa expresión ha sido interpretada por el Órgano de Apelación.

4.95 Chile y el Japón argumentan que el hecho de que la Ley preceptúa una "medida específica contra el dumping" se demuestra también por el empleo del término "compensación" para describir los pagos que autoriza. La Ley se propone contrabalancear o compensar el presunto daño que sufren los productores nacionales por la "continuación del dumping o el mantenimiento de las subvenciones" en relación con productos importados en los Estados Unidos después de haberse impuesto a esos productos un derecho antidumping o compensatorio. Los patrocinadores de la Ley en el Congreso de los Estados Unidos han descrito las distribuciones en virtud de ésta como un "mecanismo que ayuda a que los sectores estadounidenses dañados se recuperen de los efectos dañinos del dumping y las subvenciones ilegales del extranjero", como medio de "contrarrestar los efectos desfavorables del dumping y las subvenciones del extranjero en las industrias de los Estados Unidos" y como medio de "compensar los daños causados por el dumping y las subvenciones". Con esas afirmaciones, los referidos patrocinadores reconocieron que se trata de "medidas específicas contra el dumping".

4.96 En opinión de Chile y el Japón, los patrocinadores se propusieron que la distribución de los derechos antidumping o compensatorios fuese un mecanismo disuasorio del dumping y las subvenciones, que vendría a añadirse a los derechos antidumping o compensatorios impuestos a los productos en cuestión. Ese objetivo buscado y expreso prueba, además, que la distribución que la Ley preceptúa constituye una medida específica contra el dumping.

4.97 Chile y el Japón afirman que, en el asunto Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916, el Órgano de Apelación sostuvo que el párrafo 1 del artículo 18 exige que toda medida específica contra el dumping de exportaciones esté en conformidad con el artículo VI, según se interpreta en el Acuerdo Antidumping, y llegó a la conclusión de que el artículo VI es aplicable a cualquier "medida específica contra el dumping" de las exportaciones. Señaló que al leer el artículo VI debe tenerse presente también el artículo 1 del Acuerdo Antidumping, que impone a los Miembros la obligación de actuar de conformidad con el artículo VI del GATT al aplicar una medida antidumping. Sostuvo asimismo que la aplicación del artículo VI viene regida, en lo que se refiere a medidas antidumping, por las disposiciones del Acuerdo Antidumping, con inclusión del párrafo 1 del artículo 18 de éste.

4.98 El Órgano de Apelación declaró en forma concluyente que el párrafo 2 del artículo VI limita las respuestas permisibles al dumping, reduciéndolas a los derechos antidumping definitivos, las medidas provisionales y los compromisos relativos a los precios. Por tanto, en la medida en que una ley o un reglamento preceptúe medidas específicas contra el dumping que no sean ni derechos antidumping definitivos, ni una medida provisional, ni un compromiso relativo a los precios, tal legislación será contraria al artículo VI y, por consiguiente, infringirá el párrafo 1 del artículo 18.

4.99 Chile y el Japón sostienen que la distribución de compensaciones que contempla la Ley no es un derecho antidumping definitivo, ni una medida provisional, ni un compromiso relativo a los precios, y, por lo tanto, no está en conformidad con el párrafo 2 del artículo VI. Se trata, en realidad, de otra respuesta diferente al dumping, que no se contempla en el artículo VI ni en el Acuerdo Antidumping y no está en conformidad con esas disposiciones. Por consiguiente, la Ley preceptúa una medida específica contra el dumping, la cual no es permisible con arreglo al párrafo 2 del artículo VI y contraviene lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping.

iii) La Ley preceptúa una medida específica contra las subvenciones, en contravención del párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC, leído conjuntamente con el párrafo 3 del artículo VI del GATT y el artículo 10, el párrafo 10 del artículo 4 y el párrafo 9 del artículo 7 del Acuerdo SMC

4.100 Chile y el Japón argumentaron que, como disposición paralela, por lo que a subvenciones se refiere, al párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping, el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC prohíbe que un Miembro adopte ninguna "medida específica contra una subvención" de otro Miembro, si no es de conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del artículo VI del GATT, según se interpreta en el Acuerdo SMC. Aparte de referirse a la subvención en lugar de hacerlo al dumping, el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC no difiere del párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping. Por lo tanto, el análisis del párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping que figura supra, con inclusión de la interpretación dada a la expresión "medida específica contra" por el Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916, se aplica mutatis mutandis al párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC. Por tanto, la "medida específica contra una subvención de otro Miembro" a que se refiere el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC es una medida adoptada en respuesta a una situación en la que concurren los elementos constitutivos de las subvenciones. Por consiguiente, para que una medida pueda ser considerada "medida específica contra una subvención", debe ser una medida de las que sólo pueden adoptarse cuando el país importador determina que concurren los elementos constitutivos de la subvención.

4.101 Chile y el Japón afirman que, cuando no concurren los elementos constitutivos de la subvención no pueden imponerse derechos compensatorios, y sin esos derechos no existen, sencillamente, derechos percibidos que puedan distribuirse, con arreglo a la Ley, a los productores nacionales. Por consiguiente, la distribución de "compensaciones" con arreglo a la Ley depende por completo de una determinación por parte de los Estados Unidos de que concurren los elementos constitutivos de una subvención. Además, el monto de los derechos compensatorios se distribuirá a los productores nacionales en virtud de la Ley únicamente si los Estados Unidos han determinado que se está importando en su territorio un producto subvencionado y una vez que se hayan percibido derechos compensatorios. Por lo tanto, la Ley preceptúa una medida específica contra una subvención de otro Miembro. La utilización de la palabra "compensación" en la Ley para caracterizar los pagos a los productores que en ella se autorizan es una prueba más de que esos pagos constituyen una medida específica contra las subvenciones. Las declaraciones de los copatrocinadores demuestran una vez más que la Ley se propuso servir de mecanismo disuasorio de las subvenciones, y que la distribución que la Ley preceptúa constituye una medida específica contra las subvenciones.

4.102 Según Chile y el Japón, el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC dispone que una medida específica contra una subvención de otro Miembro tiene que estar en conformidad con el artículo VI del GATT, según se interpreta en el Acuerdo SMC. El artículo 10, el párrafo 10 del artículo 4 y el párrafo 9 del artículo 7 del Acuerdo SMC interpretan y desarrollan el párrafo 3 del artículo VI. Esas disposiciones, leídas conjuntamente, imponen límites a las medidas correctivas que un Miembro puede adoptar en respuesta a las subvenciones. En la nota 35 de pie de página al artículo 10 del Acuerdo SMC se estipula que un Miembro sólo podrá aplicar una forma de auxilio para protegerse contra los efectos de una determinada subvención en su mercado interno, y especifica que sólo se permiten como formas de auxilio o bien un derecho compensatorio o una contramedida autorizada por el OSD. El auxilio que proporciona la Ley a los productores nacionales no es ni un derecho compensatorio ni una contramedida autorizada por el OSD. Es una forma del auxilio diferente que no se contempla ni autoriza en el Acuerdo SMC.

4.103 Chile y el Japón sostienen que el párrafo 3 del artículo VI, según lo interpreta el Acuerdo SMC, establece que la medida correctiva autorizada para "compensar" las subvenciones otorgadas por otro Miembro es un "derecho compensatorio". La Ley, en cambio, contrarresta o compensa a los productores nacionales afectados por las subvenciones concedidas por otro Miembro distribuyendo entre esos productores los derechos compensatorios fijados. La medida que preceptúa la Ley no constituye de por sí un derecho compensatorio. Tampoco es la distribución de derechos preceptuada en la Ley la otra forma admisible de auxilio que autorizan el párrafo 10 del artículo 4 o el párrafo 9 del artículo 7 del Acuerdo SMC, es decir, una contramedida autorizada por el OSD. Con arreglo al Acuerdo SMC, la distribución de derechos compensatorios no es, pues, una de las formas admisibles de auxilio contra las subvenciones.

4.104 Chile y el Japón opinan que la Ley preceptúa, por consiguiente, una "medida específica contra una subvención" que no está en conformidad con el párrafo 3 del artículo VI del GATT, según lo interpretan las disposiciones, entre otras, de la nota 35 del artículo 10 y del párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC, leídas conjuntamente con el párrafo 10 del artículo 4 y el párrafo 9 del artículo 7 de dicho Acuerdo. La Ley como tal contraviene el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC.

iv) La Ley es incompatible con las prescripciones del párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y del párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC por lo que respecta a la legitimación para iniciar una investigación

4.105 Chile y el Japón argumentan que, al limitar la distribución de derechos antidumping y compensatorios, solamente a aquellos productores que apoyaron la solicitud de iniciación de una investigación en materia de derechos antidumping o compensatorios, la Ley otorga un incentivo financiero directo a los productores nacionales para que apoyen una solicitud en lugar de oponerse a ella o adoptar una posición de neutralidad a ese respecto. De esta forma, la Ley menoscaba y elude las prescripciones, con las que por ello resulta incompatible, del párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping, y del párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC, en las que se establece el nivel mínimo de aprobación que se necesita para poder considerar que la solicitud ha sido hecha "por la rama de producción nacional o en nombre de ella".

4.106 Según Chile y el Japón el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC exigen una determinación positiva por parte de las autoridades, que habrá de realizarse sobre la base de un examen del grado de apoyo u oposición a la solicitud de iniciación de una investigación en materia antidumping o de derechos compensatorios. De ese examen ha resultar que la solicitud ha sido hecha "por la rama de producción nacional o en nombre de ella". Sólo se considerará que la solicitud ha sido hecha "por la rama de producción nacional o en nombre de ella" si resulta del examen que la solicitud supera con éxito la prueba positiva y la negativa que seguidamente se indican. La prueba positiva exige que una mayoría de los integrantes de la rama de producción expresen opiniones en apoyo de la solicitud. La prueba negativa exige que no se inicie ninguna investigación que no cuente con el apoyo positivo de los productores que representen, como mínimo, el 25 por ciento de la producción. Esa interpretación viene confirmada por los antecedentes de la negociación del párrafo 4 del artículo 5 y del párrafo 4 del artículo 11 durante la Ronda Uruguay.

4.107 A juicio de Chile y el Japón, los Miembros deben observar, en la aplicación del Acuerdo Antidumping y del Acuerdo SMC el principio general de la buena fe, reconocido por el Órgano de Apelación como principio omnipresente que informa los Acuerdos abarcados. Cuando en una disposición de un tratado se especifica, como se hace en el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y en el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC, que son necesarios determinados actos de los particulares para establecer el derecho de un Miembro a adoptar una medida determinada, el otorgamiento de un incentivo financiero por parte del gobierno a los particulares que actúen de cierta manera y no de otra es incompatible con la prescripción de que los Miembros cumplan de buena fe sus obligaciones dimanantes del tratado. Por consiguiente, la Ley, al contemplar un pago de esa naturaleza, es incompatible con el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC, así como también con la obligación de los Estados Unidos de cumplirlos de buena fe.

4.108 Chile y el Japón sostienen que la Ley es incompatible también con el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC, porque frustra el objetivo del "examen" que se contempla en esas disposiciones. La determinación del apoyo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y en el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC, debe basarse en el examen del auténtico apoyo, u oposición, a la solicitud, esto es, la alegación de que una rama de producción nacional sufre daño por las importaciones supuestamente objeto de dumping. Como se declara en forma expresa en el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo Antidumping y en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo SMC, esos dos Acuerdos contemplan la exclusión del apoyo o la oposición de las partes nacionales a efectos del examen con arreglo al párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y del párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC, cuando tal apoyo u oposición están distorsionados por otros intereses. La perspectiva de un pago con cargo a los derechos antidumping o compensatorios induce a los integrantes de la rama de producción a pasar del silencio o incluso la oposición al apoyo de la petición, haciendo de esa forma más fácil que se alcance el umbral del 25 por ciento y se inicie la investigación. El incentivo creado por la Ley impide que las autoridades investigadoras de los Estados Unidos distingan entre el auténtico apoyo de los productores nacionales a la investigación y el apoyo a una futura distribución de derechos. La Ley frustra con ello la finalidad del párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y del párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC, y es, por lo tanto, incompatible con lo dispuesto en esos artículos.

4.109 Además, Chile y el Japón afirman que la Ley impide que se apliquen con imparcialidad y neutralidad el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC para la observancia de las prescripciones y condiciones subyacentes a esas disposiciones previstas en el párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 del artículo 11 del Acuerdo SMC. La condición establecida en el párrafo 1 del artículo 5 y en el párrafo 1 del artículo 11 de que la solicitud sea hecha "por la rama de producción nacional o en nombre de ella" se propone garantizar que no se iniciará una investigación a no ser que los productores nacionales en conjunto compartan un común reconocimiento: que necesitan verdaderamente medidas correctivas comerciales en forma de derechos antidumping o compensatorios para hacer frente a las importaciones objeto de dumping o subvencionadas. Sin embargo, cuando un Miembro proporciona un incentivo financiero directo a los productores nacionales a fin de que apoyen la investigación, la prescripción cuantitativa inherente a los umbrales no desempeña ya la función para la que fue ideada. Ello privaría de sentido al párrafo 4 del artículo 5 y al párrafo 4 del artículo 11, ya que permitiría que los Miembros iniciasen investigaciones sin haber determinado objetivamente que la solicitud ha sido hecha "por la rama de producción nacional o en nombre de ella". La Ley es, por lo tanto, incompatible con el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC, así como también con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud de esas disposiciones.

v) La Ley es incompatible con las disposiciones relativas a compromisos que figuran en el párrafo 1 del artículo 8 del Acuerdo Antidumping y en el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo SMC

4.110 Chile y el Japón argumentan que las disposiciones sobre compromisos contenidas en el párrafo 1 del artículo 8 del Acuerdo Antidumping y en el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo SMC ofrecen una opción alternativa a la imposición efectiva de derechos antidumping o compensatorios. Esas disposiciones exigen que todos los Miembros se esfuercen de buena fe por examinar las propuestas de compromisos y utilizar éstos cuando sea posible. Encuentra apoyo también esa interpretación en las disposiciones del párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo Antidumping y del párrafo 3 del artículo 18 del Acuerdo SMC, que prescriben que las autoridades que rechacen una propuesta de compromiso deberán tener motivos fundados para ello.

4.111 En opinión de Chile y el Japón, con arreglo a la legislación de los Estados Unidos en materia antidumping y de derechos compensatorios, los solicitantes pueden interponer con eficacia su veto a la decisión de las autoridades investigadoras de aceptar un compromiso o un "acuerdo de suspensión". Todas las partes en una investigación, con inclusión de los solicitantes, pueden formular observaciones acerca de una propuesta de acuerdo de suspensión. Los solicitantes ejercen, pues, un considerable control sobre las decisiones de poner término a un acuerdo de suspensión y reiniciar una investigación. El Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos afirmó, en una decisión reciente, que la práctica que normalmente siguen las autoridades administradoras de los Estados Unidos es, en realidad, la de tratar de conseguir "el consentimiento de los solicitantes" antes de proceder a un acuerdo de suspensión.

4.112 Chile y el Japón afirman que la Ley disuade a los productores nacionales de que permitan que las autoridades estadounidenses acepten y mantengan compromisos con arreglo al párrafo 1 del artículo 8 del Acuerdo Antidumping y al párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo SMC, puesto que la aceptación o el mantenimiento de esos compromisos significaría que no se distribuirían pagos compensatorios. La Ley surte, pues, el efecto de hacer menos probable que la autoridad investigadora acepte o mantenga compromisos.

4.113 Así pues, sostienen Chile y el Japón, la Ley socava el objetivo del párrafo 1 del artículo 8 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo SMC, y, por lo tanto, priva de sentido a esas disposiciones, es incompatible con ellas y las infringe.

vi) Como consecuencia de la Ley, la aplicación de la legislación comercial de los Estados Unidos es incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT

4.114 En opinión de Chile y el Japón, la Ley obliga a los Estados Unidos a aplicar su legislación sobre derechos antidumping y compensatorios de manera tal que hace imposible que los Estados Unidos cumplan sus obligaciones a tenor del párrafo 3 a) del artículo X del GATT. Por lo tanto, como consecuencia de la Ley, los Estados Unidos aplican su legislación sobre derechos antidumping y compensatorios en contravención del párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

4.115 Chile y el Japón argumentan que el párrafo 3 a) del artículo X responde a los conceptos de la buena fe y de las debidas garantías procesales. En él se establecen determinados niveles mínimos de imparcialidad procesal en la aplicación de las leyes y reglamentos comerciales. Cabe considerar que las obligaciones establecidas en el párrafo 3 a) del artículo X consagran específicamente el principio jurídico básico internacional del abuso de derecho, con arreglo al cual los Miembros de la OMC deben abstenerse de incurrir en un ejercicio abusivo de sus derechos.

4.116 Es la opinión de Chile y el Japón que aun cuando los Estados Unidos tienen derecho a aplicar la legislación sobre derechos antidumping y compensatorios, están obligados a aplicar esa legislación de manera equitativa, imparcial y uniforme. Dicho de otro modo, los Estados Unidos no pueden abusar de su derecho a aplicar esa legislación.

4.117 Según Chile y el Japón tener en vigor una ley que crea un incentivo financiero para los productores nacionales afectados hace que la aplicación de la legislación sobre derechos antidumping y compensatorios de los Estados Unidos sea per se no razonable, en infracción de lo dispuesto en el párrafo 3 a) del artículo X. La Ley hará aumentar de modo artificial el número de asuntos sobre derechos antidumping y compensatorios que se planteen en los Estados Unidos, por la simple razón de que la rama de producción nacional pedirá la imposición de derechos antidumping y compensatorios con la expectativa de obtener ganancias financieras en forma de compensaciones. La aplicación de medidas similares a las de la Ley por todos los Miembros de la OMC daría lugar a una situación intolerable, lo cual subraya lo no razonable de la medida. La aplicación de una medida que ocasionaría la multiplicación explosiva de una serie de medidas con efectos restrictivos y de distorsión del comercio y que pondría en peligro el buen funcionamiento del sistema de comercio internacional no puede ser juzgada en ningún caso como aplicación razonable de la legislación sobre derechos antidumping y compensatorios.

4.118 Chile y el Japón argumentan que la prescripción de la Ley de que se distribuyan los derechos hace imposible también la aplicación imparcial de la legislación sobre derechos antidumping y compensatorios de los Estados Unidos, e infringe, por lo tanto, el párrafo 3 a) del artículo X. La existencia de un incentivo financiero para aplicar la legislación estadounidense sobre derechos antidumping y compensatorios crea un "riesgo inherente" de que esa legislación no se aplique de manera imparcial. En especial, la Ley, al otorgar un incentivo a los productores nacionales, hará aumentar automáticamente el nivel de apoyo de la rama de producción nacional a la solicitud expresado por los productores nacionales del producto similar. De manera análoga, la Ley reducirá la posibilidad de que los Estados Unidos acepten otras soluciones (compromisos voluntarios, por ejemplo), ya que los productores nacionales se opondrán a que la autoridad acepte un compromiso porque tendrán la expectativa de recibir una ganancia financiera si se imponen los derechos antidumping o compensatorios. La Ley alentará, además, a los productores nacionales a ejercer presión sobre el Departamento de Comercio de los Estados Unidos a fin de que determine márgenes de dumping o grados de subvención más elevados, ya que los solicitantes y quienes apoyen su solicitud obtendrán ganancias económicas si los márgenes son más altos.

4.119 Chile y el Japón sostienen que la obligación de un Miembro de aplicar su legislación comercial de manera uniforme, que viene impuesta en el párrafo 3 a) del artículo X, exige que los Miembros apliquen su legislación comercial de manera coherente y previsible. Al distribuir los derechos antidumping y compensatorios a los productores nacionales basándose en el apoyo de éstos a la investigación, la Ley plantea la cuestión de la "posibilidad de reclamaciones frívolas", distorsiona la determinación del apoyo, socava las disposiciones sobre compromisos y disuade a los Miembros de la OMC de hacer exportaciones a los Estados Unidos. Esas notables modificaciones que implantó la Ley afectan de manera considerable a los exportadores de otros Miembros de la OMC, al privarlos de la previsibilidad de que disfrutarían en una situación normal, en la que la legislación sobre derechos antidumping y compensatorios se aplicase de manera compatible con las disposiciones de la OMC. Por lo tanto, la Ley impide que los Estados Unidos apliquen de manera uniforme su legislación en materia antidumping y de derechos compensatorios.

4.120 Chile y el Japón sostienen que, por consiguiente, los Estados Unidos actúan en forma incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT de 1994, puesto que la Ley impide que los Estados Unidos apliquen de manera razonable, imparcial y uniforme su legislación en materia antidumping y de derechos compensatorios.

vii) La Ley infringe la obligación general de los Estados Unidos de asegurarse de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las disposiciones de los Acuerdos de la OMC

4.121 Chile y el Japón afirman que lo Estados Unidos, como consecuencia de su infracción probada del Acuerdo Antidumping, del Acuerdo SMC y del GATT, infringen también la obligación general establecida en el artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC, el párrafo 4 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 5 del artículo 32 del Acuerdo SMC, de asegurarse de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que les imponen los Acuerdos abarcados.

d) Conclusiones

4.122 Por las razones expuestas, el Japón y Chile solicitan respetuosamente que el Grupo Especial constate que la Ley infringe las siguientes disposiciones:

- el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping, conjuntamente con el párrafo 2 del artículo VI del GATT y el artículo 1 del Acuerdo Antidumping;

- el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC, conjuntamente con el párrafo 3 del artículo VI del GATT y el artículo 10, el párrafo 10 del artículo 4 y el párrafo 9 del artículo 7 del Acuerdo SMC;

- el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC;

- el artículo 8 del Acuerdo Antidumping y el artículo 18 del Acuerdo SMC;

- el párrafo 3 a) del artículo X del GATT;

- el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC, el párrafo 4 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 5 del artículo 32 del Acuerdo SMC.

4.123 El Japón y Chile solicitan asimismo que el Grupo Especial constate, con arreglo al párrafo 8 del artículo 3 del ESD, que, como consecuencia de la infracción de las disposiciones citadas, los Estados Unidos han anulado y menoscabado las ventajas que para Chile y el Japón resultan de esos Acuerdos. El Japón y Chile solicitan, por lo tanto, que el Grupo Especial recomiende que los Estados Unidos pongan en conformidad la Ley con los correspondientes Acuerdos abarcados. Además, y con arreglo al párrafo 7 del artículo 3 y a la segunda frase del párrafo 1 del artículo 19 del ESD, el Japón y Chile solicitan que el Grupo Especial sugiera que la única forma en que los Estados Unidos pueden aplicar esa recomendación es el retiro de la Ley incompatible. Las principales características y la fundamentación de esa Ley son lo que constituye la infracción de las disposiciones citadas. Por consiguiente, la abolición de la Ley es la única forma de que los Estados Unidos la pongan en conformidad con los Acuerdos abarcados y cumplan las recomendaciones.

5. Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia

a) Introducción

4.124 Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia ("los reclamantes") presentan esta reclamación contra la Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones de 2000 (la "CDSOA"), conocida también como Enmienda Byrd, que fue promulgada por el Presidente de los Estados Unidos el 28 de octubre de 2000.

4.125 Según las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia, la Enmienda Byrd intenta establecer una medida correctiva adicional contra el dumping y las subvenciones, que los Acuerdos de la OMC no contemplan ni autorizan. Además, esa medida adicional es innecesaria. La Enmienda Byrd afecta también a la aplicación por los Estados Unidos de otras medidas permitidas por los Acuerdos de la OMC (derechos y compromisos), en forma incompatible con esos Acuerdos. En particular, la Enmienda Byrd hará aumentar artificialmente el número de investigaciones iniciadas por las autoridades de los Estados Unidos y, en consecuencia, el de medidas antidumping y derechos compensatorios. Por otra parte, la Enmienda Byrd hará más difícil, si no imposible, que las autoridades de los Estados Unidos acepten compromisos.

b) La medida objeto de la diferencia

i) Descripción de la Enmienda Byrd

4.126 Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia recuerdan que la CDSOA dispone lo siguiente:

Los derechos fijados conforme a una orden de imposición de derechos compensatorios, una orden de imposición de derechos antidumping o una constatación en el marco de la Ley Antidumping de 1921 se distribuirán cada año con arreglo a este artículo, por los gastos admisibles, a los productores nacionales afectados. Esa distribución se denominará compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones.

4.127 La CDSOA define la expresión "productores nacionales afectados" de manera tal que comprende los productores que hicieron o apoyaron la solicitud que llevó a la constatación o la orden. El término "gastos admisibles", a su vez, comprende determinados tipos de gastos efectuados después de la publicación de la orden o la constatación con respecto a la producción del mismo producto que ha sido objeto de la correspondiente orden o constatación.

ii) Antecedentes legislativos de la Enmienda Byrd

4.128 Según las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia, la Enmienda Byrd fue aprobada apresuradamente por el Congreso de los Estados Unidos en una forma bastante desacostumbrada. Sus patrocinadores la añadieron a un proyecto de ley carente de toda relación con el tema, pero de aprobación asegurada, en una etapa tardía de su tramitación legislativa, con lo cual no fue objeto de un debate apropiado.

4.129 El poder ejecutivo de los Estados Unidos se opuso, sin éxito, a la aprobación de la Enmienda Byrd. En la Exposición de la Política de la Administración que fue formulada el 11 de octubre de 2000 se dice que "la distribución de los propios derechos arancelarios a los productores no es necesaria para restablecer condiciones de comercio leal". Aunque la ley que incluía la Enmienda Byrd fue aprobada por el Presidente Clinton, éste formuló críticas a su respecto e instó al Congreso a que la derogase o la modificase.

c) Alegaciones

i) El párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC

4.130 Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia sostienen que la Enmienda Byrd es incompatible con el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC, puesto que:

a) los pagos de compensación constituyen medidas específicas contra el dumping y las subvenciones; y

b) tales medidas no están en conformidad con las disposiciones del GATT, según se interpretan en el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC.

4.131 Además, las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia argumentan que al contrario de las "constataciones" alegadas por el Congreso de los Estados Unidos en la CDSOA, los pagos de compensación no son necesarios para reparar los efectos de daño causados por el dumping y las subvenciones. Por el contrario, la Enmienda Byrd otorga una doble protección a la rama de producción estadounidense, como lo reconoció el poder ejecutivo de los Estados Unidos.

Los pagos de compensación constituyen medidas específicas contra el dumping y las subvenciones

Estructura y diseño de la Enmienda Byrd

4.132 Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia afirman que el análisis de los términos de la Enmienda Byrd pone de manifiesto que los pagos de compensación actúan como medidas específicas contra el dumping y las subvenciones, conforme han sido interpretados estos conceptos por el Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916. Efectivamente, los pagos de compensación que prescribe la Enmienda Byrd se efectúan como sigue:

- únicamente cuando se ha dictado una orden o constatación antidumping o una orden de derechos compensatorios;

- exclusivamente a los productores nacionales "afectados" por el dumping o la subvención que sea objeto de esa orden o constatación;

- con cargo a las sumas de dinero percibidas en virtud de esa orden o constatación; y

- para compensar a los productores "afectados" por el daño causado por el dumping o la subvención de que se trate.

Finalidad de la Enmienda Byrd

4.133 En opinión de las Comunidades Europeas, la India Indonesia y Tailandia, la Enmienda Byrd tiene por premisa el concepto erróneo de que la imposición de derechos antidumping y compensatorios no suministra una medida correctiva suficiente a la rama de producción de los Estados Unidos porque el dumping "continúa" y las subvenciones "se mantienen" después de haberse impuesto esas medidas. La finalidad declarada de la Enmienda Byrd es "compensar" los efectos de esa "continuación" del dumping o "mantenimiento" de las subvenciones efectuando pagos en efectivo a los productores nacionales afectados.

4.134 Esos reclamantes argumentan que esa finalidad se pone de relieve en el título de la Enmienda Byrd ("Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones de 2000"), así como en la denominación de los pagos efectuados en virtud de la Enmienda Byrd ("compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones"). Por otra parte, el objetivo de contrarrestar la "continuación" del dumping y el "mantenimiento" de las subvenciones se manifiesta abiertamente en el artículo 1002 de la CDSOA, que establece las "constataciones" del Congreso de los Estados Unidos que justifican la aprobación de esa ley.

4.135 Según esos reclamantes, los antecedentes legislativos de la Enmienda Byrd contribuyen a confirmar que ésta se propuso dar una respuesta específica al dumping y las subvenciones. A juicio de sus principales proponentes, la Enmienda Byrd tiene por objeto disuadir a los exportadores extranjeros de "continuar" las exportaciones de productos que son objeto de dumping o subvención y, si eso no se lograre, compensar a los productores estadounidenses por el daño que les causa esa "continuación" del dumping o "mantenimiento" de las subvenciones.

Los pagos de compensación no están en conformidad con las disposiciones del GATT según se interpretan en el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC

El Acuerdo Antidumping

4.136 En opinión de las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia, tal como lo confirmó el Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916, el artículo VI, y en especial su párrafo 2, leídos juntamente con el Acuerdo Antidumping, limitan las respuestas permisibles al dumping a la imposición de derechos antidumping definitivos, la adopción de medidas provisionales y los compromisos sobre precios. Los pagos de compensación preceptuados por la Enmienda Byrd no son derechos de importación, ni medidas provisionales en forma de derechos o garantías, ni compromisos relativos a los precios contraídos por los exportadores. Por consiguiente, no son medidas adoptadas "de conformidad con" las disposiciones del GATT según se interpretan en el Acuerdo Antidumping.

El Acuerdo SMC

4.137 Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia señalan que los artículos VI y XVI del GATT, según se interpretan en el Acuerdo SMC, autorizan a los Miembros a adoptar medidas de uno de los tres tipos siguientes contra las subvenciones:

- "medidas compensatorias", impuestas de conformidad con la Parte V del Acuerdo SMC;

- "contramedidas" contra una "subvención prohibida", impuestas de conformidad con la Parte II del Acuerdo SMC; o

- "contramedidas" frente a subvenciones que causan "efectos desfavorables" a los intereses del Miembro de que se trate, impuestas de conformidad con la Parte III del Acuerdo SMC.

4.138 Esos reclamantes argumentan que esas tres medidas no son acumulativas, como deja en claro la nota de pie de página 35 del Acuerdo SMC.

4.139 Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia sostienen que la Parte V del Acuerdo SMC permite la adopción de "medidas compensatorias" de tres tipos: derechos compensatorios, medidas provisionales, o compromisos voluntarios asumidos por el gobierno que otorgó la subvención o por el exportador extranjero. Los pagos de compensación no caben en ninguno de estos tres tipos de medidas y, por lo tanto, no son medidas que estén "de conformidad" con la Parte V del Acuerdo SMC.

4.140 En opinión de las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia, la adopción de "contramedidas" con arreglo a las Partes II o III del Acuerdo SMC tiene que ser autorizada previamente por el OSD. Esa autorización sólo puede otorgarse si se cumplen determinadas condiciones. Los Estados Unidos no han recibido, y por cierto tampoco pidieron, la autorización del OSD para efectuar los pagos de compensación en concepto de "contramedidas". Además, no se habría cumplido ninguna de las condiciones necesarias para recibir tal autorización.

4.141 Por otra parte, sostienen esos reclamantes, la nota 35 dispone que las medidas compensatorias y las contramedidas autorizadas por las Partes II y III no pueden aplicarse en forma acumulativa. Sin embargo, con arreglo a la Enmienda Byrd, los pagos de compensación sólo pueden efectuarse cuando la respectiva subvención ya haya sido objeto de una orden de derechos compensatorios. Por lo tanto, esa misma subvención no puede ser objeto de una "contramedida".

Los pagos de compensación otorgan una doble protección a la rama de producción estadounidense

4.142 Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia argumentan que la Enmienda Byrd se basa en la capciosa tesis de que la "continuación" del dumping y el "mantenimiento" de las subvenciones después de haberse dictado una orden antidumping o sobre derechos compensatorios causa daños que esas órdenes no reparan. Esa tesis carece de fundamento. Conforme a la legislación estadounidense, los derechos antidumping y compensatorios, por regla general, se liquidan sobre la base del dumping y la subvención que tienen lugar después de dictada la respectiva orden. Por lo tanto, es verdad que, en la medida en que se perciben derechos, esto supone que el dumping ha "continuado" o la subvención se ha "mantenido". Pero tal "continuación" del dumping o "mantenimiento" de la subvención ya está reparada por la percepción de esos mismos derechos. Por lo tanto, los pagos de compensación constituyen una reparación del daño que ya fue reparado con la percepción de los derechos antidumping o los derechos compensatorios.

4.143 Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia sostienen que la falacia en que se basan las "constataciones" del Congreso de los Estados Unidos quedó expuesta debidamente en la Exposición de la Política de la Administración, de 11 de octubre de 2001. La Enmienda Byrd tiene por efecto, en realidad, asestar un "doble golpe" a los exportadores extranjeros. En palabras del propio Presidente Clinton, la Enmienda Byrd proporcionará "a algunas ramas de producción de los Estados Unidos una subvención superior al nivel de protección necesario para contrarrestar las subvenciones extranjeras".

ii) El párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC

4.144 Según las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia, la Enmienda Byrd proporciona un incentivo económico para que los productores nacionales presenten solicitudes de imposición de medidas antidumping o compensatorias o apoyen las solicitudes presentadas por otros productores nacionales. El establecimiento de ese incentivo económico es incompatible con el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC, por las siguientes razones:

a) es incompatible con la obligación de las autoridades de los Estados Unidos de llevar a cabo un examen objetivo de los hechos pertinentes para determinar si una solicitud ha sido presentada "por la rama de producción nacional o en nombre de ella";

b) impide que las autoridades de los Estados Unidos determinen si una solicitud ha sido presentada "por la rama de producción nacional o en nombre de ella" antes de iniciar una investigación; y

c) frustra el objeto y fin de esas dos disposiciones, que consiste en limitar la iniciación de investigaciones a los casos en que la rama de producción nacional tenga un interés auténtico en la adopción de medidas antidumping o compensatorias.

La Enmienda Byrd proporciona un incentivo económico para presentar solicitudes o apoyar las ya efectuadas por otros productores

4.145 Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia señalan que la Enmienda Byrd dispone que la compensación sólo se pague a los "productores nacionales afectados", categoría que se define en el sentido de que comprende a los solicitantes y a las partes interesadas que apoyaron la solicitud. En consecuencia, no se paga compensación alguna a ningún productor nacional que se haya opuesto activamente o que no haya apoyado la solicitud. De este modo, argumentan las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia, la Enmienda Byrd tiene los siguientes efectos: 1) estimular la presentación de solicitudes; y 2) hacer que sea más fácil para los solicitantes la obtención del apoyo de los demás productores nacionales, con el fin de alcanzar los límites cuantitativos mínimos establecidos en el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC.

La Enmienda Byrd es incompatible con la obligación de las autoridades de los Estados Unidos de hacer un examen objetivo de los hechos pertinentes para determinar si la solicitud ha sido hecha "por la rama de producción nacional o en nombre de ella"

4.146 Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia opinan que al igual que cualquier otro "examen" de los hechos prescrito por el Acuerdo Antidumping o el Acuerdo SMC, el "examen" de los hechos pertinentes para determinar si la solicitud ha sido hecha o no "por la rama de producción nacional o en nombre de ella" tiene que llevarse a cabo de manera objetiva. Esa prescripción no está formulada expresamente en el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping ni en el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC, pero es un corolario del principio de buena fe que informa todos los Acuerdos abarcados. El Órgano de Apelación ha señalado que, para que sea "objetivo", un examen debe ser "conforme a los principios básicos de la buena fe y la equidad fundamental". Dicho con mayor precisión, el examen "objetivo" requiere que los hechos pertinentes "se investiguen en forma imparcial, sin favorecer los intereses de cualquier parte interesada o grupo de partes interesadas en la investigación".

4.147 Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia sostienen que la Enmienda Byrd es incompatible con esa prescripción fundamental. Mediante la promesa de pagos de compensación, el Gobierno de los Estados Unidos influye indebidamente en los mismos hechos que sus autoridades están obligadas a "examinar". Además, debido a ello resulta más probable que esas autoridades determinen que una solicitud ha sido hecha "por la rama de producción nacional o en nombre de ella". Esto significa nada menos que una tentativa de manipular el resultado de la determinación que requieren el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC. A ello se añade que, al proceder así, las autoridades de los Estados Unidos favorecen los intereses de determinadas partes (los productores que apoyan auténticamente la imposición de medidas) frente a los de otros interesados (entre los que se cuentan no sólo los exportadores, sino también los productores nacionales que se oponen a la iniciación de la investigación).

La Enmienda Byrd hace imposible que las autoridades de los Estados Unidos determinen si la solicitud ha sido presentada o no "por la rama de producción nacional o en nombre de ella"

4.148 Según las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia no cabe considerar que un productor nacional ha presentado una "solicitud", ni que la ha "apoyado", en el sentido del párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC, si lo ha hecho con el exclusivo fin de calificarse para obtener los pagos de compensación que se otorgan en virtud de la Enmienda Byrd. Cuando el "apoyo" de un productor nacional se "compra" con la promesa de una retribución económica, tal "apoyo" no puede considerarse auténtico ni puede tomarse en consideración a los fines de la determinación que requieren el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC.

4.149 Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia sostienen que la Enmienda Byrd, por su existencia misma, pone en tela de juicio el crédito que merece cualquier solicitud o expresión de apoyo formulada por los productores de los Estados Unidos. En realidad, tras la aprobación de la Enmienda Byrd resulta imposible a las autoridades de los Estados Unidos saber si un productor nacional ha presentado una "solicitud", o expresado su "apoyo", a una solicitud de otro productor porque está verdaderamente interesado en la adopción de medidas antidumping o compensatorias o porque aspira a participar en la distribución de la compensación. Debido a ello, la Enmienda Byrd impide que las autoridades de los Estados Unidos verifiquen si una solicitud ha sido hecha verdaderamente "por la rama de producción nacional o en nombre de ella" y, en consecuencia, formulen una determinación adecuada a ese respecto antes de iniciar una investigación.

La Enmienda Byrd frustra el objeto y fin del párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC

4.150 En opinión de las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia, el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC limitan la discrecionalidad de los Miembros en cuanto a la imposición de tales medidas al establecer que, salvo en "circunstancias especiales", no se iniciará ninguna investigación sin que haya sido hecha una solicitud "por la rama de producción nacional o en su nombre". El objeto y fin de esa prohibición es evidente. Si los posibles beneficiarios de una medida antidumping o de una medida compensatoria no consideran que tal medida corresponde a su interés, no hay razones válidas, salvo en "circunstancias especiales", para que las autoridades del Miembro importador impongan una medida que restringe el comercio entre los Miembros de la OMC. Sin embargo, la Enmienda Byrd hace posible, e incluso estimula, la iniciación de investigaciones y, por consiguiente, la imposición de medidas antidumping y compensatorias, en casos en que la rama de producción no tiene ningún interés auténtico en que se adopten tales medidas, con lo cual se frustra el objeto y fin del párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC.

iii) El párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 3 del artículo 18 del Acuerdo SMC

4.151 Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia argumentan que la Enmienda Byrd establece un incentivo económico para que los productores nacionales se opongan a la aceptación de compromisos. El otorgamiento de tal incentivo es incompatible con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 3 del artículo 18 del Acuerdo SMC, por las siguientes razones:

a) dará lugar al rechazo de compromisos sin que exista un "motivo" adecuado;

b) es incompatible con la obligación de las autoridades de los Estados Unidos de realizar un examen objetivo para determinar si la aceptación de los compromisos sería o no "adecuada"; y

c) menoscaba el objeto y fin de estas dos disposiciones, que consiste en ofrecer otra medida correctiva como alternativa a la imposición de derechos.

4.152 Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia sostienen que las autoridades del Miembro importador gozan de amplia discrecionalidad para decidir si aceptan o no un compromiso. Tal discrecionalidad, sin embargo, no es ilimitada. Queda implícito en el párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 3 del artículo 18 del Acuerdo SMC que las autoridades no pueden rechazar un compromiso sin examinar antes si sería o no "adecuado" aceptarlo. Por las razones ya explicadas, ese examen debe ser "objetivo". Dicho de otro modo, debe ser "conforme a los principios básicos de la buena fe y la equidad fundamental".

4.153 Por otra parte, argumentan las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia, el párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 3 del artículo 18 del Acuerdo SMC dejan claro que las autoridades deben tener un "motivo" para rechazar un compromiso. Esas dos disposiciones no limitan a priori los tipos de "motivos" que las autoridades pueden invocar. Pero esto no significa que las autoridades puedan invocar cualquier clase de motivos para rechazar un compromiso. Los "motivos" a que se alude en el párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 3 del artículo 18 del Acuerdo SMC tienen que ser pertinentes respecto de la decisión sobre si la aceptación de un compromiso sería o no "adecuada". Como mínimo deben relacionarse con las condiciones o circunstancias específicas del compromiso que se considera, o con la "política general" de un Miembro en lo que respecta a los compromisos.

La Enmienda Byrd proporciona un estímulo económico a los solicitantes para que se opongan a la aceptación de los compromisos ofrecidos por los exportadores

4.154 Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia afirman que si las autoridades de los Estados Unidos aceptan un compromiso, no se fija ningún derecho antidumping ni compensatorio y, por consiguiente, no habrá de distribuirse ninguna compensación entre los productores nacionales afectados. De este modo, en virtud de la Enmienda Byrd los solicitantes tienen un interés económico en oponerse a la aceptación de compromisos por las autoridades.

Las autoridades de los Estados Unidos asignan un peso "considerable" a la oposición de los solicitantes al resolver si han de aceptar o no un compromiso

4.155 Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia argumentan que, conforme a la legislación de los Estados Unidos, los solicitantes desempeñan un papel activo y privilegiado en el procedimiento que conduce a la decisión sobre si se acepta o no un compromiso. Además, las autoridades de los Estados Unidos han declarado que la oposición del solicitante es un factor al que asignan "un peso considerable". En la práctica, es muy poco frecuente, si acaso ocurre alguna vez, que se acepten compromisos contra la oposición del solicitante.

La Enmienda Byrd dará lugar al rechazo de compromisos sin un "motivo" válido

4.156 En opinión de las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia tras la adopción de la Enmienda Byrd es probable que los solicitantes se opongan en forma sistemática a cualquier compromiso ofrecido por los exportadores, no porque lo consideren menos eficaz que la imposición de derechos, sino porque tienen un interés económico propio en que se impongan derechos. A diferencia de la preocupación legítima de los solicitantes por la posibilidad de que un compromiso sea menos eficaz que la imposición de derechos, su interés pecuniario en recibir la compensación constituye una consideración ajena a la cuestión, que no tiene relación alguna con que el compromiso sea o no una medida correctiva "adecuada". Por lo tanto, tras la adopción de la Enmienda Byrd, la oposición del solicitante no puede considerarse un "motivo" apropiado para rechazar un compromiso.

La Enmienda Byrd es incompatible con la obligación de las autoridades de los Estados Unidos de hacer un examen objetivo para determinar si la aceptación de un compromiso sería o no adecuada

4.157 Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia sostienen que mediante los pagos de compensación, las autoridades de los Estados Unidos influyen indebidamente en el resultado del examen encaminado a determinar si la aceptación de los compromisos sería "adecuada", que están obligados a realizar conforme al párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 3 del artículo 18 del Acuerdo SMC. Además, lo hacen de un modo que favorece los intereses de los solicitantes frente a los intereses de los exportadores.

La Enmienda Byrd frustra el objeto y fin del artículo 8 del Acuerdo Antidumping y del artículo 18 del Acuerdo SMC

4.158 Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia afirman que el objeto y fin del artículo 8 del Acuerdo Antidumping y del artículo 18 del Acuerdo SMC consiste en ofrecer una medida alternativa para reparar el daño causado por el dumping y las subvenciones, la cual, al mismo tiempo que da una protección equivalente a los productores nacionales, es más beneficiosa para los exportadores. La Enmienda Byrd, junto con la política de los Estados Unidos de asignar un peso "considerable" a la oposición del solicitante, hará muy difícil, si no imposible, la aceptación de compromisos, frustrando con ello el objeto y fin del artículo 8 del Acuerdo Antidumping y del artículo 18 del Acuerdo SMC. Esta consecuencia de la Enmienda Byrd es particularmente perniciosa para los países en desarrollo Miembros. Al hacer prácticamente imposible la aceptación de compromisos, la Enmienda Byrd también frustrará el propósito de la obligación que impone el artículo 15 del Acuerdo Antidumping.

iv) El párrafo 3 a) del artículo X del GATT

4.159 Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia son de la opinión de que los pagos de compensación preceptuados por la Enmienda Byrd dan lugar a que las leyes y reglamentos de los Estados Unidos referentes a la iniciación de investigaciones antidumping y sobre derechos compensatorios y a la aceptación de compromisos en el marco de tales investigaciones se apliquen en forma parcial y no razonable. Por esta razón, la Enmienda Byrd es incompatible con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT.

Las leyes y reglamentos sobre medidas antidumping y derechos compensatorios de los Estados Unidos referentes a la iniciación de investigaciones y a los compromisos están comprendidos en el ámbito de aplicación del párrafo 1 del artículo X

4.160 Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia sostienen que las "medidas aplicadas" de que se trata son las disposiciones referentes a la iniciación de investigaciones antidumping y sobre derechos compensatorios y la aceptación de compromisos que figuran en la Ley Arancelaria de 1930 y en el reglamento de aplicación dictado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. No puede caber duda de que esas medidas son "leyes y reglamentos" y que son "de aplicación general". Además, esas medidas "se refieren" a "los tipos de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas" o a otras "prescripciones, restricciones o prohibiciones de importación". Por lo tanto, están comprendidas en el ámbito de aplicación del párrafo 1 del artículo X, con la consecuencia de que su "aplicación" está sujeta a los requisitos que establece el párrafo 3 a) del mismo artículo.

La Enmienda Byrd da lugar a una aplicación de las leyes y reglamentos de los Estados Unidos referentes a la iniciación de investigaciones y a la aceptación de compromisos que no es "razonable"

4.161 En opinión de las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia, la Enmienda Byrd da lugar a una aplicación de las leyes y reglamentos de los Estados Unidos referentes a la iniciación de investigaciones que no es "razonable", puesto que crea un fuerte incentivo económico para presentar o apoyar las solicitudes. Debido a ello se impondrán medidas antidumping y compensatorias en casos en que la rama de producción nacional no tiene ningún interés auténtico en la adopción de tales medidas.

4.162 Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia argumentan que la Enmienda Byrd también abre camino a una aplicación no "razonable" de las leyes y reglamentos de los Estados Unidos referentes a los compromisos. Junto con la política de los Estados Unidos de asignar un peso "considerable" a la oposición de los solicitantes, la Enmienda Byrd hará más difícil, si no imposible, la aceptación de compromisos. De este modo, los exportadores extranjeros se verán privados de una medida correctiva alternativa y más beneficiosa, sin otro fundamento que el interés del productor nacional de obtener un lucro gratuito.

La Enmienda Byrd da lugar a una aplicación "parcial" de las leyes y reglamentos de los Estados Unidos referentes a la iniciación de investigaciones y la aceptación de compromisos

4.163 En opinión de las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia, los pagos de compensación dan lugar a una aplicación "parcial" de las leyes y reglamentos de los Estados Unidos referentes a la iniciación de investigaciones, ya que acentúan artificialmente el grado de apoyo a las solicitudes. Esto favorece a determinadas partes a costa de otros interesados. Los pagos de compensación también dan lugar a una aplicación "parcial" de las leyes y reglamentos de los Estados Unidos referentes a los compromisos porque tienen como consecuencia que el interés de los exportadores por obtener una solución sustitutiva de la imposición de derechos quede subordinado al interés pecuniario de los productores nacionales.

v) El párrafo 4 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping, el párrafo 5 del artículo 32 del Acuerdo SMC y el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC

4.164 Las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia sostienen que la Enmienda Byrd, al ser incompatible con el párrafo 1 del artículo 18, el párrafo 4 del artículo 5 y el párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 1 del artículo 32, el párrafo 4 del artículo 11 y el párrafo 3 del artículo 18 del Acuerdo SMC, es incompatible también con el párrafo 4 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 5 del artículo 32 del Acuerdo SMC.

4.165 La Enmienda Byrd, al ser incompatible con el párrafo 1 del artículo 18, el párrafo 4 del artículo 5 y el párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo Antidumping, con el párrafo 1 del artículo 32, el párrafo 4 del artículo 11 y el párrafo 3 del artículo 18 del Acuerdo SMC y con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT, argumentan las Comunidades Europeas, la India, Indonesia y Tailandia, es incompatible también con el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC.

6. Corea

a) Introducción

4.166 Corea argumenta que el Órgano de Apelación ha resuelto ya la principal cuestión que se plantea en estas actuaciones. En el asunto Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916, ese Órgano confirmó la conclusión a que había llegado el Grupo Especial de que, en el contexto de una investigación antidumping (o relativa a derechos compensatorios), los Miembros pueden adoptar una medida y sólo una: imponer derechos iguales o inferiores al margen de dumping (o al nivel de subvención).58 Además, un Miembro sólo puede imponer derechos antidumping o compensatorios después de cumplir todas las disposiciones aplicables de los Acuerdos pertinentes.59

4.167 Desafortunadamente, según Corea, la Enmienda Byrd60, al igual que la Ley de 1916, crea una medida específica, distinta de la imposición de derechos antidumping o compensatorios, que ha de adoptarse cuando se constate que determinadas importaciones han sido objeto de dumping o subvencionadas. Por consiguiente, exactamente igual que la Ley de 1916, la Enmienda Byrd es incompatible con gran número de obligaciones contraídas por los Estados Unidos en el marco de diversos Acuerdos de la OMC, entre ellas las resultantes del artículo VI del GATT de 1994, el párrafo 4 del artículo 5, el artículo 8 y el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping, y el párrafo 4 del artículo 11, el artículo 18 y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC.

b) Exposición de los hechos

4.168 Corea sostiene que los hechos pertinentes son pocos y muy claros61. El 28 de octubre de 2000, el Presidente de los Estados Unidos dio fuerza de ley a la Enmienda Byrd, y, al mismo tiempo, pidió al Congreso que derogase esa Ley:

Pido al Congreso que anule esa disposición, o que la enmiende para que sea aceptable, antes de la clausura.62

4.169 Según Corea, el Gobierno de los Estados Unidos admitió además que la compensación constituye una medida adicional que no es necesaria para restablecer el libre comercio:

... las leyes sobre las prácticas comerciales desleales tienen por finalidad restablecer unas condiciones en las que el comercio sea leal. Ahora bien, esta es la finalidad de los propios derechos antidumping y derechos compensatorios. Al elevar el precio de las importaciones, protegen a los productores nacionales contra la competencia de las importaciones y permiten que los fabricantes nacionales suban los precios, aumenten la producción y mejoren sus ingresos. En consecuencia, la distribución de los propios derechos arancelarios a los productores no es necesaria para restablecer unas condiciones en las que el comercio sea leal.63

4.170 Corea afirma que la Enmienda Byrd tiene carácter imperativo. Cuando se dan las condiciones para su aplicación, las autoridades estadounidenses tienen que aplicar las directivas impartidas por la Ley.64 Las autoridades carecen de facultades discrecionales para proceder de otra manera, debido al empleo de términos imperativos en el texto de la Ley.65 En resumen, los Estados Unidos han adoptado una ley que ordena que, cuando se ha dictado o formulado una orden o constatación relativa a un derecho antidumping o a la imposición de derechos compensatorios, las autoridades estadounidenses, además de percibir los derechos antidumping o compensatorios, deben distribuirlos a los productores nacionales que hayan solicitado la investigación.

c) Argumentación

i) La Enmienda Byrd es incompatible con las disposiciones del GATT de 1994, del Acuerdo Antidumping y del Acuerdo SMC, porque constituye una "medida específica" inadmisible contra las importaciones

4.171 Corea argumenta que el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping ha sido interpretado en el sentido de que "limita los instrumentos antidumping que pueden utilizar los Miembros a los que están expresamente contenidos en el artículo VI y en el Acuerdo Antidumping".66 En el asunto Estados Unidos - Ley de 1916, el Grupo Especial constató que la Ley de 1916 era incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos en el marco de la OMC y concluyó que "[…] salvo las medidas provisionales y los compromisos relativos a los precios, el único tipo de recursos previsto por el Acuerdo Antidumping es la imposición de derechos".67

4.172 El Órgano de Apelación confirmó esas constataciones, al declarar que el párrafo 2 del artículo VI del GATT de 1994 y el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping, entendidos conjuntamente, prohíben a los Miembros adoptar medidas específicas contra el dumping que no estén previstas en dichos párrafos, es decir, cualquier medida distinta de las medidas correctivas provisionales, los compromisos sobre precios y los derechos antidumping aplicados de conformidad con el párrafo 2 del artículo VI y con el Acuerdo Antidumping (o que se añada a ellos).68

4.173 Corea afirma que el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC es una disposición análoga al párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping. Con excepción de las palabras "una subvención" y "el dumping de las exportaciones", esas dos disposiciones son idénticas. Dado, pues, que las disposiciones son de tenor casi idéntico, e idénticas en su contexto y fin, cabe basarse en los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación relativos al asunto Estados Unidos - Ley de 1916.

4.174 Según Corea, en los referidos informes se afirma indirectamente que el párrafo 1 del artículo 32 (al igual que el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping) aclara que un Miembro sólo puede imponer, ante importaciones subvencionadas, las medidas correctivas (sólo puede adoptar las "medidas específicas") expresamente previstas en el artículo VI y en el Acuerdo SMC. Cuando se dan las condiciones establecidas, un Miembro puede imponer un derecho compensatorio para contrarrestar una subvención. No obstante, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo VI del GATT de 1994 y en el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC, el Miembro no puede adoptar ninguna otra medida específica contra las importaciones subvencionadas.69

4.175 A juicio de Corea, la Enmienda Byrd, sin embargo, impone a las autoridades estadounidenses la obligación de adoptar una medida específica imperativa adicional, después de que hayan llevado a cabo una investigación en materia de derechos antidumping o compensatorios, hayan determinado que es apropiada una medida de auxilio y hayan impuesto esa medida de auxilio en forma de un derecho sobre las importaciones de la mercancía de que se trate. La Enmienda exige que las autoridades estadounidenses transfieran directamente los derechos percibidos a las empresas estadounidenses que hayan apoyado la solicitud.70

4.176 Además, sostiene Corea, la transferencia directa de derechos percibidos por importaciones a los competidores nacionales de las compañías afectadas, al igual que la ley misma que ordena esa transferencia, constituye una "medida específica" que es incompatible con el artículo VI del GATT de 1994, el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC. Como la Ley de 1916, que imponía "'medidas específicas contra el dumping', en forma de procedimientos y sanciones civiles y penales71, la Enmienda Byrd impone una medida específica contra el dumping y las importaciones subvencionadas en forma de una transferencia directa de bienes de la compañía extranjera afectada a sus competidores nacionales.

4.177 Es la opinión de Corea que la Enmienda Byrd es una medida específica contra el dumping y/o las subvenciones porque exige al Servicio de Aduanas de los Estados Unidos que adopte medidas (aplique la compensación) "sólo ... cuando concurran los elementos constitutivos del 'dumping' [o de una subvención]".72 Por lo tanto, la compensación se proporciona  sólo cuando se reúnen las condiciones para la imposición de un derecho antidumping o compensatorio (es decir, sólo cuando existe dumping o subvención que causa un daño importante) y sólo cuando se impone un derecho.73 Además, la compensación se proporciona sólo a "los productores nacionales afectados", que la Ley define como "los fabricantes, productores, agricultores, ganaderos o representantes laborales (incluidas las asociaciones de tales personas)" que hayan sido uno de los solicitantes o partes interesadas que intervinieron en apoyo de la solicitud, y que continúen operando.74

4.178 Por último, Corea argumenta que los pagos compensatorios al "productor nacional afectado" se transfieren directamente de una "cuenta especial" que debe crearse para los derechos fijados y percibidos con arreglo a cada una de las órdenes de establecimiento de derechos antidumping o compensatorios.75 Por lo tanto, las compensaciones se pagan directamente con los derechos percibidos para compensar a los "productores nacionales afectados" por daños causados por el dumping o la subvención que motivó su reclamación.

4.179 Por consiguiente, sostiene Corea, la Enmienda Byrd exige imperativamente una "medida específica" inadmisible, como lo hace la Ley de 1916. En realidad, en muchos sentidos, la Enmienda Byrd es mucho más perniciosa y causa mucha más distorsión del comercio que la Ley de 1916. Esta última se limita a determinadas formas de discriminación internacional de precios. La Enmienda Byrd, en cambio, no sólo se aplica al dumping sino también a las subvenciones, y, por lo tanto, su alcance es mucho mayor. Asimismo, la Ley de 1916 se invoca raras veces. La Enmienda Byrd, por el contrario, se aplica a todos los procedimientos que dan lugar a la imposición de derechos antidumping o compensatorios.76 Por tal razón, altera profundamente las condiciones de competencia a favor de los productores estadounidenses en todos los mercados de los Estados Unidos para todos los productos.

4.180 Según Corea, resulta confirmado este análisis por las declaraciones de muchos parlamentarios estadounidenses, entre ellos el Senador Byrd (demócrata de West Virginia), que configuró y propuso la Enmienda y logró su aprobación por el Senado.

4.181 Por las razones expuestas, Corea insta al Grupo Especial a que constate que la Enmienda Byrd ordena con carácter imperativo la adopción de una medida específica inadmisible y que, por ende, los Estados Unidos están infringiendo el artículo VI del GATT de 1994, el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC.

ii) La Enmienda Byrd es incompatible con el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC, porque distorsiona y menoscaba de manera inadmisible el umbral vigente, alentando el uso indebido de medidas que de otra manera serían admisibles y privando de sentido a estas disposiciones de la OMC

4.182 Corea argumenta que en el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping se establece el criterio para determinar si una solicitud de investigación antidumping está apoyada por "la rama de producción", es decir, si las empresas que apoyan la investigación solicitada son suficientes para constituir "la rama de producción". Si el apoyo no rebasa el umbral establecido, las autoridades no pueden iniciar la investigación. Con arreglo al párrafo 4 del artículo 5, las autoridades no pueden iniciar la investigación a menos que: i) la investigación esté apoyada por productores que representen más del 50 por ciento (en volumen o valor) de la producción total del producto similar correspondiente a la parte de la rama de producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud; y ii) los productores nacionales que apoyen la solicitud representen por lo menos el 25 por ciento de la producción nacional total.

4.183 Corea afirma que el umbral establecido en el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC es, a todos los efectos prácticos, idéntico al establecido en el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping.

4.184 Según Corea, como se desprende de la historia de su negociación, esos umbrales estaban destinados a equilibrar cuidadosamente diversos derechos e intereses contrapuestos, y en primer lugar el derecho de una rama de producción a solicitar auxilio ante la existencia de prácticas comerciales desleales, por una parte, y el interés de garantizar que sea la rama de producción, y no un sector de la misma, o incluso una sola empresa, la que solicite la medida de auxilio. En realidad, quizás la preocupación más importante era la de que la disposición se redactase de manera que garantizase que sólo se presentarían reclamaciones o solicitudes cuando estuviesen justificadas, y cuando fuesen apoyadas por una parte suficientemente considerable de una rama de producción.77 La búsqueda del equilibrio se efectuó en un contexto en el que los derechos antidumping o compensatorios constituían las únicas formas posibles de auxilio (aparte de las soluciones negociadas).

4.185 A juicio de Corea, la Enmienda Byrd distorsiona y menoscaba el equilibrio de intereses acordado por los negociadores. En realidad, esa alteración es lo que la Enmienda se propone. La Enmienda aumenta enormemente el incentivo para que las empresas apoyen una solicitud, y lo hace proporcionando transferencias de fondos de los importadores a los productores afectados, pero sólo a aquellos productores nacionales que hayan apoyado la solicitud.78 Los productores que se opongan a la solicitud no tendrán derecho a la compensación.79

4.186 Corea argumenta que la Enmienda Byrd crea, por lo tanto, un poderoso incentivo para que todas las empresas de todos los sectores, no sólo formulen solicitudes sin fundamento, sino que apoyen también cualquier solicitud que se presente. La posibilidad de recibir la compensación induce a empresas que en otro caso no estarían interesadas, a mostrar interés en una solicitud que de otra manera no apoyarían, y a apoyarla. Además, debido a que la mera iniciación de una investigación distorsiona a menudo las pautas del comercio, con independencia de si en definitiva se imponen o no derechos antidumping o compensatorios, la Enmienda Byrd constituye un factor de distorsión del comercio. En pocas palabras, al ofrecer una "recompensa monetaria", la Enmienda alienta a invocar excesiva e indebidamente la legislación estadounidense sobre derechos antidumping y compensatorios.

4.187 Como consecuencia de la Enmienda Byrd, afirma Corea, las normas establecidas en el párrafo 4 del artículo 5 y en el párrafo 4 del artículo 11 carecen de sentido, tal como se aplican en los Estados Unidos, y las dos disposiciones se tornan "inútiles". Al adoptar como ley la Enmienda Byrd, los Estados Unidos están indicando que interpretan que el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC permiten la adopción de esa Enmienda y las medidas que se adopten en virtud de la misma. Los Estados Unidos han adoptado con ello una interpretación que hace inútil el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC. La Enmienda Byrd se basa por tanto en una lectura fundamentalmente errada de esas disposiciones, es decir, en una interpretación inadmisible.80

4.188 En opinión de Corea, el Gobierno de los Estados Unidos ha adoptado -al aprobar la Enmienda Byrd- una medida que influye de modo impropio sobre aquellos hechos precisamente que las autoridades de ese país deben examinar al efectuar su determinación. Los Estados Unidos infringen con ello su obligación de realizar un examen objetivo81 con arreglo al párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping y al párrafo 4 del artículo 11 del Acuerdo SMC.

4.189 Corea sostiene que los Estados Unidos han infringido esta obligación porque se han servido de la Enmienda Byrd para manipular la situación e influir así en el proceso, aumentando la probabilidad de que las autoridades estadounidenses concluyan que la rama de producción nacional correspondiente apoya una solicitud determinada.

iii) La Enmienda Byrd es incompatible con el artículo 8 del Acuerdo Antidumping y con el artículo 18 del Acuerdo SMC, porque desalienta de manera inadmisible los acuerdos sobre compromisos

4.190 A juicio de Corea, la Enmienda Byrd es incompatible con las disposiciones de la OMC en materia de compromisos y, en especial, con el párrafo 1 del artículo 8 del Acuerdo Antidumping y con el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo SMC. Torna inútiles e inoperantes esas disposiciones en el contexto de las actuaciones estadounidenses relacionadas con derechos antidumping y compensatorios. Con arreglo a las prácticas que se siguen en los Estados Unidos, el Gobierno de ese país debe consultar a la rama de producción afectada antes de aceptar un compromiso.82 Sin embargo, la Enmienda Byrd crea un incentivo para que la rama de producción estadounidense se  oponga a los compromisos. Ello es así porque un compromiso en materia de precios no puede exceder de la cuantía del margen o la subvención.83 Al apoyar la imposición de derechos, la rama de producción nacional puede beneficiarse, no sólo de tal imposición, según lo permiten los Acuerdos de la OMC y la legislación estadounidense (lo cual, en esencia, conduce a niveles de precios compatibles con los resultantes de un compromiso), sino también de la transferencia directa de los derechos percibidos.

4.191 Corea argumenta que, de esta manera, la Enmienda Byrd conduce también directamente al uso indebido de las medidas relativas a derechos antidumping y compensatorios. Ello es así porque las medidas se imponen en situaciones que, si no existiera tal Enmienda y los incentivos que crea, darían lugar a compromisos.

4.192 Corea sostiene que la Enmienda Byrd es una medida adoptada por los Estados Unidos que, de manera similar a las repercusiones que tiene sobre la evaluación de la legitimación, influye también sobre el proceso por el que se llega a compromisos, de manera tal que hace disminuir considerablemente la probabilidad de que la rama de producción nacional que apoye la solicitud (los solicitantes) dé su apoyo a un compromiso. Por consiguiente, al aprobar la Enmienda Byrd, los Estados Unidos han infringido la obligación de que sus autoridades realicen un examen objetivo84 de si la aceptación de un compromiso con arreglo al párrafo 3 del artículo 8 del Acuerdo Antidumping o al párrafo 3 del artículo 18 del Acuerdo SMC sería "adecuada" dadas las circunstancias, entre las que se cuentan las opiniones de los solicitantes.

d) Conclusión

4.193 Por las razones expuestas, Corea pide al Grupo Especial que constate que, al mantener la Enmienda Byrd, los Estados Unidos están infringiendo el artículo VI del GATT de 1994, el párrafo 4 del artículo 5, el artículo 8 y el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping, y el párrafo 4 del artículo 11, el artículo 18 y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC. Corea solicita al Grupo Especial que recomiende que los Estados Unidos pongan su legislación en conformidad con las obligaciones que han contraído en virtud de esas disposiciones de la OMC.

4.194 Por último, Corea solicita respetuosamente al Grupo Especial que sugiera que, para cumplir las obligaciones que han contraído en el marco de la OMC, los Estados Unidos deroguen la Enmienda Byrd.85


Continuación:   7. Mexico
 

1 Public Law 106-387, 114 Stat. 1549, 28 de octubre de 2000, artículos 1001-1003.

2 Codificado como 19 USC, 1675 c.

3 Distribución a los productores nacionales afectados de la compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones, 66 Federal Register 48.546 (Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, 21 de septiembre de 2001) (norma definitiva) (codificado en 19 CFR párrafos 159.61-159.64) (el "Reglamento").

4 Ley Arancelaria de 1930 de los Estados Unidos, artículo 754(a).

5 Ibid., artículo 754(b)(1).

6 La Comisión de Comercio Internacional ("ITC") debe suministrar al Servicio de Aduanas de los Estados Unidos ("Aduana"), en relación con cada orden o constatación, una lista de los productores nacionales afectados que eventualmente puedan tener derecho a percibir la compensación. Véase el artículo 754(d)(1) de la Ley Arancelaria de 1930 de los Estados Unidos.

7 Ibid., párrafo 754(b)(4), 114 Stat. 1549A-73.

8 Ley Arancelaria de 1930 de los Estados Unidos, artículo 754(e)(1).

9 Ibid., artículo 754(e)(2).

10 Ibid., artículo 754(d)(2) y (3).

11 Ibid., artículo 754(c).

12 Ley Arancelaria de 1930 de los Estados Unidos, párrafo 754(e)(4), CDSOA párrafo 1003(a), 114 Stat. 1549A-75. Reglamento, 66 Federal Register 48.546, 48.554 (19 C.F.R. párrafo 159.64(d)).

13 Artículo 1003(c) de la CDSOA.

14 Ley Arancelaria de 1930 de los Estados Unidos, artículo 754(d)(1).

15 Señalamos que Australia no llevó adelante ninguna alegación en relación con el párrafo 3 a) del artículo X del GATT y los artículos 8 del Acuerdo Antidumping y 18 de Acuerdo SMC.

16 El Canadá y México alegaron una infracción del párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC, conjuntamente con el párrafo 3 del artículo VI del GATT y el artículo 10 del Acuerdo SMC. WT/DS234/12 y WT/DS234/13.

17 Pub. L. 106-387, 114 Stat. 1549. El Título X de la Ley, la Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones de 2000, agregó el artículo 754(a) a la Ley Arancelaria de 1930. Véanse las Pruebas documentales comunes 1 y 15.

18 Informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916, WT/DS136/R, 31 de marzo de 2000 y WT/DS162/R, 29 de mayo de 2000, párrafo 6.230. Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, 28 de agosto de 2000, párrafos 127-133.

19 Informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916, párrafo 6.230.

20 Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916, párrafo 126.

21 Informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916, párrafos 6.204 y 6.205.

22 144 Cong. Rec. S7883-7884 (edición diaria de 9 de julio de 1998) (Declaración del Senador DeWine). El proyecto de ley fue presentado al Senado el 9 de julio de 1998 por el Senador DeWine como S.2281 y a la Cámara de Representantes el 18 de septiembre de 1997 por el representante Regula como H.R.2509.

23 145 Cong. Rec. S497-498 (edición diaria de 20 de enero de 1999).

24 Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916, párrafos 131 y 132.

25 Informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916, párrafo 6.42.

26 Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón, WT/DS184/AB/R, párrafo 101.

27 El Brasil señala que, en las negociaciones de la Ronda Uruguay, una preocupación importante que, en último término, se reflejó en los resultados, consistió en garantizar que las investigaciones sólo se iniciaran cuando estuvieran justificadas y, en particular, cuando gozaran del apoyo de una parte importante de la rama de producción. Esto, a su vez, dio lugar a las determinaciones del umbral que pone en peligro la Enmienda Byrd. Véase T. Stewart (ed.), The GATT Uruguay Round, A Negotiating History (1986-1992), volumen II: Commentary, páginas 1575 a 1588.

28 Informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto Estados Unidos - Aplicación de medidas antidumping a las chapas de acero inoxidable en rollos y las hojas enteras de acero inoxidable procedentes de Corea, WT/DS179/R, 22 de diciembre de 2000 (adoptado el 1º de febrero de 2001) párrafo 6.49, nota 62.

29 19 CFR 351.222 (2000). Véase Prueba documental común 12.

30 19 CFR 351.222(g).

31 19 CFR 351.222(i).

32 Título X (artículos 1001 a 1003) de la Ley de Créditos Presupuestarios para la Agricultura, el Desarrollo Rural, la Administración de Productos Alimenticios y Farmacéuticos y Organismos Conexos, 2001, (Prueba documental común-1). También se conoce a la CDSOA como la "Enmienda Byrd". La CDSOA establece un nuevo artículo 754 con el título de "Compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones." (Prueba documental común 15).

33 Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916, informe del Órgano de Apelación, WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R, adoptado el 26 de septiembre de 2000.

34 Ley Arancelaria de 1930 de los Estados Unidos, párrafo 754(a) de la CDSOA, párrafo 1003(a), 114 Stat. 1549A-73 (Prueba documental común 1). La comunicación del Canadá denominará "órdenes" a las "órdenes y constataciones".

35 El 21 de septiembre de 2001 entró en vigor un Reglamento que detallaba los procedimientos de pago en el marco de la Ley, 66 Federal Register 48.546 (Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, 21 de septiembre de 2001) (norma definitiva) (Prueba documental común 3).

36 Véanse los párrafos 27 a 31 de la Primera comunicación del Canadá.

37 Véanse los párrafos 32 a 35 de la Primera comunicación del Canadá.

38 Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916, párrafo 137.

39 Véanse los párrafos 39 a 47 de la Primera comunicación del Canadá.

40 The New Shorter Oxford English Dictionary, volumen 2 (Oxford: Clarendon Press, 1993), página 1.985 (Canadá - Prueba documental 7).

41 Según el Canadá, la CDSOA tampoco tiene realmente nada que ver con la compensación del daño en el sentido del artículo VI y del Acuerdo Antidumping. Además de solicitarse la imposición de un derecho definitivo para contrarrestar el daño, se efectúan pagos con arreglo a la CDSOA. En lugar de establecer la igualdad de oportunidades entre las importaciones y los productos nacionales, la CDSOA va más allá y, de hecho, impide esa nivelación de oportunidades al transferir a los miembros de la rama de producción de que se trate unos derechos consistentes en una compensación por los gastos admisibles.

42 Véanse los párrafos 55 a 59 de la Primera comunicación del Canadá.

43 Esas medidas correctivas no son acumulables - véase la nota 35 al artículo 10 del Acuerdo SMC.

44 Esto, argumenta el Canadá, encuentra apoyo en el objeto y fin de las disposiciones. El objeto de los derechos compensatorios es neutralizar las distorsiones del comercio causadas por las subvenciones con el fin de restablecer el equilibrio competitivo entre los productos nacionales y extranjeros. Tanto en el párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994 como en la nota 36 del Acuerdo SMC se define el derecho compensatorio como un "derecho especial percibido para neutralizar cualquier subvención". La historia de la negociación del artículo VI aclara que los Miembros tuvieron el propósito de limitar a la aplicación de derechos compensatorios las medidas destinadas a contrarrestar las subvenciones. Véase Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916, (reclamación del Japón), informe del Grupo Especial, WT/DS162/R, adoptado el 26 de septiembre de 2000, párrafos 6.226 a 6.228.

45 Véanse los párrafos 14 a 16 supra y los párrafos 48 a 53 y 68 de la Primera comunicación del Canadá.

46 Las disposiciones anteriores de estos párrafos se consideraban también requisitos esenciales de procedimiento. Véase la nota 70 de la Primera comunicación del Canadá.

47 En el curso de las negociaciones de la Ronda Uruguay, se presentaron varias propuestas, encaminadas a obligar a las autoridades investigadoras a examinar el apoyo de que gozaba una solicitud antes de iniciar una investigación, para cerciorarse de que la solicitud había sido hecha adecuadamente "por la rama de producción nacional o en nombre de ella". Véase por ejemplo "Modificaciones del Código Antidumping: comunicación del Canadá", MTN.GNG/NG8/W/65, 22 de diciembre de 1989, sección I a) i), página 1. (Canadá - Prueba documental 9).

48 Véase "Statement of Administrative Action" in Message fromn the President of the United States Transmitting the Uruguay Round Agreements, Texts of Agreements Implementing Bill, Statement of Administrative Action and Required Supporting Statements, HR. Doc. Nº 103-316, volumen 1, 656 (1994), página 812, en la que se cita el párrafo 4 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping. (Canadá - Prueba documental 10)

49 Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón, informe del Órgano de Apelación, WT/DS184/AB/R, adoptado el 23 de agosto de 2001, párrafo 56.

50 Ibid., párrafo 193.

51 Véase la Canadá - Prueba documental 11. Como ejemplo adicional, véase también Canadá - Prueba documental 12.

52 Ley Arancelaria de 1930 de los Estados Unidos, párrafo 704 en relación con las investigaciones en materia de derechos compensatorios y párrafo 734 en relación con las investigaciones antidumping. (Prueba documental común 15).

53 Bethlehem Steel Corp. v. United States, 146 F. Supp. 2d 927, 930 (Ct. Int'l Trade 2001) (Canadá - Prueba documental 13, página 4), en que se cita H. Rep. Nº 96-317, 63, 67. Véanse los párrafos 86 a 88 de la Primera comunicación del Canadá.

54 Véase el informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto Estados Unidos - Aplicación de medidas antidumping a las chapas de acero inoxidable en rollos y las hojas y tiras de acero inoxidables procedentes de Corea, WT/DS179/R, adoptado el 1º de febrero de 2001, nota 62.

55 Estados Unidos - Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón, informe del Órgano de Apelación, WT/DS58/AB/R, adoptado el 12 de octubre de 1998, párrafo 183.

56 Argentina - Medidas que afectan a la exportación de pieles de bovino y a la importación de cueros acabados, informe del Grupo Especial, WT/DS155/R, adoptado el 16 de febrero de 2001, párrafo 11.77.

57 Ibid., párrafos 11.99 y 11.100.

58 WT/DS136/AB/R-WT/DS162/AB/R (28 de agosto de 2000) (Ley de 1916).

59 Véase el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercios de 1994, y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias; Ley de 1916, WT/DS136/AB/R-WT/DS162/AB/R (28 de agosto de 2000).

60 La Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones (conocida como Enmienda Byrd) fue codificada como artículo 754 del título VII de la Ley Arancelaria de 1930, en Public Law 106-387 (28 de octubre de 2000), 114 Stat. 1549, Título X - Continued Dumping and Subsidy Offset (Byrd Amendment). El texto de la Enmienda Byrd figura en la Prueba documental común 1. Las reglamentaciones del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos promulgadas con arreglo a la Ley, 66 Federal Register 48546-55 (21 de septiembre de 2001) figuran en la Prueba documental común 3.

61 La Enmienda Byrd figura en la Prueba documental común 1.

62 Comunicado de prensa de 28 de octubre de 2000 de la Misión de los Estados Unidos ante la Unión Europea (http://www.useu.be/ISSUES/clin1028.html) (consultado el 22 de octubre de 2001) (véase Corea - Prueba documental 2).

63 Exposición de Política de la Administración, distribuida por la Oficina de Administración y Presupuesto de los Estados Unidos (11 de octubre de 2000) (http://www.whitehouse.gov/omb/legislative/ sap/106-2/hr4461-h.html) (consultada el 22 de octubre de 2001) (sin subrayar en el original) (suministrada en la Prueba documental común 9).

64 Véase, por ejemplo, Estados Unidos - Ley de 1916, WT/DS136/AB/R-WT/DS162/AB/R (28 de agosto de 2000), párrafos 88 a 91 (donde se confirma la constatación del Grupo Especial de que la Ley de 1916 tiene carácter imperativo y se concluye que las facultades discrecionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de no incoar acciones en el marco de dicha Ley "no son de tal naturaleza o amplitud" que transformen la Ley en discrecional). En el presente caso, el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos carece de facultad discrecional alguna respecto a si ha de aplicar la Enmienda Byrd y cuándo ha de hacerlo.

65 Véase, por ejemplo, Enmienda Byrd, artículos 754(a) ("los derechos percibidos … se distribuirán …") y 754(c) ("el Comisario [del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos] establecerá los procedimientos de distribución ... Tal distribución se hará no más tarde ...") (sin subrayar en el original) (Prueba documental común 1).

66 Estados Unidos - Ley de 1916, WT/DS162/R, párrafo 6.216 (las cursivas figuran en el original).

67 Id. (sin cursivas en el original). Id. en los párrafos 6.230 y 6.231.

68 Estados Unidos - Ley de 1916, WT/DS136/AB/R-WT/DS162/AB/R, párrafos 137 y 138.

69 Véase id.; Estados Unidos - Ley de 1916, WT/DS162/R (29 de mayo de 2000), párrafos 6.216, 6.230 y 6.231.

70 Enmienda Byrd, artículos 754(b)(1) y 754(d)(3) (Prueba documental común 1). Por consiguiente, y como se deja expuesto, la Enmienda Byrd tiene carácter de legislación imperativa y puede ser impugnada, haya sido aplicada o no a un determinado asunto. Véanse, por ejemplo, Estados Unidos - Ley de 1916, WT/DS136/AB/R-WT/DS162/AB/R (28 de agosto de 2000), párrafos 88 a 91.

71 Id., párrafo 137.

72 Id., párrafo 122.

73 Véase Enmienda Byrd, artículo 754(a) (Prueba documental común 1).

74 Id., artículos 754(b)(1)(A) y (B).

75 Id., artículo 754(e).

76 Esa Enmienda se aplica a todas las determinaciones efectuadas a partir del 1º de octubre de 2000 en relación con todas las órdenes y constataciones relativas a derechos antidumping y compensatorios en vigor al 1º de enero de 1999 o formuladas posteriormente. 66 Federal Register 48546 (tercera columna) (21 de septiembre de 2001) (Prueba documental común 3).

77 Véase, por ejemplo, T. Stewart (Ed.), The GATT Uruguay Round, A Negotiating History (1986‑1992), volumen II: Commentary (Kluwer: 1993), páginas 1.452, 1.575-88 (donde se explica que los umbrales se establecieron con el fin de atender a "preocupaciones sobre la posibilidad de que se formulasen reclamaciones infundadas y se iniciasen investigaciones sin justificación" (página 1575) (no se reproduce la nota de pie de página)).

78 Enmienda Byrd, artículos 754(a) y (b)(1)(A) y (B) (Prueba documental común 1).

79 Id.

80 "[L]a interpretación ha de dar sentido y ha de afectar a todos los términos del tratado. El intérprete no tiene libertad para adoptar una lectura que haga inútiles o redundantes cláusulas o párrafos enteros de un tratado." Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional, WT/DS2/AB/R (29 de abril de 1996), página 24. Véase también, por ejemplo, Corea - Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos lácteos, WT/DS98/AB/R (14 de diciembre de 1999), párrafos 80 y 81.

81 Véase, por ejemplo, Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón, WT/DS184/AB/R (24 de julio de 2001), párrafo 196, en relación con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping:

Para que un examen sea "objetivo", la identificación, investigación y evaluación de los factores pertinentes debe ser imparcial. Por consiguiente, las autoridades investigadoras no tienen derecho a realizar su investigación de manera que resulte más probable que, como consecuencia del proceso de determinación de los hechos o de evaluación, determinen que la rama de producción nacional ha sufrido un daño.

82 Véase 19 U.S.C. párrafos 1671c(e)(1), 1673c(e)(1); 19 C.F.R. párrafo 351.208(f)(2)(iii). Además, si, en el curso de los 20 días siguientes a la publicación de la notificación de suspensión, las autoridades de los Estados Unidos reciben una petición de que prosigan su investigación, aunque esa petición proceda de un solo productor nacional que sea parte en la misma, deben proseguirla. 19 U.S.C. párrafos 1671c(g)(2), 1673c(g)(2) (véase Corea - Prueba documental 4 y Prueba documental común 15).

83 Véase el párrafo 1 del artículo 8 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo SMC.

84 Véase supra, nota 81.

85 Véase, por ejemplo, Estados Unidos - Ley de 1916, WT/DS162/R, párrafo 6.292.