1. Argumentos de car�cter procesal

a) Representaci�n conjunta de la India y el Paraguay por el mismo personal del Centro de Asesor�a Legal en Asuntos de la OMC

4.105 Respecto de la cuesti�n planteada por las Comunidades Europeas el 14 de mayo de 2003 durante la primera reuni�n sustantiva del Grupo Especial acerca de si la India y el Paraguay pod�an ser representados por el mismo personal del Centro de Asesor�a Legal en Asuntos de la OMC, la India y el Paraguay presentaron al Grupo Especial una declaraci�n conjunta en esa misma fecha. La India sostiene que ten�a pleno conocimiento de que el Centro de Asesor�a Legal en Asuntos de la OMC representaba al Paraguay en su calidad de tercero en esta diferencia. De la misma forma, el Paraguay ten�a pleno conocimiento de que el Centro representaba a la India en su calidad de parte reclamante. La India y el Paraguay entienden que, representando a ambas partes, el Centro de Asesor�a Legal no compromete el inter�s particular de ninguna de ellas de tener una representaci�n jur�dica eficaz. Tanto la India como el Paraguay han aceptado que el Centro de Asesor�a Legal en Asuntos de la OMC los represente simult�neamente en esta diferencia.

4.106 La India y el Paraguay sostienen que la cuesti�n del intercambio de informaci�n entre las partes y los terceros, al que las Comunidades Europeas se refirieron en su declaraci�n, no se plantea en el presente caso debido a que a los terceros se les reconocieron derechos ampliados.

4.107 La India y el Paraguay aducen que el procedimiento de soluci�n de diferencias de la OMC establece normas �ticas para los miembros de los grupos especiales y del �rgano de Apelaci�n pero no para los abogados que representan a los Miembros de la OMC. De conformidad con las normas de la OMC vigentes, la solicitud de las Comunidades Europeas de que el Grupo Especial resuelva un asunto de �tica jur�dica carece, por consiguiente, de cualquier base jur�dica y debe ser rechazada por el Grupo Especial.

4.108 La India sostiene que, con arreglo al p�rrafo 2 del art�culo 2 y al p�rrafo 1 del art�culo 6 del Acuerdo por el que se establece el Centro de Asesor�a Legal en Asuntos de la OMC, tanto la India como el Paraguay tienen derecho a recibir asistencia del Centro en actuaciones de soluci�n de diferencias, ya sea en condici�n de partes o de terceros. Citando la resoluci�n del �rgano de Apelaci�n en CE - Banano III de que "no hay ninguna disposici�n del � Acuerdo sobre la OMC, del ESD o de los Procedimientos de trabajo, ni ninguna norma de derecho internacional consuetudinario o regla de la pr�ctica de los tribunales internacionales que impida a un Miembro de la OMC decidir cu�l debe ser la composici�n de su delegaci�n en � el �rgano de Apelaci�n", la India sostiene que esta observaci�n resulta igualmente aplicable a la composici�n de la delegaci�n en las actuaciones de un grupo especial.

2. Argumentos de car�cter sustantivo

4.109 La India sostiene que decidi� recurrir al procedimiento de soluci�n de diferencias en este caso con extrema renuencia. La India hab�a intentado en repetidas ocasiones resolver la cuesti�n bilateralmente con las Comunidades Europeas pero, no habiendo podido llegar a un acuerdo y considerando las considerables p�rdidas sufridas por su industria, estim� que lo �nico que pod�a hacer era recurrir a este procedimiento. La India s�lo recurri� al presente procedimiento despu�s de haber agotado todas las posibilidades de llegar a una soluci�n mutuamente convenida.

4.110 La India reconoce que es necesario conceder asistencia financiera especial a los pa�ses en desarrollo para satisfacer sus necesidades individuales de desarrollo. Sin embargo, no cree que unas preferencias arancelarias que discriminan entre los pa�ses en desarrollo sean el instrumento de pol�tica m�s adecuado para atender a las necesidades concretas de desarrollo de los distintos pa�ses. Estas preferencias tienden a ayudar a algunos pa�ses pobres a expensas de otros que son tan pobres como ellos. El SGP no se cre� para transferir las oportunidades de acceso a los mercados entre pa�ses pobres con diferentes necesidades de desarrollo, sino para atender a las necesidades de desarrollo de todos ellos.

4.111 Los exportadores de textiles y prendas de vestir de la India empezaron a sentir los efectos negativos del R�gimen Droga en el a�o 2002, cuando el Pakist�n pas� a ser beneficiario del mismo. Estos problemas no se reflejan a�n plenamente en las estad�sticas del comercio porque s�lo han transcurrido 16 meses desde la inclusi�n del Pakist�n en el R�gimen. Sin embargo, a juicio de la India, el sistema jur�dico de la OMC se ocupa de las condiciones de la competencia para los Miembros de la Organizaci�n y no de los resultados del comercio.

4.112 Las Comunidades Europeas, la India y los pa�ses beneficiarios est�n de acuerdo en que las preferencias del SGP que se concedan en virtud del p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n han de ser "preferencias sin � discriminaci�n que redunde[n] en beneficio de los pa�ses en desarrollo". La India sostiene que el R�gimen Droga no cumple este requisito, porque las preferencias concedidas con arreglo a dicho R�gimen s�lo benefician a productos originarios de determinados pa�ses. En cambio, las Comunidades Europeas sostienen que la expresi�n "sin discriminaci�n" no les impide conceder un trato distinto a los beneficiarios porque, con arreglo a criterios objetivos, sus necesidades de desarrollo son distintas como consecuencia de problemas relacionados con la droga.

4.113 El argumento de las Comunidades Europeas se basa en dos premisas: primero, que la expresi�n "sin discriminaci�n" de la Cl�usula de Habilitaci�n permite a los pa�ses desarrollados hacer una distinci�n entre los pa�ses en desarrollo con arreglo a criterios objetivos relacionados con las necesidades espec�ficas de desarrollo de los distintos pa�ses y, segundo, que en realidad las CE distribuyen los beneficios resultantes del R�gimen Droga de acuerdo con criterios objetivos.

4.114 El significado de la expresi�n "sin discriminaci�n" del p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n debe establecerse de conformidad con los t�rminos ordinarios del GATT de 1994, en su contexto y a la luz de su objeto y fin. Sobre la base de estos principios, el �rgano de Apelaci�n constat� que "la obligaci�n de no discriminaci�n estriba esencialmente en el otorgamiento de un trato igual a productos similares, independientemente de su origen [�]. Las obligaciones de no discriminaci�n son aplicables a todas las importaciones de productos similares, salvo en el caso de que esas obligaciones hayan sido objeto de una exenci�n expresa o no sean aplicables por otra raz�n, a consecuencia de la aplicaci�n de disposiciones espec�ficas del GATT de 1994".⁴¹

4.115 La Cl�usula de Habilitaci�n forma parte integrante del GATT de 1994 y, por lo tanto, de esta constataci�n del �rgano de Apelaci�n se sigue que, en el contexto de la Cl�usula de Habilitaci�n, por no discriminaci�n se entiende el trato igual de productos similares, salvo si una disposici�n expresa de la Cl�usula de Habilitaci�n establece otra cosa. As� pues, la cuesti�n jur�dica b�sica que ha de considerar el Grupo Especial es la siguiente: �prev� la Cl�usula de Habilitaci�n una definici�n de "sin discriminaci�n" distinta de la definici�n generalmente aplicable en el GATT de 1994?

4.116 Las Comunidades Europeas alegan que la interpretaci�n del p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n que permite que los pa�ses desarrollados otorguen un trato distinto a pa�ses que tienen necesidades de desarrollo diferentes es confirmada por el p�rrafo 3 c) de esa misma Cl�usula, que obliga a los pa�ses desarrollados a responder "positivamente a las necesidades de desarrollo, financieras y comerciales de los pa�ses en desarrollo". Las Comunidades Europeas sostienen que las necesidades de los pa�ses en desarrollo mencionadas en este p�rrafo son las "necesidades individuales de esos pa�ses". Bas�ndose en esto, afirman que la exigencia de responder positivamente a las necesidades individuales de cada pa�s en desarrollo quedar�a sin efecto si la expresi�n "sin discriminaci�n" se entendiese en el sentido de que proh�be toda diferencia de trato entre pa�ses en desarrollo.

4.117 No hay nada que corrobore la afirmaci�n de que el p�rrafo 3 c) se refiere a las necesidades individuales de cada uno de los pa�ses en desarrollo y en el texto de ese p�rrafo no se recoge esta idea. En el contexto de las condiciones que regulan las preferencias del SGP, los redactores de la Cl�usula de Habilitaci�n se refirieron a las necesidades de los pa�ses en desarrollo en general. En el contexto del principio de reciprocidad que rige las negociaciones comerciales, los redactores se refirieron a las necesidades "individuales" o "particulares" de los pa�ses en desarrollo. Esta comparaci�n no deja duda de que los redactores quer�an dejar establecido que los esquemas del SGP deben responder a las necesidades de los pa�ses en desarrollo en general y que las necesidades individuales de cada pa�s en desarrollo se tendr�an en cuenta al determinar el grado de reciprocidad en las negociaciones comerciales.

4.118 Tampoco hay nada que corrobore la afirmaci�n de las CE en el sentido de que el p�rrafo 3 c) quedar�a sin efecto si se prohibieran las diferencias de trato entre los pa�ses en desarrollo. Un esquema SGP puede ser no discriminatorio y, sin embargo, no responder positivamente a las necesidades de los pa�ses en desarrollo en general. Era muy l�gico que los redactores exigiesen que los beneficios otorgados con car�cter no discriminatorio a los pa�ses en desarrollo respondieran positivamente a las necesidades de esos pa�ses.

4.119 La afirmaci�n de las Comunidades Europeas de que un plan destinado exclusivamente a hacer frente a los problemas de la droga responde a las necesidades de los pa�ses en desarrollo tal como se definen en el p�rrafo 3 c) tampoco se compadece con el hecho de que en la Cl�usula de Habilitaci�n se habla de las necesidades "de desarrollo, financieras y comerciales" de los pa�ses en desarrollo. La conjunci�n "y" establece claramente que, cuando se eval�e la compatibilidad de un esquema SGP con el p�rrafo 3 c) o el grado de no reciprocidad que deba concederse a un pa�s en desarrollo en virtud de los p�rrafos 5 y 6, las necesidades de desarrollo, financieras y comerciales deber�n evaluarse colectivamente. Los redactores no dejaron la opci�n de responder a necesidades de desarrollo o financieras o comerciales, porque no utilizaron la conjunci�n disyuntiva "o". De esto se infiere l�gicamente que tampoco previeron la opci�n de responder a una determinada necesidad de desarrollo, como es la de combatir la producci�n y el tr�fico de drogas.

4.120 Por �ltimo, debe recordarse que el p�rrafo 3 c) no crea de por s� un derecho, sino que establece una obligaci�n. Si la interpretaci�n de las Comunidades Europeas fuera correcta, esta disposici�n obligar�a a los Miembros desarrollados a concebir sus esquemas SGP de manera que respondiesen a las necesidades individuales de cada uno de los pa�ses beneficiarios. Con ello, estos Miembros quedar�an sujetos a la obligaci�n jur�dica de ajustar todos los beneficios dimanantes de sus esquemas SGP a las necesidades individuales de cada uno de los beneficiarios. No obstante, la mayor�a de los beneficios derivados del r�gimen general del SGP de las Comunidades Europeas est�n igualmente al alcance de todos los pa�ses en desarrollo y, por consiguiente, no cumplir�an esta obligaci�n. As� pues, en su af�n de justificar uno de sus reg�menes especiales del SGP, las Comunidades Europeas piden al Grupo Especial que acepte una interpretaci�n del p�rrafo 3 c) que har�a que su r�gimen general del SGP fuera incompatible con la Cl�usula de Habilitaci�n.

4.121 Las Comunidades Europeas afirman adem�s que varias disposiciones del GATT de 1994 y del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), que ponen en pr�ctica el principio de no discriminaci�n, confirman su aserci�n de que el R�gimen Droga no es "discriminatorio" en el sentido del p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n. Esa afirmaci�n tampoco resiste el menor examen.

4.122 Hay tres disposiciones b�sicas del GATT que ponen en pr�ctica el principio de la no discriminaci�n entre productos originarios de diferentes pa�ses. Cada una de esas disposiciones establece una norma concreta de no discriminaci�n para un instrumento concreto de pol�tica:

a) El art�culo I del GATT supedita el empleo de aranceles a la norma de la naci�n m�s favorecida. Para cumplir esta norma, un Miembro de la OMC debe aplicar necesariamente el mismo arancel a los productos similares de todos los dem�s Miembros de la OMC. En consecuencia, la norma de la no discriminaci�n establecida por el GATT para los aranceles prescribe un trato formalmente igual.

b) El art�culo XIII regula la utilizaci�n de contingentes, incluidos los aplicados espec�ficamente a un pa�s. Seg�n dicho art�culo, los Miembros que administran contingentes han de procurar hacer una distribuci�n del comercio que se aproxime lo m�s posible a la que los dem�s Miembros podr�an esperar si no existieran tales restricciones, por ejemplo, basando la distribuci�n del contingente en un per�odo representativo anterior. As� pues, la norma de la no discriminaci�n no prescribe un trato formalmente igual, sino un trato que garantice que los contingentes no modificar�n la participaci�n en el comercio de cada Miembro.

c) El art�culo XVII regula las importaciones y las exportaciones de las empresas comerciales del Estado. Este art�culo exige a los Miembros que se comprometan a que dichas empresas se ajusten a los principios del trato no discriminatorio. Se entiende que, con esta finalidad, estas empresas deben hacer sus compras y sus ventas gui�ndose �nicamente por consideraciones comerciales.

4.123 Si bien cada una de estas tres disposiciones establece una norma distinta, todas tienen un objetivo com�n, a saber, el de garantizar que los productos similares originarios de diferentes pa�ses gocen de posibilidades iguales de competencia. En el caso de los aranceles, este objetivo se logra mediante la exigencia de un trato formalmente igual. En el caso de los contingentes, el objetivo se alcanza mediante la estipulaci�n de una distribuci�n del comercio igual a la que prevalecer�a si no se aplicaran los contingentes, y, en el caso de las empresas comerciales del Estado, mediante la exigencia de que las compras y las ventas se basen en consideraciones iguales a aquellas por las que se regir�an las empresas privadas.

4.124 Asimismo, las normas relativas a la no discriminaci�n enunciadas en las disposiciones sobre trato nacional del GATT de 1994 y del AGCS tienen por objetivo fundamental la igualdad de oportunidades de competencia. De la jurisprudencia del GATT de 1994 y del texto del AGCS se desprende claramente que el requisito del trato nacional puede cumplirse mediante la concesi�n de un trato formalmente id�ntico o de un trato formalmente diferente. Sin embargo, tambi�n est� claro que ambos m�todos deben dar lugar a una igualdad efectiva de oportunidades de competencia.

4.125 As� pues, las disposiciones sobre no discriminaci�n del GATT aplicables a los aranceles no dan apoyo contextual a una interpretaci�n de la expresi�n sin discriminaci�n del p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n que justifique el R�gimen Droga. Este p�rrafo se refiere al trato arancelario de los productos originarios de los pa�ses en desarrollo. Con respecto a los aranceles, por no discriminaci�n debe entenderse el trato formalmente igual de los productos similares. La norma de no discriminaci�n que las Comunidades Europeas invitan al Grupo Especial a adoptar con respecto al trato arancelario de productos originarios de pa�ses en desarrollo no se aplica al trato arancelario en ninguna disposici�n de la OMC.

4.126 La afirmaci�n de las Comunidades Europeas de que las disposiciones sobre no discriminaci�n del GATT que se aplican a las medidas no arancelarias, como los contingentes de importaci�n o los reglamentos internos, permiten o incluso imponen un trato formalmente diferente de productos similares es correcta. No obstante, toda diferencia de trato tiene que dar por resultado en todos los casos una igualdad efectiva de las condiciones de competencia entre productos similares, independientemente de su origen. El trato arancelario preferencial concedido en virtud del R�gimen Droga prev� condiciones de competencia que favorecen a los productos de los pa�ses beneficiarios con respecto a los de otros pa�ses y, por consiguiente, tambi�n es discriminatorio en el sentido de las disposiciones sobre no discriminaci�n que se aplican a las medidas no arancelarias. Adem�s, estas disposiciones no pueden inducir al Grupo Especial a aceptar la interpretaci�n del p�rrafo 2 a) propuesta por las Comunidades Europeas.

4.127 El p�rrafo 2 a) define los esquemas SGP autorizados por la Cl�usula de Habilitaci�n por referencia a la Decisi�n de 1971 sobre exenciones, y la Decisi�n de 1971 se remite a su vez a las Conclusiones convenidas de la Comisi�n Especial de Preferencias adoptadas en el cuarto per�odo extraordinario de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD. Como la India demostrar� en su comunicaci�n de r�plica, las Conclusiones convenidas prev�n claramente que los beneficios de los esquemas SGP vayan destinados a todos los pa�ses beneficiarios. Esta interpretaci�n de las Conclusiones convenidas se ve confirmada por el hecho de que, antes de la adopci�n de dichas Conclusiones, los pa�ses desarrollados se hab�an puesto de acuerdo en la OCDE para que sus preferencias se otorgaran sin discriminaci�n alguna entre los pa�ses en desarrollo, excepto para favorecer a los menos adelantados.

4.128 Como la India se�al� al inicio de su intervenci�n, seg�n el �rgano de Apelaci�n, por no discriminaci�n se entiende la igualdad de trato de productos similares, salvo que una disposici�n expresa prevea otra cosa. La verdad es que, con la excepci�n de las prescripciones aplicables a las preferencias para los pa�ses menos adelantados, ninguna disposici�n de la Cl�usula de Habilitaci�n corrobora en modo alguno la conclusi�n seg�n la cual la expresi�n "preferencias sin � discriminaci�n, que [�] redunde[n] en beneficio de los pa�ses en desarrollo", del p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n, no exige la igualdad de trato para los productos similares de todos los pa�ses en desarrollo.

4.129 En relaci�n con las premisas f�cticas de la argumentaci�n de las Comunidades Europeas, la India impugna decididamente la aserci�n de las Comunidades Europeas de que la Cl�usula de Habilitaci�n permite a los pa�ses desarrollados establecer diferencias entre los pa�ses en desarrollo con arreglo a criterios objetivos elegidos por ellos mismos y que son supuestamente esenciales para las necesidades de desarrollo de esos �ltimos pa�ses. No obstante, suponiendo que fuera permisible diferenciar entre los pa�ses en desarrollo, el argumento de las Comunidades Europeas s�lo podr�a aceptarse si fuera correcta su premisa de hecho, seg�n la cual el R�gimen Droga establece diferencias entre los pa�ses en desarrollo con arreglo a criterios objetivos que reflejan las necesidades de desarrollo de esos pa�ses.

4.130 El Reglamento que establece el actual esquema SGP de las Comunidades Europeas prev� dos reg�menes especiales a los cuales tal vez fuera aplicable la premisa de hecho de las Comunidades Europeas: el r�gimen sobre derechos laborales y el r�gimen para el medio ambiente.⁴² En lo relativo al R�gimen Droga, el Reglamento no prev� ning�n criterio ni procedimiento para la inclusi�n de un beneficiario, sino que se limita a indicar, en su art�culo 10, que se conceden preferencias a los pa�ses designados por las Comunidades Europeas como beneficiarios en la columna I del anexo I. Por consiguiente, los beneficiarios no saben qu� condiciones deben cumplir para seguir siendo beneficiarios. Tampoco hay una disposici�n que indique los criterios y procedimientos para ser designado beneficiario. En consecuencia, los pa�ses excluidos del esquema no saben por qu� han sido excluidos ni en qu� circunstancias se los incluir�a en el esquema. Por lo tanto, el argumento de las Comunidades Europeas seg�n el cual las medidas que se consideran en estas actuaciones hacen una distinci�n entre los pa�ses en desarrollo seg�n criterios objetivos que reflejan sus necesidades individuales de desarrollo carece de fundamento en los hechos.

4.131 La medida que se considera en estas actuaciones es el R�gimen Droga, tal y como se aplica actualmente. Se trata pues de saber si el R�gimen Droga definido en el Reglamento vigente contempla "preferencias sin � discriminaci�n que redunde[n] en beneficio de los pa�ses en desarrollo", en el sentido del p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n. En consecuencia, los motivos en que se basa la selecci�n de beneficiarios por las Comunidades Europeas y los criterios que las Comunidades Europeas puedan aplicar en el futuro para incorporar nuevos beneficiarios no son pertinentes para el examen jur�dico de las medidas que considera el Grupo Especial.

4.132 No obstante, la India desea se�alar que las Comunidades Europeas no han facilitado pruebas de que la selecci�n de los actuales beneficiarios se base en criterios objetivos. Adem�s, las Comunidades Europeas tampoco han demostrado que los pa�ses excluidos del esquema no padezcan un problema similar de drogas. En su comunicaci�n, las Comunidades Europeas describen los problemas que las drogas crean a los beneficiarios en t�rminos generales, en parte utilizando estad�sticas obtenidas cuando los beneficiarios ya hab�an sido seleccionados. Con las explicaciones de las Comunidades Europeas es imposible saber, por ejemplo, por qu� el Pakist�n fue incluido y la India y el Paraguay no. Tampoco han presentado las Comunidades Europeas ninguna prueba documental de que hayan realizado efectivamente una evaluaci�n objetiva de los problemas de drogas de todos los pa�ses antes de confeccionar la lista de beneficiarios. Todo lo que han presentado las Comunidades Europeas al Grupo Especial es una larga justificaci�n ex post facto, preparada con la ayuda de documentos de las Naciones Unidas, que no revela un criterio objetivo �nico que se haya aplicado por igual a beneficiarios y no beneficiarios.

4.133 La India observa adem�s algunas contradicciones fundamentales entre los argumentos alternativos expuestos por las Comunidades Europeas en su comunicaci�n escrita. Las Comunidades Europeas aducen que el R�gimen Droga es plenamente compatible con todos los requisitos de la Cl�usula de Habilitaci�n, incluido -es de suponer- el de que cualquier r�gimen de este tipo ha de ser de car�cter no rec�proco. Sin embargo, al mismo tiempo las Comunidades Europeas indican que, si el Grupo Especial llegase a la conclusi�n de que el R�gimen Droga es incompatible con la Cl�usula de Habilitaci�n, lo defender�a con el argumento de que es necesario para proteger la vida y la salud de las personas en las Comunidades Europeas, con arreglo al apartado b) del art�culo XX del GATT de 1994. As� pues, en realidad las Comunidades Europeas admiten, en su comunicaci�n escrita, que el R�gimen Droga est� destinado en verdad a alcanzar un objetivo fundamental e importante de pol�tica de las propias Comunidades Europeas, sin relaci�n con las necesidades de desarrollo de los beneficiarios de dicho R�gimen. Por consiguiente, el dise�o, la arquitectura y la estructura del R�gimen Droga contienen un importante elemento de reciprocidad, que la Cl�usula de Habilitaci�n hace claramente inadmisible. �sta es otra de las contradicciones de los argumentos presentados por las Comunidades Europeas al Grupo Especial.

4.134 Las afirmaciones y los argumentos expuestos por las Comunidades Europeas y los beneficiarios carecen de fundamento jur�dico y f�ctico. Las Comunidades sab�an que el R�gimen Droga precisaba de una exenci�n y lo reconocieron. No pudieron obtener dicha exenci�n, y el Grupo Especial se encuentra ahora ante los argumentos m�s especiosos en favor de una resoluci�n que s�lo puede calificarse de absurda, a saber, que la denegaci�n de preferencias arancelarias a la India no constituye una discriminaci�n contra este pa�s.

4.135 Tanto las Comunidades Europeas como los pa�ses beneficiarios han permitido que sus abogados presentasen argumentos sobre importantes cuestiones sist�micas que contradicen las opiniones que expresaron en otras ocasiones. Es dif�cil creer que los argumentos expuestos por las Comunidades Europeas sobre el car�cter no condicional del principio de la naci�n m�s favorecida y sobre el apartado b) del art�culo XX representan el juicio ponderado de las Comunidades en su conjunto. Es igualmente dif�cil creer que los pa�ses beneficiarios tuvieran en cuenta sus intereses sist�micos a largo plazo cuando invitaron al Grupo Especial a resolver que los pa�ses desarrollados pueden discriminar entre los pa�ses en desarrollo de conformidad con criterios seleccionados por los propios pa�ses desarrollados.

4.136 La India est� profundamente preocupada por el uso abusivo de los procedimientos de soluci�n de diferencias de la OMC por parte de las Comunidades Europeas en este caso y por el apoyo sorprendente de los pa�ses beneficiarios a la interpretaci�n de la Cl�usula de Habilitaci�n hecha por las Comunidades Europeas. La India insta al Grupo Especial a que preserve la integridad del proceso de soluci�n de diferencias y adopte r�pidamente la resoluci�n que se impone claramente, de modo que las cuestiones planteadas por el R�gimen Droga puedan resolverse en el marco de los procedimientos pertinentes de la OMC.

4.137 Por �ltimo, la India reitera que no impugna el derecho de las Comunidades Europeas a facilitar asistencia financiera a pa�ses en desarrollo que tengan necesidades especiales de desarrollo. Lo que impugna es el derecho de las Comunidades Europeas a hacerlo a expensas de otros pa�ses en desarrollo que tienen necesidades distintas, pero igualmente apremiantes. La afirmaci�n de las Comunidades Europeas de que la Cl�usula de Habilitaci�n autoriza a transferir las oportunidades de acceso a los mercados de algunos pa�ses pobres a otros pa�ses pobres de conformidad con criterios elegidos por los pa�ses desarrollados es jur�dicamente indefendible. El SGP se cre� con la finalidad de promover el crecimiento de todos los pa�ses en desarrollo. Su objetivo no es permitir que los pa�ses desarrollados discriminen entre los pa�ses en desarrollo, destruyan o perjudiquen a la industria de un pa�s en desarrollo en beneficio de otro y creen pobreza en un pa�s en desarrollo para aliviar la pobreza de otro. La confirmaci�n de este hecho evidente por el Grupo Especial tendr� un efecto saludable en todo el sistema multilateral de comercio.

4. Declaraci�n oral de las Comunidades Europeas en la primera reuni�n sustantiva del Grupo Especial

1. Argumentos de car�cter procesal

a) Representaci�n conjunta de la India y el Paraguay por el mismo personal del Centro de Asesor�a Legal en Asuntos de la OMC

4.138 En el transcurso de la primera reuni�n sustantiva del Grupo Especial, las Comunidades Europeas plantearon la cuesti�n de la representaci�n conjunta de la India -la parte reclamante- y el Paraguay -uno de los terceros- por el mismo personal del Centro de Asesor�a Legal en Asuntos de la OMC. Las Comunidades Europeas solicitan al Grupo Especial que aclare la cuesti�n de si, como una cuesti�n de principio, los mismos abogados pueden representar en forma simult�nea a una parte reclamante y a un tercero y, de ser ese el caso, en qu� condiciones y, adem�s, si tales condiciones se cumplen en las presentes circunstancias.

4.139 Pese a reconocer que el �rgano de Apelaci�n se pronunci� s�lo sobre la cuesti�n de qui�n deb�a representar a un Miembro en la audiencia en la diferencia CE - Banano III y no sobre la cuesti�n de si los mismos abogados pueden representar a dos Miembros que act�an en calidades diferentes, las Comunidades Europeas entienden que la representaci�n conjunta de una parte y de un tercero por los mismos abogados no tiene precedente. Esta situaci�n plantea una serie de inquietudes que deben ser consideradas por el Grupo Especial.

4.140 Las Comunidades Europeas aducen que hay un evidente conflicto de intereses. Las normas sobre el ejercicio de la abogac�a de muchos Miembros de la OMC proh�ben a los abogados representar en juicio a dos clientes con intereses diferentes. La falta de normas acordadas en el marco de la OMC relativas a la representaci�n de los Miembros por abogados externos no significa que esos abogados no est�n sujetos a normas deontol�gicas. Con arreglo a la normativa vigente de la OMC, no se exige que un abogado que act�a ante un grupo especial est� inscrito para ejercer la profesi�n en un pa�s Miembro de la OMC. Habida cuenta de ello, las Comunidades Europeas consideran que los grupos especiales deben ocuparse de hacer cumplir ciertas normas deontol�gicas b�sicas en las que, entre otras cosas, se trate la cuesti�n del conflicto de intereses, como parte de sus facultades de organizaci�n y direcci�n de las actuaciones.

4.141 Las Comunidades Europeas ponen de relieve que no dicen que en el presente caso exista necesariamente un conflicto de intereses. No obstante ello, las Comunidades Europeas opinan que una situaci�n en la cual los mismos abogados representan a la parte reclamante y a un tercero puede plantear conflictos de ese tipo y que los grupos especiales deben asegurarse de que los abogados y los Miembros interesados hayan hecho todo lo necesario para evitarlos.

4.142 Las Comunidades Europeas sostienen que una situaci�n en la cual los mismos abogados representan a dos Miembros que act�an en un procedimiento en calidades diferentes puede ser incompatible con las normas relativas a confidencialidad del ESD. Los abogados de una parte reclamante recibir�n comunicaciones confidenciales y documentos del grupo especial que no tendr�an derecho a recibir en calidad de abogados de un tercero. En el presente caso, el problema est� mitigado por el hecho de que a los terceros se les han otorgado derechos ampliados. Sin embargo, a las Comunidades Europeas les preocupa que se cree un precedente para otros casos en los que, de conformidad con la regla general, los derechos de los terceros en materia de informaci�n sean limitados. En respuesta al argumento que la India y el Paraguay presentaron al Grupo Especial de que el asunto de la confidencialidad no se plantea en esta diferencia en raz�n de que se han otorgado derechos ampliados a los terceros, las Comunidades Europeas advierten que la India y el Paraguay ya hab�an acordado utilizar los servicios de los mismos abogados mucho tiempo antes de que los terceros hubiesen solicitado que se les otorgasen derechos ampliados.

4.143 La opini�n de las Comunidades Europeas es que, en t�rminos generales, permitir que los mismos abogados representen a la parte reclamante y a un tercero ser� fuente de confusiones y podr�a efectivamente tornar difusa la distinci�n entre las partes principales y los terceros que, como ha se�alado recientemente un grupo especial, es todav�a una caracter�stica b�sica de las normas del ESD.

2. Argumentos de car�cter sustantivo

a) Consecuencias de la presente diferencia

4.144 Las Comunidades Europeas se�alan la importancia de la presente diferencia. Es la primera diferencia que tiene relaci�n con la Cl�usula de Habilitaci�n, una de las formas m�s significativas del trato "especial y diferenciado" para los pa�ses en desarrollo en virtud del Acuerdo sobre la OMC. En esta diferencia est� en juego algo m�s que el R�gimen Droga, no obstante su importancia vital para los pa�ses beneficiarios. De las respuestas que el Grupo Especial d� a algunas de las cuestiones abordadas en la presente diferencia podr�a depender tambi�n la viabilidad de los Sistemas Generalizados de Preferencias ("SGP") aplicados por muchos pa�ses donantes.

4.145 Al considerar esas cuestiones, el Grupo Especial deber�a tener presente la naturaleza de las preferencias otorgadas de conformidad con los esquemas SGP. Esas preferencias son estrictamente voluntarias. A juicio de las Comunidades Europeas, la interpretaci�n que hace la India de la Cl�usula de Habilitaci�n ser�a perjudicial para todos los Miembros. El resultado probable de esta interpretaci�n ser�a que los pa�ses en desarrollo recibir�an menos y no m�s preferencias, en contra de lo que la India persigue equivocadamente al presentar este caso. De hecho, convertir la Cl�usula de Habilitaci�n en la especie de camisa de fuerza que pretende la India podr�a disuadir a algunos pa�ses donantes de otorgar todo tipo de preferencias.

4.146 Adem�s de sus consecuencias sist�micas, la presente diferencia es importante por sus repercusiones potenciales en los beneficiarios del R�gimen Droga. El R�gimen Droga ha permitido que esos pa�ses incrementen y diversifiquen sus exportaciones a las Comunidades Europeas. Los efectos beneficiosos que resultan de ello son considerables. Se ha estimado, por ejemplo, que s�lo en la Comunidad Andina el R�gimen Droga sustenta casi 160.000 empleos.

4.147 La eliminaci�n del R�gimen Droga del SGP de las Comunidades Europeas tendr�a consecuencias econ�micas y sociales devastadoras para los pa�ses beneficiarios. En cambio, para la India se derivar�an muy pocos beneficios, de haber alguno. Como se ha demostrado, las alegaciones de la India seg�n las cuales se ha producido una desviaci�n del comercio son injustificadas e infundadas. Entre 1990 y 2001, las importaciones procedentes de la India en el marco del SGP de las Comunidades Europeas pasaron de 2.000 a m�s de 5.000 millones de euros. Adem�s, durante ese per�odo la participaci�n de la India en el total de las importaciones realizadas en el marco del SGP de las Comunidades aument� del 9 al 12 por ciento. Esto coloca a la India en el segundo lugar entre los beneficiarios del SGP de las Comunidades Europeas.

4.148 La India no puede invocar ninguna preocupaci�n comercial leg�tima para presentar esta diferencia. Por consiguiente, a las Comunidades Europeas se les hace muy dif�cil entender por qu� la India ha recurrido a una acci�n que podr�a socavar los esfuerzos de otros pa�ses en desarrollo en su lucha contra las drogas y poner en peligro su estabilidad social y pol�tica. La injustificada reclamaci�n de la India no corresponde a lo que cabr�a esperar de un Miembro que aspira, con mucha raz�n, a ser uno de los l�deres de los pa�ses en desarrollo Miembros de la Organizaci�n.

b) La Cl�usula de Habilitaci�n

4.149 La reclamaci�n de la India se sustenta en una premisa errada. La India ha interpretado incorrectamente la relaci�n entre la Cl�usula de Habilitaci�n y el p�rrafo 1 del art�culo I del GATT de 1994. La Cl�usula de Habilitaci�n no es una "defensa afirmativa". Es un r�gimen aut�nomo. Confiere un derecho aut�nomo y permanente a la concesi�n de ciertas clases de "trato especial y m�s favorable" a los pa�ses en desarrollo, con arreglo a determinadas condiciones. Si una preferencia est� comprendida en la Cl�usula de Habilitaci�n, el p�rrafo 1 del art�culo I del GATT de 1994 no se aplica en absoluto.

4.150 La India es uno de los principales proponentes del fortalecimiento de las disposiciones que prev�n el "trato especial y diferenciado" de los pa�ses en desarrollo. Por lo tanto, es sorprendente ver que en la presente diferencia la India adopta una posici�n que mermar�a considerablemente el valor de dicho trato. Las Comunidades Europeas invitan a la India a que reflexione m�s detenidamente sobre esta cuesti�n, a la luz de sus intereses m�s generales en el marco de la OMC.

4.151 El hecho de que la Cl�usula de Habilitaci�n no sea una defensa afirmativa tiene dos consecuencias importantes:

a) para demostrar que se ha vulnerado el p�rrafo 1 del art�culo I del GATT de 1994, la India debe establecer primero que el R�gimen Droga no est� comprendido en las disposiciones del p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n; y

b) en su calidad de parte reclamante, incumbe a la India probar que el R�gimen Droga no est� comprendido en las disposiciones del p�rrafo 2 a) o que, si lo est�, es incompatible con el p�rrafo 3 c).

4.152 La Cl�usula de Habilitaci�n tiene sus propios requisitos, que son diferentes de los del p�rrafo 1 del art�culo I del GATT de 1994. A diferencia de este p�rrafo, la Cl�usula de Habilitaci�n no exige que se concedan preferencias arancelarias id�nticas a todos los pa�ses en desarrollo, sobre una base NMF. Lo que hace en cambio es establecer, en el p�rrafo 2 a) que las preferencias arancelarias concedidas a los pa�ses en desarrollo en el marco de un SGP deben otorgarse "sin discriminaci�n".

4.153 Este criterio de no discriminaci�n previsto en el p�rrafo 2 a) es diferente del criterio NMF del p�rrafo 1 del art�culo I. La expresi�n "sin discriminaci�n" debe interpretarse conforme a su sentido corriente, en su propio contexto y a la luz del objetivo espec�fico de la Cl�usula de Habilitaci�n, que es tambi�n uno de los objetivos generales del Acuerdo sobre la OMC: fomentar el comercio de todos los pa�ses en desarrollo en una forma que corresponda a sus respectivas necesidades de desarrollo.

4.154 La interpretaci�n que hace la India de la expresi�n "sin discriminaci�n" se basa en poco m�s que una definici�n incompleta de un diccionario. Es simplista e incorrecta. Dar un trato diferente a pa�ses en desarrollo que, de conformidad con criterios objetivos, tienen necesidades de desarrollo diferentes no es discriminatorio. Por el contrario, puede ser necesario para cumplir el p�rrafo 3 c) de la Cl�usula de Habilitaci�n, que establece que las preferencias deben responder positivamente a las necesidades de desarrollo de los pa�ses en desarrollo.

4.155 Las alegaciones de la India de que el R�gimen Droga ha sido concebido para promover los intereses pol�ticos de las Comunidades Europeas o fomentar sus intereses comerciales son infundadas. El prop�sito del R�gimen Droga es ofrecer oportunidades equitativas de desarrollo a los pa�ses en desarrollo que se encuentran en inferioridad de condiciones por las graves consecuencias que tienen para ellos la producci�n y el tr�fico de drogas. Esa meta es a la vez leg�tima y compatible con los objetivos de la Cl�usula de Habilitaci�n y el Acuerdo sobre la OMC. Adem�s, las Comunidades Europeas han demostrado que hay una conexi�n razonable y suficiente entre ese objetivo, las necesidades de desarrollo propias de los pa�ses interesados y las preferencias arancelarias concedidas a esos pa�ses en virtud del R�gimen Droga.

4.156 Los v�nculos entre el desarrollo econ�mico y el problema de las drogas est�n sobradamente demostrados y han sido reconocidos por las Naciones Unidas en repetidas ocasiones. Hace solamente un mes, los ministros que participaron en el 46� per�odo de sesiones de la Comisi�n de Estupefacientes de las Naciones Unidas recordaron una vez m�s que el problema de las drogas "[s]ocava la estabilidad socioecon�mica y pol�tica y el desarrollo sostenible, as� como los esfuerzos por reducir la pobreza".

4.157 Las Naciones Unidas han afirmado tambi�n muchas veces que la lucha contra la producci�n y el tr�fico de drogas es una responsabilidad compartida de todos los miembros de la comunidad internacional. En consecuencia, los pa�ses desarrollados deben proporcionar ayuda a los pa�ses en desarrollo afectados por ese problema. Ciertamente, la prestaci�n de ayuda financiera y t�cnica es crucial, pero no es suficiente. Seg�n las Naciones Unidas, la lucha contra las drogas requiere un planteamiento integral y equilibrado. La producci�n y el tr�fico de drogas son fomentados por la pobreza y el desempleo. Por consiguiente, para combatirlos con �xito es necesario reemplazarlos por actividades econ�micas alternativas que sean l�citas. Adem�s, esas actividades deben ser sostenibles. Esto, a su vez, requiere obtener mercados para los productos de esas actividades.

4.158 La aplicaci�n concreta del R�gimen Droga por parte de las autoridades de las Comunidades Europeas tampoco es discriminatoria. La designaci�n de los beneficiarios de ese R�gimen se basa en una valoraci�n general de la gravedad del problema de las drogas en cada pa�s en desarrollo, llevada a cabo con criterios objetivos y no discriminatorios. Con arreglo a esos criterios, la India no re�ne los requisitos para ser beneficiaria. En realidad, la India no lo discute. Tampoco alega que alguno de los pa�ses beneficiarios no cumpla los criterios pertinentes.

c) El art�culo XX del GATT de 1994

4.159 La meta fundamental del R�gimen Droga es fomentar el desarrollo de los pa�ses afectados por la producci�n o el tr�fico de drogas. Junto con ello, el R�gimen Droga tambi�n contribuye al objetivo de reducir el consumo de drogas en las Comunidades Europeas.

4.160 No hay duda de que las drogas constituyen una amenaza seria para la vida y la salud de las personas. El R�gimen Droga es un componente necesario de la estrategia de las Comunidades Europeas contra el uso indebido de estupefacientes. Como se acaba de explicar, la lucha contra las drogas requiere un planteamiento equilibrado, que incluya el fomento de actividades econ�micas alternativas sostenibles para reducir la oferta il�cita de drogas. De acuerdo con el principio de la responsabilidad compartida, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros ya proporcionan una ayuda t�cnica y financiera sustancial a los pa�ses interesados. El R�gimen Droga es un complemento necesario de esa ayuda.

4.161 De esa forma, aunque el Grupo Especial constatara que el R�gimen Droga no es compatible con la Cl�usula de Habilitaci�n, ese R�gimen seguir�a estando justificado de conformidad con el apartado b) del art�culo XX del GATT, por ser necesario para proteger la salud y la vida de la poblaci�n de las Comunidades Europeas.

5. Segunda comunicaci�n escrita de la India

4.162 Las preferencias arancelarias concedidas de conformidad con el R�gimen Droga a ciertos productos originarios de los Miembros que reciben esas preferencias constituyen ventajas que no son otorgadas inmediata e incondicionalmente a productos similares originarios de todos los dem�s Miembros. Por consiguiente, las preferencias arancelarias son incompatibles con el p�rrafo 1 del art�culo I.

4.163 El p�rrafo 1 del art�culo I del GATT de 1994 exige que la concesi�n de una ventaja no est� sujeta a condiciones relacionadas con la situaci�n o la conducta de un Miembro. Las Comunidades Europeas aducen que el p�rrafo 1 del art�culo I solamente dispone que la concesi�n de una ventaja no se someta a condiciones que exijan a un Miembro proporcionar alg�n tipo de compensaci�n. Desde el punto de vista de las Comunidades Europeas, el requisito de "incondicionalidad" del p�rrafo 1 del art�culo I permite a un Miembro imponer condiciones que est�n por fuera de lo que podr�a considerarse como una "compensaci�n". Las Comunidades Europeas basan esta interpretaci�n en el sentido que se da al t�rmino "condicional" en el contexto de las cl�usulas NMF condicionales. Incluso si lo que sostienen las Comunidades Europeas es correcto -en cuanto a que, en el contexto de las cl�usulas NMF condicionales, el t�rmino "condici�n" alude al requisito de compensar de alg�n modo los beneficios recibidos de otro Miembro- las Comunidades Europeas est�n equivocadas cuando concluyen que "el 'R�gimen Droga' es claramente 'incondicional' en el sentido que tiene dicho t�rmino en el contexto de las cl�usulas NMF". (sin cursivas en el original) El significado de "condici�n" en el contexto de una cl�usula NMF condicional no es determinante del significado de "incondicionalmente" en una cl�usula NMF incondicional. "Incondicional" significa simplemente la ausencia de condiciones, independientemente del significado t�cnico de la palabra "condici�n" en el contexto de las cl�usulas NMF condicionales. Si bien negro es el opuesto de blanco y "condicional" el opuesto de "incondicional", lo que no es negro no necesariamente es blanco y lo que no es "condicional" tampoco es necesariamente "incondicional".

4.164 La interpretaci�n restrictiva que las Comunidades Europeas proponen del t�rmino "incondicional" debe ser rechazada por las siguientes razones adicionales:

a) El sentido corriente del t�rmino "incondicionalmente" no apoya dicha interpretaci�n. De �l no surge ning�n argumento que permita restringir el alcance de este t�rmino a una categor�a espec�fica de "condiciones que exijan a un Miembro proporcionar alg�n tipo de compensaci�n". Las Comunidades Europeas no justifican en forma alguna esta restricci�n.

b) Incluso si se utiliza el "m�todo hist�rico" selectivo de interpretaci�n seguido por las Comunidades Europeas, los elementos puestos de relieve por �stas carecen de importancia. La comparaci�n pertinente no reside en el uso tradicional del t�rmino "condici�n" en el contexto de las cl�usulas NMF condicionales sino, por el contrario, en el uso de "incondicional" en el contexto de las cl�usulas NMF incondicionales.

c) La interpretaci�n de las Comunidades Europeas se opone a la jurisprudencia de la OMC. Las Comunidades Europeas se�alan que hay jurisprudencia contradictoria sobre este asunto. Incluso si se supone que tal jurisprudencia contradictoria existe, la interpretaci�n de las Comunidades Europeas no se apoya en ninguna jurisprudencia.

4.165 Las Comunidades Europeas tienen la carga de demostrar que el R�gimen Droga est� justificado en virtud del p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n. Las Comunidades Europeas buscan imponer a la India la carga de probar lo opuesto a su defensa -que el R�gimen Droga est� justificado en virtud del p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n- con el mero recurso de afirmar que el p�rrafo 2 a) otorga un "derecho aut�nomo". La India entiende que la Cl�usula de Habilitaci�n no es un "derecho aut�nomo" como dicen las Comunidades Europeas. Las Comunidades no dan una definici�n de "derecho aut�nomo". En cambio, simplemente realizan una inferencia jur�dica, esto es, que la Cl�usula de Habilitaci�n no es una excepci�n o una desviaci�n de la obligaci�n establecida en el p�rrafo 1 del art�culo I del GATT de 1994. La India sostiene que, por el contrario, la Cl�usula de Habilitaci�n exime o permite apartarse de la obligaci�n establecida en el p�rrafo 1 del art�culo I del GATT de 1994. El p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n permite o "habilita" a los pa�ses desarrollados Miembros a tomar ciertas medidas que de otro modo estar�an prohibidas en virtud del p�rrafo 1 del art�culo I, con sujeci�n a ciertas condiciones. Act�a como un r�gimen sustitutivo para regular todos los aspectos de las relaciones comerciales entre pa�ses desarrollados y pa�ses en desarrollo. Por otro lado, el p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n no impone a los pa�ses desarrollados Miembros ninguna obligaci�n positiva de establecer esquemas SGP.

4.166 El p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n, cuando permite a los pa�ses desarrollados conceder un trato arancelario preferencial a los pa�ses en desarrollo en el marco del SGP, no tiene por finalidad otorgar un privilegio a los pa�ses desarrollados Miembros; por el contrario, el p�rrafo 2 a) fue adoptado para beneficiar a los pa�ses en desarrollo. Las Comunidades Europeas aducen que el hecho de que no se haya incluido una frase que diga "en la medida que sea necesaria" exime a los pa�ses desarrollados Miembros de todas las obligaciones que tienen en virtud del p�rrafo 1 del art�culo I del GATT de 1994, incluso m�s all� de lo necesario para proporcionar un trato diferenciado y m�s favorable a pa�ses en desarrollo.

4.167 La India advierte que la frase "en la medida que sea necesaria" fue utilizada en la Decisi�n de 1971 pero no en la Cl�usula de Habilitaci�n, pero la explicaci�n de esta omisi�n es simple. La Decisi�n de 1971 fue una exenci�n. Por consiguiente, la formulaci�n utilizada fue "se eximir� � del cumplimiento de las disposiciones del art�culo primero � en la medida que sea necesaria �". En el contexto de una exenci�n, la frase "en la medida que sea necesaria" no es redundante porque marca el l�mite hasta el cual opera la exenci�n. En cambio, la Cl�usula de Habilitaci�n fue adoptada como una decisi�n y no como una exenci�n. Por consiguiente, la formulaci�n que se us� fue "[n]o obstante las disposiciones del art�culo I del Acuerdo General, [los Miembros] podr�n conceder un trato diferenciado y m�s favorable a los pa�ses en desarrollo, sin conceder dicho trato a [los otros Miembros]". La Cl�usula de Habilitaci�n permite, entonces, ciertos actos que de otra forma estar�an prohibidos por el p�rrafo 1 del art�culo I del GATT de 1994. En una formulaci�n de este tipo, habr�a sido redundante establecer que "los Miembros podr�n conceder un trato diferenciado y m�s favorable a los pa�ses en desarrollo sin conceder dicho trato a los otros Miembros � en la medida que sea necesaria para conceder un trato diferenciado y m�s favorable a los pa�ses en desarrollo".

4.168 Adem�s, parecer�a que las Comunidades Europeas aducen que la frase "no obstante las disposiciones" del p�rrafo 1 del art�culo I del GATT de 1994 excluye completamente la aplicaci�n de dicho art�culo. La utilizaci�n de la expresi�n "no obstante" (o de alg�n sin�nimo) en una disposici�n no necesariamente significa que esa disposici�n confiere un "derecho aut�nomo e independiente". Por ejemplo, en el art�culo XX se utiliza la expresi�n "ninguna disposici�n del presente Acuerdo ser� interpretada en el sentido de impedir" y sin embargo est� fuera de toda duda que el art�culo XX es una excepci�n y una defensa afirmativa.

4.169 La carga de la prueba debe determinarse en relaci�n con los elementos importantes de la alegaci�n del demandante y los elementos importantes de la defensa del demandado. La alegaci�n de la India en estas actuaciones, tal como aparece en su primera comunicaci�n escrita, est� basada en el p�rrafo 1 del art�culo I del GATT de 1994 y no en el p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n. El p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n no es, en consecuencia, un elemento importante de la alegaci�n de la India. Para refutar esa alegaci�n las Comunidades Europeas podr�n afirmar, y han elegido hacerlo, que las preferencias arancelarias previstas en el R�gimen Droga est�n justificadas al amparo de la Cl�usula de Habilitaci�n. En consecuencia, les corresponde a ellas probar la validez de su defensa, a saber, que dicha Cl�usula efectivamente abarca al R�gimen Droga. La mera afirmaci�n de las Comunidades Europeas de que la Cl�usula de Habilitaci�n cubre el R�gimen Droga no constituye en s� misma prueba que confirme la defensa de las Comunidades Europeas. Por consiguiente, dicha afirmaci�n no traslada a la India la carga de probar lo contrario de la defensa de las Comunidades Europeas.

4.170 El p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n es una defensa afirmativa. Tiene funciones y caracter�sticas jur�dicas similares a otras disposiciones del GATT que el �rgano de Apelaci�n ha reconocido como "defensas afirmativas". No hay ninguna obligaci�n positiva en el p�rrafo 2) c) i) del art�culo XI ni en los art�culos XX y XXIV del GATT, en el sentido de que ning�n Miembro puede ser obligado a imponer restricciones cuantitativas, adoptar medidas de acuerdo con el art�culo XX o establecer uniones aduaneras o zonas de libre comercio, respectivamente. Del mismo modo, en virtud del p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n, ning�n Miembro podr� obligar a un pa�s desarrollado Miembro a conceder un trato arancelario preferencial a los pa�ses en desarrollo. De la misma forma que el p�rrafo 2) c) i) del art�culo XI y los art�culos XX y XXIV son excepciones y, a la vez, "defensas", la Cl�usula de Habilitaci�n es una excepci�n a ciertos aspectos del p�rrafo 1 del art�culo I del GATT de 1994 y podr�a ser invocada, cuando correspondiese, como una defensa ante una alegaci�n de violaci�n de dicho art�culo.

4.171 En virtud de todas estas disposiciones, incluso suponiendo que se ha demostrado que la medida en cuesti�n viola la disposici�n a la que la excepci�n se aplica, el Miembro que adopta dicha medida podr� igualmente invocar las excepciones como defensas (afirmativas). Esto est� claramente incluido en la definici�n de "defensa afirmativa". En una diferencia que involucre una alegaci�n que pueda ser objeto de una defensa afirmativa, la alegaci�n se analiza primero en relaci�n con la disposici�n con la que es incompatible, de acuerdo con lo afirmado por el reclamante. Si se constata que la alegaci�n es procedente, entonces el siguiente paso es analizar la defensa afirmativa interpuesta por el demandado. Esta es precisamente la forma en que la Cl�usula de Habilitaci�n, en tanto defensa afirmativa, ha sido tratada en la jurisprudencia anterior del GATT.⁴³

4.172 Las Comunidades Europeas citan la diferencia Brasil - Aeronaves en apoyo de su afirmaci�n de que la India tiene la carga de probar que el R�gimen Droga de las Comunidades Europeas es incompatible con el p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n. El �rgano de Apelaci�n confirm� la constataci�n del Grupo Especial sobre la cuesti�n de la carga de la prueba y declar� que, a diferencia de lo que ocurre con las "defensas afirmativas" contenidas en distintas disposiciones del GATT, la disposici�n que se discut�a en ese caso (el p�rrafo 4 del art�culo 27 del Acuerdo SMC) establece "obligaciones positivas para los pa�ses en desarrollo Miembros, y no defensas afirmativas". En cambio, el p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n no impone obligaciones positivas o normas positivas que establecen obligaciones por s� mismas. Por el contrario, esta disposici�n constituye una excepci�n restringida respecto del p�rrafo 1 del art�culo I del GATT de 1994 que podr�a ser invocada como defensa afirmativa. Las Comunidades Europeas parecen se�alar que, puesto que en un documento de la Secretar�a de la OMC el art�culo 27 del Acuerdo SMC aparece mencionado como una disposici�n de trato especial y diferenciado junto con la Cl�usula de Habilitaci�n, �sta posee autom�ticamente la misma funci�n y caracter�sticas jur�dicas que el p�rrafo 4 del art�culo 27 y, en consecuencia, que, cuando el demandado invoca la Cl�usula de Habilitaci�n, la carga de la prueba se traslada al demandante que alega una violaci�n de la disposici�n de fondo correspondiente. Este argumento de las Comunidades Europeas es incorrecto. En Brasil - Aeronaves, los p�rrafos 2 y 4 del art�culo 27 fueron efectivamente considerados partes de una disposici�n de trato especial y diferenciado. Sin embargo, el Grupo Especial y el �rgano de Apelaci�n decidieron que el demandante era quien ten�a la carga de la prueba del p�rrafo 4 del art�culo 27 en el marco de una alegaci�n sustantiva formulada al amparo del p�rrafo 1 a) del art�culo 3 del Acuerdo SMC, no porque el p�rrafo 4 del art�culo 27 sea una disposici�n de trato especial y diferenciado, como puede ser la Cl�usula de Habilitaci�n, sino porque esa disposici�n establece por s� misma obligaciones positivas que el demandado debe cumplir. Por �ltimo, la India se�ala que en Brasil - Aeronaves, la disposici�n de trato especial y diferenciado fue invocada por un pa�s en desarrollo. En esta diferencia, es invocada por un pa�s desarrollado.

2. La Cl�usula de Habilitaci�n no excluye la aplicaci�n del p�rrafo 1 del art�culo I pero autoriza a hacer una excepci�n limitada

4.173 La Cl�usula de Habilitaci�n no excluye la aplicaci�n del p�rrafo 1 del art�culo I del GATT de 1994 en todos los casos. Todo examen del alcance de una excepci�n en virtud de la Cl�usula de Habilitaci�n debe realizarse con especial cuidado. Los grupos especiales no deben suponer con ligereza que la Cl�usula de Habilitaci�n autoriza a dejar de lado los derechos de un pa�s en desarrollo resultantes del p�rrafo 1 del art�culo I. Despu�s de todo, la Cl�usula de Habilitaci�n est� destinada a beneficiar a los pa�ses en desarrollo. Como esa Cl�usula es una "excepci�n", la frase "[n]o obstante las disposiciones del art�culo I del Acuerdo General" que aparece en ella no necesariamente excluye la aplicaci�n de dicho art�culo en todos los casos.

4.174 En un asunto referente al art�culo XXIV del GATT de 1994, otra disposici�n que podr�a ser caracterizada como una "excepci�n", el �rgano de Apelaci�n tuvo oportunidad de analizar el significado de la frase "las disposiciones del presente Acuerdo no impedir�n � el establecimiento de una uni�n aduanera" del p�rrafo 5 del art�culo XXIV del GATT de 1994. El �rgano de Apelaci�n afirm� que una frase de ese tipo significa que las disposiciones del GATT no har�n imposible el establecimiento de una uni�n aduanera, pero s�lo en tanto y en cuanto el establecimiento de la uni�n aduanera se ver�a impedido si no se permitiese la introducci�n de la medida. En consecuencia, la aplicaci�n del p�rrafo 1 del art�culo I no est� excluida totalmente, sino s�lo en tanto y en cuanto la concesi�n de preferencias arancelarias en el marco del SGP se ver�a impedida si se prohibiese la introducci�n de una medida.⁴⁴

4.175 La India sostiene que el respeto a los derechos relativos al principio NMF de los pa�ses en desarrollo entre s� no impide conceder un trato arancelario preferencial a un pa�s en desarrollo en el contexto del SGP; tampoco ser�a imposible conceder un trato arancelario preferencial a pa�ses en desarrollo de acuerdo con el SGP si no se permitiera conceder preferencias arancelarias a algunos pa�ses en desarrollo pero no a todos. Por consiguiente, en el contexto del SGP s�lo los derechos relativos al principio NMF de los pa�ses desarrollados pueden ser objeto de excepciones.

4.176 Ninguna de las disposiciones del p�rrafo 2 a) refleja el acuerdo de los pa�ses en desarrollo Miembros de renunciar a sus derechos en virtud del p�rrafo 1 del art�culo I del GATT de 1994 con respecto a los beneficios otorgados a todos los dem�s Miembros, incluidos los otros pa�ses en desarrollo, en el contexto del SGP. La India aduce que en el contexto del trato arancelario preferencial con arreglo al p�rrafo 2 a), la Cl�usula de Habilitaci�n no exime las violaciones de los derechos relativos al principio NMF de los pa�ses en desarrollo en relaci�n con el trato arancelario preferencial otorgado a otros pa�ses en desarrollo. Las Comunidades Europeas y los Estados Unidos han interpretado err�neamente esta afirmaci�n limitada y le han dado un alcance mucho m�s amplio, a saber, que la Cl�usula de Habilitaci�n no autoriza ninguna desviaci�n respecto de los derechos NMF previstos para los pa�ses en desarrollo en el p�rrafo 1 del art�culo I. Las Comunidades Europeas, la Comunidad Andina y los Estados Unidos exponen una serie de argumentos cuyo fin es establecer que esta afirmaci�n m�s amplia est� equivocada. Por ejemplo, de acuerdo con ellos, si se aceptara una afirmaci�n tan amplia, se impedir�a la celebraci�n de acuerdos regionales entre pa�ses en desarrollo con arreglo al p�rrafo 2 c), o se impedir�a la adopci�n de medidas especiales en favor de los pa�ses menos adelantados de conformidad con el p�rrafo 2 d) o se contravendr�an los t�rminos amplios del p�rrafo 1 de la Cl�usula de Habilitaci�n. Sin embargo, estos argumentos simplemente no vienen al caso, puesto que la India no ha hecho una afirmaci�n tan amplia. A juicio de la India, una lectura conjunta de los p�rrafos 1 y 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n tendr�a como consecuencia que la expresi�n "otras partes contratantes" en el contexto de medidas tomadas con arreglo al p�rrafo 2 a) se refiera a "otros pa�ses desarrollados Miembros". La India se�ala que el contenido de la expresi�n "otros Miembros" en el p�rrafo 1 de la Cl�usula de Habilitaci�n debe ser interpretado juntamente con el apartado espec�fico del p�rrafo 2 en cuesti�n. La India no sostiene que la expresi�n "otros Miembros" en el p�rrafo 1 de la Cl�usula de Habilitaci�n se refiere invariablemente a "otros pa�ses desarrollados Miembros".⁴⁵ Costa Rica y la Comunidad Andina han subrayado que la Decisi�n de 1971 sobre exenciones utiliza la expresi�n "otras partes contratantes" en oposici�n a la expresi�n "otros pa�ses desarrollados" en forma deliberada. Las actas de la reuni�n del Consejo en que se adopt� esa Decisi�n utilizan la expresi�n "otras partes contratantes" en oposici�n a la expresi�n "otros pa�ses desarrollados" en forma deliberada. Las actas de la reuni�n del Consejo en que se adopt� esa Decisi�n⁴⁶ indican que la utilizaci�n de esa terminolog�a no implica en forma alguna que est� permitido hacer diferenciaciones entre los pa�ses en desarrollo reconocidos como beneficiarios; por el contrario, esa terminolog�a fue adoptada por varias razones distintas. Por ejemplo, la India se�ala que "... como no existe ninguna lista exacta y aceptable de pa�ses desarrollados, no ve la utilidad de esa enmienda" y que "los diversos aspectos de los sistemas, tal como se han acordado en la UNCTAD, est�n relacionados entre s� y no conviene en absoluto abrir de nuevo el debate sobre ninguno de ellos, por ejemplo, sobre la cuesti�n de los beneficiarios".

4.177 La afirmaci�n limitada de la India se origina en la idea de que la Cl�usula de Habilitaci�n debe autorizar en forma clara una exenci�n con respecto a una violaci�n de los derechos NMF de un pa�s en desarrollo. Tal como surge claramente de la primera frase del p�rrafo 2 de la Cl�usula de Habilitaci�n, cualquier medida que se tome con arreglo a ella debe estar comprendida en uno de los apartados del p�rrafo 2. El p�rrafo 2 d) y el 2 c) autorizan la adopci�n de medidas que de otra forma resultar�an violatorias de los derechos NMF de un pa�s en desarrollo, pero la presente diferencia no se refiere a ese tipo de medidas. Lo pertinente en la presente diferencia es el p�rrafo 2 a), que es el �nico apartado que autoriza un trato arancelario preferencial concedido por un pa�s desarrollado a pa�ses en desarrollo en el contexto del SGP. Por consiguiente, las Comunidades Europeas tienen que encontrar en el p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n una autorizaci�n clara que les permita violar los derechos de los pa�ses en desarrollo que emanan del p�rrafo 1 del art�culo I.

4.178 No hay ninguna expresi�n en el p�rrafo 2 a) que autorice expresamente a los pa�ses desarrollados a desconocer los derechos incondicionales de NMF de los pa�ses en desarrollo. Las Comunidades Europeas tratan de usar la expresi�n "sin discriminaci�n" de la nota 3 para justificar su desconocimiento de los derechos incondicionales de NMF de los pa�ses en desarrollo en relaci�n con los beneficios otorgados a un grupo limitado de ellos. Sin embargo, esa nota no les sirve de apoyo. Tal como se explica a continuaci�n, la expresi�n "sin discriminaci�n" no autoriza a tratar en forma distinta a los pa�ses en desarrollo; por el contrario, su fin es precisamente destacar que toda diferenciaci�n entre pa�ses en desarrollo est� prohibida.

3. "Sin discriminaci�n"

a) Introducci�n

4.179 Las Comunidades Europeas no han logrado demostrar que, aplicando el R�gimen Droga, dan un trato arancelario "sin discriminaci�n" en el sentido del p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n. La India y las Comunidades Europeas difieren en sus interpretaciones de la expresi�n "sin discriminaci�n". La India considera que un trato "sin discriminaci�n" en el contexto del p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n es "un trato que no hace diferencias entre distintas categor�as de pa�ses en desarrollo" ("el significado neutro de 'sin discriminaci�n'"). Las Comunidades Europeas sostienen que "la expresi�n 'sin discriminaci�n' no impide a los Miembros dar un trato diferente a pa�ses en desarrollo que, de conformidad con criterios objetivos, tienen necesidades de desarrollo diferentes" ("significado negativo de 'sin discriminaci�n'").

4.180 El significado correcto de la expresi�n "sin discriminaci�n" tal como se utiliza en la Cl�usula de Habilitaci�n es el significado neutro.

b) El GATT de 1994 como contexto

4.181 En primer lugar, en el contexto del GATT, el concepto de "discriminaci�n" es utilizado siempre para describir la denegaci�n de oportunidades iguales de competencia a productos similares, con independencia de su origen. La Cl�usula de Habilitaci�n forma parte integrante del GATT de 1994. La expresi�n "sin discriminaci�n" en el GATT de 1994 se refiere de manera uniforme a la igualdad de oportunidades de competencia entre productos similares originarios de diferentes pa�ses. De ello se deriva que, en el contexto de la Cl�usula de Habilitaci�n, "sin discriminaci�n" significa dar igual trato a productos similares, salvo que una disposici�n espec�fica de la Cl�usula de Habilitaci�n establezca otra cosa.

c) Los p�rrafos 2 d) y 2 b) como contexto

4.182 En segundo lugar, la referencia expresa al trato especial y diferenciado para los pa�ses en desarrollo menos adelantados en el p�rrafo 2 d) de la Cl�usula de Habilitaci�n apoya la interpretaci�n de la India de la expresi�n "sin discriminaci�n". La necesidad de prever una excepci�n expl�cita para los pa�ses menos adelantados confirma la interpretaci�n que la India hace de la expresi�n aludida. Si los pa�ses desarrollados pudiesen hacer diferencias entre los pa�ses en desarrollo bas�ndose en la interpretaci�n que las Comunidades Europeas hacen de la expresi�n "sin discriminaci�n", entonces claramente los pa�ses desarrollados podr�an hacer diferencias entre los pa�ses en desarrollo en favor de los pa�ses menos adelantados. En consecuencia, la autorizaci�n para favorecer a los pa�ses en desarrollo menos adelantados del p�rrafo 2 d) se tornar�a redundante y carente de sentido. Esto no puede conciliarse con el principio de interpretaci�n efectiva de los tratados sostenido en muchos casos por el �rgano de Apelaci�n.

4.183 Las Comunidades Europeas aducen que el p�rrafo 2 d) no es redundante porque abarca "el trato especial" para los pa�ses menos adelantados, incluidas las medidas no abarcadas por el p�rrafo 2 a) (las medidas no arancelarias). Los pa�ses de la Comunidad Andina presentan un argumento similar. El argumento de las Comunidades Europeas pasa por alto el texto del p�rrafo 2 d), que hace referencia a "toda medida general o especifica" sin distinguir entre medidas arancelarias y medidas no arancelarias. El p�rrafo 2 d) no excluye a las medidas arancelarias de su �mbito de aplicaci�n, como suponen las Comunidades Europeas y la Comunidad Andina. Por el contrario, si la intenci�n de los redactores hubiese sido limitar el alcance del p�rrafo 2 d) a las medidas no arancelarias, no habr�a sido dif�cil incorporar el texto del p�rrafo 2 d) al p�rrafo 2 b), que es la �nica disposici�n que expl�citamente abarca s�lo dicha clase de medidas.

4.184 Los argumentos de las Comunidades Europeas tambi�n pasan por alto el hecho de que, a diferencia del p�rrafo 2 a), el p�rrafo 2 b) no contiene ninguna exigencia expl�cita de no discriminaci�n con respecto a las medidas no arancelarias. De acuerdo con la interpretaci�n que las Comunidades Europeas hacen de la Cl�usula de Habilitaci�n, nada impedir�a que un pa�s desarrollado discriminase a favor de los pa�ses menos adelantados bas�ndose solamente en el p�rrafo 2 b). Si este fuera el caso, la pregunta que surge es �por qu� ser�a necesario permitir expl�citamente hacer una diferenciaci�n en favor de los pa�ses menos adelantados en virtud del p�rrafo 2 d)? Por consiguiente, la interpretaci�n de las Comunidades Europeas del p�rrafo 2 d) quita toda eficacia a dicha disposici�n.

d) "Los pa�ses en desarrollo" en el p�rrafo 2 a) como contexto

4.185 En tercer lugar, el uso del art�culo definido "los" con referencia a "pa�ses en desarrollo" indica que el SGP debe beneficiar a todos los pa�ses en desarrollo y excluye la posibilidad de que se concedan preferencias arancelarias en forma selectiva, lo cual tambi�n apoya la interpretaci�n de la India. El art�culo aparece en cuatro casos en versiones aut�nticas de la Cl�usula de Habilitaci�n. Esto indica que el p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n ten�a la funci�n de asegurar que los beneficios del SGP se extendiesen a todos los pa�ses en desarrollo y no a algunos de ellos. El p�rrafo 2 a) de la Cl�usula de Habilitaci�n no prev� ninguna selectividad. Por el contrario, exige que el trato arancelario preferencial se conceda a todos los pa�ses en desarrollo. M�s aun, como se indic� supra, el trato no discriminatorio en el contexto del GATT significa dar oportunidades de competencia iguales.

4.186 Carecer�a de sentido imponer el requisito de que todos los pa�ses en desarrollo est�n incluidos en las disposiciones arancelarias preferenciales si no existiera la correspondiente obligaci�n de dar un trato arancelario "no discriminatorio" a fin de asegurar iguales oportunidades de competencia a los productos originarios de todos los pa�ses en desarrollo. En consecuencia, si se acepta la interpretaci�n de las Comunidades Europeas de que "sin discriminaci�n" no implica dar iguales oportunidades de competencia, se quita toda eficacia al requisito de que "los" pa�ses en desarrollo (todos ellos) se beneficien del trato arancelario preferencial.

e) Los instrumentos de la UNCTAD como contexto y la historia de su redacci�n

4.187 En cuarto lugar, los textos que establecieron el sistema generalizado de preferencias (SGP) bajo los auspicios de la UNCTAD apoyan la interpretaci�n de la India de la expresi�n "sin discriminaci�n". Su significado en la Cl�usula de Habilitaci�n es el mismo que tiene en los textos aceptados en la UNCTAD. El significado de la expresi�n "sin discriminaci�n" en la nota 3 de la Cl�usula de Habilitaci�n es id�ntico a su significado en las Conclusiones convenidas. En las Conclusiones convenidas, no hay ninguna referencia a la idea de que debe permitirse que los pa�ses desarrollados hagan distinciones entre los pa�ses que ellos han reconocido como pa�ses en desarrollo sobre la base de que tienen necesidades de desarrollo diferentes. La expresi�n "sin discriminaci�n" interpretada en el contexto de los acuerdos celebrados en el marco de la UNCTAD no prev� ninguna forma de diferenciaci�n entre los pa�ses en desarrollo basada en que tienen necesidades de desarrollo diferentes; por el contrario, cualquier diferenciaci�n entre pa�ses en desarrollo fue considerada "discriminatoria".

4.188 Este significado de "sin discriminaci�n" se ve tambi�n confirmado por la historia de la redacci�n de la Resoluci�n 21(II) en el segundo per�odo de sesiones de la UNCTAD y las Conclusiones convenidas. En efecto, las Conclusiones convenidas ni siquiera autorizan a los pa�ses desarrollados a conceder reducciones arancelarias destinadas s�lo a los pa�ses menos adelantados que excluyan a los dem�s pa�ses en desarrollo. Las Conclusiones convenidas permiten que los pa�ses desarrollados var�en las reducciones arancelarias concedidas a diferentes productos. Sin embargo, con respecto al mismo producto, los pa�ses desarrollados no pueden variar la reducci�n arancelaria concedida, ni siquiera en favor de los pa�ses menos adelantados.

4.189 Adem�s, en las Conclusiones convenidas se contempl� la participaci�n de todos los pa�ses en desarrollo en calidad de beneficiarios del SGP y no se previ� ning�n esquema selectivo. Las Conclusiones convenidas establecen que "se est� de acuerdo en cuanto al objetivo de que todos los pa�ses en desarrollo deber�an en principio participar desde el comienzo como beneficiarios". Al permitir que se hagan distinciones entre los pa�ses en desarrollo, la interpretaci�n de la expresi�n "sin discriminaci�n" defendida por las Comunidades Europeas quita todo sentido al requisito de que "todos los pa�ses en desarrollo deber�an � participar desde el comienzo como beneficiarios".

f) El p�rrafo 3 c) como contexto

4.190 Por otra parte, el requisito de responder positivamente a las necesidades de los pa�ses en desarrollo establecido en el p�rrafo 3 c) de la Cl�usula de Habilitaci�n no brinda apoyo contextual a la interpretaci�n de la expresi�n "sin discriminaci�n" propuesta por las Comunidades Europeas. Las Comunidades Europeas aducen que la expresi�n "sin discriminaci�n" contenida en la nota 3 de la Cl�usula de Habilitaci�n no puede querer decir que se debe tratar a todos los pa�ses en desarrollo de la misma forma, puesto que ello implicar�a impedir de hecho que los pa�ses desarrollados respondieran en forma positiva a las necesidades individuales de los pa�ses en desarrollo "con lo cual quedar�a anulado el requisito establecido en el p�rrafo 3 c)". El argumento de las CE se basa en una premisa err�nea, a saber que la expresi�n "necesidades de desarrollo, financieras y comerciales de los pa�ses en desarrollo" se refiere a las necesidades individuales de esos pa�ses. Sin embargo, el p�rrafo 3 c) no habla de necesidades "individuales", ni expresa esa idea. Cuando los redactores de la Cl�usula de Habilitaci�n tuvieron presentes las necesidades de pa�ses individuales o de grupos de pa�ses, las mencionaron expl�citamente.

4.191 Las Comunidades Europeas tienen raz�n en que las necesidades colectivas de los pa�ses en desarrollo pueden variar con el tiempo y que, por consiguiente, el p�rrafo 3 c) prescribe que las preferencias sean modificadas en caso necesario. Sin embargo, de eso no se deduce que deban ser modificadas estableciendo diferencias entre pa�ses en desarrollo. En cambio, el p�rrafo 3 c) hace referencia a la modificaci�n de la cobertura de productos a los que se aplican los esquemas SGP y la magnitud de las reducciones arancelarias previstas en ellos. La interpretaci�n que hace la India de la expresi�n "sin discriminaci�n" no priva de efecto al p�rrafo 3 c) precisamente porque contribuye a garantizar que la cobertura de productos y la profundidad de las reducciones arancelarias en los esquemas SGP respondan positivamente a las necesidades colectivas de los pa�ses en desarrollo.

4.192 La afirmaci�n de las Comunidades Europeas de que un plan destinado exclusivamente a hacer frente a los problemas de la droga responde a las necesidades de los pa�ses en desarrollo tal como est�n definidas en el p�rrafo 3 c) tampoco se compadece con el hecho de que, en todo el texto de la Cl�usula de Habilitaci�n, se habla de las necesidades "de desarrollo, financieras y comerciales" de los pa�ses en desarrollo. La conjunci�n "y" establece claramente que, cuando se eval�e la compatibilidad de un esquema SGP con el p�rrafo 3 c) o el grado de no reciprocidad que deba concederse a un pa�s en desarrollo en virtud de los p�rrafos 5 y 6, las necesidades de desarrollo, financieras y comerciales deber�n evaluarse colectivamente.

4.193 Aceptar la interpretaci�n que las Comunidades Europeas hacen del p�rrafo 3 c), seg�n la cual �ste se refiere a las necesidades "individuales" de los pa�ses en desarrollo, podr�a tener consecuencias absurdas. Por ejemplo, un Miembro de la OMC que decida reducir a cero sus aranceles sobre los productos procedentes de todos los pa�ses en desarrollo estar�a utilizando un esquema SGP incompatible con el p�rrafo 3 c) de la Cl�usula de Habilitaci�n. El p�rrafo 3 c) establecer�a que la obligaci�n de un Miembro de "modificar si es necesario" su esquema SGP para responder a las necesidades individuales de los pa�ses equivaldr�a, en dicha circunstancia, a la obligaci�n de volver a aplicar aranceles a los productos procedentes de los pa�ses en desarrollo cuyas necesidades fuesen menores. Por consiguiente, la interpretaci�n de las Comunidades Europeas del p�rrafo 3 c) implica que ser�a ilegal que un pa�s desarrollado adoptara la respuesta m�s constructiva que puede concebirse a las necesidades de los pa�ses en desarrollo: la eliminaci�n de todos los derechos sobre los productos procedentes de todos los pa�ses en desarrollo.

4.194 Cuando concede preferencias arancelarias a los pa�ses en desarrollo, el r�gimen general SGP de las Comunidades Europeas no hace ninguna distinci�n entre esos pa�ses basada en sus necesidades individuales de desarrollo, financieras y comerciales. En consecuencia, si la interpretaci�n que las Comunidades Europeas hacen del p�rrafo 3 c) se considerase correcta, su esquema general SGP, que se aplica en forma an�loga a todos los pa�ses en desarrollo beneficiarios, no responder�a a las necesidades individuales de todos y cada uno de dichos pa�ses. Esto llevar�a a la conclusi�n de que el principal esquema de concesi�n de preferencias arancelarias de las Comunidades Europeas para los pa�ses en desarrollo ser�a incompatible con el p�rrafo 3 c) de la Cl�usula de Habilitaci�n.

g) "Generalizado" como contexto

4.195 La palabra "generalizado" en la nota 3 tampoco da apoyo contextual a la interpretaci�n de la expresi�n "sin discriminaci�n" que proponen las Comunidades Europeas. En sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial, las Comunidades Europeas afirman que, en caso de aceptarse la interpretaci�n de la India de la expresi�n "sin discriminaci�n", la palabra "generalizado" ser�a redundante. Con este argumento, las Comunidades Europeas no advierten que la palabra "generalizado" hace referencia a la gama de pa�ses que dar�n y recibir�n preferencias, mientras que la expresi�n "sin discriminaci�n" se refiere al grado de diferenciaci�n entre los pa�ses seleccionados como beneficiarios. Por consiguiente, un esquema SGP puede ser "generalizado" en el sentido de que todos los pa�ses en desarrollo son sus beneficiarios, y al mismo tiempo puede violar el requisito de que los esquemas SGP sean "no discriminatorios", si los pa�ses beneficiarios son tratados de forma diferente. Es evidente que la interpretaci�n de la India no vuelve redundante la palabra "generalizado".

4.196 Por otra parte, las Comunidades Europeas entienden que la palabra "generalizado" significa que "el sistema de preferencias debe ser "generalizado" para todos los pa�ses en desarrollo con necesidades de desarrollo similares". El requisito de tratar de forma similar a los pa�ses que tienen necesidades de desarrollo similares y de forma diferente a aquellos con necesidades de desarrollo diferentes es el punto central de la definici�n negativa de "sin discriminaci�n" que hacen las Comunidades Europeas. Por consiguiente, es la interpretaci�n de "sin discriminaci�n" que ellas proponen la que volver�a redundante la palabra "generalizado" (tal como la entienden las Comunidades Europeas).

h) Consecuencias para el sistema multilateral de la OMC

4.197 La India tambi�n aduce que, a nivel sist�mico, la interpretaci�n de las Comunidades Europeas de la expresi�n "sin discriminaci�n" debe ser rechazada por otros dos motivos. En primer lugar, si se acepta la interpretaci�n de las Comunidades Europeas de la expresi�n "sin discriminaci�n", el GATT no podr� cumplir la funci�n de proporcionar el marco jur�dico para las negociaciones sobre acceso a los mercados entre pa�ses desarrollados y pa�ses en desarrollo. Una de las funciones principales del GATT es proporcionar un marco jur�dico para el intercambio de concesiones de acceso a los mercados que pueda garantizar el objetivo de reducir sustancialmente los aranceles aduaneros y eliminar el trato discriminatorio que socava dichas reducciones. El art�culo I del GATT es la piedra angular de este marco, puesto que asegura que los Miembros puedan intercambiar concesiones arancelarias sin temer que el trato preferencial concedido con posterioridad a terceros pa�ses elimine efectivamente las oportunidades de competencia negociadas. Por consiguiente, hay dos elementos importantes en las negociaciones sobre acceso a los mercados: i) el nivel arancelario consolidado; y ii) la garant�a de que los aranceles que se aplican dentro de los niveles consolidados se aplican sobre una base NMF.

4.198 Los pa�ses en desarrollo compiten principalmente con otros pa�ses en desarrollo en los mercados de los pa�ses otorgantes del SGP. Si se aceptara la interpretaci�n de las Comunidades Europeas de la Cl�usula de Habilitaci�n, los pa�ses en desarrollo no tendr�an nunca, en consecuencia, la seguridad de que los aranceles que ellos negociaron con los pa�ses desarrollados se aplicar�n entre los pa�ses en desarrollo de conformidad con el principio NMF. Esto tendr� profundas consecuencias para la capacidad de los pa�ses en desarrollo de participar en negociaciones arancelarias multilaterales.

4.199 La segunda consecuencia de la interpretaci�n que las Comunidades Europeas hacen de la expresi�n "sin discriminaci�n" es que, en caso de aceptarla, los grupos especiales se ver�an envueltos en conflictos de distribuci�n entre los pa�ses en desarrollo sin contar con ning�n tipo de orientaci�n normativa de los Miembros de la OMC. La idea de las Comunidades Europeas de que las palabras "sin discriminaci�n" proh�ben la discriminaci�n perjudicial o injusta es demasiado vaga para servir de base a un control de la diferenciaci�n en el contexto de los esquemas SGP. La Cl�usula de Habilitaci�n no incluye ninguna otra norma aceptada multilateralmente para determinar cu�ndo la diferenciaci�n es "injusta". Por lo tanto, si se adopta la definici�n de las Comunidades Europeas, se dejar� en libertad a los pa�ses desarrollados para que hagan las diferencias que consideren oportunas o se obligar� a los grupos especiales a resolver conflictos de distribuci�n sin contar con orientaci�n de los Miembros de la OMC, como por ejemplo acerca de si las dificultades debidas a problemas graves de salud p�blica son m�s acuciantes que las dificultades debidas a la producci�n y el tr�fico de drogas. Esta incertidumbre tendr� consecuencias transcendentales para el equilibrio institucional entre los �rganos pol�ticos y los �rganos judiciales de la OMC e involucrar� a los �rganos judiciales en un proceso legislativo que es una prerrogativa exclusiva de los Miembros.

4. El R�gimen Droga no se aplica "sin discriminaci�n"