CHILE - SISTEMA DE BANDAS DE PRECIOS
 Y MEDIDAS DE SALVAGUARDIA APLICADOS
 A DETERMINADOS PRODUCTOS AGR�COLAS 

Informe del Grupo Especial

(Continuaci�n)

b) Otros medios de interpretaci�n

7.75 Chile ha sostenido que el Grupo Especial, al interpretar el p�rrafo 2 del art�culo 4, debe utilizar los elementos siguientes:

a) "la pr�ctica estatal", con inclusi�n de: la supuesta existencia en otros Miembros de medidas similares al SBP chileno; el hecho de que esos Miembros nunca convirtieran sus medidas en derechos de aduana propiamente dichos; y la inexistencia de cualquier impugnaci�n de esas medidas sobre la base del p�rrafo 2 del art�culo 4;

b) el art�culo 24 del Acuerdo de Complementaci�n Econ�mica N� 35 ("ACE 35") entre Chile y el MERCOSUR;

c) la historia de la negociaci�n del p�rrafo 2 del art�culo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura, con inclusi�n de las comunicaciones de determinados miembros de la Secretar�a del GATT o con ellos.

7.76 Examinaremos en primer lugar en qu� medida los art�culos 31 y 32 de la Convenci�n de Viena nos ordenan o permiten que tengamos en cuenta estos elementos al interpretar el p�rrafo 2 del art�culo 4, especialmente la cuesti�n de si el prop�sito del p�rrafo 2 del art�culo 4 era prohibir medidas como el SBP chileno. �nicamente si consideramos que deber�amos examinar algunos de estos elementos, o todos, para interpretar el p�rrafo 2 del art�culo 4 nos ocuparemos posteriormente de ellos.

7.77 Seg�n el art�culo 31 de la Convenci�n de Viena, debemos valernos, como contexto, de todo acuerdo que se refiera "al tratado", es decir, el Acuerdo sobre la OMC⁶⁴⁹, y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebraci�n del Acuerdo sobre la OMC, as� como de todo instrumento formulado por una o m�s partes con motivo de la celebraci�n del Acuerdo sobre la OMC y aceptado por las dem�s como instrumento referente a este Acuerdo. Tambi�n debemos tener en cuenta todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretaci�n del tratado o de la aplicaci�n de sus disposiciones; toda pr�ctica ulteriormente seguida en la aplicaci�n del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretaci�n del tratado; y toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. Por �ltimo, con arreglo al art�culo 32 de la Convenci�n de Viena, podemos acudir a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebraci�n para confirmar el sentido corriente o resolver la ambig�edad.

i) "pr�ctica estatal"

7.78 Cabe suponer que, al referirse a estos elementos bajo el t�tulo de "pr�ctica estatal", Chile est� sugiriendo que los examinemos o como "toda pr�ctica ulteriormente seguida en la aplicaci�n del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretaci�n del tratado", con arreglo a lo dispuesto en el art�culo 31, o como medio de interpretaci�n complementario, con arreglo al art�culo 32 de la Convenci�n de Viena. En primer lugar, no consideramos que la supuesta "pr�ctica estatal" pueda ser calificada de pr�ctica ulteriormente seguida en el sentido del art�culo 31 de la Convenci�n de Viena. Como declar� el �rgano de Apelaci�n en su informe sobre Jap�n - Bebidas alcoh�licas II⁶⁵⁰:

"En derecho internacional [ � ] se entiende que en esencia la pr�ctica ulteriormente seguida en la interpretaci�n de un tratado radica en una serie 'concordante, com�n y coherente', de actos o declaraciones que bastan para determinar un modelo discernible que lleve impl�cito el acuerdo de las partes acerca de su interpretaci�n.⁶⁵¹ Un acto aislado no suele ser suficiente para determinar una pr�ctica ulteriormente seguida⁶⁵²; sino que se requiere una serie de actos por los que se establezca el acuerdo de las partes."⁶⁵³

7.79 Por consiguiente, en primer lugar, el mero hecho de que la Argentina u otros Miembros no impugnaran hasta recientemente el SBP chileno a trav�s del sistema de soluci�n de diferencias de la OMC no constituye una "serie de actos o declaraciones".⁶⁵⁴ En segundo lugar, el hecho de que algunos Miembros de la OMC tengan en vigor medidas similares al SBP chileno no es una "serie suficientemente concordante, com�n y coherente de actos" que basten para establecer el acuerdo de los Miembros de la OMC acerca de la interpretaci�n del p�rrafo 2 del art�culo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura.⁶⁵⁵ Analizaremos seguidamente la cuesti�n de la pr�ctica estatal como medio de interpretaci�n complementario.

ii) El art�culo 24 del Acuerdo de Complementaci�n Econ�mica N� 35 ("ACE 35") entre Chile y el MERCOSUR

7.80 El ACE 35 entre Chile y el MERCOSUR se firm� el 25 de junio de 1996 y entr� en vigor el 1� de octubre de ese a�o. El art�culo 24, que figura bajo el t�tulo de "Valoraci�n Aduanera", estipula lo siguiente:

"En la utilizaci�n del sistema de bandas de precios previsto en su legislaci�n nacional relativa a la importaci�n de mercader�as, la Rep�blica de Chile se compromete, en el �mbito de este Acuerdo, a no incluir nuevos productos ni a modificar los mecanismos o aplicarlos de tal forma que signifique un deterioro de las condiciones de acceso para el MERCOSUR."⁶⁵⁶

7.81 Seg�n Chile, con la firma del ACE 35⁶⁵⁷, la Argentina ha expresado el entendimiento de que el p�rrafo 2 del art�culo 4 no proh�be el SBP chileno porque no habr�a negociado el art�culo 24 del ACE 35 si dicho sistema estuviera totalmente prohibido en virtud del p�rrafo 2 del art�culo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura.

7.82 El art�culo 31 de la Convenci�n de Viena nos pide que tengamos en cuenta otros acuerdos internacionales para interpretar el p�rrafo 2 del art�culo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura, siempre que re�nan determinados requisitos. Sin embargo, a nuestro modo de ver es evidente que el ACE 35 no re�ne los requisitos de los acuerdos a que se refiere el art�culo 31 de la Convenci�n de Viena. En primer lugar, el ACE 35 no es evidentemente un "acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebraci�n del tratado", ni un "instrumento formulado por una o m�s partes con motivo de la celebraci�n del tratado y aceptado por las dem�s como instrumento referente al tratado".

7.83 En segundo lugar, a nuestro juicio el ACE 35 no es un "acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretaci�n del tratado o de la aplicaci�n de sus disposiciones". Dejando aparte la cuesti�n de si un acuerdo as� deber�a ser concertado entre todas las partes del Acuerdo sobre la OMC -cuesti�n que no tenemos que examinar- baste se�alar que el pre�mbulo del ACE 35 dispone lo siguiente:

"(�) el Acuerdo de Marrakech, por el que se crea la Organizaci�n Mundial del Comercio (OMC), constituye un marco de derechos y obligaciones al que se ajustar�n las pol�ticas comerciales y los compromisos del presente Acuerdo."⁶⁵⁸

7.84 Si las pol�ticas y los compromisos incluidos en el ACE 35 tienen que "ajustarse" al Acuerdo sobre la OMC, nos resulta dif�cil ver c�mo el ACE 35 puede ser un acuerdo "acerca de la interpretaci�n" o "la aplicaci�n" del Acuerdo sobre la OMC.

7.85 Por �ltimo, el art�culo 24 del ACE 35 no constituye a nuestro juicio una "norma pertinente del derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes". Una vez m�s, dejando aparte la cuesti�n de si tal norma del derecho internacional deber�a ser aplicable entre todas las partes en el Acuerdo sobre la OMC, el texto del propio ACE 35 deja claro que el art�culo 24 no puede ser "pertinente" para la interpretaci�n del p�rrafo 2 del art�culo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. En primer lugar, el pre�mbulo indica que las pol�ticas comerciales y los compromisos del ACE 35 "se ajustar�n" al marco de derechos y obligaciones de la OMC. A fortiori, el art�culo 24 del ACE 35 no puede influir en la interpretaci�n del Acuerdo sobre la OMC. En segundo lugar, el compromiso de Chile con respecto a su SBP en el art�culo 24 del ACE 35 se ha hecho expl�citamente "en el marco del" ACE 35. Ese texto sugiere que las partes en el ACE 35 no se propon�an excluir la posibilidad de que se hubieran contra�do, o fueran a contraerse, compromisos diferentes acerca del SBP chileno en el contexto de otros acuerdos internacionales.

7.86 En todo caso, aun cuando tuvi�ramos que tomar en consideraci�n de alguna manera el art�culo 24 del ACE 35 para interpretar el p�rrafo 2 del art�culo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura, lo que no es el caso, no lograr�amos ver c�mo un simple compromiso de statu quo de Chile en relaci�n con el MERCOSUR y sus miembros acerca de su SBP restar�a valor a la posici�n de que el SBP chileno es una medida "del tipo de las que se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana propiamente dichos" en el sentido del p�rrafo 2 del art�culo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura.

iii) Historia de la negociaci�n del p�rrafo 2 del art�culo 4

7.87 Chile opina que el texto y el contexto del p�rrafo 2 del art�culo 4 no dejan ninguna ambig�edad en cuanto a que el SBP no es una medida prohibida. No obstante, seg�n Chile, en el supuesto de que el Grupo Especial considere que hay alguna ambig�edad, la historia de la negociaci�n del p�rrafo 2 del art�culo 4 demostrar� que los negociadores no ten�an la intenci�n de prohibir el mantenimiento del SBP.

7.88 Observamos que Chile vincula sus argumentos sobre la historia de la negociaci�n con elementos de la pr�ctica ulteriormente seguida y afirma que al amparo de la r�brica general de "pr�ctica estatal" resulta evidente que los Miembros no consideraron el SBP incompatible con el p�rrafo 2 del art�culo 4. Ya nos hemos ocupado anteriormente de la cuesti�n de la pr�ctica ulteriormente seguida; en esta ocasi�n pasaremos a examinar la cuesti�n de la historia de la negociaci�n.

7.89 El art�culo 32 de la Convenci�n de Viena dispone lo siguiente:

"Se podr� acudir a medios de interpretaci�n complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebraci�n, para confirmar el sentido resultante de la aplicaci�n del art�culo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretaci�n dada de conformidad con el art�culo 31:

a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o

b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable."

7.90 Chile ha manifestado que el SBP estaba vigente antes del comienzo de la Ronda Uruguay y que, por lo tanto, todos los negociadores de la Ronda Uruguay conoc�an plenamente su existencia cuando prepararon el texto del p�rrafo 2 del art�culo 4. Seg�n Chile, ninguno de los negociadores exigi� su conversi�n.

7.91 No podemos estar de acuerdo con la posici�n de Chile en el sentido de que de la historia de la negociaci�n del p�rrafo 2 del art�culo 4 se deduzca que el SBP chileno no es una medida del tipo de las que se ha prescrito que se conviertan. Como hemos explicado ampliamente supra, el texto y el contexto del p�rrafo 2 del art�culo 4 establecen claramente que el p�rrafo 2 del art�culo 4 y la nota 1 son disposiciones de aplicaci�n general. El p�rrafo 2 del art�culo 4 se refiere a medidas del tipo de las que hab�a que convertir. La nota 1 ofrece una lista ilustrativa de esas medidas, pero generaliza para incluir otras medidas similares aplicadas en la frontera. Por tanto, ni el texto del art�culo ni la nota contemplan la necesidad de que los negociadores acordaran de manera concluyente qu� medidas deber�an ser convertidas. Muy al contrario; hab�a una prescripci�n textual en el sentido de que no deb�an mantenerse medidas de este tipo. Por consiguiente, la falta de un acuerdo expreso acerca de la necesidad de convertir el SBP no resulta �til para el argumento de Chile.⁶⁵⁹

7.92 En la historia de la negociaci�n no encontramos pruebas de que los negociadores se propusieran excluir el SBP chileno del �mbito de aplicaci�n del p�rrafo 2 del art�culo 4. Observamos, por ejemplo, que la versi�n del p�rrafo 2 del art�culo 4 que figura en el Proyecto de Acta Final dispon�a lo siguiente:

"Los participantes se comprometen a no adoptar ni volver a aplicar ninguna medida que hayan convertido en derecho aduanero ordinario en virtud de concesiones otorgadas en el marco del presente Acuerdo."⁶⁶⁰

7.93 Como puede verse, este texto utiliz� una redacci�n distinta. Alud�a a la obligaci�n de no adoptar ni volver a aplicar ninguna medida que efectivamente hubiera sido convertida. En cambio, el p�rrafo 2 del art�culo 4 exige que ning�n Miembro "mantendr�, adoptar� ni restablecer� medidas del tipo de las que se ha prescrito se conviertan" (sin cursivas en el original). Por lo tanto, se a�adi� la palabra "mantendr�" dando a entender que no se hab�an tratado expl�citamente todas las medidas porque no hay ninguna raz�n para establecer una prohibici�n sobre el mantenimiento de una medida cuya eliminaci�n hab�a sido expl�citamente negociada. En caso contrario habr�a bastado la prohibici�n de adoptar o restablecer. Esto se aclara de manera concluyente con la adici�n de la frase "del tipo", que ampli� el texto del p�rrafo 2 del art�culo 4 m�s all� de aquellas medidas que hab�an sido efectivamente objeto de negociaciones.

7.94 Chile tambi�n ha informado de que a comienzos de los a�os 90, durante un seminario celebrado en un pa�s centroamericano, "se divulg� una carta de una autoridad de la Secretar�a del GATT en la que opinaba que no era necesario arancelizar [las bandas de precios] ya que no hab�a relaci�n con el precio interno y siempre que dichas bandas se mantuvieran dentro de los niveles consolidados".⁶⁶¹ Chile no pudo aportar la carta mencionada. No obstante, aunque hubi�ramos podido comprobar el contenido exacto de dicha carta, estimamos que no podr�a haber cambiado nuestra interpretaci�n del p�rrafo 2 del art�culo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. El simple hecho de que una persona de la Secretar�a del GATT pueda haber hecho una declaraci�n -oralmente o por escrito- acorde con lo expuesto por Chile no es determinante. El Acuerdo sobre la OMC otorga a la Conferencia Ministerial y al Consejo General la facultad exclusiva de adoptar interpretaciones de dicho Acuerdo.⁶⁶² Si bien en el pasado se ha solicitado a la Secretar�a que preste asesoramiento a los Miembros de la OMC, y se le solicitar� en el futuro, consideramos que el criterio correcto en este contexto es la norma general de reservar a los Miembros la facultad de adoptar interpretaciones, reconociendo al mismo tiempo naturalmente que las normas de la OMC no estaban vigentes en aquel momento.⁶⁶³

7.95 El asesoramiento de la Secretar�a podr�a resultar ser una parte de una recopilaci�n m�s completa de trabajos preparatorios si hubiera pruebas de que los negociadores adoptaron concretamente un enfoque recomendado por la Secretar�a, pero no es lo que sucede en este caso. A primera vista incluso, el asesoramiento a que alude Chile parece haber sido un asesoramiento aislado ofrecido en un seminario regional celebrado en Am�rica Central. Hay una falta total de pruebas completas en este asunto que correspondan a cualquier asesoramiento de ese tipo. En realidad, el argumento de Chile parece girar m�s en torno al silencio de los negociadores sobre su SBP que a pruebas positivas de que hubiera intenci�n de excluirlo de la aplicaci�n del p�rrafo 2 del art�culo 4.⁶⁶⁴

7.96 El argumento general de Chile con respecto a la "pr�ctica estatal" es en muchos sentidos como un argumento no basado en la existencia de una infracci�n.⁶⁶⁵ Efectivamente, Chile afirma que ten�a una expectativa razonable de que no se le exigiera convertir la medida. La �ndole del argumento de Chile puede analizarse a la luz de su afirmaci�n de que no alega que la Argentina est� legalmente impedida por preclusi�n de llevar adelante la reclamaci�n contra el SBP. Chile sostiene m�s bien que todo esto constituye el contexto interpretativo m�s amplio. Dicho de otro modo, no se deber�a exigir ahora a Chile que convirtiera un sistema que, seg�n pod�a concluir con un fundamento razonable, no estaba prohibido por el p�rrafo 2 del art�culo 4. Naturalmente, en el presente asunto no es en absoluto aplicable el supuesto de no infracci�n puesto que Chile, como demandado, no podr�a plantear una alegaci�n no basada en la infracci�n de disposiciones.

7.97 El argumento de Chile relativo a la "historia de la negociaci�n" podr�a haber servido como una defensa v�lida si la Argentina hubiera sostenido que deseaba formular una alegaci�n no basada en una infracci�n de disposiciones al amparo del art�culo 26 del ESD. En ese caso, la existencia del SBP desde 1983 ser�a una cuesti�n, entre otras, que la Argentina tendr�a que explicar si tuviera que demostrar todos los elementos de una alegaci�n no basada en infracci�n de disposiciones.

7.98 Hay otro aspecto de la comparaci�n entre las alegaciones que est�n basadas en infracci�n y las que no lo est�n que resulta �til mencionar aqu�. Como se�al� el �rgano de Apelaci�n en el asunto CE - Equipo inform�tico, las reclamaciones en casos en que no existe infracci�n se apoyan en expectativas razonables en un contexto esencialmente bilateral, mientras que las reclamaciones en caso de infracci�n se apoyan en �ltima instancia en un contexto multilateral. Para que pueda servir como medio �til en un contexto de infracci�n, tiene que haber pruebas positivas en la historia de las negociaciones de una interpretaci�n com�n de las distintas partes en la negociaci�n.⁶⁶⁶ De ah� la necesidad de alguna prueba completa de las intenciones de los negociadores para sustentar una defensa⁶⁶⁷ basada en los trabajos preparatorios.⁶⁶⁸

7.99 Por consiguiente, al igual que con la pr�ctica ulteriormente seguida, no podemos estar de acuerdo en que el silencio de los negociadores acerca de una medida como el SBP chileno ofrezca pruebas positivas de que los negociadores se propon�an excluir el SBP chileno de las prescripciones del p�rrafo 2 del art�culo 4.

7.100 Tambi�n debemos se�alar aqu� que no consideramos que las pruebas relativas a la historia de la negociaci�n ayuden a establecer una defensa fundada en la "acci�n estatal" que incluya la pr�ctica ulteriormente seguida. No estamos seguros acerca del fundamento jur�dico de la defensa de Chile de la "pr�ctica estatal". Planteamos ahora esta cuesti�n porque ya hemos examinado el segundo aspecto de la defensa, es decir, la historia de la negociaci�n. El primer aspecto, la "pr�ctica ulteriormente seguida", se trat� supra.⁶⁶⁹ Analizado a la luz de los hechos de este asunto, este argumento de la "pr�ctica estatal" puede apoyarse m�s firmemente en un fundamento jur�dico de preclusi�n o en una defensa contra una alegaci�n en caso de anulaci�n o menoscabo sin infracci�n de disposiciones. No obstante, lo que Chile parece plantear en este asunto es un argumento de "inacci�n estatal". Es decir, dado que los Miembros supuestamente guardaron silencio acerca del SBP chileno antes y despu�s de la conclusi�n de las negociaciones de la Ronda Uruguay, cualquier alegaci�n de esos Miembros contra el SBP debe fracasar. Hemos indicado supra que la "pr�ctica ulteriormente seguida" exige actos manifiestos y no mera tolerancia. Considerando que puede haber circunstancias en que el silencio de los negociadores podr�a indicar aquiescencia y, por consiguiente, ser una prueba v�lida con respecto a la historia de la negociaci�n, en este caso ese silencio quiz�s podr�a haber sido m�s significativo si, por ejemplo, Chile hubiera incluido el SBP en su Lista. En tal caso cabr�a sostener que el silencio durante el per�odo de verificaci�n a principios de 1994 alegado por Chile podr�a haber tenido importancia. No obstante, como el SBP no est� incluido en su Lista, no hab�a nada que verificar.

7.101 Por consiguiente, llegamos a la conclusi�n de que, al hacer valer la defensa de "acci�n estatal" (en la medida en que est� fundada en la historia de la negociaci�n), Chile no ha aportado pruebas suficientes para poner en tela de juicio nuestra interpretaci�n de que el p�rrafo 2 del art�culo 4 exige la conversi�n del SBP chileno en derechos de aduana propiamente dichos.

c) Conclusi�n relativa al p�rrafo 2 del art�culo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura

7.102 Teniendo en cuenta el an�lisis que hemos efectuado supra⁶⁷⁰, constatamos que el SBP chileno es "una medida similar aplicada en la frontera distinta de los derechos de aduana propiamente dichos" que no es mantenida "en virtud de las disposiciones en materia de balanza de pagos o al amparo de otras disposiciones generales no referidas espec�ficamente a la agricultura del GATT de 1994 o de los otros Acuerdos Comerciales Multilaterales incluidos en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC", en el sentido de la nota 1 del Acuerdo sobre la Agricultura. Por consiguiente, llegamos a la conclusi�n de que el SBP chileno es una medida "del tipo de las que se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana propiamente dichos", en el sentido del p�rrafo 2 del art�culo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. Al mantener una medida que deber�a haber sido convertida, Chile ha actuado de manera incompatible con el p�rrafo 2 del art�culo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura.

5. El SBP chileno y el p�rrafo 1 b) del art�culo II del GATT de 1994

7.103 Seg�n la Argentina, los derechos del SBP chileno son derechos de aduana propiamente dichos en el sentido de la primera oraci�n del p�rrafo 1 b) del art�culo II. La Argentina ha sostenido, y Chile ha reconocido, que los derechos del SBP chileno pueden potencialmente sobrepasar⁶⁷¹ y, lo han hecho efectivamente⁶⁷² en diversas ocasiones en el pasado, la consolidaci�n de Chile del 31,5 por ciento que figura en la columna de tipos consolidados de su Lista. En consecuencia, la Argentina llega a la conclusi�n de que el SBP chileno es incompatible con el p�rrafo 1 b) del art�culo II.⁶⁷³

7.104 Hemos constatado supra que el SBP chileno es una medida en la frontera "distinta de un derecho de aduana propiamente dicho", que est� prohibida a tenor del p�rrafo 2 del art�culo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. Tambi�n hemos constatado que la frase "derechos de aduana propiamente dichos" ha de tener el mismo significado en el p�rrafo 2 del art�culo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura y en el p�rrafo 1 b) del art�culo II del GATT de 1994. Por consiguiente, al no ser los derechos del SBP chileno derechos de aduana propiamente dichos, su compatibilidad con el p�rrafo 1 b) del art�culo II no se puede determinar con arreglo a lo dispuesto en la primera oraci�n de esa disposici�n, que s�lo es aplicable a los derechos de aduana propiamente dichos.

7.105 La siguiente cuesti�n es si los derechos del SBP chileno pueden ser considerados como "dem�s derechos o cargas de cualquier clase" aplicados a la importaci�n o con motivo de �sta, de acuerdo con la segunda oraci�n del p�rrafo 1 b) del art�culo II. Ya hemos indicado que, a nuestro juicio, todos los "dem�s derechos o cargas de cualquier clase" deben ser analizados con arreglo a la segunda oraci�n del p�rrafo 1 b) del art�culo II. De conformidad con el Entendimiento de la Ronda Uruguay relativo a la interpretaci�n del p�rrafo 1 b) del art�culo II, esos dem�s derechos o cargas ten�an que registrarse en una nueva columna correspondiente a los "dem�s derechos y cargas" en las Listas de los Miembros. El p�rrafo 1 del Entendimiento de la Ronda Uruguay relativo a la interpretaci�n del p�rrafo 1 b) del art�culo II del GATT de 1994 (el "Entendimiento") dispone lo siguiente:

"(�) [ c ] on objeto de asegurar la transparencia de los derechos y obligaciones legales dimanantes del p�rrafo 1 b) del art�culo II, la naturaleza y el nivel de cualquiera de los 'dem�s derechos o cargas' percibidos sobre las partidas arancelarias consolidadas, a que se refiere la citada disposici�n, se registrar�n en las Listas de concesiones anexas al GATT de 1994, en el lugar correspondiente a la partida arancelaria a que se apliquen. Queda entendido que este registro no modifica el car�cter jur�dico de los 'dem�s derechos o cargas'."

7.106 De acuerdo con el p�rrafo segundo del Entendimiento:

"(�) [ l ] a fecha a partir de la cual quedar�n consolidados los 'dem�s derechos o cargas' a los efectos del art�culo II ser� el 15 de abril de 1994. Los 'dem�s derechos o cargas' se registrar�n, por lo tanto, en las Listas a los niveles aplicables en esa fecha."

7.107 Los dem�s derechos o cargas no han de sobrepasar la consolidaci�n que figura en esta columna de la Lista correspondiente a los "dem�s derechos y cargas". Si los dem�s derechos o cargas no fueron registrados pero no obstante se aplican, son incompatibles con lo dispuesto en la segunda oraci�n del p�rrafo 1 b) del art�culo II, a tenor del Entendimiento relativo a la interpretaci�n del p�rrafo 1 b) del art�culo II. Ponemos de relieve que Chile no registr� su SBP en la columna correspondiente a los "dem�s derechos y cargas" de su Lista.

7.108 Por consiguiente, constatamos que los derechos del SBP chileno son incompatibles con lo dispuesto en el p�rrafo 1 b) del art�culo II del GATT de 1994.⁶⁷⁴

2. LAS MEDIDAS DE SALVAGUARDIA CHILENAS APLICADAS AL TRIGO, LA HARINA DE TRIGO Y LOS ACEITES VEGETALES COMESTIBLES

7.109 En la presente diferencia son objeto de litigio las medidas de salvaguardia aplicadas a las importaciones de trigo, harina de trigo y aceites vegetales comestibles, adoptadas por el Gobierno chileno de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades investigadoras competentes, la Comisi�n de Distorsiones chilena. Las medidas de salvaguardia consisten en un derecho adicional aplicado al trigo, la harina de trigo y los aceites vegetales comestibles que "quedar� determinado por la diferencia entre el arancel general m�s el equivalente ad valorem del derecho espec�fico determinado por el mecanismo dispuesto en el art�culo 12 de la Ley N� 18.525 -con sus correspondientes decretos anuales de aplicaci�n- y el nivel consolidado en la OMC para estos productos".⁶⁷⁵ Por lo tanto, siempre que el derecho del SBP chileno exceda, conjuntamente con el arancel aplicado del 8 por ciento, del tipo consolidado del 31,5 por ciento, se considerar� que la parte del derecho que excede de ese tipo consolidado constituye una medida de salvaguardia. Dicho de otra manera, el derecho aplicado de conformidad con la medida de salvaguardia es el derecho del SBP chileno en la medida en que sobrepasa el tipo consolidado del 31,5 por ciento.

2. Cuestiones preliminares

7.110 Chile sostiene que ninguna de las medidas de salvaguardia impugnadas por la Argentina est� comprendida en el �mbito de competencia del Grupo Especial. Seg�n Chile, las medidas de salvaguardia provisionales y definitivas ya no estaban vigentes en la fecha en que la Argentina solicit� el establecimiento del Grupo Especial. Por lo tanto, Chile solicita al Grupo Especial que resuelva que no puede recomendar que Chile ponga esas medidas en conformidad con las obligaciones que le corresponden en el marco de la OMC. Para apoyar su tesis, Chile se remite al texto de los respectivos decretos por los que se imponen las medidas de salvaguardia provisionales y definitivas, a los p�rrafos 4 y 7 del art�culo 3 del ESD y al informe del �rgano de Apelaci�n sobre el asunto Estados Unidos - Medidas aplicadas a la importaci�n de determinados productos procedentes de las Comunidades Europeas.⁶⁷⁶ Seg�n Chile, la medida de salvaguardia definitiva es distinta de la medida por la que se prorroga su aplicaci�n, y por lo tanto ha expirado, a pesar de la medida de pr�rroga.

7.111 Con respecto a la pr�rroga, Chile sostiene que el Grupo Especial no puede examinar la medida que prorroga la aplicaci�n de la medida de salvaguardia definitiva ya que no se incluy� en la solicitud de celebraci�n de consultas presentada por la Argentina. Chile afirma que, aunque ha mantenido algunas consultas con la Argentina, "de ello no se deriva que la Argentina haya invocado [ � ] consultas v�lidas ante la OMC respecto de las medidas de pr�rroga, pues no lo ha solicitado por escrito y no consta ninguna notificaci�n a la OMC en tal sentido."⁶⁷⁷ Chile no niega que "la medida final (pr�rroga) sea id�ntica en su contenido a la medida previa", pero afirma que la nueva medida es el resultado de una nueva petici�n, nuevas audiencias y nuevas pruebas y s�lo existe gracias a una decisi�n oficial de las autoridades chilenas.⁶⁷⁸ Por �ltimo, Chile afirma que el Grupo Especial no deber�a formular constataciones con respecto a las medidas de salvaguardia prorrogadas que ha "retirado" recientemente.

a) Las medidas de salvaguardia provisionales

7.112 Se�alamos que en el asunto Estados Unidos - Determinados productos procedentes de las CE el �rgano de Apelaci�n declar� que "el Grupo Especial ha incurrido en error al recomendar que el OSD pida a los Estados Unidos que pongan en conformidad [ con las obligaciones que le impone la OMC ] una medida que el Grupo Especial ha constatado que ya no est� vigente."⁶⁷⁹ A este respecto, recordamos que el p�rrafo 1 del art�culo 19 del ESD dispone que " [ c ] uando un grupo especial [ o el �rgano de Apelaci�n ] lleguen a la conclusi�n de que una medida es incompatible con un acuerdo abarcado, recomendar�n que el Miembro afectado la ponga en conformidad con ese acuerdo". Dicho de otra manera, el grupo especial est� obligado a recomendar que se ponga en conformidad una medida cuya incompatibilidad ha constatado si dicha medida todav�a est� vigente. A la inversa, cuando un grupo especial llega a la conclusi�n de una medida era incompatible con un acuerdo abarcado, no se puede ni se debe formular dicha recomendaci�n. No obstante, opinamos que el p�rrafo 1 del art�culo 19 del ESD no nos impedir�a formular constataciones sobre la compatibilidad de una medida de salvaguardia provisional que ha expirado si consider�ramos que la formulaci�n de dichas constataciones es necesaria para "hallar una soluci�n positiva" a la diferencia. No obstante, no formular�amos recomendaciones con respecto a esas medidas.

7.113 A nuestro modo de ver, este planteamiento es plenamente compatible con las constataciones del �rgano de Apelaci�n en el asunto Estados Unidos - Determinados productos procedentes de las CE y con las constataciones formuladas en otras diferencias de la OMC. Si bien en el asunto Estados Unidos - Determinados productos procedentes de las CE el �rgano de Apelaci�n constat� que el Grupo Especial no deber�a haber formulado una recomendaci�n en relaci�n con una medida que ya no exist�a, en ninguna parte sugiri� que el Grupo Especial hubiera incurrido en error al formular constataciones sobre esa medida. Por el contrario, el �rgano de Apelaci�n declar� que el Grupo Especial "deber�a haber limitado su razonamiento a las cuestiones que eran pertinentes" a la medida que hab�a expirado.⁶⁸⁰ Y, aunque observamos el Grupo Especial que examin� el asunto Argentina - Textiles y prendas de vestir⁶⁸¹ decidi� no examinar una medida que hab�a sido revocada antes de que comenzaran las actuaciones del Grupo Especial, no entendemos que ese Grupo Especial haya constatado que carec�a de competencia para formular constataciones sobre una medida que hab�a expirado. Por el contrario, el Grupo Especial tom� en consideraci�n los argumentos de los Estados Unidos de que deb�a pronunciarse sobre la medida que hab�a expirado debido a la amenaza de que se repitiera la situaci�n, pero no encontr� pruebas en ese sentido.⁶⁸² Esto hace pensar que el Grupo Especial simplemente utiliz� su facultad de no pronunciarse en ese asunto sobre las medidas que hab�an expirado.

7.114 Adem�s, afirmar, como hace Chile, que las medidas provisionales est�n necesariamente fuera de la competencia del Grupo Especial porque el plazo de esas medidas ya ha vencido no es sostenible, ya que ello supondr�a que el Grupo Especial podr�a examinar todos los aspectos de la investigaci�n excepto los relativos a las medidas provisionales. Nos preocupa que si la conformidad de esas medidas no puede ser examinada, como cuesti�n de principio, por los grupos especiales simplemente porque ya no est�n vigentes en el momento de la solicitud de establecimiento de un grupo especial, las medidas de salvaguardia provisionales generalmente escapar�n al examen de los grupos especiales dado que por regla general se les ha puesto fin antes de que el asunto llegue a la etapa en que interviene un grupo especial.⁶⁸³ En ese caso los Miembros podr�an adoptar medidas de salvaguardia provisionales cuya compatibilidad con las normas de la OMC nunca podr�a ser examinada por los grupos especiales. A nuestro juicio, los redactores del ESD no pueden haber querido excluir de esa manera de su �mbito de aplicaci�n las medidas de salvaguardia provisionales.

7.115 Aunque no consideramos que la extinci�n de una medida antes del inicio de las actuaciones de un grupo especial prive a �ste de la facultad de formular constataciones con respecto a esa medida, s�lo formular�amos constataciones respecto de las medidas de salvaguardia provisionales en este asunto si consider�ramos que es necesario para "hallar una soluci�n positiva" a la diferencia. Como se explica a continuaci�n⁶⁸⁴, no sucede as� en este caso.

b) Las medidas de salvaguardia definitivas y la pr�rroga de su per�odo de aplicaci�n

7.116 Chile plantea dos objeciones diferentes acerca de la competencia del Grupo Especial con respecto a las medidas de salvaguardia definitivas y la pr�rroga de su duraci�n: primera, las medidas de salvaguardia definitivas hab�an "expirado" antes de que se presentara la solicitud de establecimiento de un grupo especial; segunda, las "medidas de pr�rroga" no se incluyeron formalmente en la solicitud de celebraci�n de consultas. No podemos aceptar ninguna de esas objeciones por la misma y �nica raz�n. Las dos objeciones de Chile se basan en la tesis de que la pr�rroga del per�odo de aplicaci�n da lugar a una medida distinta de la medida de salvaguardia definitiva. Discrepamos de esta tesis. A nuestro juicio, el art�culo 7 del Acuerdo sobre Salvaguardias hace constar claramente que de lo que se trata no es de la pr�rroga "de la medida de salvaguardia" sino de la pr�rroga "del per�odo de aplicaci�n de la medida de salvaguardia" o de "la duraci�n de la medida de salvaguardia". El art�culo 7 lleva por t�tulo "Duraci�n y examen de las medidas de salvaguardia". El p�rrafo 1 del art�culo 7 dispone lo siguiente:

"Un Miembro aplicar� medidas de salvaguardia �nicamente durante el per�odo que sea necesario para prevenir o reparar el da�o grave y facilitar el reajuste. Ese per�odo no exceder� de cuatro a�os, a menos que se prorrogue de conformidad con el p�rrafo 2." (sin cursivas en el original)

7.117 El p�rrafo 2 del art�culo 7 estipula que:

"Podr� prorrogarse el per�odo mencionado en el p�rrafo 1 a condici�n de que las autoridades competentes [ � ] hayan determinado [ � ] que la medida de salvaguardia sigue siendo necesaria para prevenir o reparar el da�o grave y que hay pruebas de que la rama de producci�n est� en proceso de reajuste [ � ] ." (sin cursivas en el original)

7.118 El p�rrafo 3 del art�culo 7 dispone lo siguiente:

"El per�odo total de aplicaci�n de una medida de salvaguardia, con inclusi�n del per�odo de aplicaci�n de cualquier medida provisional, del per�odo de aplicaci�n inicial y de toda pr�rroga del mismo, no exceder� de ocho a�os." (sin cursivas en el original)

7.119 Este texto nos resulta suficientemente claro como para llegar a la conclusi�n de que las "pr�rrogas" no son medidas distintas sino simplemente continuaciones temporales de las medidas de salvaguardia definitivas. Como consecuencia de ello, consideramos que las medidas de salvaguardia definitivas no se extinguieron antes de la solicitud de establecimiento de un grupo especial sino que, m�s bien, su duraci�n fue simplemente prorrogada en aquel momento. Por consiguiente, no es necesario que sigamos analizando el argumento de Chile de que no estamos facultados para formular constataciones con respecto a las medidas de salvaguardia definitivas porque han expirado.⁶⁸⁵ Por la misma raz�n, tambi�n estimamos que el hecho de que la pr�rroga no se mencionara en la solicitud de celebraci�n de consultas carece de pertinencia para la determinaci�n de nuestra competencia: de conformidad con el p�rrafo 4 del art�culo 4 del ESD, la Argentina ten�a que identificar, e identific�, las medidas de salvaguardia definitivas en la solicitud de celebraci�n de consultas. El hecho de que la duraci�n de las medidas identificadas fuera prorrogada por Chile despu�s de la solicitud de celebraci�n de consultas no puede afectar al cumplimiento por la Argentina de lo dispuesto en el p�rrafo 4 del art�culo 4 del ESD.⁶⁸⁶

7.120 Adem�s, se�alamos que la "pr�rroga" no modific� en modo alguno el contenido de las medidas de salvaguardia y que, de hecho, hubo intercambios entre la Argentina y Chile durante el per�odo de consultas acerca de la "pr�rroga". Por lo tanto, Chile tiene que haber estado plenamente informado de la intenci�n de la Argentina de impugnar las medidas de salvaguardia prorrogadas. En consecuencia, aunque se considerara que la "pr�rroga" es una medida independiente, quod non, no se habr�a infringido el derecho de Chile a las debidas garant�as procesales.⁶⁸⁷

c) Retirada de las medidas de salvaguardia durante las actuaciones del Grupo Especial

7.121 El 14 de agosto de 2001 el Grupo Especial recibi� una comunicaci�n de Chile en la que anunciaba que el 27 de julio de 2001 se hab�a puesto fin a las medidas de salvaguardia aplicadas al trigo y a la harina de trigo. En la segunda reuni�n con las partes Chile inform� al Grupo Especial de que el 26 de noviembre de 2001 se pondr�a fin a la medida de salvaguardia aplicada a los aceites vegetales.

7.122 No obstante, la Argentina ha solicitado expl�citamente al Grupo Especial que formule constataciones en relaci�n con esas medidas. La Argentina afirma que las medidas de salvaguardia, aunque hayan podido ser derogadas despu�s de su pr�rroga, exigen un pronunciamiento espec�fico del Grupo Especial porque est�n comprendidas en su mandato. La Argentina sostiene que el hecho de que las medidas definitivas fueran derogadas no es pertinente a los efectos de una resoluci�n, puesto que Chile reconoci� expresamente que recurri� a las salvaguardias "para contar con la cobertura legal necesaria" para su SBP.⁶⁸⁸ A juicio de la Argentina, si no hay una resoluci�n del OSD por la que se establezca la incompatibilidad de las medidas de salvaguardia la situaci�n podr�a volverse a repetir ya que el intento de justificaci�n ex post facto habr� escapado al escrutinio del OSD.

7.123 En primer lugar, recordamos a este respecto que las medidas de salvaguardia se definen en funci�n de la diferencia entre el derecho del SBP m�s el arancel aplicado del 8 por ciento y el tipo consolidado del 31,5 por ciento. Por consiguiente, nos parece que el derecho abarcado por la medida de salvaguardia se podr�a seguir aplicando de facto siempre que los derechos del SBP m�s el arancel aplicado del 8 por ciento excedan del tipo consolidado del 31,5 por ciento. No obstante, desde el punto de vista formal, la parte del derecho del SBP que excediese del tipo consolidado del 31,5 por ciento presumiblemente no estar�a ya motivada por el objetivo de protecci�n de salvaguardia.

7.124 Tambi�n recordamos que, a nuestro modo de ver, el p�rrafo 1 del art�culo 19 del ESD no nos impide formular constataciones acerca de la compatibilidad de una medida de salvaguardia provisional que ha expirado, si consider�ramos que la formulaci�n de dichas constataciones es necesaria "para hallar una soluci�n positiva" a la diferencia. No obstante, no formularemos recomendaciones en relaci�n con esas medidas.

7.125 Al decidir si formulamos o no constataciones sobre las medidas de salvaguardia "retiradas", se�alamos que las medidas impugnadas est�n sin duda comprendidas en nuestro mandato. La Argentina ha sostenido efectivamente que ha sufrido anulaci�n o menoscabo como consecuencia de las medidas retiradas y que tiene derecho a un pronunciamiento sobre el asunto que nos ha remitido el OSD. Considerando por una parte nuestras constataciones y conclusiones relativas al SBP chileno y, por otra, la naturaleza especial de las medidas de salvaguardia mediante las cuales se justific� una parte de los derechos del SBP, opinamos que, en aras de una pronta soluci�n de toda la diferencia, convendr�a formular constataciones sobre las medidas de salvaguardia objeto de litigio, aunque hayan sido retiradas durante el procedimiento. Al formular constataciones sobre las medidas de salvaguardia "retiradas", queremos dejar en claro que la identidad parcial entre el SBP chileno y las medidas de salvaguardia necesariamente afectar� a la cuesti�n de la compatibilidad de esas medidas de salvaguardia con las prescripciones sustantivas del art�culo XIX del GATT de 1994 y del Acuerdo sobre Salvaguardias.

7.126 De conformidad con la pr�ctica precedente de los grupos especiales⁶⁸⁹ del GATT y la OMC, examinaremos por consiguiente las medidas de salvaguardia "retiradas" que la Argentina ha impugnado en este procedimiento y formularemos las constataciones correspondientes.

3. Informe publicado (p�rrafo 1 del art�culo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias)

7.127 El p�rrafo 1 del art�culo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias dispone in fine que " [ l ] as autoridades competentes publicar�n un informe en el que se enuncien las constataciones y las conclusiones fundamentadas a que hayan llegado sobre todas las cuestiones pertinentes de hecho y de derecho". Chile ha confirmado que las Actas de las sesiones N�s 181, 185, 193 y 224 de la Comisi�n de Distorsiones constituyen el "informe publicado" en el sentido del p�rrafo 1 del art�culo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias.⁶⁹⁰ La Argentina sostiene que Chile ha actuado de manera incompatible con su obligaci�n de "publicar" el informe de las autoridades investigadoras.

7.128 A este respecto, se�alamos que las Actas de las correspondientes sesiones de la Comisi�n de Distorsiones no se han "publicado" a trav�s de ning�n medio oficial. En lugar de ello se transmitieron a las partes interesadas y se pusieron a disposici�n de "quien quiera consultarlas en la biblioteca del Banco Central de Chile".⁶⁹¹ Para determinar si de conformidad con el p�rrafo 1 del art�culo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias basta con "poner a disposici�n del p�blico" de esa manera el informe de las autoridades investigadoras, nos remitimos en primer lugar al sentido que da el diccionario de "to publish" (publicar). La palabra puede significar "to make generally known" (dar a conocer al p�blico en general), "to make generally accessible" (hacer asequible al p�blico en general), o "to make generally available through [ a ] medium" (poner a disposici�n del p�blico en general a trav�s de un medio).⁶⁹² Por lo tanto, pasamos a examinar el contexto del p�rrafo 1 del art�culo 3, que est� dado por las prescripciones de publicaci�n similares enunciadas en el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo SMC. Observamos que tanto el art�culo 22 del Acuerdo SMC ("aviso p�blico y explicaci�n de las determinaciones") como el art�culo 12 del Acuerdo Antidumping ("aviso p�blico y explicaci�n de las determinaciones") establecen una distinci�n entre dar "aviso p�blico" y "hacer constar de otro modo mediante un informe separado"⁶⁹³, al que "el p�blico tenga f�cil acceso".⁶⁹⁴ Adem�s, tambi�n observamos que diversas disposiciones sobre "transparencia" que figuran en los acuerdos abarcados, como el art�culo III del AGCS, el p�rrafo 1 del art�culo 63 del Acuerdo sobre los ADPIC y el p�rrafo 11 del art�culo 2 del Acuerdo sobre Obst�culos T�cnicos al Comercio distinguen entre "publicar" y "poner a disposici�n del p�blico". Teniendo en cuenta estos criterios, consideramos que el sentido que hay que dar al verbo "publicar" que figura en el p�rrafo 1 del art�culo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias es "poner a disposici�n del p�blico en general a trav�s de un medio adecuado" en lugar de simplemente "poner a disposici�n del p�blico". En cuanto a las Actas de las sesiones pertinentes de la Comisi�n de Distorsiones, constatamos por consiguiente que no se han puesto a disposici�n del p�blico en general a trav�s de un medio apropiado de manera que constituyan un informe "publicado" en el sentido del p�rrafo 1 del art�culo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

4. Documentos examinados por el Grupo Especial para determinar el cumplimiento por Chile de las obligaciones que le corresponden en virtud el art�culo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias

7.129 En la secci�n anterior hemos constatado que las Actas de las reuniones de la Comisi�n de Distorsiones que a juicio de Chile constituyen el fundamento de su decisi�n de imponer las medidas de salvaguardia definitivas objeto de litigio en esta diferencia no constituyen un informe "publicado" en el sentido del p�rrafo 1 del art�culo 3. No obstante, dado que la Comisi�n de Distorsiones trat� de explicar los fundamentos de la imposici�n de las medidas de salvaguardia definitivas, que estos fundamentos pueden encontrarse en las Actas puestas a disposici�n del p�blico a que se alude supra, y que la Argentina no ha refutado que Chile pueda tratar de fundar su decisi�n de imponer una medida de salvaguardia bas�ndose en actas no publicadas pero p�blicas, pasaremos a examinar las alegaciones sustantivas de la Argentina sobre esta base.

7.130 No obstante, se plantea la cuesti�n de acerca de a cu�les de esas Actas podemos remitirnos en nuestro examen. Chile ha indicado que las Actas de las sesiones Nos 181, 185, 193 y 224 de la Comisi�n de Distorsiones constituyen conjuntamente el "informe" a que se refiere el p�rrafo 1 del art�culo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias. Observamos no obstante, que el Acta de la Sesi�n N� 224 s�lo se refiere a la pr�rroga y contiene datos estad�sticos que no est�n incluidos en las Actas de las sesiones Nos 181, 185 y 193. Seg�n Chile, "los antecedentes del Acta N� 224 y sus cuadros estad�sticos anexos" son "�tiles para clarificar los an�lisis efectuados en la investigaci�n para la recomendaci�n de medidas definitivas del Acta N� 193", porque "muchos de los antecedentes contenidos en la �ltima de �stas (Acta N� 224) corresponden a datos actualizados de aquellos disponibles en la investigaci�n sobre las medidas inicialmente recomendadas."⁶⁹⁵

7.131 A efectos de nuestro an�lisis de la compatibilidad de la medida de salvaguardia definitiva, y la investigaci�n previa a su recomendaci�n por la Comisi�n de Distorsiones, con las prescripciones del art�culo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias, s�lo tomaremos en consideraci�n las constataciones y conclusiones fundamentadas de la Comisi�n de Distorsiones que se recogen en las Actas de las sesiones Nos 181, 185 y 193, en las que se recomienda respectivamente la iniciaci�n de la investigaci�n, la adopci�n de medidas provisionales y la adopci�n de medidas de salvaguardia definitivas. Consideramos que la obligaci�n que nos impone el art�culo 11 del ESD de hacer una evaluaci�n objetiva del asunto nos exige evaluar la compatibilidad de la salvaguardia definitiva y la investigaci�n precedente con el art�culo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias teniendo en cuenta las explicaciones facilitadas por la Comisi�n de Distorsiones antes o en el momento de recomendar la aplicaci�n de medidas de salvaguardia definitivas. Por consiguiente, cada vez que nos refiramos seguidamente a la informaci�n contenida en el Acta de la Sesi�n N� 224, lo haremos, a lo sumo, para ofrecer observaciones sobre nuestras constataciones formuladas sobre la base de las Actas de las sesiones Nos 181, 185 y 193.⁶⁹⁶

5. Evoluci�n imprevista de las circunstancias (p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 y p�rrafo 1 del art�culo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias)

7.132 La Argentina alega que Chile ha infringido el p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 y el p�rrafo 1 del art�culo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias al no identificar ni formular ninguna constataci�n con respecto a la evoluci�n imprevista de las circunstancias que justificara la imposici�n de medidas de salvaguardia. Chile se�ala que el motivo que llev� a la Comisi�n de Distorsiones a recomendar la aplicaci�n de medidas de salvaguardia a los productos sometidos al SBP fue la permanencia de los precios en niveles inusualmente bajos durante un per�odo que no pod�a tomarse como transitorio. Chile sostiene que la evoluci�n imprevista de las circunstancias corresponde a esta situaci�n particular de los precios internacionales.

7.133 El p�rrafo 1 a) del art�culo XIX dispone lo siguiente:

"Si, como consecuencia de la evoluci�n imprevista de las circunstancias y por efecto de las obligaciones, incluidas las concesiones arancelarias, contra�das por una parte contratante en virtud del presente Acuerdo, las importaciones de un producto en el territorio de esta parte contratante han aumentado en tal cantidad y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un da�o grave a los productores nacionales de productos similares o directamente competidores en ese territorio, dicha parte contratante podr�, en la medida y durante el tiempo que sean necesarios para prevenir o reparar ese da�o, suspender total o parcialmente la obligaci�n contra�da con respecto a dicho producto o retirar o modificar la concesi�n."

7.134 Recordamos que en el asunto Estados Unidos - Cordero, el �rgano de Apelaci�n declar� que la "evoluci�n imprevista de las circunstancias" es una circunstancia cuya existencia debe ser demostrada como cuesti�n de hecho para que una medida de salvaguardia sea aplicada de manera compatible con el art�culo XIX.⁶⁹⁷ Seg�n el �rgano de Apelaci�n, la demostraci�n de la existencia de estas circunstancias debe estar incluida en el informe publicado de las autoridades investigadoras.⁶⁹⁸ Si el informe publicado no examina la raz�n de que determinados factores mencionados en �l puedan considerarse "una evoluci�n imprevista de las circunstancias" ni ofrece ninguna explicaci�n de ello, dicho informe no demuestra que la medida de salvaguardia en cuesti�n haya sido aplicada "como consecuencia de la evoluci�n imprevista de las circunstancias".⁶⁹⁹

7.135 Seg�n Chile, la Comisi�n de Distorsiones formul� sus constataciones y conclusiones fundamentadas en relaci�n con el requisito de la "evoluci�n imprevista de las circunstancias" en el Acta de la Sesi�n N� 193, donde afirma que:

"(�) Este aumento de importaciones, y su potencial de gran crecimiento, se da en condiciones tales en que los precios internacionales de los productos investigados han sufrido ca�das de una gran magnitud y muy r�pidamente."⁷⁰⁰

7.136 Observamos que la Comisi�n de Distorsiones, en su informe, no examin� por qu� "las grandes y r�pidas ca�das de los precios internacionales" podr�an ser consideradas una evoluci�n imprevista de las circunstancias ni ofreci� ninguna explicaci�n de ello. En realidad, no hay nada en el informe de la Comisi�n de Distorsiones que sugiera que la intenci�n era relacionar esta referencia con la cuesti�n de la evoluci�n imprevista de las circunstancias. En consecuencia, consideramos que la Comisi�n de Distorsiones no demostr� que las medidas de salvaguardia objeto de litigio hayan sido aplicadas "como consecuencia de la evoluci�n imprevista de las circunstancias", como exige el p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994.

7.137 La Argentina ha alegado que Chile no expuso en su informe constataciones y conclusiones fundamentadas sobre la evoluci�n imprevista de las circunstancias, como exige el p�rrafo 1 del art�culo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias. Recordamos a este respecto la declaraci�n del �rgano de Apelaci�n en el asunto Estados Unidos - Cordero:

"(�) observamos que el p�rrafo 1 del art�culo 3 dispone que en el informe que publiquen las autoridades competentes han de enunciar las constataciones y las conclusiones fundamentadas 'sobre todas las cuestiones pertinentes de hecho y de derecho'. Como quiera que el p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 dispone que para que se aplique una medida de salvaguardia, la 'evoluci�n imprevista de las circunstancias' se ha de demostrar como cuesti�n de hecho, a nuestro juicio la existencia de una 'evoluci�n imprevista de las circunstancias' es una cuesti�n 'pertinente de hecho y de derecho', en el sentido del p�rrafo 1 del art�culo 3, para la aplicaci�n de la medida de salvaguardia; de ello se sigue que, con arreglo a este art�culo, el informe publicado por las autoridades competentes debe contener una 'constataci�n' o 'conclusi�n fundamentada' respecto de la 'evoluci�n imprevista de las circunstancias'."⁷⁰¹

7.138 Habida cuenta de nuestra constataci�n de que en su informe la Comisi�n de Distorsiones no examin� por qu� "las grandes y r�pidas ca�das de los precios internacionales" podr�an ser consideradas una evoluci�n imprevista de las circunstancias ni ofreci� ninguna explicaci�n de ello, constatamos que Chile no ha enunciado en su informe constataciones y conclusiones fundamentadas sobre la evoluci�n imprevista de las circunstancias, como lo exige el p�rrafo 1 del art�culo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

7.139 Seg�n Chile, la afirmaci�n de la Comisi�n de Distorsiones acerca de la ca�da de los precios internacionales refleja el hecho de que una ca�da de precios internacionales a niveles tan bajos y por un per�odo tan largo es algo poco usual y no previsible, especialmente trat�ndose de productos que presentan fuertes fluctuaciones en sus precios.⁷⁰² Queremos destacar que, aunque esta explicaci�n ex post facto facilitada por Chile no puede, en ning�n caso, subsanar el hecho de que la Comisi�n de Distorsiones no formulara en su informe constataciones y conclusiones fundamentadas, esta explicaci�n no satisfar�a tampoco el requisito de demostrar la existencia de una "evoluci�n imprevista de las circunstancias". En primer lugar, Chile en su explicaci�n y la Comisi�n de Distorsiones en su determinaci�n parecen referirse a distintos acontecimientos. Mientras que la Comisi�n de Distorsiones habl� de "ca�das de una gran magnitud y muy r�pidamente" de los precios internacionales, Chile sostiene ahora que fue la ca�da "sostenida" de los precios internacionales lo que no se pudo prever. En segundo lugar, conviene recordar que las medidas de salvaguardia no imponen ning�n derecho que ya no se estuviera aplicando con arreglo al SBP chileno. El derecho aplicado con arreglo a las medidas de salvaguardia es simplemente una calificaci�n diferente para la parte de los derechos del SBP chileno que exceden del tipo consolidado del 31,5 por ciento. El SBP chileno tiene el objetivo declarado de ofrecer protecci�n adicional para compensar la disminuci�n de los precios internacionales. El hecho mismo de que Chile estableciera el SBP con ese objetivo constituye, a nuestro juicio, una prueba de que la disminuci�n de los precios internacionales no pudo haber sido imprevista. Si las medidas de salvaguardia no a�aden ninguna protecci�n a la que ya se derivaba del SBP chileno, que est� en vigor desde 1983, resulta dif�cil ver c�mo esas medidas de salvaguardia pudieron adoptarse como consecuencia de una evoluci�n de las circunstancias que no se pudo prever al final de la Ronda Uruguay.⁷⁰³

7.140 En conclusi�n, constatamos que Chile no demostr� la existencia de una evoluci�n imprevista de las circunstancias, como lo exige el p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994, ni enunci� constataciones y conclusiones fundamentadas a este respecto en su informe, como prescribe el p�rrafo 1 del art�culo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

6. Definici�n de productos similares o directamente competidores (p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 y p�rrafo 1 del art�culo 2 y p�rrafos 1 a) y 2 c) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias)

7.141 La Argentina alega que Chile ha infringido el p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994, as� como el p�rrafo 1 del art�culo 2 y los p�rrafos 1 c) y 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias, porque la Comisi�n de Distorsiones no identific� debidamente el producto que era similar o directamente competidor de cada producto importado, y de ese modo no identific� las ramas de producci�n nacionales afectadas. La Argentina afirma que, por consiguiente, todo el an�lisis del aumento de las importaciones y de la existencia de amenaza de da�o grave se funda en premisas falsas y carece de validez jur�dica. Chile aduce que las categor�as de productos sometidos a las medidas de salvaguardia coinciden con los productos sujetos al SBP, que agrupa categor�as de productos que son directamente competidores. Seg�n Chile, si el SBP no hubiera tenido en cuenta cada producto agropecuario y sus respectivos productos similares o directamente competidores, la aplicaci�n del sistema habr�a sido ineficaz. Chile sostiene que la Comisi�n de Distorsiones reafirm� este an�lisis, como se recoge en las Actas.

7.142 Recordamos que en el asunto Estados Unidos - Cordero el �rgano de Apelaci�n declar� lo siguiente:

"(...) seg�n el p�rrafo 1 del art�culo 2 la base jur�dica para imponer una medida de salvaguardia s�lo existe cuando las importaciones de un producto determinado tienen efectos perjudiciales para los productores nacionales de productos que sean 'similares' al producto importado o 'directamente competidores' con �l. A nuestro juicio, si pudiera imponerse una medida de salvaguardia por raz�n de los efectos perjudiciales de un producto importado para los productores nacionales de productos que no sean 'productos similares o directamente competidores' respecto de este producto, ello constituir�a una clara desviaci�n del texto del p�rrafo 1 del art�culo 2. [ ... ] Por consiguiente, lo primero que debe hacerse para establecer el alcance de una rama de producci�n nacional es determinar qu� productos son 'similares' al producto importado o 'directamente competidores' con �l. S�lo cuando se haya determinado cu�les son estos productos ser� posible identificar a sus 'productores'".⁷⁰⁴

7.143 Por lo que respecta al trigo, la Comisi�n de Distorsiones facilit� en su informe �nicamente una afirmaci�n impl�cita de la similitud o la competencia directa, sin ofrecer ninguna conclusi�n fundamentada acerca de los productos que, a su juicio, deber�an ser considerados similares o directamente competidores. El informe de la Comisi�n de Distorsiones identifica en la secci�n final que contiene la recomendaci�n la partida arancelaria (1001.9000, "trigo distinto del trigo duro") de los productos importados a los que se aplicar�n las medidas de salvaguardia. Sin embargo, la identificaci�n de las l�neas arancelarias de los productos importados a los que se aplicar�n las medidas de salvaguardia no dice nada acerca de si el producto nacional es similar o directamente competidor de los productos importados.⁷⁰⁵

7.144 Por lo que respecta a la harina de trigo, Chile ha afirmado que el trigo y la harina de trigo son productos directamente competidores. A juicio de Chile este razonamiento se recoge en el informe de la Comisi�n de Distorsiones, donde se dice que:

"(�) la harina para estos efectos constituye una forma alternativa de importar trigo en caso que importarlo como tal fuese m�s caro o tuviese un arancel m�s alto, por lo que se estima necesario aplicarle un tratamiento similar al trigo."⁷⁰⁶

7.145 No obstante, esta observaci�n se refiere a una posible relaci�n de similitud o competencia directa entre dos productos importados, el trigo y la harina de trigo importados, no entre el trigo y la harina de trigo nacionales y la harina de trigo importada.

7.146 Por �ltimo, por lo que respecta a los aceites vegetales, Chile ha confirmado que las medidas de salvaguardia sobre los aceites vegetales s�lo se aplican a los aceites en bruto y refinados.⁷⁰⁷ Sin embargo, la Comisi�n de Distorsiones no ofrece ninguna constataci�n ni conclusi�n fundamentada en cuanto a la similitud o la competencia directa entre los aceites en bruto y refinados nacionales y los aceites en bruto y refinado importados incluidos en las 25 l�neas arancelarias que est�n sometidas a las medidas de salvaguardia. Chile ha ofrecido la siguiente explicaci�n ex post facto:

"(�) el aceite de raps producido internamente es similar a todos los aceites a los cuales se ha aplicado la medida, pues: i) son f�sica y qu�micamente muy parecidos, ii) se consumen indistintamente, iii) tienen el mismo uso final y iv) utilizan los mismos canales de distribuci�n."⁷⁰⁸

7.147 No obstante, aun cuando se demostrara la veracidad de estas afirmaciones, no hay en ellas ninguna explicaci�n acerca de la relaci�n de similitud o competencia directa entre otros aceites nacionales, como el de ma�z y el de oliva⁷⁰⁹, y los aceites importados incluidos en las 25 l�neas arancelarias sometidas a las medidas de salvaguardia. En todo caso, recordamos que en el informe de la Comisi�n de Distorsiones ni siquiera se facilit� esta explicaci�n incompleta, como conclusi�n fundamentada, sino que �nicamente la facilit� Chile como justificaci�n ex post facto.

7.148 Adem�s, cuando el Grupo Especial le pidi� que identificara la rama de producci�n nacional en lo que respecta a los aceites vegetales comestibles identificados en relaci�n con las 25 l�neas arancelarias, Chile declar� que " [ l ] a industria dom�stica relevante es la industria aceitera, que incluye a la industria de aceite de semilla de raps".⁷¹⁰ Sin embargo, Chile ha aclarado que los datos relativos al da�o que constan en el Acta de la Sesi�n N� 193 de la Comisi�n de Distorsiones en relaci�n con la producci�n, el empleo y la "marginaci�n" de productores se refieren a la producci�n agr�cola de semillas de raps y no a la "industria aceitera".⁷¹¹ Por consiguiente, al tomar en consideraci�n los datos del da�o relativos a los productores agr�colas de semillas de raps, la Comisi�n de Distorsiones parece haber incluido a esos productores en la definici�n de la rama de producci�n nacional. Sin embargo, la Comisi�n de Distorsiones no facilit� en su informe ninguna explicaci�n sobre la manera en que las semillas de raps nacionales pueden ser consideradas como similares o directamente competidoras respecto de los aceites vegetales importados. Se�alamos a este respecto que, de acuerdo con la opini�n del �rgano de Apelaci�n en el asunto Estados Unidos - Cordero, el insumo y el producto final tienen que ser similares o directamente competidores para que sus respectivos productores puedan ser incluidos en la definici�n de la rama de producci�n nacional.⁷¹²

7.149 Por consiguiente, constatamos que la Comisi�n de Distorsiones no formul� suficientes constataciones y conclusiones fundamentadas con respecto a la cuesti�n de la similitud o competencia directa y, por lo tanto, no identific� la rama de producci�n nacional, como lo exigen el p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 y los art�culos 2 y 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

7. Aumento de las importaciones (p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 y p�rrafo 1 del art�culo 2 y p�rrafo 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias)

7.150 La Argentina alega que un an�lisis del contenido de las Actas de las sesiones de la Comisi�n de Distorsiones y de las notificaciones revela que Chile no demostr� que hubo un aumento de las importaciones y que, por consiguiente, Chile no cumpli� las obligaciones que le incumben en virtud del p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 y el p�rrafo 1 del art�culo 2 y el p�rrafo 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias. Chile sostiene que el requisito relativo al aumento de las importaciones y el efecto que para este caso particular tiene la aplicaci�n de las bandas de precios son elementos que no pueden ser analizados separadamente. Seg�n Chile, la investigaci�n de la Comisi�n de Distorsiones identific� un aumento de las importaciones de conformidad con los requisitos del p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 y el p�rrafo 1 del art�culo 2 y el p�rrafo 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias. Adem�s, por lo que respecta a la pr�rroga de la medida definitiva, Chile afirma que la justificaci�n de esa pr�rroga no puede exigir que la autoridad competente constate por segunda vez que hay un aumento de las importaciones.

7.151 La secci�n pertinente del Acta de la Sesi�n N� 193 de la Comisi�n de Distorsiones, en la cual la Comisi�n decidi� recomendar la adopci�n de las medidas de salvaguardia definitivas, dice lo siguiente:

"En el an�lisis de las importaciones, la Comisi�n ha tomado en consideraci�n el hecho de que la operaci�n normal de las bandas de precios ha sido decisiva para contener un incremento de las importaciones y, en consecuencia, la evoluci�n de las mismas no puede analizarse sin tener en cuenta este factor. Aun as�, se observa un aumento en las importaciones en t�rminos absolutos que amenaza provocar da�o a los sectores productivos afectados. La Comisi�n ha tenido en cuenta en su an�lisis el per�odo que comienza cuando, para cada producto, los aranceles espec�ficos determinados por la aplicaci�n de la banda de precios, sumados al arancel general, excede del nivel consolidado en la OMC. Sin perjuicio de este an�lisis, tambi�n se tendr�n en cuenta antecedentes de per�odos anteriores para efectos de comparaci�n y evaluaci�n. A este respecto, la Comisi�n se�ala lo siguiente:

- Las importaciones de trigo (en toneladas) aumentaron en un 6 por ciento en 1998 respecto del a�o precedente. En los primeros 10 meses de 1999, las importaciones aumentaron 281 por ciento respecto del mismo per�odo del a�o anterior. Desde 1993 hasta 1996 se observa un crecimiento de las importaciones, cayendo en 1997. Las importaciones de harina de trigo muestran un comportamiento err�tico en cuanto a aumentos de las importaciones, lo que se explica por su bajo volumen. Sin embargo, la Comisi�n tiene en cuenta que la harina para estos efectos constituye una forma alternativa de importar trigo en caso que importarlo directamente fuese m�s caro o tuviese un arancel m�s alto, por lo que se estima necesario aplicar un tratamiento similar al trigo.

- [ � ]

- Las importaciones de los dos principales productos dentro de los aceites vegetales comestibles aumentaron en un 23 por ciento en 1998 respecto del a�o precedente. En los primeros 10 meses de 1999, estas importaciones cayeron un 24 por ciento. Respecto de esta disminuci�n, la Comisi�n destaca que en el a�o 1999 hubo una situaci�n anormal en el comportamiento de los importadores dadas las controversias arancelarias existentes en relaci�n a las partidas por las cuales deben ingresar los aceites. Desde 1993 a 1997, el nivel registrado de las importaciones es similar.

La Comisi�n se�ala la existencia de diferencias apreciables entre los precios recientes de importaci�n resultantes de la aplicaci�n plena de la banda y los que originar�a la imposici�n de un arancel m�ximo del 31,5 por ciento. Ello justifica la previsi�n de aumento muy acelerado de las importaciones que se producir�a (o se hubiese producido) sin la aplicaci�n del total de los derechos determinados por las bandas. Este aumento de importaciones, y su potencial de gran crecimiento, se da en condiciones tales en que los precios internacionales de los productos investigados han sufrido ca�das de una gran magnitud y muy r�pidamente."

7.152 Recordamos que en el informe sobre el asunto Argentina - Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado, el �rgano de Apelaci�n declar� lo siguiente:

"[E]stamos de acuerdo con el Grupo Especial en que las disposiciones espec�ficas del p�rrafo 2 a) del art�culo 4 exigen 'un an�lisis del ritmo y cuant�a del aumento de las importaciones, en t�rminos absolutos y como porcentaje de la producci�n nacional'. [ ... ] En consecuencia no impugnamos la opini�n y la conclusi�n definitiva del Grupo Especial en el sentido de que, con arreglo al p�rrafo 2 a) del art�culo 4, las autoridades competentes deben examinar las tendencias de las importaciones durante el per�odo de investigaci�n (en lugar de comparar �nicamente las puntas del per�odo).

[...] Si bien estamos de acuerdo con el Grupo Especial que el hecho de que las importaciones 'han aumentado en tal cantidad' no puede referirse a cualquier aumento, no estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que es razonable examinar la tendencia de las exportaciones durante un per�odo hist�rico de cinco a�os.

[...] A nuestro juicio, esta redacci�n, utilizada tanto en el p�rrafo 1 del art�culo 2 del Acuerdo sobre Salvaguardias como el p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994, requiere que el aumento de las importaciones haya sido lo bastante reciente, lo bastante s�bito, lo bastante agudo y lo bastante importante, tanto cuantitativa como cualitativamente, para causar o amenazar con causar un 'da�o grave'."⁷¹³

7.153 Adem�s, recordamos que en su informe sobre el asunto Estados Unidos - Cordero el �rgano de Apelaci�n declar� lo siguiente:

"[C]onsideramos que, aunque los datos correspondientes al pasado m�s reciente tienen una importancia especial, las autoridades competentes no deben examinar esos datos aisl�ndolos de los correspondientes a la totalidad del per�odo objeto de investigaci�n. El verdadero significado de las tendencias a corto plazo del pasado m�s reciente, que se hacen evidentes al final del per�odo objeto de investigaci�n, s�lo puede ponerse de manifiesto cuando esas tendencias a corto plazo se eval�an a la luz de las tendencias a largo plazo de los datos correspondientes a todo el per�odo objeto de investigaci�n. Si los datos m�s recientes se eval�an aisladamente, el panorama resultante de la rama de producci�n nacional puede inducir a error."⁷¹⁴

7.154 Consideramos que el an�lisis efectuado por la Comisi�n de Distorsiones que consta en el Acta de la Sesi�n N� 193 no demuestra que "las importaciones" de los productos en cuesti�n "han aumentado en tal cantidad, en t�rminos absolutos o en relaci�n con la producci�n nacional, y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un da�o grave", como lo exige el p�rrafo 1 del art�culo 2 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

7.155 En primer lugar, de acuerdo con el Acta de la Sesi�n N� 193, las importaciones de "los dos principales" aceites vegetales comestibles cayeron un 24 por ciento en los primeros 10 meses de 1999. Por lo tanto, en el per�odo inmediatamente anterior a la iniciaci�n de la investigaci�n las importaciones de los productos en cuesti�n en realidad cayeron de manera importante. Adem�s, aunque el Acta de la Sesi�n N� 193 tambi�n indica que las importaciones aumentaron en un 23 por ciento en 1998, s�lo se�ala con respecto a las tendencias a largo plazo que " [ d ] esde 1993 a 1997, el nivel registrado de las importaciones es similar". Por consiguiente, consideramos que la Comisi�n de Distorsiones no identific� ese aumento de las importaciones de aceites vegetales comestibles como lo exigen el p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 y el p�rrafo 1 del art�culo 2 y el p�rrafo 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

7.156 En segundo lugar, por lo que respecta a la harina de trigo, de acuerdo con el Acta de la Sesi�n N� 193, las importaciones mostraron "un comportamiento err�tico". Esa declaraci�n no identifica una tendencia perceptible al alza en el incremento de estas importaciones. Al no existir esta tendencia perceptible, consideramos que la Comisi�n de Distorsiones no demostr� que hubiera un aumento de las importaciones de harina de trigo lo bastante reciente, lo bastante s�bito, lo bastante agudo y lo bastante importante, tanto cuantitativa como cualitativamente, para causar o amenazar causar un "da�o grave".⁷¹⁵ Por consiguiente, consideramos que la Comisi�n de Distorsiones no identific� ese aumento de las importaciones de harina de trigo como lo exigen el p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 y el p�rrafo 1 del art�culo 2 y el p�rrafo 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

7.157 En tercer lugar, por lo que respecta al trigo, la Comisi�n de Distorsiones identific� en el Acta de la Sesi�n N� 193 un aumento del 281 por ciento en los diez primeros meses de 1999. Si bien el Acta de la Sesi�n N� 193 tambi�n se�ala que las importaciones aumentaron un 6 por ciento en 1998, respecto de las tendencias a largo plazo s�lo indica que " [ d ] esde 1993 hasta 1996 se observa un crecimiento de las importaciones, cayendo en 1997". Estimamos que esa declaraci�n conclusiva no cumple el requisito de evaluar las tendencias a corto plazo "a la luz de las tendencias a largo plazo de los datos correspondientes a todo el per�odo objeto de investigaci�n". Por ejemplo, el volumen de las importaciones correspondientes a 1999, aunque represent� un aumento del 281 por ciento respecto del a�o precedente, segu�a siendo menor que el volumen de las importaciones correspondientes a 1995 y 1996. La Comisi�n de Distorsiones deber�a haber facilitado un an�lisis fundamentado acerca de la significaci�n del volumen de las importaciones correspondientes a 1999 en el contexto de los vol�menes de 1995 y 1996.⁷¹⁶ En consecuencia, constatamos que la Comisi�n de Distorsiones no demostr� que hubiera un aumento de las importaciones de trigo lo bastante reciente, lo bastante s�bito, lo bastante agudo y lo bastante importante, tanto cuantitativa como cualitativamente, para causar o amenazar causar un da�o grave.⁷¹⁷ Por consiguiente, consideramos que la Comisi�n de Distorsiones no identific� ese aumento de las importaciones de trigo como lo exigen el p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 y el p�rrafo 1 del art�culo 2 y el p�rrafo 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

7.158 Adem�s⁷¹⁸, observamos que el cuadro 3 que se adjunta al Acta de la Sesi�n N� 224 de la Comisi�n de Distorsiones (que contiene la recomendaci�n de prorrogar el per�odo de aplicaci�n) en realidad muestra una disminuci�n de las importaciones de harina de trigo del 14 por ciento en 1999, del 21 por ciento en 1998 y del 28 por ciento en 1997. Adem�s, el cuadro 7 que se adjunta al Acta de la Sesi�n N� 224 de la Comisi�n muestra una disminuci�n del 4 por ciento en las importaciones totales de aceites vegetales en 1997, e incrementos del 4 por ciento y el 21 por ciento en 1996 y 1998 respectivamente. En cuanto al trigo, los cuadros muestran una disminuci�n del 60 por ciento en 1997 y aumentos del 5, 11 y 4 por ciento en 1995, 1996 y 1998, respectivamente.

7.159 Por �ltimo, en cuanto a las tres categor�as de productos objeto de las medidas de salvaguardia, constatamos que el an�lisis de la Comisi�n de Distorsiones es err�neo por otras dos razones. En primer lugar, el p�rrafo 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias dispone que:

"(...) las autoridades competentes evaluar�n todos los factores pertinentes de car�cter objetivo y cuantificable que tengan relaci�n con la situaci�n de esa rama de producci�n, en particular el ritmo y la cuant�a del aumento de las importaciones del producto de que se trate en t�rminos absolutos y relativos ...". (sin cursivas en el original)⁷¹⁹

7.160 Al realizar su investigaci�n, la Comisi�n de Distorsiones no parece haber efectuado ning�n an�lisis de las tendencias de las importaciones en relaci�n con la rama de producci�n nacional. En realidad, en el Acta de la Sesi�n N� 193 la Comisi�n de Distorsiones simplemente declara que "se observa un aumento en las importaciones en t�rminos absolutos".⁷²⁰ En su respuesta a una pregunta del Grupo Especial Chile ha aclarado que la Comisi�n de Distorsiones analiz� el aumento de las importaciones "tanto en t�rminos absolutos como relativos a la producci�n, antecedentes que tuvo a la vista en el informe t�cnico preparado por la Secretar�a T�cnica", pero que la Comisi�n "destac� en su an�lisis [de las importaciones] la evoluci�n en t�rminos absolutos de las mismas, motivo por el cual s�lo este antecedente qued� registrado en las Actas de la Comisi�n".⁷²¹ Se�alamos la afirmaci�n de Chile de que el mencionado informe t�cnico "no es vinculante y tiene car�cter reservado"⁷²², y no formaba parte del informe de la Comisi�n. Por consiguiente, consideramos que Chile actu� de manera incompatible con lo dispuesto en el p�rrafo 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias puesto que la Comisi�n de Distorsiones no evalu� el aumento de las importaciones en relaci�n con la rama de producci�n nacional.

7.161 En segundo lugar, la Comisi�n de Distorsiones ha declarado en el Acta de la Sesi�n N� 193 que " [ e ] n el an�lisis de las importaciones, [ la Comisi�n ] ha tomado en consideraci�n el hecho que en cada uno de los productos investigados la operaci�n normal de las bandas de precios ha sido decisiva para contener un incremento de las importaciones y, en consecuencia, la evoluci�n de las mismas no puede analizarse sin tener en cuenta este factor". Adem�s, la Comisi�n ha afirmado que "la existencia de diferencias apreciables entre los precios recientes de importaci�n resultantes de la aplicaci�n plena de la banda y los que originar�a la imposici�n de un arancel m�ximo del 31,5 por ciento [ � ] justifica la previsi�n de aumento muy acelerado de las importaciones que se producir�a (o se hubiese producido) sin la aplicaci�n del total de los derechos determinados por las bandas". Estas declaraciones confirman que el an�lisis que realiz� la Comisi�n de Distorsiones de las tendencias de las importaciones de alguna manera explicaba el hecho de que se habr�an producido mayores aumentos de las importaciones si no hubiera habido derechos del SBP chileno que exced�an del tipo consolidado del 31,5 por ciento. Por consiguiente, el an�lisis que hizo la Comisi�n de las tendencias de las importaciones se basa, al menos parcialmente⁷²³, en aumentos hipot�ticos de las importaciones, es decir, en aumentos que se habr�an producido si no hubiera sido por los derechos del SBP chileno que otorgan protecci�n adicional al exceder del tipo consolidado del 31,5 por ciento. Estimamos que este enfoque anal�tico es incompatible con el p�rrafo 1 del art�culo 2 del Acuerdo sobre Salvaguardias, que exige claramente que las importaciones reales hayan aumentado. No basta con una amenaza de aumento de las importaciones.

7.162 En conclusi�n, constatamos que la Comisi�n de Distorsiones no demostr� un aumento de las importaciones de los productos sometidos a las medidas de salvaguardia, como lo exigen el p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 y el p�rrafo 1 del art�culo 2 y el p�rrafo 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

8. Amenaza de da�o grave y evaluaci�n de todos los factores pertinentes (p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 y p�rrafos 1 a), 1 b) y 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias)

7.163 La Argentina alega que la Comisi�n de Distorsiones no estableci� la existencia de amenaza de da�o grave de conformidad con lo dispuesto en el p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 y los p�rrafos 1 a), 1 b) y 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias. La Argentina tambi�n sostiene que la Comisi�n de Distorsiones no evalu� todos los factores pertinentes de car�cter objetivo y cuantificable que tengan relaci�n con la situaci�n de la rama de producci�n nacional, como exige el p�rrafo 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias. La Argentina alega que la determinaci�n de amenaza de da�o grave realizada por la Comisi�n de Distorsiones es incompatible debido a dos incumplimientos: i) en contra de las disposiciones del p�rrafo 2 del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias, la Comisi�n de Distorsiones no evalu� todos los factores relacionados con la situaci�n de la rama de producci�n; y ii) las constataciones y conclusiones de la Comisi�n de Distorsiones acerca de los factores investigados no fueron apoyadas por pruebas.

7.164 Chile sostiene que la Comisi�n de Distorsiones adopt� un enfoque anal�tico basado en los hechos y que se orienta al futuro para determinar la amenaza de da�o grave. A este respecto, Chile se remite al an�lisis de la "amenaza de da�o" que hizo el �rgano de Apelaci�n en el asunto Estados Unidos - Cordero, donde se indic� que la aparici�n de hechos futuros nunca se puede probar definitivamente bas�ndose en los hechos. Chile considera que, de acuerdo con esta afirmaci�n, una amenaza de da�o grave siempre requerir� basarse en una proyecci�n, que debe ser consistente con los datos que sirven de base para �sta. Chile tambi�n mantiene que la Comisi�n de Distorsiones cumpli� el requisito de evaluar todos los factores pertinentes que se establece en el p�rrafo 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias. Como se indica en esa disposici�n, se deben evaluar todos los factores "pertinentes". Seg�n Chile, la pertinencia es fundamental al considerar los factores que influyen en el da�o o la amenaza de da�o, y debe analizarse caso por caso y producto por producto. Chile sostiene que, por lo tanto, la Comisi�n consider� altamente pertinente incluir los efectos del SBP sobre los flujos comerciales de los productos objeto de investigaci�n que se encontraban sujetos al SBP.

7.165 Chile ha explicado que las pertinentes constataciones y conclusiones fundamentadas de la Comisi�n de Distorsiones figuran en la siguiente secci�n del Acta de la Sesi�n N� 193:

"La Comisi�n se�ala la existencia de diferencias apreciables entre los precios recientes de importaci�n resultantes de la aplicaci�n plena de la banda y los que originar�a la imposici�n de un arancel m�ximo del 31,5 por ciento. Ello justifica la previsi�n de aumento muy acelerado de las importaciones que se producir�a (o se hubiese producido) sin la aplicaci�n del total de los derechos determinados por las bandas. Este aumento de importaciones, y su potencial de gran crecimiento, se da en condiciones tales en que los precios internacionales de los productos investigados han sufrido ca�das de una gran magnitud y muy r�pidamente.

La Comisi�n tambi�n ha tenido en cuenta que los precios c.i.f. de las importaciones chilenas est�n fuertemente correlacionados con los precios internacionales (comportamiento de las materias primas) y, a su vez, los precios internos siguen muy de cerca la evoluci�n de los precios de importaci�n. Las tendencias previstas de los precios internacionales para estos productos tambi�n son negativas; es decir, los precios deber�an permanecer a sus niveles actuales o caer a�n m�s.

La situaci�n descrita ha convencido a la Comisi�n de la existencia de una amenaza inminente de da�o si s�lo se aplica el arancel m�ximo del 31,5 por ciento, que puede resumirse como sigue:

i) en el caso del trigo se prev� una ca�da del 34 por ciento en la superficie sembrada (disminuci�n desde 370.000 a 244.000 hect�reas (ha)); una ca�da del 28 por ciento en la producci�n (inferior a la ca�da de la superficie ya que se mantendr�an las mejoras en los rendimientos); 10 por ciento de ca�da en los precios; ca�das del 35 por ciento en el empleo directo; y disminuci�n entre el 20 y el 90 por ciento de los m�rgenes de rentabilidad netos dependiendo del estrato productivo. Esto supondr�a que algo menos de un tercio de los cerca de 90.000 productores quedar�a fuera de actividad. En este caso, as� como en la remolacha y raps, no se eval�a el indicador de utilizaci�n de la capacidad por no ser relevante en el caso de los cultivos agr�colas;

ii) para el az�car (remolacha), los indicadores anteriores para evaluar el da�o son a�n m�s significativos, llevando a ca�das en torno al 80 por ciento en la producci�n, la superficie y el empleo, y ca�das del 28 por ciento en los precios tales que el 90 por ciento de los productores quedar�an fuera de actividad. Adem�s, se estiman p�rdidas muy elevadas en el sector industrial azucarero con el 28 por ciento de disminuci�n en el valor de la producci�n y p�rdidas asociadas por 10 millones de d�lares EE.UU.;

iii) en el caso de los aceites (raps), los indicadores muestran ca�das del 54 por ciento en la producci�n y disminuciones del orden del 60 por ciento en el empleo (directo e indirecto), con una marginaci�n de la actividad productiva de m�s del 63 por ciento de los productores. Tambi�n se estiman p�rdidas en la industria aceitera con ca�das del 8 por ciento en el valor de la producci�n, disminuci�n de la producci�n en 3,2 millones de d�lares EE.UU. Conviene notar tambi�n que la desaparici�n en la producci�n de raps tendr�a una influencia en el rendimiento del trigo, ya que el raps es utilizado como cultivo de rotaci�n para este �ltimo (30.000 ha de raps permiten rotaci�n de cerca de 100.000 ha de trigo)."⁷²⁴

7.166 El p�rrafo 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias dispone lo siguiente:

"En la investigaci�n para determinar si el aumento de las importaciones ha causado o amenaza causar un da�o grave a una rama de producci�n nacional a tenor del presente Acuerdo, las autoridades competentes evaluar�n todos los factores pertinentes de car�cter objetivo y cuantificable que tengan relaci�n con la situaci�n de esa rama de producci�n, en particular el ritmo y la cuant�a del aumento de las importaciones del producto de que se trate en t�rminos absolutos y relativos, la parte del mercado interno absorbida por las importaciones en aumento, los cambios en el nivel de ventas, la producci�n, la productividad, la utilizaci�n de la capacidad, las ganancias y p�rdidas y el empleo."

7.167 Recordamos que en el asunto Estados Unidos - Cordero, el �rgano de Apelaci�n declar� que:

"(...) una 'evaluaci�n objetiva' de una alegaci�n formulada al amparo del p�rrafo 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias consta, en principio, de dos elementos. Un grupo especial tiene que examinar, primero, si las autoridades competentes han evaluado todos los factores pertinentes, y, segundo, si las autoridades han facilitado una explicaci�n razonada y adecuada del modo en que los factores corroboran su determinaci�n. [ ... ] Por consiguiente, la evaluaci�n objetiva del grupo especial presenta dos aspectos, uno formal y otro sustantivo. El aspecto formal consiste en determinar si las autoridades competentes han evaluado 'todos los factores pertinentes', el sustantivo, en establecer si las autoridades competentes han facilitado una explicaci�n razonada y adecuada de su determinaci�n."⁷²⁵

7.168 En cuanto al aspecto formal, en el asunto Argentina - Calzado el �rgano de Apelaci�n declar� que:

"el p�rrafo 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias requiere una demostraci�n de que las autoridades competentes han evaluado, como m�nimo, cada uno de los factores enumerados en el p�rrafo 2 a) del art�culo 4 as� como todos los dem�s factores pertinentes para la situaci�n de la rama de producci�n interesada."⁷²⁶

7.169 Chile ha admitido que la Comisi�n de Distorsiones no evalu� algunos factores pertinentes, como los cambios en el nivel de ventas y la utilizaci�n de la capacidad con respecto al trigo, y la productividad y el empleo con respecto a los aceites vegetales.⁷²⁷ Chile ha explicado que no evalu� todos los factores pertinentes enumerados expl�citamente en el p�rrafo 2 a) del art�culo 4, con inclusi�n de la productividad y el empleo en la rama de producci�n aceitera, porque para esos factores "los antecedentes que no fueron considerados no est�n disponibles en fuentes p�blicas y tampoco fueron encontrados consultando a otras fuentes".⁷²⁸ No obstante, Chile ha indicado al mismo tiempo que los cuestionarios que la Comisi�n de Distorsiones envi� a las partes interesadas no inclu�an las "preguntas m�s espec�ficas necesarias en otros casos [�] por cuanto la informaci�n aportada en la solicitud contiene gran parte de los antecedentes del sector y lo recabado de otras fuentes se estim� suficiente".⁷²⁹ Nos resulta dif�cil aceptar la falta de informaci�n como justificaci�n para no evaluar todos los factores pertinentes si las autoridades investigadoras estaban al parecer satisfechas de que la informaci�n disponible era suficiente y no era preciso adoptar otras medidas de investigaci�n. Por consiguiente, consideramos que Chile, al no evaluar cada uno de los factores enumerados en el p�rrafo 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias, ha actuado de manera incompatible con las obligaciones que le incumben a tenor del p�rrafo 2 a) del art�culo 4.

7.170 A continuaci�n pasamos a examinar si Chile ha cumplido las prescripciones sustantivas del an�lisis del da�o. Recordamos en este sentido que, de conformidad con el p�rrafo 1 b) del art�culo 4, se entender� por amenaza de da�o grave la clara inminencia de un da�o grave, y que la determinaci�n de la existencia de una amenaza de da�o grave se basar� en hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. Recordamos asimismo que en el asunto Estados Unidos - Cordero, el �rgano de Apelaci�n manifest� lo siguiente:

"[Al] formular una determinaci�n sobre la existencia de una 'amenaza', las autoridades competentes deben constatar la 'clara inminencia' de un da�o grave. Como ya hemos concluido, esto requiere un alto grado de probabilidad de que el da�o grave previsto se materialice en un futuro muy pr�ximo. En consecuencia, estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que la determinaci�n de la existencia de una amenaza est� 'orientada hacia el futuro'. Sin embargo, el p�rrafo 1 b) del art�culo 4 exige que la determinaci�n de la existencia de una 'amenaza' se base en 'hechos' y no en 'conjeturas'. Como los hechos, por su propia naturaleza, corresponden al presente y al pasado, la aparici�n de hechos futuros nunca se puede probar definitivamente bas�ndose en los hechos. Por lo tanto, existe una tensi�n entre el an�lisis de la existencia de una 'amenaza', orientado hacia el futuro, lo que en definitiva requiere un cierto grado de 'conjetura' respecto de la probabilidad de un hecho futuro, y la necesidad de que la determinaci�n se base en hechos. Inevitablemente, esta tensi�n debe resolverse mediante la utilizaci�n de hechos presentes y pasados para justificar la conclusi�n acerca del futuro, esto es, que haya una 'clara inminencia' de un da�o grave. Por ello, una evaluaci�n basada en hechos, de conformidad con el p�rrafo 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias, debe proporcionar la base para una proyecci�n de que existe un elevado grado de probabilidad de que se produzca un da�o grave a la rama de producci�n nacional en un futuro muy pr�ximo.⁷³⁰

[...] [C] ualquiera sea el m�todo escogido, consideramos que los datos relativos al pasado m�s reciente proporcionar�n a las autoridades competentes una base esencial y, por lo general, m�s fiable para llevar a cabo una determinaci�n de la existencia de una amenaza de da�o grave. Para evaluar la situaci�n probable de la rama de producci�n nacional en un futuro muy pr�ximo lo mejor es utilizar los datos correspondientes al pasado m�s reciente. Por lo tanto, coincidimos con el Grupo Especial en que, en principio, dentro del per�odo objeto de investigaci�n en su conjunto, las pruebas correspondientes al pasado m�s reciente proporcionar�n los indicios m�s s�lidos sobre la probable situaci�n futura de la rama de producci�n nacional.

No obstante, consideramos que, aunque los datos correspondientes al pasado m�s reciente tienen una importancia especial, las autoridades competentes no deben examinar esos datos aisl�ndolos de los correspondientes a la totalidad del per�odo objeto de investigaci�n. El verdadero significado de las tendencias a corto plazo del pasado m�s reciente, que se hacen evidentes al final del per�odo objeto de investigaci�n, s�lo puede ponerse de manifiesto cuando esas tendencias a corto plazo se eval�an a la luz de las tendencias a largo plazo de los datos correspondientes a todo el per�odo objeto de investigaci�n. Si los datos m�s recientes se eval�an aisladamente, el panorama resultante de la rama de producci�n nacional puede inducir a error. [...] "⁷³¹

7.171 La Comisi�n de Distorsiones no facilit� en el Acta de la Sesi�n N� 193 ninguna indicaci�n acerca de los datos en que hab�a basado las proyecciones de da�o ni sobre el per�odo en que dichos datos habr�an sido examinados. Los datos que se mencionan en el informe de la Comisi�n se refieren a tasas hipot�ticas de crecimiento tomadas con respecto a los valores proyectados. No revelan cu�les eran los valores hist�ricos m�s recientes. Por consiguiente, la Comisi�n de Distorsiones no parece haber basado la determinaci�n de la existencia de da�o en datos correspondientes al pasado m�s reciente y no evalu� esos datos en el contexto de los datos correspondientes a todo el per�odo objeto de investigaci�n. En consecuencia constatamos que, tambi�n a este respecto, Chile ha actuado de manera incompatible con las obligaciones contra�das en virtud del p�rrafo 2 a) del art�culo 4.

7.172 Adem�s, observamos que, seg�n Chile, existe una amenaza de da�o grave porque las importaciones aumentar�an salvo que se aplique la totalidad de los derechos especificados en el SBP chileno. Consideramos que este razonamiento es insuficiente para corroborar la conclusi�n de la Comisi�n de Distorsiones. Como dijimos anteriormente, cuando se adoptaron las medidas de salvaguardia el SBP chileno ya estaba funcionando sin restricciones y se estaban imponiendo derechos del SBP chileno que exced�an del tipo consolidado del 31,5 por ciento. Chile sostiene que habr�a una amenaza de da�o grave si el SBP chileno no se aplicara sin restricciones y que, por consiguiente, deb�an adoptarse medidas de salvaguardia equivalentes a la parte de los derechos del SBP chileno que excediera del tipo consolidado del 31,5 por ciento. Dicho de otro modo, Chile bas� su determinaci�n de la existencia de amenaza de da�o grave en un an�lisis de ocurrencia condicional: si se tuviera que restringir el funcionamiento del SBP chileno al tipo consolidado del 31,5 por ciento se podr�a producir el da�o. Por lo tanto, en el an�lisis de la existencia de amenaza de da�o, para "proyectar" la situaci�n futura de la rama de producci�n nacional, las autoridades investigadoras no se basaron en una extrapolaci�n de las tendencias vigentes sino en los resultados del pron�stico condicional de un suceso, simulando cu�l ser�a esa situaci�n si se eliminara la medida de salvaguardia.⁷³² Ese an�lisis de ocurrencia condicional no puede justificar la imposici�n de medidas de salvaguardia definitivas.

7.173 En respuesta a las preguntas del Grupo Especial, Chile ha afirmado que "es posible determinar si se producir�a o no da�o grave si se retirara una medida de salvaguardia" dado que el Acuerdo sobre Salvaguardias "prev� que las autoridades competentes realicen dicho an�lisis en la medida en que presupone que la medida de salvaguardia s�lo se mantendr� durante el tiempo necesario para prevenir o reparar el da�o grave".⁷³³ Estamos de acuerdo con Chile en que este tipo de an�lisis est� efectivamente previsto por el p�rrafo 2 del art�culo 7 del Acuerdo sobre Salvaguardias para la pr�rroga del per�odo de aplicaci�n de la medida de salvaguardia. Sin embargo, es evidente que no se puede aplicar a la adopci�n de la medida de salvaguardia, donde deber�a hacerse una proyecci�n bas�ndose en que no se adoptar�a una nueva medida de salvaguardia, y no en que se eliminara una medida de salvaguardia vigente (o su equivalente).

7.174 En conclusi�n, constatamos que la Comisi�n de Distorsiones no demostr� la existencia de una amenaza de da�o grave, como exigen el p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 y los p�rrafos 1 a), 1 b) y 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

9. Relaci�n de causalidad (p�rrafo 1 del art�culo 2 y p�rrafo 2 b) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias)

7.175 La Argentina sostiene que Chile no cumpli� las obligaciones que le incumben en virtud del p�rrafo 2 b) del art�culo 4 y el p�rrafo 1 del art�culo 2 del Acuerdo sobre Salvaguardias puesto que no demostr� ninguna relaci�n de causalidad entre el supuesto aumento de las importaciones y la supuesta amenaza de da�o grave a la rama de producci�n nacional. La Argentina tambi�n considera que Chile incumpli� las obligaciones contra�das en virtud del p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 y el p�rrafo 1 del art�culo 2 y el p�rrafo 2 b) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias por cuanto no evalu� otros factores distintos del aumento de las importaciones que al mismo tiempo estuvieran causando da�o a la rama de producci�n nacional. Seg�n Chile, la Comisi�n de Distorsiones demostr� la relaci�n de causalidad entre el aumento de las importaciones y la amenaza de da�o grave cuando declar� que "los precios c.i.f. de las importaciones chilenas est�n fuertemente correlacionados con los precios internacionales (comportamiento de las materias primas) y, a su vez, los precios internos siguen muy de cerca la evoluci�n de los precios de importaci�n."⁷³⁴

7.176 Hemos constatado supra que la Comisi�n de Distorsiones no demostr� debidamente la existencia de un aumento de las importaciones ni de amenaza de da�o grave. No puede existir relaci�n de causalidad alguna si no se ha demostrado ninguno de los dos requisitos sustantivos.⁷³⁵

7.177 En todo caso, recordamos que, en virtud del art�culo 2 y del p�rrafo 2 del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias, se debe demostrar la existencia de la relaci�n de causalidad entre el aumento de las importaciones del producto de que se trate y el da�o grave o la amenaza de da�o grave, y que, cuando factores distintos del aumento de las importaciones est�n causando da�o a la rama de producci�n nacional, este da�o no se atribuir� al aumento de las importaciones. En el presente asunto, el an�lisis que hizo Chile de la relaci�n de causalidad se limit� estrictamente a su afirmaci�n de que los precios internacionales, los precios de importaci�n y los precios internos est�n relacionados. Adem�s, el informe de la Comisi�n de Distorsiones no recoge en ninguna parte reflexi�n alguna acerca de los posibles efectos de factores distintos del aumento de las importaciones en las ramas de producci�n nacionales afectadas. Consideramos que un an�lisis tan somero, de una sola frase, no basta para demostrar la existencia de una relaci�n de causalidad entre el aumento de las importaciones y la amenaza de da�o grave. Adem�s, el da�o debe ser causado o amenazado por el aumento de las importaciones, no por la disminuci�n de los precios internacionales.⁷³⁶ La reducci�n de los precios internacionales puede ser un factor en un an�lisis de la relaci�n de causalidad, pero el simple examen de los mismos no puede reemplazar el an�lisis de la relaci�n de causalidad que, claro est�, no se hizo en este caso. Por consiguiente, constatamos que la Comisi�n de Distorsiones no demostr� debidamente una relaci�n de causalidad, como exigen el p�rrafo 1 del art�culo 2 y el p�rrafo 2 del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

7.178 Por �ltimo, recordamos la declaraci�n del �rgano de Apelaci�n en el asunto Estados Unidos - Gluten de trigo:

"El p�rrafo 2 b) del art�culo 4 presupone [ � ] como primera fase del examen de la relaci�n de causalidad efectuado por las autoridades competentes, que los efectos perjudiciales causados a la rama de producci�n nacional por el aumento de las importaciones se distingan de los efectos perjudiciales causados por otros factores. Las autoridades competentes pueden entonces, como segunda fase de su examen, atribuir al aumento de las importaciones, por una parte, e impl�citamente a otros factores pertinentes, por otra parte, el 'da�o' causado por todos estos diferentes factores, incluido el aumento de las importaciones. Mediante este proceso de dos fases, las autoridades competentes cumplen el p�rrafo 2 b) del art�culo 4 al asegurarse de que cualquier da�o a la rama de producci�n nacional que haya sido efectivamente causado por factores distintos del aumento de las importaciones, no se 'atribuya' al aumento de las importaciones y, por lo tanto, no se trate como si fuera un da�o causado por el aumento de las importaciones, cuando no lo es. De esta manera las autoridades competentes determinan, como �ltima fase, si existe una 'relaci�n de causalidad' entre el aumento de las importaciones y el da�o grave y si esta relaci�n de causalidad entra�a una relaci�n aut�ntica y sustancial de causa a efecto entre estos dos elementos, conforme lo requiere el Acuerdo sobre Salvaguardias."⁷³⁷

7.179 Recordamos que la Argentina ha aducido que el aumento de las importaciones de trigo en 1999 se debi� a una sequ�a extrema en Chile, que afect� gravemente a la producci�n nacional de ese a�o. Se�alamos adem�s que esta cuesti�n la plantearon, al menos de pasada, los exportadores argentinos⁷³⁸ y que un informe de un organismo oficial chileno que present� la Argentina confirma que la producci�n de trigo de Chile se vio negativamente afectada por la sequ�a en la temporada 1998/1999.⁷³⁹ Sin embargo, el Acta de la Sesi�n N� 193 -en la cual la Comisi�n de Distorsiones recomend� la adopci�n de la medida definitiva- no contiene ning�n an�lisis en lo que concierne al da�o causado por otros factores, como la sequ�a en el caso del trigo.⁷⁴⁰ Por consiguiente, la Comisi�n de Distorsiones no distingui� los efectos perjudiciales causados a la rama de producci�n nacional por el aumento de las importaciones de los efectos perjudiciales causados por otros factores. Por lo tanto consideramos que, tambi�n a este respecto, la Comisi�n de Distorsiones no efectu� un an�lisis adecuado de la relaci�n de causalidad, como lo exige el p�rrafo 2 b) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

7.180 En conclusi�n, constatamos que la Comisi�n de Distorsiones no demostr� la existencia de una relaci�n de causalidad, como exigen el p�rrafo 1 del art�culo 2 y el p�rrafo 2 b) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

10. Medidas necesarias para reparar el da�o y facilitar el reajuste (p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994, p�rrafo 1 del art�culo 3 y p�rrafo 1 del art�culo 5 del Acuerdo sobre Salvaguardias)

7.181 La Argentina sostiene que la medida de salvaguardia de Chile infringe el p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 y el p�rrafo 1 del art�culo 5 del Acuerdo sobre Salvaguardias porque no estuvo limitada a lo necesario para reparar el da�o y facilitar el reajuste. La Argentina afirma que la Comisi�n de Distorsiones no examin� si la medida era o no "necesaria" para prevenir el da�o y facilitar el reajuste y que no se realiz� ning�n an�lisis sustantivo. La Argentina sostiene que Chile bas� la medida de salvaguardia en la diferencia entre el arancel consolidado y la combinaci�n del derecho del SBP y el tipo aplicado, y que esto en modo alguno est� relacionado con una amenaza de da�o procedente de las importaciones. Chile mantiene que, de conformidad con las obligaciones que le incumben en virtud del Acuerdo sobre Salvaguardias, estableci� una medida que proteg�a a los productores nacionales del da�o grave, pero que no proporcionaba un mayor grado de protecci�n. Chile explica que, una vez constatadas las condiciones necesarias que justifican una medida de salvaguardia, la medida recomendada por la Comisi�n de Distorsiones y que adopt� el Gobierno conllevaba la menor perturbaci�n posible del mercado compatible con el objetivo de prevenir el da�o grave: un aumento de los derechos para que el SBP pudiera aplicarse sin tomar en consideraci�n el nivel consolidado de los derechos.

7.182 A tenor del p�rrafo 1 del art�culo 5 del Acuerdo sobre Salvaguardias, " [ u ] n Miembro s�lo aplicar� medidas de salvaguardia en la medida necesaria para prevenir o reparar el da�o grave y facilitar el reajuste". Seg�n el �rgano de Apelaci�n en el asunto Corea - Productos l�cteos:

"(�) no cabe ning�n g�nero de dudas de que el texto de esta disposici�n impone a un Miembro que aplique una medida de salvaguardia la obligaci�n de asegurarse de que la medida aplicada guarda proporci�n con los objetivos de prevenir o reparar el da�o grave y facilitar el reajuste."⁷⁴¹ (sin cursivas en el original)

7.183 Por consiguiente, de acuerdo con este informe, para cumplir la prescripci�n del p�rrafo 1 del art�culo 5, el Miembro que imponga la medida de salvaguardia debe asegurarse de que la medida s�lo se aplica en la medida necesaria para prevenir o reparar el da�o grave y facilitar el reajuste. Opinamos que un Miembro s�lo puede asegurarse de que la medida de salvaguardia est� calibrada si existe, como m�nimo, una conexi�n racional entre la medida y el objetivo de prevenir o reparar el da�o grave y facilitar el reajuste. Si falta esa conexi�n racional no es posible que un Miembro pueda asegurarse de que la medida se aplica s�lo en la medida necesaria.

7.184 Recordamos que las medidas de salvaguardia impugnadas consisten en un derecho por la cuant�a de la diferencia entre, por una parte, la suma del tipo aplicado del 8 por ciento y el equivalente ad valorem del derecho del SBP, y, por la otra, el tipo consolidado del 31,5 por ciento. Seg�n Chile ese derecho es el "m�s adecuado" para reparar el da�o y facilitar el reajuste.⁷⁴² Este argumento parece fundarse en la premisa de que el umbral inferior del SBP (hasta cuyo nivel se elevan los precios de importaci�n a trav�s de la medida de salvaguardia) puede ser considerado como indicativo de una situaci�n por debajo de la cual la rama de producci�n nacional sufrir� (una amenaza de) da�o grave. A nuestro juicio esta premisa es infundada porque el umbral inferior del SBP se calcula teniendo en cuenta los precios internacionales observados en el pasado reciente y, por lo tanto, no refleja de ninguna manera la situaci�n de la rama de producci�n nacional. Por consiguiente, a nuestro modo de ver es evidente que el umbral inferior del SBP no tiene conexi�n racional con una situaci�n de la rama de producci�n nacional por debajo de la cual se sufrir� (una amenaza de) da�o grave. En consecuencia, constatamos que Chile no se asegur� de que las medidas de salvaguardia se aplican en la medida necesaria para prevenir o reparar el da�o grave y facilitar el reajuste, como lo exigen el p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 y el p�rrafo 1 del art�culo 5 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

7.185 Adem�s, se�alamos la siguiente declaraci�n relativa a la obligaci�n del p�rrafo 1 del art�culo 5 que formul� el �rgano de Apelaci�n en el informe sobre el asunto Estados Unidos - Tubos⁷⁴³:

"Por todas estas razones, concluimos que, en la primera frase del p�rrafo 1 del art�culo 5, las palabras 's�lo [�] en la medida necesaria para prevenir o reparar el da�o grave y facilitar el reajuste' han de interpretarse en el sentido de que prescriben que las medidas de salvaguardia se apliquen s�lo en la medida en que hagan frente a un da�o grave atribuido al aumento de las importaciones.⁷⁴⁴

Habiendo llegado a esta conclusi�n, hemos de considerar ahora si el Grupo Especial incurri� en error al concluir que Corea no hab�a presentado un principio de prueba de que los Estados Unidos no hubieran cumplido esa obligaci�n sustantiva impuesta por la primera frase del p�rrafo 1 del art�culo 5. A este respecto, concluimos que, al establecer que los Estados Unidos hab�an infringido el p�rrafo 2 b) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias, Corea ha presentado un principio de prueba de que la aplicaci�n de la medida referente a los tubos iba m�s all� de lo admisible con arreglo al p�rrafo 1 del art�culo 5. Al no haber refutado los Estados Unidos ese principio de prueba presentado por Corea, constatamos que los Estados Unidos aplicaron la medida referente a los tubos m�s all� de la 'medida necesaria para prevenir o reparar el da�o grave y facilitar el reajuste'.⁷⁴⁵

[ � ]

Se�alamos que, si el Grupo Especial hubiera formulado una constataci�n diferente, los Estados Unidos podr�an haber tratado de refutar la presunci�n, establecida por Corea al demostrar que se hab�a infringido el p�rrafo 2 b) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias, de que los Estados Unidos hab�an contravenido tambi�n el p�rrafo 1 del art�culo 5. [ � ] Ahora bien, los Estados Unidos no refutaron el principio de prueba que hab�a presentado Corea demostrando que hab�a sido as�. Hacemos esta observaci�n solamente para poner de relieve que no estamos afirmando que la infracci�n de lo dispuesto en la �ltima frase del p�rrafo 2 b) del art�culo 4 implique autom�ticamente una infracci�n de lo dispuesto en la primera frase del p�rrafo 1 del art�culo 5 del Acuerdo sobre Salvaguardias."⁷⁴⁶

7.186 El informe del �rgano de Apelaci�n sobre el asunto Estados Unidos - Tubos que se cita supra avala nuestra constataci�n de que las medidas de Chile son incompatibles con la primera oraci�n del p�rrafo 1 del art�culo 5. Chile no evalu� el da�o grave derivado de "otros factores" en el contexto del an�lisis de la relaci�n de causalidad⁷⁴⁷ previsto por el p�rrafo 2 b) del art�culo 4, ni estableci� de otro modo que las medidas chilenas hicieran frente al da�o grave causado exclusivamente por las importaciones en el contexto del p�rrafo 1 del art�culo 5.

7.187 Observamos que la Argentina tambi�n ha fundado su alegaci�n en el p�rrafo 1 del art�culo 3, que exige que las autoridades investigadoras, entre otras cosas, enuncien las constataciones y conclusiones fundamentadas sobre todas las cuestiones pertinentes de hecho y de derecho, planteando as� la cuesti�n de si Chile estaba obligado a justificar en su informe la aplicaci�n de las medidas.⁷⁴⁸

7.188 Como ya hemos constatado que Chile ha actuado de manera incompatible con el p�rrafo 1 del art�culo 5 del Acuerdo sobre Salvaguardias, no consideramos que sea necesario para resolver esta diferencia examinar la alegaci�n de la Argentina acerca de la justificaci�n de la aplicaci�n de la medida de salvaguardia en la medida en que se ha fundado en el p�rrafo 1 del art�culo 3. Por consiguiente, decidimos aplicar el principio de econom�a procesal a este respecto.

11. Investigaci�n apropiada (p�rrafos 1 y 2 del art�culo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias)

7.189 La Argentina alega que Chile incumpli� la obligaci�n que le imponen los p�rrafos 1 y 2 del art�culo 3 de realizar una "investigaci�n apropiada" dado que la Argentina no tuvo plena oportunidad de participar en la investigaci�n. Concretamente, la Argentina afirma que no tuvo acceso a ning�n resumen p�blico de la informaci�n confidencial en que las autoridades chilenas pudieran haber basado su determinaci�n. Chile responde que la Argentina particip� en dos audiencias ante la Comisi�n de Distorsiones y tuvo acceso al expediente que contiene las comunicaciones de las dem�s partes interesadas. Sostiene adem�s que no hubo res�menes no confidenciales de informaci�n confidencial porque no hubo que examinar informaci�n confidencial; la informaci�n relativa a estos productos era completamente p�blica.

7.190 Se�alamos que, de conformidad con el p�rrafo 2 del art�culo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias, a las partes que proporcionen informaci�n confidencial podr� ped�rseles que suministren res�menes no confidenciales de la misma o, si dicha informaci�n no puede ser resumida, que expongan las razones por las cuales no es posible presentar un resumen. Sin embargo, la Argentina no ha demostrado en este asunto que en el expediente constara alguna informaci�n confidencial.⁷⁴⁹ Por lo tanto, no vemos la base f�ctica para una alegaci�n fundada en la falta de res�menes no confidenciales. Por consiguiente, llegamos a la conclusi�n de que la Argentina no ha demostrado que Chile haya actuado de manera incompatible con los p�rrafos 1 y 2 del art�culo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias por el supuesto hecho de no haber facilitado a la Argentina acceso a res�menes no confidenciales de informaci�n confidencial.

7.191 La Argentina sostiene adem�s que el hecho de que las Actas de las sesiones pertinentes de la Comisi�n de Distorsiones no tuvieran en cuenta ni analizaran la informaci�n facilitada por los exportadores argentinos en lo que respecta a la evaluaci�n de las importaciones y la situaci�n de la rama de producci�n nacional es una prueba que corrobora su alegaci�n de que Chile no realiz� una investigaci�n apropiada.⁷⁵⁰ En el presente informe ya hemos constatado, entre otras cosas, que Chile actu� de manera incompatible con el p�rrafo 1 del art�culo 2 y el p�rrafo 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias en lo que respecta a su examen de la prescripci�n relativa al aumento de las importaciones, y con el p�rrafo 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo al no examinar todos los factores pertinentes que tengan relaci�n con el estado de la rama de producci�n. En estas circunstancias, no consideramos necesario examinar la otra alegaci�n de la Argentina fundada en el p�rrafo 1 del art�culo 3 en el sentido de que Chile no tuvo en cuenta informaci�n sobre estas cuestiones facilitada por exportadores argentinos. Por consiguiente, aplicamos el principio de econom�a procesal en lo que respecta a esta alegaci�n.

12. Constataciones y conclusiones fundamentadas (p�rrafo 1 del art�culo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias)

7.192 La Argentina sostiene que las autoridades investigadoras nacionales deben explicar en su informe c�mo llegaron a sus conclusiones, sobre la base de la informaci�n, y que las constataciones de las autoridades competentes deben figuran en la propia decisi�n. Seg�n la Argentina, la Comisi�n de Distorsiones no lo ha hecho y, por lo tanto, ha actuado de manera incompatible con el p�rrafo 1 del art�culo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

7.193 Ya hemos constatado supra que la Comisi�n de Distorsiones no expuso en su informe constataciones y conclusiones fundamentadas en lo que respecta a la evoluci�n imprevista de las circunstancias y la aplicaci�n de las medidas.⁷⁵¹ Adem�s, tambi�n hemos constatado que Chile no ha demostrado que la Comisi�n de Distorsiones cumpliera los requisitos sustantivos de los art�culos 2 y 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias. Habida cuenta de estas constataciones, no consideramos que sea necesario formular ninguna constataci�n adicional en virtud del p�rrafo 1 del art�culo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias, y, por consiguiente, aplicaremos el principio de econom�a procesal a este respecto.

13. Medidas provisionales (p�rrafo 2 del art�culo XIX del GATT de 1994 y art�culo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias)

7.194 La Argentina alega que la Comisi�n de Distorsiones no cumpli� lo dispuesto en el p�rrafo 2 del art�culo XIX del GATT de 1994 y el art�culo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias, que establecen los requisitos para la aplicaci�n de medidas provisionales. Chile sostiene que el Acta de la Sesi�n N� 185 expuso las circunstancias cr�ticas y las evaluaciones exigidas para determinar la necesidad de las medidas provisionales recomendadas, como lo exigen el p�rrafo 2 del art�culo XIX del GATT de 1994 y el art�culo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

7.195 Hemos indicado supra que las medidas de salvaguardia provisionales est�n incluidas en nuestro �mbito de competencia. No obstante, teniendo en cuenta las constataciones que hemos formulado anteriormente acerca de la incompatibilidad de la investigaci�n de la Comisi�n de Distorsiones y de las medidas de salvaguardia resultantes con las prescripciones del art�culo XIX del GATT de 1994 y los art�culos 2, 3, 4 y 5 del Acuerdo sobre Salvaguardias, no consideramos que sea necesario examinar la alegaci�n presentada por la Argentina al amparo del art�culo 6 y, por consiguiente, decidimos aplicar el principio de econom�a procesal a este respecto.⁷⁵²

14. Notificaci�n y consultas (p�rrafo 2 del art�culo XIX del GATT de 1994 y art�culo 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias)

7.196 La Argentina alega que Chile infringi� el p�rrafo 2 del art�culo XIX del GATT de 1994 y el p�rrafo 1 a) del art�culo 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias al no cumplir el requisito de notificaci�n establecido en los p�rrafos 1 a) y 2 del art�culo 12 y al no celebrar consultas con los Miembros que tengan un inter�s como exportadores del producto de que se trate, como exigen los p�rrafos 3 y 4 del art�culo 12. Chile responde que actu� de acuerdo con los requisitos de cada una de esas disposiciones.

7.197 Teniendo en cuenta las constataciones que hemos formulado supra en cuanto a la incompatibilidad de la investigaci�n de la Comisi�n de Distorsiones y de las medidas de salvaguardia resultantes con las prescripciones del art�culo XIX del GATT de 1994 y los art�culos 2, 3, 4 y 5 del Acuerdo sobre Salvaguardias, no consideramos que sea necesario examinar la alegaci�n presentada por la Argentina al amparo del art�culo 12 y, por consiguiente, decidimos aplicar el principio de econom�a procesal a este respecto.

15. Pr�rroga de las medidas de salvaguardia definitivas (art�culo 7 del Acuerdo sobre Salvaguardias)

7.198 La Argentina ha pedido al Grupo Especial que formule constataciones sobre la compatibilidad de la pr�rroga de las medidas de salvaguardia definitivas con las prescripciones del Acuerdo sobre Salvaguardias. Recordamos que hemos constatado supra que la investigaci�n de la Comisi�n de Distorsiones y las medidas de salvaguardia definitivas resultantes son incompatibles con las prescripciones del art�culo XIX del GATT de 1994 y los art�culos 2, 3, 4 y 5 del Acuerdo sobre Salvaguardias. Si las medidas de salvaguardia definitivas son incompatibles con las obligaciones de Chile en virtud del Acuerdo sobre Salvaguardias, naturalmente esa incompatibilidad no se puede "subsanar" con la decisi�n de prorrogar su duraci�n. Por el contrario, la decisi�n de prorrogar su duraci�n tiene que estar asimismo, por definici�n, viciada por la incompatibilidad. No obstante, recordamos que el art�culo 7 del Acuerdo sobre Salvaguardias, que establece las condiciones de las pr�rrogas, no est� comprendido en nuestro mandato. Por consiguiente, nos abstendremos de formular constataciones con respecto a la compatibilidad de la decisi�n de prorrogar la duraci�n de las medidas de salvaguardia con el art�culo 7 del Acuerdo sobre Salvaguardias.

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 A la luz de las constataciones expuestas, llegamos a la conclusi�n de que:

a) el SBP chileno es incompatible con el p�rrafo 2 del art�culo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura y el p�rrafo 1 b) del art�culo II del GATT de 1994;

b) en cuanto a las medidas de salvaguardia chilenas aplicadas al trigo, la harina de trigo y los aceites vegetales comestibles:

i) Chile ha actuado de manera incompatible con el p�rrafo 1 del art�culo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias al no facilitar las Actas pertinentes de las sesiones de la Comisi�n de Distorsiones a trav�s de un medio adecuado de modo que constituyan un informe "publicado";

ii) Chile ha actuado de manera incompatible con el p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 porque la Comisi�n de Distorsiones no demostr� la existencia de una evoluci�n imprevista de las circunstancias, y con el p�rrafo 1 del art�culo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias porque en el informe de la Comisi�n de Distorsiones no se enunciaron constataciones y conclusiones fundamentadas a este respecto;

iii) Chile ha actuado de manera incompatible con el p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 y con los art�culos 2 y 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias porque la Comisi�n de Distorsiones no demostr� la similitud o la competencia directa de los productos producidos por la rama de producci�n nacional y, por consiguiente, no identific� la rama de producci�n nacional;

iv) Chile ha actuado de manera incompatible con el p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 y con los p�rrafos 1 del art�culo 2 y 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias porque la Comisi�n de Distorsiones no demostr� el aumento de las importaciones de los productos sujetos a las medidas de salvaguardia exigido por esas disposiciones;

v) Chile ha actuado de manera incompatible con el p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 y con los p�rrafos 1 a), 1 b) y 2 a) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias porque la Comisi�n de Distorsiones no demostr� la existencia de una amenaza de da�o grave;

vi) Chile ha actuado de manera incompatible con el p�rrafo 1 del art�culo 2 y el p�rrafo 2 b) del art�culo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias porque la Comisi�n de Distorsiones no demostr� una relaci�n de causalidad;

vii) Chile ha actuado de manera incompatible con el p�rrafo 1 a) del art�culo XIX del GATT de 1994 y el p�rrafo 1 del art�culo 5 del Acuerdo sobre Salvaguardias porque la Comisi�n de Distorsiones no se asegur� de que las medidas estuvieran limitadas a la medida necesaria para prevenir o reparar el da�o y facilitar el reajuste;

viii) la Argentina no demostr� que Chile haya actuado de manera incompatible con el requisito de los p�rrafos 1 y 2 del art�culo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias de realizar una "investigaci�n apropiada" a causa de que la Argentina supuestamente no tuvo plena oportunidad de participar en la investigaci�n y no tuvo acceso a ning�n resumen p�blico de la informaci�n confidencial en que las autoridades chilenas puedan haber basado su determinaci�n.

8.2 Con arreglo a lo dispuesto en el p�rrafo 8 del art�culo 3 del ESD, en los casos de incumplimiento de las obligaciones contra�das en virtud de un acuerdo abarcado, se presume que la medida constituye un caso de anulaci�n o menoscabo. Por consiguiente, llegamos a la conclusi�n de que en la medida en que Chile ha actuado de manera incompatible con las disposiciones del GATT de 1994, del Acuerdo sobre la Agricultura y del Acuerdo sobre Salvaguardias, ha anulado o menoscabado ventajas resultantes para la Argentina de esos Acuerdos.

8.3 Recomendamos que el �rgano de Soluci�n de Diferencias pida a Chile que ponga su SBP en conformidad con las obligaciones que le incumben en virtud del Acuerdo sobre la Agricultura y el GATT de 1994. Como se explica supra⁷⁵³, no formulamos ninguna recomendaci�n con respecto a las medidas de salvaguardia impugnadas por la Argentina en este procedimiento.

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