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ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIO

WT/DS207/R
3 de mayo de 2002

(02-2373)

Original: inglés

CHILE - SISTEMA DE BANDAS DE PRECIOS
 Y MEDIDAS DE SALVAGUARDIA APLICADOS
 A DETERMINADOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

Informe del Grupo Especial


 


El informe del Grupo Especial que se ocupó del asunto "Chile - Sistema de bandas de precios y medInforme del Grupo Especial a determinados productos aInforme del Grupo Especial dos los Miembros de conformidad con lo dispuesto en el ESD. El informe es objeto de distribución general a partir del 3 de mayo de 2002 de conformidad con los Procedimientos para la distribución y la supresión del carácter reservado de los documentos de la OMC (WT/L/160/Rev.1). Se recuerda a los Miembros que, de conformidad con el ESD, sólo las partes en la diferencia podrán recurrir en apelación contra el informe de un grupo especial, que la apelación tendrá únicamente por objeto las cuestiones de derecho tratadas en el informe del Grupo Especial y las interpretaciones jurídicas formuladas por éste, y que no habrá comunicaciones ex parte con el Grupo Especial ni con el Órgano de Apelación en relación con asuntos sometidos a la consideración del Grupo Especial o del Órgano de Apelación.

  

Nota de la Secretaría: El presente informe del Grupo Especial será adoptado por el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su distribución, a menos que una parte en la diferencia decida recurrir en apelación o que el OSD decida por consenso no adoptar el informe. En caso de recurrirse en apelación contra el informe del Grupo Especial, éste no será considerado por el OSD a efectos de su adopción hasta después de haber concluido el proceso de apelación. Puede obtenerse información acerca de la situación actual del informe del Grupo Especial en la Secretaría de la OMC.

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN

II. ELEMENTOS DE HECHO 

  1. EL SISTEMA DE BANDAS DE PRECIOS DE CHILE
  1. Marco reglamentario 
     
  2. Funcionamiento del SBP 
  1. MEDIDAS DE SALVAGUARDIA DE CHILE
  1. Marco reglamentario 
     
  2. Medidas de salvaguardia definitivas y provisionales 
     
  3. Prórroga de las medidas de salvaguardia

III. SOLICITUDES DE CONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LAS PARTES

IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

  1. ARGUMENTOS RELATIVOS AL SISTEMA DE BANDAS DE PRECIOS DE CHILE
  1. Argumentos procesales

a) Carga de la prueba 

  1. Argumentos sustantivos

a) Infracción del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 

i) Si la aplicación del SBP ha dado lugar a la aplicación de derechos de aduana superiores a los aranceles consolidados 

ii) Si el SBP en sí mismo puede dar lugar a la aplicación de derechos de aduana superiores a los aranceles consolidados

iii) El artículo XIX como excepción al artículo II del GATT de 1994 

b) Incumplimiento del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura 

i) Si el SBP es una medida prohibida en virtud del párrafo 2 del artículo 4 y que debería haber sido arancelizada 

ii) Si el SBP es un gravamen variable o una medida similar aplicada en la frontera

iii) Distinción entre gravamen variable o medida similar aplicada en la frontera y derecho de aduana propiamente dicho 

c) Relación existente entre el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 y el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura 

i) Otras cuestiones de interpretación relacionadas con el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura 

Importancia del Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 entre Chile y el MERCOSUR

Conocimiento previo, historia de las negociaciones y prácticas ulteriormente seguidas 

Asesoramiento de la Secretaría 

  1. ARGUMENTOS RELATIVOS A LAS MEDIDAS DE SALVAGUARDIA DE CHILE
  1. Argumentos de procedimiento

a) Mandato

i) Medidas que ya no están en vigor 

ii) La decisión de prórroga no fue objeto de consultas entre las partes 

iii) Supresión de algunas medidas de prórroga 

b) Carga de la prueba

  1. Argumentos sustantivos  

a) Cumplimiento de las prescripciones en materia de notificación y de consultas previas 

b) Evolución imprevista de las circunstancias

c) Investigación apropiada

d) La cuestión de la publicación por Chile de un informe en el que se enunciaran las constataciones y las conclusiones fundamentadas

e) Producto similar

f) Aumento de las importaciones

i) Aceites vegetales comestibles

Apertura de la investigación

Salvaguardias provisionales 

Salvaguardias definitivas 

Prórroga de las medidas 

ii) Harina de trigo 

Apertura de la investigación

Salvaguardias provisionales 

Salvaguardias definitivas

Prórroga de las medidas

iii) Trigo 

Apertura de la investigación 

Salvaguardias provisionales

Salvaguardias definitivas

Prórroga de las medidas

g) Evaluación de todos los factores pertinentes 

Aceites vegetales comestibles

Harina de trigo 

Trigo 

h) Amenaza de daño 

i) Relación de causalidad 

j) La cuestión de si la medida de salvaguardia de Chile no estuvo limitada a la medida necesaria para reparar el daño y facilitar el reajuste 

k) Medidas provisionales 

V. ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS 

  1. BRASIL
     
  2. COLOMBIA
     
  3. ECUADOR
     
  4. COMUNIDADES EUROPEAS
     
  5. GUATEMALA
     
  6. JAPON
     
  7. PARAGUAY
     
  8. ESTADOS UNIDOS
     
  9. VENEZUELA

VI. REEXAMEN INTERMEDIO 

VII. CONSTATACIONES

  1. EL SISTEMA DE BANDAS DE PRECIOS CHILENO
  1. Constataciones solicitadas 
     
  2. Modificación del artículo 12 de la Ley 18.525 durante las actuaciones del Grupo Especial 
     
  3. Orden del análisis del Grupo Especial 
     
  4. El SBP chileno y el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura 

a) ¿Es el SBP chileno una medida del tipo de las que se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana propiamente dichos? 

i) ¿Es el SBP chileno una medida aplicada en la frontera similar a las enumeradas en la nota 1? 

"Medida aplicada en la frontera" 

"Similar a" un "gravamen variable a la importación" o a un "precio mínimo de importación" 

Determinación del sentido de la frase "similar a un gravamen variable a la importación o a un precio mínimo de importación" 

Aplicación al SBP chileno de la interpretación del Grupo Especial de la expresión "similar a un gravamen variable a la importación o a un precio mínimo de importación" 

"Que no sean derechos de aduana propiamente dichos" 

Determinación del sentido de la frase "derechos de aduana propiamente dichos" 

Aplicación al SBP chileno de la interpretación del Grupo Especial de la expresión "que no sean derechos de aduana propiamente dichos" 

Conclusión

ii) ¿Es el SBP chileno una medida "mantenida en virtud de las disposiciones en materia de balanza de pagos o al amparo de otras disposiciones generales no referidas específicamente a la agricultura del GATT de 1994 o de los otros Acuerdos Comerciales Multilaterales incluidos en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC"? 

b) Otros medios de interpretación 

i) "práctica estatal" 

ii) El artículo 24 del Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 ("ACE 35") entre Chile y el MERCOSUR 

iii) Historia de la negociación del párrafo 2 del artículo 4 

c) Conclusión relativa al párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura 

  1. El SBP chileno y el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 179
  1. LAS MEDIDAS DE SALVAGUARDIA CHILENAS APLICADAS AL TRIGO, LA HARINA DE TRIGO Y LOS ACEITES VEGETALES COMESTIBLES
  1. Las medidas objeto de litigio 
     
  2. Cuestiones preliminares 

a) Las medidas de salvaguardia provisionales 

b) Las medidas de salvaguardia definitivas y la prórroga de su período de aplicación

c) Retirada de las medidas de salvaguardia durante las actuaciones del Grupo Especial

  1. Informe publicado (párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias) 
     
  2. Documentos examinados por el Grupo Especial para determinar el cumplimiento por Chile de las obligaciones que le corresponden en virtud el artículo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias
     
  3. Evolución imprevista de las circunstancias (párrafo 1 a) del artículo XIX del GATT de 1994 y párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias) 
     
  4. Definición de productos similares o directamente competidores (párrafo 1 a) del artículo XIX del GATT de 1994 y párrafo 1 del artículo 2 y párrafos 1 a) y 2 c) del artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias) 
     
  5. Aumento de las importaciones (párrafo 1 a) del artículo XIX del GATT de 1994 y párrafo 1 del artículo 2 y párrafo 2 a) del artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias) 
     
  6. Amenaza de daño grave y evaluación de todos los factores pertinentes (párrafo 1 a) del artículo XIX del GATT de 1994 y párrafos 1 a), 1 b) y 2 a) del artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias)  
     
  7. Relación de causalidad (párrafo 1 del artículo 2 y párrafo 2 b) del artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias) 
     
  8. Medidas necesarias para reparar el daño y facilitar el reajuste (párrafo 1 a) del artículo XIX del GATT de 1994, párrafo 1 del artículo 3 y párrafo 1 del artículo 5 del Acuerdo sobre Salvaguardias) 
     
  9. Investigación apropiada (párrafos 1 y 2 del artículo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias)
     
  10. Constataciones y conclusiones fundamentadas (párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias) 
     
  11. Medidas provisionales (párrafo 2 del artículo XIX del GATT de 1994 y artículo 6 del Acuerdo sobre Salvaguardias) 
     
  12. Notificación y consultas (párrafo 2 del artículo XIX del GATT de 1994 y artículo 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias)
     
  13. Prórroga de las medidas de salvaguardia definitivas (artículo 7 del Acuerdo sobre Salvaguardias) 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 


I. INTRODUCCIÓN

1.1 El 5 de octubre de 2000, la Argentina solicitó la celebración de consultas con Chile en virtud del párrafo 1 del artículo XXIII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (el "GATT de 1994") y el artículo 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (el "ESD") -en la medida en que desarrolla el párrafo 1 del artículo XXIII del GATT de 1994- así como del artículo 14 del Acuerdo sobre Salvaguardias y el artículo 19 del Acuerdo sobre la Agricultura. Esta solicitud se relacionaba con el sistema de bandas de precios de Chile (denominado en adelante "el SBP de Chile") y con la imposición por parte de las autoridades chilenas de las medidas de salvaguardia provisional y definitiva sobre las importaciones de trigo, harina de trigo y aceites vegetales comestibles.1

1.2 Las consultas se celebraron el 21 de noviembre de 2000, pero las partes no llegaron a una solución mutuamente satisfactoria. El 19 de enero de 2001, la Argentina solicitó al Órgano de Solución de Diferencias (el "OSD") que estableciera un grupo especial de conformidad con el artículo XXIII del GATT de 1994, los artículos 4 y 6 del ESD, el artículo 19 del Acuerdo sobre la Agricultura y el artículo 14 del Acuerdo sobre Salvaguardias a fin de que examinara el SBP de Chile, las medidas de salvaguardia provisional y definitiva que aplica Chile a las importaciones de trigo, harina de trigo y aceites vegetales comestibles, y la prórroga de esas medidas.2

1.3 En su reunión del 12 de marzo de 2001, el OSD estableció un grupo especial, de conformidad con el artículo 6 del ESD. En esa reunión, las partes acordaron que el Grupo Especial se estableciera con el mandato uniforme. El mandato del Grupo Especial es, en consecuencia, el siguiente:

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados invocados por la Argentina en el documento WT/DS207/2, el asunto sometido al OSD por la Argentina en ese documento y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dichos acuerdos."3

1.4 El 7 de mayo de 2001 la Argentina pidió al Director General que estableciera la composición del Grupo Especial, de conformidad con el párrafo 7 del artículo 8 del ESD. Dicho párrafo dispone lo siguiente:

"Si no se llega a un acuerdo sobre los integrantes dentro de los 20 días siguientes a la fecha del establecimiento del grupo especial, a petición de cualquiera de las partes, el Director General, en consulta con el Presidente del OSD y con el Presidente del Consejo o Comité correspondiente, establecerá la composición del grupo especial, nombrando a los integrantes que el Director General considere más idóneos con arreglo a las normas o procedimientos especiales o adicionales previstos al efecto en el acuerdo o acuerdos abarcados a que se refiera la diferencia, después de consultar a las partes en ella. El Presidente del OSD comunicará a los Miembros la composición del grupo especial así nombrado a más tardar 10 días después de la fecha en que haya recibido dicha petición."

1.5 El 17 de mayo de 2001, el Director General procedió en consecuencia a establecer la composición del Grupo Especial, que es la siguiente:

Presidente: Sr. Hardeep Puri
Miembros:
Sr. Ho-Young Ahn
Sr. Michael Gifford

1.6 Australia, el Brasil, Colombia, las Comunidades Europeas, Costa Rica, el Ecuador, El Salvador, los Estados Unidos, Guatemala, Honduras, el Japón, Nicaragua, el Paraguay y Venezuela se reservaron el derecho de participar como terceros en las actuaciones del Grupo Especial.

1.7 El Grupo Especial se reunió con las partes los días 12 y 13 de septiembre y 21 y 22 de noviembre de 2001. El 13 de septiembre de 2001 se reunió con los terceros.

1.8 El Grupo Especial presentó a las partes su informe provisional el 21 de febrero de 2002. El 28 de febrero de 2002, Chile presentó observaciones y solicitó la revisión y aclaración de ciertos aspectos del informe provisional. Además, Chile pidió al Grupo Especial que realizara otra reunión con las partes, de conformidad con el artículo 15 del ESD y el párrafo 16 de los Procedimientos de Trabajo del Grupo Especial. El 28 de febrero de 2002, la Argentina presentó observaciones generales al informe provisional. El 14 de marzo de 2002 se celebró con las partes una reunión intermedia de reexamen. El Grupo Especial dio a las partes la oportunidad de presentar nuevas observaciones al día siguiente. El Grupo Especial presentó a las partes su informe definitivo el 4 de abril de 2002.

II. ELEMENTOS DE HECHO

2.1 La presente diferencia se relaciona con dos cuestiones distintas: A) el sistema de bandas de precios de Chile ("SBP") y B) las medidas de salvaguardia provisional y definitiva aplicadas por Chile a las importaciones de trigo, harina de trigo y aceites vegetales comestibles, además de la prórroga de esas medidas.

  1. EL SISTEMA DE BANDAS DE PRECIOS DE CHILE

1. Marco reglamentario

2.2 Las normas de Chile en relación con su sistema de bandas de precios figuran en la Ley 18.525 relativa a las Normas sobre Importación de Mercancías al país4, modificada. En particular, el artículo 12 de la Ley 18.525 establece la metodología de cálculo de las bandas de precios. Este artículo dice lo siguiente5:

"Para el solo efecto de asegurar un margen razonable de fluctuación de los precios internos del trigo, de las semillas de oleaginosas, de los aceites vegetales comestibles y del azúcar, en relación a los precios internacionales de tales productos, establécense derechos específicos en dólares de los Estados Unidos de América por unidad arancelaria o de derechos ad valorem, o ambos, y rebajas a las sumas que corresponda pagar por derechos ad valorem del Arancel Aduanero, que podrán afectar la importación de dichas mercaderías.

El monto de tales derechos y rebajas establecidos en conformidad al procedimiento señalado en este artículo será determinado una vez al año por el Presidente de la República, en términos que, aplicados a los niveles de precios que los mencionados productos alcancen en los mercados internacionales, permitan sustentar un costo mínimo y un costo máximo de importación de los mismos durante el período de comercialización interna de la producción nacional.

Para la determinación de los costos a que se refiere el inciso anterior, se deberán considerar los precios internacionales promedios mensuales registrados en los mercados de mayor relevancia en un período inmediatamente precedente de cinco años calendarios para el trigo, semillas de oleaginosas y aceites vegetales comestibles y de 10 años calendarios para el azúcar. Los referidos promedios se reajustarán en el porcentaje de variación que haya experimentado el índice de precios promedio relevante para el comercio exterior de Chile habido entre el mes al que correspondan y el último mes del año anterior al de la determinación del monto de los derechos o rebajas, según lo certifique el Banco Central de Chile, y se ordenarán en serie de mayor a menor, eliminándose de las mismas hasta el 25 por ciento de los valores más altos y hasta el 25 por ciento de los valores más bajos para el trigo, semillas de oleaginosas y aceites vegetales comestibles, y hasta el 35 por ciento de los valores más altos y hasta el 35 por ciento de los valores más bajos para el azúcar. A los valores extremos resultantes, se les agregarán los aranceles y gastos normales que se originen en el proceso de importación de dichos productos. Los derechos y rebajas que se determinen para el trigo regirán también para el morcajo o tranquillón y para la harina de trigo. En este último caso, los derechos y las rebajas determinados para el trigo se multiplicarán por el factor 1,56.

Los precios para la aplicación de estos derechos y rebajas serán los que alcancen a la fecha del embarque las respectivas mercaderías. El Servicio Nacional de Aduanas informará semanalmente estos precios, pudiendo requerir, para tal efecto, antecedentes a otros organismos públicos."

2.3 En la segunda reunión sustantiva, Chile presentó una copia de la Ley 19.7726, que modifica el artículo 12 de la Ley 18.525. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 19.772, que entró en vigor el 19 de noviembre de 2001, se le añade el párrafo siguiente al artículo 12 de la Ley 18.525:

"Los derechos específicos que resulten de la aplicación de este artículo, sumados al derecho ad valorem, no podrán sobrepasar el arancel tipo básico, consolidado por Chile ante la Organización Mundial del Comercio para las mercancías a que se refiere este artículo, considerando cada operación de importación individualmente y teniendo como base de cálculo el valor c.i.f. de las mercancías comprendidas en la respectiva operación. Para tal efecto, corresponderá al Servicio Nacional de Aduanas adoptar las medidas conducentes a mantener el límite señalado en esta disposición."

2. Funcionamiento del SBP

2.4 En la práctica, los tipos arancelarios aplicados de Chile son significativamente inferiores a su tipo consolidado. En lo que respecta al trigo, la harina de trigo y los aceites vegetales comestibles, el tipo aplicado puede incrementarse por medio de aumentos de derechos que tienen lugar al aplicarse el SBP.7 En cada caso, el SBP supone un umbral superior y un umbral inferior que se determinan sobre la base de ciertos precios internacionales. Las bandas de precios correspondientes a cada producto se determinan una vez por año mediante Decreto Presidencial, con la publicación de un cuadro en el que figuran los precios de referencia y los derechos específicos conexos. Además, semanalmente Chile establece "precios de referencia" sobre la base de los precios que se aplican en determinados mercados extranjeros. Este aumento de los derechos se activa cuando el "precio de referencia" queda por debajo del umbral inferior de la banda. El aumento de los derechos equivale a la diferencia absoluta que existe entre el umbral inferior de la banda y el "precio de referencia". A la inversa, una rebaja arancelaria se activa cuando el "precio de referencia" queda por encima del precio que determina el umbral superior de la banda. La rebaja (que no puede ser mayor que el tipo ad valorem aplicado) equivale a la diferencia absoluta que existe entre el "precio de referencia" y el umbral superior de la banda.

2.5 El artículo 12 de la Ley 18.525 prevé la aplicación de derechos específicos expresados en dólares de los Estados Unidos por unidad arancelaria o derechos ad valorem, o ambos, así como de rebajas a las sumas que corresponda pagar como derechos específicos o ad valorem, o ambos. A ese fin, el artículo 12 faculta al Presidente de la República de Chile para que una vez al año emita decretos que establezcan las bandas de precios. Estas bandas se calculan sobre la base de precios promedios mensuales registrados en bolsas de valores específicas durante los últimos 60 meses. En el caso del trigo, el cálculo se basa en la información del Hard Red Winter Nº 2, f.o.b. del Golfo (Bolsa de Kansas), en tanto para el aceite se basa en el precio del aceite de soja crudo f.o.b. Illinois, de la Bolsa de Chicago.8 En lo referente a la harina de trigo, se utiliza la banda de precios del trigo para calcular el derecho o rebaja, que luego se multiplican por un factor de 1,56 para obtener el derecho o rebaja específico correspondiente a la harina de trigo.9 Estos precios promedios se reajustan en el porcentaje de variación del índice de precios externos (IPE) que lleva el Banco Central de Chile. Una vez reajustados, los precios se ordenan en una serie de mayor a menor, eliminándose para el trigo y los aceites vegetales comestibles hasta el 25 por ciento de los valores más altos y más bajos. A las series de precios así determinadas se les agregan los aranceles y gastos de importación (por ejemplo, fletes, seguros, apertura de carta de crédito, intereses al crédito, impuesto al crédito, honorarios de agente de aduana, descarga, flete a planta y mermas), con el fin de fijar "el piso" y "el techo" de la banda sobre la base c.i.f.

2.6 Cuando un embarque de un producto sujeto al SBP llega a la frontera con fines de importación a Chile, el Servicio de Aduanas determina el monto total de los derechos aplicables según el procedimiento siguiente: el primer paso consiste en aplicar el derecho ad valorem. Luego debe determinarse el "precio de referencia" que se le debe aplicar a ese embarque en particular. Este precio de referencia no es el de transacción, sino un precio que las autoridades chilenas determinan semanalmente (cada viernes) usando el precio f.o.b. más bajo vigente para el producto en cuestión en los "mercados relevantes para Chile" del exterior.10 En el caso de los aceites vegetales comestibles, el precio semanal de referencia corresponde al precio f.o.b. más bajo vigente en los mercados relevantes para Chile con respecto a cualquiera de los tipos de aceites comestibles correspondientes. A diferencia de los precios utilizados para la composición del SBP, los precios de referencia no están sujetos a ajustes por concepto de "gastos normales de importación".11 El precio de referencia aplicable a cada embarque específico se determina según la fecha del conocimiento de embarque. El precio de referencia queda a disposición del público en el Servicio Nacional de Aduanas de Chile.

2.7 Una vez que el Servicio de Aduanas ha determinado el precio de referencia aplicable a ese embarque determinado, procede a imponer los derechos. Éstos varían según la posición que ocupe el precio de referencia en relación con los umbrales superior e inferior de la banda de precios. Si el precio de referencia queda por debajo del umbral inferior, el Servicio de Aduanas impondrá un derecho ad valorem (derecho NMF) del 8 por ciento, además de un derecho específico adicional. Este derecho específico adicional será igual a la diferencia entre el precio de referencia y el umbral inferior. Si el precio de referencia se encuentra entre el umbral inferior y el superior, el Servicio de Aduanas sólo aplicará el derecho ad valorem del 8 por ciento. Si el precio de referencia es mayor que el umbral superior, el Servicio de Aduanas otorgará sobre el derecho ad valorem del 8 por ciento una rebaja igual a la diferencia que existe entre el umbral superior y el precio de referencia.

  1. MEDIDAS DE SALVAGUARDIA DE CHILE

1. Marco reglamentario

2.8 El marco reglamentario de Chile para la realización de investigaciones en materia de salvaguardias y la eventual imposición de medidas de salvaguardia figura en la Ley 19.612 de 28 de mayo de 199912 y su Decreto de aplicación Nº 909 del Ministerio de Hacienda, de 17 de junio de 1999.13 Chile notificó ambos instrumentos jurídicos a la OMC el 23 de junio de 1999.14

2. Medidas de salvaguardia definitivas y provisionales

2.9 El 23 de agosto de 1999, el Ministerio de Agricultura de Chile solicitó a la Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas (denominada en adelante, "la Comisión") el inicio de una investigación de oficio para la aplicación de salvaguardias a los productos sujetos al sistema de bandas de precios, incluidos el trigo, la harina de trigo, el azúcar y los aceites vegetales comestibles.15 El Ministerio solicitó asimismo a la Comisión que recomendara la aplicación de medidas de salvaguardia provisionales. En su Sesión Nº 181, celebrada el 9 de septiembre de 1999, la Comisión resolvió iniciar la investigación en materia de salvaguardias contra las importaciones de trigo, harina de trigo, azúcar y aceites vegetales comestibles. Sin embargo, las importaciones de azúcar no están incluidas en la presente diferencia. La decisión de iniciar la investigación figura en el Acta de la Sesión Nº 181 de la Comisión. El aviso de inicio se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile el 29 de septiembre de 1999 y fue notificado a la OMC el 25 de octubre de 1999.16 En consecuencia, se dio inicio a la investigación el 30 de septiembre de 1999.

2.10 En su Sesión Nº 185, celebrada el 22 de octubre de 1999, la Comisión decidió recomendar al Presidente de la República la imposición de medidas de salvaguardia provisionales. Las recomendaciones de la Comisión figuran en su Acta de la Sesión Nº 185. Por recomendación de la Comisión, el Presidente, por conducto del Ministerio de Hacienda, impuso medidas de salvaguardia provisionales a las importaciones de trigo, harina de trigo y aceites vegetales comestibles, por Decreto Exento Nº 339 de 26 de noviembre de 1999.17 Chile hizo una notificación previa de estas medidas el 2 de noviembre de 1999.18 La medida de salvaguardia provisional consistió en una sobretasa arancelaria ad valorem, correspondiente a la diferencia existente entre el arancel general más el equivalente ad valorem del derecho específico determinado por el SBP y el nivel consolidado en la OMC para estos productos.

2.11 En su Sesión Nº 189, celebrada el 25 de noviembre de 1999, la Comisión celebró una audiencia pública para recibir las opiniones de las partes interesadas en la investigación de salvaguardias y adjuntó los argumentos de las partes a su Acta de la Sesión Nº 189. En su Sesión Nº 193, celebrada el 7 de enero de 2000, la Comisión recomendó la imposición de medidas de salvaguardia definitivas. Las recomendaciones de la Comisión figuran en el Acta de la Sesión Nº 193. El 18 de enero de 2000, Chile notificó a la OMC que la Comisión había constatado la existencia de amenaza de daño grave a la producción nacional de los bienes sujetos al sistema chileno de bandas de precios y había recomendado al Presidente de la República que impusiera medidas de salvaguardia definitivas.19

2.12 El 22 de enero de 2000 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Exento Nº 9 del Ministerio de Hacienda de Chile, en virtud del cual se impusieron medidas de salvaguardia definitivas durante un año a las importaciones de trigo, harina de trigo y aceites vegetales comestibles. Al igual que en el caso de las medidas provisionales, las medidas definitivas, para cada operación de importación, consistieron "en darle el carácter de sobretasa arancelaria ad valorem a la diferencia entre el arancel general más el equivalente ad valorem del derecho específico determinado por el mecanismo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 18.525 [es decir, el SBP] -con sus correspondientes decretos anuales de aplicación- y el nivel consolidado en la OMC para estos productos".20

3. Prórroga de las medidas de salvaguardia

2.13 En virtud de la Orden Nº 792 de 10 de octubre de 2000, el Ministerio de Agricultura de Chile pidió a la Comisión que analizara la posibilidad de prorrogar las medidas de salvaguardia definitivas impuestas por el Decreto Exento Nº 9 del Ministerio de Hacienda de Chile a las importaciones de trigo, harina de trigo y aceites vegetales comestibles. En su Sesión Nº 222, celebrada el 3 de noviembre de 2000, la Comisión resolvió dar inicio a un procedimiento para decidir sobre la prórroga de las medidas de salvaguardia definitivas. El aviso de inicio se publicó el 4 de noviembre de 2000. En su Sesión Nº 223 de 13 de noviembre de 2000, la Comisión celebró una audiencia pública. Los pormenores de la audiencia figuran en su Acta de la Sesión Nº 223.

2.14 En su Sesión Nº 224, celebrada el 17 de noviembre de 2000, la Comisión decidió recomendar la prórroga de las medidas de salvaguardia definitivas establecidas por Decreto Exento Nº 9 del Ministerio de Hacienda. La decisión de la Comisión figura en el Acta de la Sesión Nº 224. Con posterioridad a esta decisión, se impuso la prórroga de las medidas de salvaguardia por Decreto Exento Nº 349 del Ministerio de Hacienda, de 25 de noviembre de 2000.21 Este Decreto estipula la prórroga de las medidas de salvaguardia, como se indica en el párrafo 2.12 supra, por el plazo de un año a partir de la fecha de vencimiento de las mismas. En la práctica, fueron prorrogadas hasta el 26 de noviembre de 2001. Chile notificó la prórroga de la medida a la OMC el 11 de diciembre de 2000.22, 23

2.15 Las medidas de prórroga aplicadas al trigo y la harina de trigo fueron dejadas sin efecto mediante Decreto Exento Nº 244 del Ministerio de Hacienda, publicado el 27 de julio de 2001.24 La revocación de estas medidas fue notificada a la OMC el 9 de agosto de 2001.25

III. SOLICITUDES DECONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LAS PARTES

3.1 Por las razones expuestas, la Argentina solicita que el Grupo Especial:

- concluya que el SBP de Chile es incompatible con el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 y el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura;

- concluya que la investigación de salvaguardias y las medidas de salvaguardia son incompatibles con el artículo XIX del GATT de 1994 y con los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias; y

- se pronuncie sobre todas las reclamaciones presentadas, de forma tal que se eviten procedimientos futuros innecesarios en caso de una eventual revocación de las constataciones, teniendo en cuenta que es el Órgano de Apelación quien ejerce economía procesal.

3.2 A la luz de las argumentaciones de hecho y de derecho expuestas, Chile solicita que el Grupo Especial:

- concluya que el SBP está en conformidad con las disposiciones del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 y con el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura;

- constate que: i) tanto las medidas provisionales como las definitivas, objeto de las consultas y de este procedimiento, no se encuentran vigentes; y ii) las medidas de prórroga, únicas vigentes en la actualidad, nunca fueron objeto de consultas en la OMC y, por lo tanto, el Grupo Especial no podría pronunciarse respecto de la conformidad de las medidas vigentes frente a determinadas disposiciones de los Acuerdos de la OMC;

- en caso de que el Grupo Especial estime que puede pronunciarse sobre la compatibilidad de las medidas chilenas con los artículos 2, 3, 4, 6 y 12 del Acuerdo sobre Salvaguardias, así como con el artículo XIX del GATT de 1994, concluya que éstas se encuentran en conformidad con los citados artículos.

IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

  1. ARGUMENTOS RELATIVOS AL SISTEMA DE BANDAS DE PRECIOS DE CHILE

1. Argumentos procesales

a) Carga de la prueba

4.1 La Argentina se refiere al párrafo 8 del artículo 3 del ESD, que establece lo siguiente:

"En los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado, se presume que la medida constituye un caso de anulación o menoscabo. Esto significa que normalmente existe la presunción de que toda transgresión de las normas tiene efectos desfavorables para otros Miembros que sean partes en el acuerdo abarcado, y en tal caso corresponderá al Miembro contra el que se haya presentado la reclamación refutar la acusación."

4.2 En lo referente a la supuesta infracción del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994, la Argentina afirma que ha establecido ante el Grupo Especial una presunción prima facie presentando pruebas y argumentos jurídicos suficientes para demostrar que la medida chilena objeto de examen (el SBP) es incompatible con las obligaciones asumidas por Chile en virtud de las disposiciones del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994. En consecuencia, sostiene la Argentina, Chile ha admitido que ha impuesto derechos por encima de su consolidación arancelaria y no ha refutado el argumento de que el SBP es potencialmente violatorio de los compromisos contraídos por Chile en su Lista Nacional. En lo referente a la supuesta infracción del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura, la Argentina alega que, al haber presentado argumentos jurídicos suficientes para demostrar que la medida chilena objeto de examen (el SBP) es incompatible con las obligaciones asumidas por Chile en virtud de las disposiciones del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura, puesto que la misma es una medida "del tipo de las que se ha prescrito se conviertan", una vez más ha establecido ante el Grupo Especial una presunción prima facie. La Argentina sostiene que, al igual que en el caso del párrafo 1 b) del artículo II, Chile no sólo no ha presentado pruebas o argumentos que refuten las alegaciones de la Argentina, sino todo lo contrario, ha admitido que el SBP impone un "gravamen" a la "importación" que "varía" de acuerdo con el día en que se efectúa el embarque.26

4.3 La Argentina alega además que, habida cuenta de que Chile mantiene legislación imperativa contraria a las disposiciones del Acuerdo, existe una presunción de anulación o menoscabo de los derechos resultantes para la Argentina y que, por lo tanto, corresponde a Chile refutar tal presunción.27 La Argentina añade que el SBP de Chile no reúne las condiciones necesarias para acogerse a ninguna de las excepciones contempladas en el artículo 5 (disposiciones de salvaguardia especial) o en el Anexo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura. En lo referente a las disposiciones de salvaguardia especial previstas en el artículo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura, la Argentina considera que el SBP de Chile no reúne las condiciones necesarias para acogerse a la excepción estipulada en el párrafo 2 del artículo 4 por dos motivos: i) la posibilidad de invocar esta disposición especial expiró el 31 de diciembre de 2000; ii) aun si la disposición estuviera todavía vigente, no se aplicaría porque la Lista de Chile no designa el trigo, la harina de trigo ni los aceites vegetales comestibles con el símbolo "SGE" (salvaguardia especial), tal como lo requiere el párrafo 1 del artículo 5.

4.4 Chile sostiene que la Argentina ha fracasado completamente en cuanto al cumplimiento de la obligación de probar de que el SBP de Chile constituye un gravamen variable o de que es de otro modo incompatible con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura.28

2. Argumentos sustantivos

a) Infracción del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994

4.5 La Argentina formula dos alegaciones con respecto al párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994:

4.6 El SBP en sí mismo infringe el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994, pues su aplicación ha llevado a Chile a percibir puntualmente derechos que exceden de los consolidados en su Lista Nacional Nº VII.

4.7 Además, el SBP infringe el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 en tanto que, por su estructura, diseño y modalidad de aplicación, lleva potencialmente a la aplicación de derechos específicos violatorios del nivel arancelario consolidado del 31,5 por ciento.29

i) Si la aplicación del SBP ha dado lugar a la aplicación de derechos de aduana superiores a los aranceles consolidados

4.8 La Argentina sostiene que la violación por parte de Chile de las obligaciones asumidas en virtud del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 ha sido reconocida por Chile y comprobada en la práctica. Según la opinión de la Argentina, si bien la posibilidad de sobrepasar el arancel consolidado es suficiente -en y por sí misma- para establecer la violación del párrafo 1 b) del artículo II, de hecho Chile ha impuesto aranceles superiores al arancel consolidado desde 1998 y lo ha reconocido en varias ocasiones30 En este sentido, la Argentina se refiere a la reunión del Comité de Agricultura celebrada los días 24 y 25 de junio de 1999, en la cual el representante de Chile reconoció que "en algunos casos, el arancel aplicado [fue] superior al compromiso consolidado".31.32 Según la Argentina, esta declaración constituye un reconocimiento de que Chile ha violado las obligaciones que asumió de conformidad con el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994.33 La Argentina se refiere además a declaraciones de Chile34 en el Órgano de Solución de Diferencias, a diversos documentos relacionados con su investigación en materia de salvaguardias35 y a la Primera comunicación escrita de Chile.36 Asimismo, la Argentina afirma que Chile ha venido violando sistemáticamente sus compromisos contraídos en el marco de la OMC desde 1998.37 La Argentina alega que estos reiterados, sucesivos y consistentes reconocimientos de Chile de su propio incumplimiento, en particular los efectuados en los procedimientos ante este Grupo Especial, son más que suficientes para que este Grupo Especial constate la incompatibilidad del SBP con el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994.38 En particular, la Argentina sostiene que, contrariamente a lo que alega Chile39, este país ha impuesto a la Argentina derechos de aduana ad valorem efectivos de hasta el 64,41 por ciento en el caso de los aceites y de hasta el 60,25 por ciento en el caso de la harina de trigo, en infracción del párrafo 1 b) del artículo II, como lo confirma la documentación procesada por la propia aduana de Chile.40 A juicio de la Argentina, lo anterior confirma que el incumplimiento no es una simple posibilidad teórica, sino que es algo que se ha producido y que necesariamente continuará produciéndose si se mantiene el sistema en vigencia.41 Si Chile aplicara un derecho específico que en su equivalente ad valorem no violara su consolidación arancelaria, su reconocimiento de que "el Gobierno de Chile conscientemente adoptó la decisión de permitir que la banda de precios operara en su plenitud, dejando de cumplir su obligación"42 sería, según la Argentina, absurdo.43

4.9 Chile reconoce que el arancel total aplicado a las importaciones de trigo harinero, en ocasiones sobrepasó el arancel consolidado de Chile en el marco del GATT de 1947. Indica que, en el período 1990-1995, esto ocurrió durante los años 1990 y 1991. Con respecto a los motivos que lo llevaron a sobrepasar su arancel consolidado en el GATT de 1947, Chile aduce que ello también se debió a la verificación de circunstancias imprevistas que en aquella época causaron una caída estrepitosa del precio de las importaciones de ciertos productos incluidos en el sistema de bandas de precios. Chile alega que estas circunstancias tuvieron una naturaleza tan extraordinaria que, en ese momento, no pudo razonablemente prever que en el futuro se volvería a producir la situación de verse forzado a sobrepasar su arancel consolidado en el marco del GATT de 1947 o, posteriormente, del GATT de 1994. Destaca que estas circunstancias no sólo fueron extraordinarias para Chile, sino para las demás partes contratantes del GATT, entre ellas la Argentina y los terceros participantes en este Grupo Especial. Chile señala que, en efecto, estos países nunca presentaron una reclamación por sentirse afectados en sus derechos en virtud del tratado debido al SBP, ni impugnaron el sistema y su funcionamiento en las negociaciones de la Ronda Uruguay, pese a tener conocimiento de que Chile había sobrepasado su arancel consolidado por un caso de fuerza mayor.44

4.10 La Argentina sostiene que Chile no ha desmentido las aseveraciones de la Argentina de que efectivamente ha sobrepasado su arancel consolidado y que, al igual que en los anteriores reconocimientos que sobre este hecho ha efectuado en distintos foros de la OMC, ni siquiera ha intentado rebatirlas. La Argentina suma a todo lo anterior la propia prueba que Chile ha aportado a este procedimiento, mediante su nota de fecha 5 de octubre de 2001, en la que su Representante Permanente ante la OMC adjunta una serie de cuadros estadísticos como complemento a la respuesta dada a la pregunta 12 b) del Grupo Especial. Según la Argentina, en dichos cuadros se observa concretamente que en todas las series mensuales correspondientes a los "demás trigos y al morcajo o tranquillón" (posición arancelaria 1001.90.00), desde enero de 1998 hasta enero de 2001, el propio Ministerio de Hacienda de la República de Chile confirma que en forma sistemática, continua y para la totalidad de las importaciones procedentes de cualquier Miembro de la OMC, Chile percibió en aduana montos que van desde un 36,1 por ciento hasta un 67,1 por ciento en promedio para el mes de diciembre de 1999, que exceden su consolidación arancelaria. Si se analiza la misma comunicación de Chile, en lo que se refiere a los aceites vegetales comestibles, la Argentina indica que las cifras presentadas muestran sistemáticamente desde junio de 1999 una "perforación" de la consolidación. La Argentina señala que esas cifras llegan en algunos casos al 70,8 por ciento, es decir, más que duplican el compromiso de consolidación de Chile en la OMC.45

ii) Si el SBP en sí mismo puede dar lugar a la aplicación de derechos de aduana superiores a los aranceles consolidados

4.11 La Argentina aduce que el SBP es potencialmente violatorio del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994. Sostiene que la obligación contenida en el párrafo 1 b) del artículo II del GATT ha sido claramente precisada en los precedentes del GATT/OMC. En este sentido, alega la Argentina, se ha señalado que cuando un arancel consolidado ha sido registrado en la Lista de un Miembro, ese arancel consolidado constituye el límite máximo de derechos que legalmente puede aplicarse a los productos sujetos a dicha consolidación o, en las circunstancias de este caso, el límite para la combinación del arancel aduanero normal y del derecho específico aplicado de acuerdo al SBP.46 Además, la Argentina sostiene que hay un incumplimiento de la obligación en el marco de la OMC contenida en el párrafo 1 b) del artículo II del GATT no solamente cuando en un caso específico de hecho se imponga una tasa más elevada que el arancel consolidado, sino también cuando la estructura y diseño de la medida cuestionada hacen posible que se den situaciones en que se supere el arancel consolidado.47 A juicio de la Argentina, el SBP, por su diseño, estructura y modalidad de aplicación, tiene la potencialidad de llevar a Chile a incumplir inexorablemente su consolidación arancelaria.48, 49 La Argentina observa que, en los casos en los que el precio de referencia de aduana para el día del embarque está por debajo de determinado nivel, los aranceles efectivamente aplicados por Chile exceden del tipo consolidado del 31,5 por ciento.50 La Argentina presenta una formulación matemática del funcionamiento del SBP de Chile según la cual se presume que solamente se han de considerar en el análisis dos precios relevantes -el "precio de transacción" y el "precio de referencia"- y que, por lo general, dichos precios no son iguales.51 La Argentina aduce que en su análisis se demuestra que, cuando el precio de importación c.i.f. y el precio de referencia f.o.b. de un cargamento son inferiores al "piso" de la banda de precios más allá de un punto X (que se podría denominar "break even point" o umbral), la aplicación del derecho específico variable da lugar a que se supere el nivel máximo consolidado en la OMC. En otras palabras, la Argentina explica que, a fin de demostrar que se ha superado el nivel consolidado, el derecho específico variable debe ser convertido en un arancel ad valorem, para lo cual se utiliza el precio c.i.f. de importación que figura en las facturas. La Argentina aduce que, al menos en las circunstancias en las que el precio de referencia y el precio c.i.f. de las facturas estén por debajo del umbral, el arancel consolidado (31,5 por ciento), será superado por la suma del arancel general (8 por ciento) más el arancel específico de la banda de precios convertido en tasa ad valorem.52 Añade que también se producirá la violación del nivel consolidado si se da alguna de estas dos situaciones: que el precio de transacción sea igual al referido precio umbral y el precio de referencia sea inferior a ambos, o que el precio de referencia sea igual al precio umbral y el precio de transacción sea inferior a ambos.53 En consecuencia, aduce la Argentina, la carencia de un mecanismo de reaseguro ("cap system" o sistema de topes), sumada al hecho de la discrecionalidad en la fijación del precio de referencia, lleva a que -ante un escenario de baja de precios internacionales- el nivel efectivo de los equivalentes ad valorem percibidos pueda superar el nivel consolidado en la Lista Nacional de Chile para los productos a los que se aplica la banda.54

4.12 Chile señala, en relación con lo anteriormente expuesto55, que la Argentina reconoce que la tasa puede ser y generalmente ha sido inferior al arancel consolidado de Chile y que, en efecto, cuando los precios internacionales están altos, el SBP puede reducir el derecho de importación hasta llegar a cero.56

4.13 A juicio de la Argentina, el carácter imperativo tanto de la Ley como de los decretos que establecen los derechos específicos no le deja otra alternativa al funcionario aduanero que percibir el derecho, lo que en función del precio de la mercadería podría potencialmente -a un determinado nivel de precios- llevar a que se incumplan las obligaciones chilenas en el marco de la OMC. La Argentina afirma que ni la Ley chilena ni sus reglamentos de aplicación imponen una limitación que podría impedir que esto sucediera. Afirma además que la Ley como tal, al tener carácter imperativo, lleva necesariamente -de acuerdo con la fluctuación de los precios internacionales- a la violación de los compromisos arancelarios.57 La Argentina considera que el párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio ("Acuerdo sobre la OMC") y el acervo del GATT/OMC, confirman que las disposiciones legislativas en cuanto tales, independientemente de su aplicación en casos concretos, pueden infringir las normas del GATT y de la OMC.58 La Argentina afirma que, respecto de la anterior declaración de Chile en el OSD, es importante señalar que las declaraciones unilaterales de los Miembros efectuadas en el contexto de un procedimiento de solución de diferencias generan efectos jurídicos. Para sustentar su afirmación, cita el caso Estados Unidos - Artículos 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior de 1974.59 Según la Argentina, el hecho de que Chile haya reconocido que se ha superado la tasa consolidada demuestra que aun si se interpretara que el artículo 12 de la Ley 18.525 no es imperativo, sino que otorga facultades discrecionales al poder ejecutivo, debería reputarse igualmente incompatible con el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994.60

4.14 Chile aduce que el párrafo 1 a) del artículo II del GATT establece una prohibición general al otorgamiento de un trato menos favorable a las importaciones que el previsto en la Lista del Miembro. Añade que el apartado b) "prohíbe un tipo de práctica específica que será siempre incompatible con el apartado a): a saber, la aplicación de derechos de aduana propiamente dichos que excedan de los fijados en la Lista".61 A juicio de Chile, el artículo II actúa sencillamente como un techo para los derechos aduaneros, de acuerdo con el cual los Miembros tienen la obligación de no imponer derechos de importación, u otras cargas a las importaciones, que excedan de los compromisos arancelarios que el Miembro ha establecido en su propia Lista. Chile sostiene que los sistemas arancelarios específicos no son incompatibles con las obligaciones establecidas en el párrafo 1 b) del artículo II del GATT. En relación con la conclusión del Órgano de Apelación en el caso Argentina - Calzado (CE), Chile concluye que el solo hecho de que el SBP imponga un derecho específico a las importaciones en combinación con el 8 por ciento de derecho ad valorem (y en algunas ocasiones con una reducción del mismo) no significa que la Ley sea incompatible con la obligación establecida en el párrafo 1 b) del artículo II. Chile opina que, en la medida en que su SBP implique la aplicación de una tasa arancelaria que, al traducirse a una estructura ad valorem no supere la obligación del 31,5 por ciento asumida por Chile, el SBP no es incompatible con las obligaciones que establece el párrafo 1 b) del artículo II.62 Sostiene que, por consiguiente, mientras el tipo de derecho que se aplique sea igual o inferior al tipo consolidado, el artículo II no prohíbe la aplicación de cualquier tipo de derecho, expresado en términos específicos o ad valorem, o alguna combinación de términos específicos y ad valorem. Además, alega Chile, el artículo II no impide que una parte cambie el tipo de derecho que se aplica, siempre que se respete el tipo máximo consolidado.63

4.15 La Argentina alega que, contrariamente a lo antes expuesto64, de ninguna manera cuestiona el derecho de Chile a aplicar derechos específicos a sus importaciones. Lo que señala es que el SBP lleva necesariamente a la posibilidad de percibir derechos por encima de la consolidación arancelaria de Chile y que, de hecho, así ha sucedido.65 La Argentina aclara además que el SBP chileno no es un derecho específico. A juicio de la Argentina, no se trata de un derecho específico que constituya un "derecho de aduana propiamente dicho" -derecho que, en tanto y en cuanto no resulte en la percepción de derechos por encima de la consolidación, no sería objeto de reclamación por parte de la Argentina respecto del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994. La Argentina considera que el SBP es una sobretasa cuya estructura, diseño y modalidades de aplicación llevan potencialmente a que se incumpla la consolidación chilena.66

4.16 La Argentina considera que lo que el Grupo Especial debería evaluar no son las intenciones ni las declaraciones de Chile respecto de su voluntad de obtener una exención, ni el hecho de haber permitido conscientemente que el SBP operara en plenitud. A su juicio, lo relevante para determinar la compatibilidad o incompatibilidad es si el sistema, por su estructura y diseño, puede llevar a Chile a imponer en aduana derechos en exceso de la consolidación contenida en su Lista Nacional. La Argentina señala que el ejemplo expuesto a partir del párrafo 29 de su Primera comunicación escrita y presentado en forma de gráfico en el Anexo ARG-12, demuestra cómo la aplicación de un precio de referencia -fijado discrecionalmente por la autoridad de aplicación- lleva en determinadas condiciones (caídas de precios internacionales) a que necesariamente, en relación con el precio de transacción, se "perfore" el nivel consolidado. La Argentina alega que esta "perforación" del arancel consolidado no sólo es teórica sino que se verifica en la práctica, según consta en los Anexos ARG-14 y 15 y fue reconocida por Chile. Afirma además que no podía ser de otra forma, ya que el sistema carece de reaseguro alguno que evite este incumplimiento (el párrafo 1 b) del artículo II).67

4.17 Chile aclara que el sistema de bandas funciona de conformidad con la Ley. Señala que el Congreso de Chile aprobó los Acuerdos de la OMC, incluida la Lista VII, con carácter de Ley y con la jerarquía correspondiente a los tratados internacionales. En consecuencia, explica Chile, los Acuerdos de la OMC prevalecen sobre las leyes vigentes en la medida en que haya conflicto entre ambos, y no pueden ser modificados por leyes que se adopten en el futuro. Chile aduce que, desde el punto de vista jurídico, el sistema no puede sobrepasar automáticamente el arancel consolidado.68 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, Chile explica que tanto la normativa sobre bandas de precios como el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la OMC y sus Acuerdos anexos son parte del ordenamiento jurídico chileno, y que las autoridades aduaneras están sujetas a dicho ordenamiento. A su juicio, nada hacía presumir que los derechos resultantes de la aplicación del SBP darían lugar a derechos que podían exceder del arancel consolidado en el marco de la OMC.69 Añade que, para evitar que ello vuelva a suceder, se aprobó una nueva ley en virtud de la cual se garantiza que los derechos generados por el SBP no sobrepasen los tipos consolidados de Chile.70

4.18 Chile señala que su Gobierno conscientemente adoptó la decisión de permitir que la banda de precios operara en plenitud, dejando de cumplir su obligación, con el propósito de proteger a miles de pequeños productores agrícolas de bajos ingresos de una catástrofe económica y social. Añade que el Gobierno primero informó de esta situación a sus interlocutores comerciales e inició consultas informales destinadas a intentar obtener una exención en virtud del artículo IX del Acuerdo sobre la OMC respecto de las obligaciones asumidas por Chile en los Acuerdos de la OMC. Alega que el Gobierno adoptó este curso de acción con el fin de producir un alivio temporal para los productores que enfrentaban una crisis financiera. Según Chile, sus principales interlocutores comerciales se oponían al otorgamiento de tal exención y sugirieron, en cambio, que Chile aplicara una salvaguardia o que renegociara el arancel consolidado en virtud del artículo XXVIII del GATT de 1994.71 Indica que fue en ese momento cuando impuso una medida de salvaguardia en virtud del artículo XIX del GATT y el Acuerdo sobre Salvaguardias, que ha sido impugnada por la Argentina. Alega que de esto se desprende que el incumplimiento de obligaciones por parte de Chile no surgió como consecuencia del funcionamiento automático del SBP sino que fue el resultado de una decisión consciente del Gobierno, el cual posteriormente hizo todo lo posible por contar con la cobertura legal necesaria conforme a las disposiciones pertinentes de la OMC.72 Chile señala además que la situación por la que se originó el problema no fue provocada por ellos mismos, sino por la masiva concesión de subvenciones en otros países importantes.73

4.19 A juicio de la Argentina, el argumento de Chile de que el incumplimiento de sus compromisos no surgió como consecuencia del funcionamiento automático del SBP sino que fue una decisión consciente del Gobierno74, resulta incomprensible, ya que es el mismo sistema, por su estructura y diseño, el que automáticamente lleva al incumplimiento por carecer de reaseguro que evite la "perforación" de la consolidación. La Argentina indica que el funcionario de aduanas no tiene otra posibilidad que imponer los derechos que el sistema establece, independientemente de que el Gobierno de Chile lo permita de forma consciente. Es más, afirma, permitirlo conscientemente no refuerza el intento de justificación chilena, sino que implica un reconocimiento adicional de que el Gobierno de Chile mantiene una legislación incompatible con las obligaciones que ha asumido en el marco de la OMC.75 La Argentina sostiene que la persistencia de tal incumplimiento constituye una violación flagrante por parte de Chile del principio de "pacta sunt servanda" y de los compromisos internacionales asumidos por ese país y que Chile no está cumpliendo de buena fe sus obligaciones ante la OMC.76 Considera que, en cualquier caso, el argumento es irrelevante, puesto que Chile no tiene forma de evitar que el sistema, por su diseño y estructura, incumpla "automáticamente" lo estipulado en el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994, independientemente de la "conciencia" que Chile tenga al respecto.77 A juicio de la Argentina, el funcionamiento del SBP afecta la previsibilidad de las concesiones arancelarias negociadas por Chile en la Ronda Uruguay y ha sido reconocido como incompatible con lo dispuesto en el párrafo 1 b) del artículo II en distintos precedentes del GATT/OMC.78

4.20 Según Chile, si bien la fórmula del SBP puede parecer compleja, es completamente transparente y predecible. Sostiene que, al contrario de lo que alega la Argentina79, en el cálculo no entran elementos discrecionales como para que los funcionarios puedan manipular el derecho o la rebaja. Señala que, a diferencia de lo que se ha afirmado en ciertas comunicaciones, su SBP no depende de los precios nacionales, de los precios de transacción, ni de precios indicativos de ninguna clase, ni se basa en ellos de ninguna otra forma, para calcular el derecho o la rebaja. El objetivo del sistema es mitigar el efecto que puedan tener sobre el mercado chileno las bruscas fluctuaciones a corto plazo que sufren los precios internacionales de estos productos básicos. A ese fin, señala Chile, el SBP hace un seguimiento de la tendencia de los precios internacionales durante un período de tiempo, y utiliza derechos o reducciones.80 Indica que esta serie de promedios de los precios mensuales (un período de cinco años representa 60 precios mensuales) se ordena de mayor a menor, y entonces se eliminan el 25 por ciento más elevado y el 25 por ciento más bajo de los precios mensuales. Según Chile esto significa que, en la lista de promedios de precios ordenada de mayor a menor, el 16º precio mensual más bajo y el 44º precio mensual más bajo constituyen, respectivamente, el techo y el piso de los precios f.o.b. Explica que estos dos precios f.o.b. se ajustan de modo de presentar la banda en términos de costos de importación. En dicho ajuste se tienen en cuenta los costos fijos y variables que normalmente se pagan en las transacciones de importación, como los de flete, descarga, derechos de aduana, apertura de carta de crédito, intereses y arancel ad valorem. Señala que, con el objetivo de simplificar, el Decreto anual en que se da a conocer la banda correspondiente a cada producto incluye un cuadro donde figura una gama de precios f.o.b. y sus reducciones o derechos correspondientes cuando quedan fuera de la banda. Según Chile, para efectuar el cálculo real del derecho o la rebaja específicos, el Servicio Nacional de Aduanas informa semanalmente el precio de cotización más bajo que haya alcanzado el producto en un mercado de productos básicos relevante para Chile. Explica que este es el precio f.o.b. que se utiliza en el cuadro para determinar el derecho o la rebaja específicos correspondientes a todas las transacciones cuyo embarque se efectuó durante la misma semana. Chile sostiene que, cuando el exportador decide efectuar el embarque, ya conoce el derecho o la rebaja. A juicio de Chile, las tendencias de los precios internacionales se reflejan necesariamente en la banda de precios, aunque se eliminen de ellos los extremos registrados durante determinado período. En este sentido, Chile destaca que la banda se determina sin tener en cuenta los precios nacionales o indicativos, y sin relación con el precio real de transacción, excepto para calcular el derecho ad valorem (8 por ciento).81

4.21 La Argentina señala que Chile no sólo no ha refutado la demostración formal presentada por la Argentina respecto de la posibilidad de que el SBP sobrepase el arancel consolidado, ni el argumento que respalda esa demostración sino que, por el contrario, ha reconocido esta incompatibilidad del SBP con el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994. La Argentina considera que, en sus respuestas al Grupo Especial, Chile reconoce -frente a preguntas específicas- que la forma de cálculo del monto de la sobretasa aplicada en aduana, sumada al arancel regular del 8 por ciento, lleva potencialmente a percibir un equivalente ad valorem superior al 31,5 por ciento.82 Según la Argentina, a la luz de lo anterior, resulta difícil comprender que Chile alegue que al momento de entrar en vigencia las obligaciones dimanantes de la OMC, dada la estructura, diseño y modalidades de aplicación del SBP, Chile ignorara que dicho sistema podía hacer que se excediera de su consolidación arancelaria.83

4.22 En la segunda reunión sustantiva, Chile indicó que sus medidas nacionales ahora están respaldadas por la Ley 19.722, en la cual se establece de forma explícita que existe un mecanismo automático de reaseguro que evitará que se repita una infracción de la consolidación en circunstancias que no estén justificadas conforme a las normas de la OMC.84

4.23 En cuanto a la nueva legislación presentada por Chile, la Argentina declara que no está en condiciones de confirmar el contenido preciso de la Prueba documental de Chile porque no cuenta con información adecuada para expresar una opinión definitiva al respecto. Por otra parte, aduce que el SBP ya ha causado anulación o menoscabo a la Argentina, por lo que desea reservarse sus derechos en este sentido. Sostiene que, si el Grupo Especial no emitiera ninguna resolución, le sería fácil a Chile modificar su ley. Además, si el Grupo Especial siguiera la sugerencia de la Argentina y se pronunciara sobre las cuestiones que se reflejan en la solicitud de establecimiento del grupo especial presentada por la Argentina, el informe del Grupo Especial tendrá un valor normativo que Chile habrá de tomar en cuenta. La Argentina concluye que, desde su punto de vista, la nueva Ley chilena demuestra que Chile reconoce que su SBP transgrede el artículo II del GATT de 1994.85

iii) El artículo XIX como excepción al artículo II del GATT de 1994

4.24 Chile aduce que el artículo XIX constituye una excepción a otras normas de la OMC, incluidas las del artículo II del GATT de 1994.86 En particular, Chile alega que el artículo XIX estipula explícitamente que cualquier país Miembro "podrá" suspender una obligación contraída o retirar o modificar una concesión cuando sea necesario para prevenir o reparar un daño grave.87 Sostiene que el artículo XIX y el Acuerdo sobre Salvaguardias permiten la revocación temporal de concesiones y la suspensión de ciertas obligaciones. Señala que un país Miembro que ha adoptado una medida de salvaguardia en virtud del artículo XIX y el Acuerdo sobre Salvaguardias no ha incurrido en violación de sus obligaciones respecto de sus concesiones arancelarias mientras la medida de salvaguardia permanezca vigente, como es el caso de Chile actualmente.88

4.25 La Argentina sostiene que el argumento que aduce Chile, de que el artículo XIX del GATT de 1994 le da un "paraguas de legalidad a la perforación" del arancel consolidado, es errado desde un punto de vista jurídico y debería ser rechazado por el Grupo Especial. La Argentina no desconoce que es teóricamente posible que mediante la aplicación de una salvaguardia, se pueda superar el nivel consolidado, en tanto la salvaguardia se aplique como medida temporal en situaciones de emergencia, para dar un alivio a la industria afectada, y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el Acuerdo sobre Salvaguardias. Sin embargo, prosigue la Argentina, siguiendo la secuencia de este Acuerdo, esa superación del nivel consolidado sólo podría producirse legítimamente después de haberse cumplido los requisitos del Acuerdo sobre Salvaguardias y no en un caso como éste, en que la "perforación" de la consolidación es previa a la verificación de los requisitos necesarios para la aplicación de salvaguardias. Sostiene que la cuestión central de su alegación a este respecto no es el incumplimiento del artículo XIX y del Acuerdo sobre Salvaguardias, sino la infracción del párrafo 1 b) del artículo II. Señala que, en su oportunidad, el Grupo Especial evaluará la compatibilidad de la medida de salvaguardia chilena con el artículo XIX y el Acuerdo sobre Salvaguardias. En este momento, el Grupo Especial está llamado a pronunciarse sobre la incompatibilidad del SBP con el párrafo 1 b) del artículo II. La Argentina aduce que esta es una reclamación autónoma, con base legal distinta y separada de la reclamación en materia de salvaguardias, que sólo coincide temporalmente con la vigencia de las salvaguardias para algunos productos y por un lapso limitado. A modo de ejemplo, se refiere al hecho de que Chile levantó sus salvaguardias para el trigo y la harina de trigo, pero mantiene su SBP, el cual, por su diseño y estructura, es potencialmente violatorio del arancel consolidado de Chile. La Argentina señala que, siguiendo el argumento chileno, las medidas de salvaguardia deberían mantenerse mientras permanezca en vigencia el SBP, independientemente de los requisitos establecidos en el Acuerdo sobre Salvaguardias. Observa además, por si quedaran dudas, que el mismo Chile reconoció en el propio Comité de Salvaguardias que las bandas de precios no eran salvaguardias.89, 90

4.26 La Argentina sostiene que las medidas de salvaguardia son medidas de emergencia, que se aplican sólo después del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos en el artículo XIX del GATT de 1994 y en el Acuerdo sobre Salvaguardias. Considera que no son medidas que puedan ser aplicadas para encubrir o justificar la violación de las obligaciones que surgen de las Listas Nacionales. A su juicio, sería impensable siquiera que el Grupo Especial tuviera en cuenta dicha posibilidad. La Argentina sostiene que Chile pretende desnaturalizar el contenido de las obligaciones impuestas en el artículo XIX del GATT de 1994 y en el Acuerdo sobre Salvaguardias.91

b) Incumplimiento del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura

4.27 La Argentina considera que, además de violar las obligaciones contenidas en el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994, el SBP es incompatible con el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura porque por su estructura y diseño carece, como instrumento que limita el acceso a los mercados, de las condiciones de transparencia y previsibilidad que sólo los derechos de aduana propiamente dichos pueden proveer. La Argentina alega que Chile mantiene, en contra de la prohibición expresa contenida en el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura, una medida que debió haber sido arancelizada y consignada en su Lista respectiva.92

i) Si el SBP es una medida prohibida en virtud del párrafo 2 del artículo 4 y que debería haber sido arancelizada

4.28 La Argentina aduce que, previamente a la negociación del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, varios países utilizaban una amplia variedad de medidas no arancelarias para limitar las importaciones de productos agrícolas. Uno de los resultados más importantes de la negociación fue el acuerdo para "arancelizar" dichas medidas, es decir prohibir el uso de todas las medidas no arancelarias con respecto a los productos agrícolas y requerir su reemplazo por aranceles consolidados. Esto se logró a través del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC.93 La Argentina aduce que el alcance del párrafo 2 del artículo 4 es omnicomprensivo y, por lo tanto, no puede mantenerse ningún tipo de medida no arancelaria. Explica que, aunque se provee una lista ilustrativa de medidas no arancelarias, en la cual se incluyen específicamente los gravámenes variables, el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura también abarca expresamente "las medidas similares aplicadas en la frontera que no sean derechos de aduana propiamente dichos".94

4.29 La Argentina alega que Chile podía haber "arancelizado" sus medidas no arancelarias después de la Ronda Uruguay, con lo que habría establecido un nivel de protección más elevado que su actual tipo consolidado del 31,5 por ciento. Al no haberlo hecho, infringe el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura porque cualquier arancel variable que aplique a un producto agrícola -independientemente de su "quantum" con respecto a su consolidación- es incompatible con el párrafo 2 del artículo 4, que precisamente está diseñado para evitar esa situación.95 La Argentina sostiene que el SBP chileno encaja perfectamente en la categoría de medidas que el párrafo 2 del artículo 4 y su nota 1 señalan como incompatibles con las obligaciones negociadas en el marco del Acuerdo sobre la Agricultura.96 Por consiguiente, a juicio de la Argentina, el hecho de que, después de la Ronda Uruguay, Chile haya mantenido legislación imperativa que impone los derechos específicos variables es incompatible con las obligaciones que establece el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura.97

4.30 La Argentina sostiene que, aun si el SBP no fuese considerado como un gravamen variable, se trata de una medida similar que debió ser "arancelizada" por Chile. El párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura prohíbe expresamente mantener "medidas del tipo de las que se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana propiamente dichos". La Argentina aduce que la lectura conjunta de las expresiones "no mantendrá" y "del tipo", y la consiguiente enumeración no exhaustiva de la nota, es lo que justamente lleva al concepto de medidas similares aplicadas en la frontera que no sean derechos de aduana propiamente dichos. Explica que por este motivo el SBP debió haber sido "arancelizado" en la Ronda Uruguay, que no fue "arancelizado", que Chile continúa manteniendo y que justifica con una interpretación del párrafo 2 del artículo 4 y su nota que reduce a la inutilidad términos del texto (contrariamente a lo que prescribe el principio de efectividad en la interpretación de los tratados). En definitiva, alega la Argentina, tanto el texto del artículo como la redacción de la nota apuntan a cubrir todo un universo de medidas que podían no estar identificadas y que no constituían derechos de aduana propiamente dichos.98

4.31 Chile considera que el argumento de la Argentina de que el SBP de Chile era y es indiscutiblemente un gravamen variable, que no sólo podría haber sido arancelizado, sino que además requería serlo99, es absurdo y no corresponde a la práctica normal de negociación entre Miembros de la OMC. En este sentido, aduce que, si existía la intención de prohibir el SBP de Chile, ni la Argentina ni ningún otro Miembro de la OMC planteó dicho argumento durante las negociaciones del Acuerdo sobre la Agricultura.100 Añade que la interpretación que hace la Argentina de las obligaciones de Chile en el marco del Acuerdo sobre la Agricultura difiere completamente de aquella que la propia Argentina ha venido aplicando en sus actuaciones, y de la que otros Miembros de la OMC han aplicado al negociar listas arancelarias en virtud del Acuerdo sobre la Agricultura y la aplicación del mismo. Considera que, para que el argumento de la Argentina tuviese éxito, dicho país tendría que demostrar que el sistema de banda de precios de Chile es un "gravamen variable" o una "medida similar aplicada en la frontera", de acuerdo con el significado de la nota 1, pero también que el párrafo 2 del artículo 4 prohíbe estos tipos de medidas. Chile alega que el argumento de la Argentina falla en ambos puntos.101 A juicio de Chile, al leer el párrafo 2 del artículo 4 y su nota, en su contexto y a la luz de su objeto y fin, queda claro que el párrafo 2 del artículo 4 no prohíbe el SBP de Chile. En realidad, explica Chile, la Argentina y quienes le apoyan en relación con el párrafo 2 del artículo 4 en su interpretación se basan no en el texto que se negoció y se aplicó, sino en el acuerdo que esos países ahora desearían haber negociado.102

4.32 Chile considera que el párrafo 2 del artículo 4 está redactado de forma peculiar y señala que en la nota se utilizan términos como "gravámenes variables a la importación" y "medidas no arancelarias mantenidas por medio de empresas comerciales del Estado", que no están definidos y cuyo significado no es evidente en una primera lectura. El texto se refiere a "medidas [del tipo] de las que se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana propiamente dichos". A juicio de Chile, este texto da a entender que en alguna parte de otros Acuerdos de la OMC hay o hubo determinada disposición que exige esa conversión y explica lo que se ha de convertir, pero tal disposición no existe en ninguna otra parte. No obstante, sostiene Chile, las listas arancelarias convenidas en la Ronda Uruguay, que se negociaron durante la redacción del texto del párrafo 2 del artículo 4 y después de ella, y que entraron en vigor al mismo tiempo que el Acuerdo sobre la Agricultura, ponen de manifiesto los resultados del proceso de "conversión". Chile explica que estas negociaciones y sus resultados constituyen un contexto pertinente al tratar de comprender si determinada medida es "del tipo de las que se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana propiamente dichos". Destaca que los sistemas de bandas de precios no se encontraban entre las medidas que en las negociaciones se exigió que se convirtieran en derechos de aduana propiamente dichos. Indica que, si bien durante las negociaciones de la Ronda Uruguay las Comunidades Europeas convirtieron sus gravámenes variables a la importación en derechos de aduana propiamente dichos, la conversión efectuada por las CE -y la aceptación de esa conversión por otros Miembros- instituyó un sistema que evidentemente sigue teniendo un derecho que varía según una fórmula. Chile sostiene que, pese a que el sistema de las Comunidades Europeas no está en cuestión, ese sistema y su conversión fueron un tema central durante las negociaciones de la Ronda Uruguay y, al examinar el significado no precisamente diáfano de las palabras del párrafo 2 del artículo 4, resulta pertinente el hecho de que los Miembros no presentaron objeciones a dicho sistema.103

4.33 Chile sostiene que, incluso si la ley impugnada se considerara un gravamen variable o una medida similar en frontera, quod non, no es incompatible con el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. Destaca que el párrafo 2 del artículo 4 prohíbe cualesquiera "medidas del tipo de las que se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana propiamente dichos". Nada le impide a Chile mantener su mecanismo de bandas de precios, pues éste no es una medida de ese tipo.104 Chile aduce que el párrafo 2 del artículo 4 no prohíbe medidas que no tengan que ser arancelizadas.105 En lo referente al argumento de la Argentina sobre la arancelización mencionado supra106, sostiene que las obligaciones que contempla el párrafo 2 del artículo 4 sólo tienen relación con los obstáculos no arancelarios y que esto queda claramente establecido en la nota 1, la que expresamente excluye los derechos de aduana propiamente dichos. Según Chile, el SBP comprende solamente la recaudación de derechos aduaneros. Además, señala que a Chile no se le exigió, durante la Ronda Uruguay, que eliminara su SBP ni que lo reemplazara por un sistema de derechos consolidados. Alega que ha mantenido su SBP en forma abierta y transparente antes, durante y después de todo el período de negociaciones de la Ronda Uruguay. Aduce que, contrariamente a los gravámenes variables existentes en las CE, que no eran consolidados y debieron ser reemplazados por derechos consolidados, los derechos chilenos fueron consolidados para los productos sujetos a las bandas de precios al 35 por ciento, incluso con anterioridad a la Ronda Uruguay, siendo consolidados en forma muy abierta a niveles menores como parte de dicha Ronda tras la finalización del Acuerdo sobre la Agricultura. De ahí que, según Chile, para los demás Miembros quedó bien claro que Chile no estaba "arancelizando" su SBP, y que no lo estaba eliminando ni tampoco reemplazando. En consecuencia, Chile considera inexplicable que la Argentina haya decidido, más de seis años después de que entraran en vigencia los Acuerdos de la Ronda Uruguay, que el SBP de Chile se ha convertido repentinamente en un gravamen variable, que Chile habría debido eliminar al entrar en vigencia los Acuerdos de la OMC.107, 108

4.34 Chile considera que la redacción del párrafo 2 del artículo 4 es peculiar, pues aparentemente se remite a determinada obligación o a otro Acuerdo en que se "ha exigido" que las medidas de determinado tipo se conviertan en "derechos de aduana propiamente dichos". Sostiene que es necesario darle significado a la peculiar sintaxis del párrafo 2 del artículo 4. Indica que habría sido muy fácil, si los negociadores lo hubiesen acordado, enunciar una prohibición de todos los obstáculos no arancelarios. No obstante, según Chile, resulta evidente que no fue eso lo que hicieron, a pesar de lo que ahora aleguen la Argentina y algunos países que participan como terceros. En realidad, aunque le pese a Chile en muchos sentidos, en ninguna parte del Acuerdo sobre la Agricultura existe esa obligación ni una simple prohibición. Chile alega que la única parte del Acuerdo en que se menciona la arancelización es en las listas arancelarias convenidas por los Miembros y en la referencia del Anexo 5 a los países autorizados a diferir la arancelización.109

4.35 Según Chile, la Argentina interpreta que el párrafo 2 del artículo 4 contiene una prohibición absoluta contra los obstáculos no arancelarios, incluidos los detallados en la nota 1 y que esa interpretación se fundamenta en argumentos insostenibles, es excesivamente amplia y no tiene justificación a tenor de los principios de interpretación de los tratados que contiene la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (denominada en adelante "la Convención de Viena"). En este sentido, Chile se refiere al artículo 31 de la Convención de Viena y al principio de la efectividad, como lo ha invocado el Órgano de Apelación. Sostiene que la Argentina desconoce el sentido ordinario de los términos del párrafo 2 del artículo 4 en su contexto, y efectivamente desvirtúa el calificativo de que las medidas que no deben mantenerse ni restablecerse son las "medidas del tipo de las que se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana propiamente dichos". En consecuencia, a juicio de Chile, no solamente no deben eliminarse todas las medidas no arancelarias del tipo detallado en la nota 1, sino que deben eliminarse sólo aquellas del tipo que se ha prescrito para que se conviertan en derechos de aduana propiamente dichos. Chile aduce que los redactores del artículo no tenían la intención de incluir una prohibición total de las medidas no arancelarias sino que, en su lugar, insertaron términos calificativos y reductivos con la intención de darle al artículo el sentido de que sólo se prohíben las medidas del tipo de las que se ha prescrito que se deben convertir.110, 111

4.36 Chile explica además que no existe ninguna definición de lo que está "comprendido" en la nota 1, que constituye una combinación peculiar de medidas. No todas esas medidas están prohibidas por otras normas de la OMC aunque se podría decir que a medida que pasaron los años muchas han sido prohibidas y muchas o la mayoría han sido objeto de abusos de distinta índole. En estas circunstancias, alega Chile, es particularmente importante al tratar de discernir el sentido del párrafo 2 del artículo 4 examinar la práctica vigente en ese momento en los acuerdos arancelarios de los Miembros y negociadores para determinar cuáles medidas se consideraban "del tipo" que debía haberse convertido y cuáles no. Afirma que esa intención no se puede determinar tomando literalmente las palabras que se refieren a cada una de las "medidas" enumeradas en la nota 1 al párrafo 2 del artículo 4. Por ejemplo, explica Chile, la nota 1 se refiere a "medidas no arancelarias mantenidas por medio de empresas comerciales del Estado". Chile considera que esta frase, si se toma literalmente, podría referirse a cualquier medida de un organismo estatal o empresa de propiedad del Estado. No obstante, a su juicio, es evidente que los Miembros no tenían que convertir en aranceles todas las actividades de sus empresas estatales, ni eliminar esas empresas o actividades, ni tampoco convertirlas en derechos de aduana propiamente dichos. Alega Chile que una interpretación tan amplia no era lo que se deseaba, según se deduce del proceder de los negociadores en ese momento. De igual modo, Chile aduce que, en la medida en que tiene conocimiento, ni a Chile ni a ningún otro Miembro se les ha exigido que "conviertan" un sistema de bandas de precios ni se les ha instado siquiera a que lo hagan. Chile sostiene que estas medidas siempre se han mantenido de manera abierta y transparente pero, como no eran obstáculos no arancelarios, no se había prescrito que se convirtieran en ninguna nueva modalidad de derechos de aduana propiamente dichos.112

4.37 Chile señala que el párrafo 2 del artículo 4 se diferencia de otras obligaciones no sólo por su sintaxis peculiar, a la cual, según alega, se le debe dar significado, sino porque el proceso de conversión implica a la vez un privilegio y una obligación. Aduce que no se requiere simplemente que se eliminen o modifiquen, como en el caso de las normas ordinarias de la OMC, las medidas que están debidamente sujetas al párrafo 2 del artículo 4, sino que se cambie la forma de la restricción al comercio de obstáculo no arancelario a obstáculo arancelario. Chile alega que, junto con el "requisito" de eliminar ciertas medidas, se reconoció la facultad de aumentar los derechos sin ofrecer compensación a otros interlocutores comerciales, incluso si los derechos se habían consolidado a un nivel inferior. Aduce que los contingentes arancelarios que se autorizaron, con aranceles a menudo enormemente más altos que los tipos consolidados anteriores, en la práctica suelen brindar una protección apenas menos efectiva que la que brindan los obstáculos no arancelarios que sustituyeron. Considera que este elemento de privilegio era aún mayor si se tiene en cuenta que muchas de las medidas que debían ser convertidas corrían el riesgo de ser consideradas incompatibles con las normas del GATT, o de perder exenciones privilegiadas. Chile concluye que había escaso o ningún incentivo para negarse a "convertir" una medida, si se creía que ello estaba "prescrito" legalmente, puesto que la conversión implicaba el privilegio de aumentar sustancialmente los derechos aplicables al producto "convertido", sin necesidad de compensar a los interlocutores comerciales, como normalmente se prevé en los artículos II y XXVIII. Afirma que, después de esperar, ahora la Argentina dice que Chile debe eliminar el SBP porque el párrafo 2 del artículo 4 lo prohíbe, pero dice también que ya es demasiado tarde para que Chile obtenga el beneficio compensatorio de aumentar sus aranceles. Chile afirma que semejante argumento es insostenible. Alega que el motivo de que no haya convertido su mecanismo de bandas de precios era y es que el párrafo 2 del artículo 4 no exigía esa conversión y, por cierto, tampoco exige ahora que se elimine simplemente la banda de precios sin arancelización. Tal vez la Argentina y otros deseaban negociar una prohibición que hubiese incluido los sistemas de bandas de precios, pero no fue eso lo que se acordó.113

4.38 Chile sostiene que el empleo poco corriente del tiempo presente perfecto -"se ha prescrito"- se entiende fácilmente en el contexto de las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre la agricultura. Aduce que el párrafo 2 del artículo 4 se refiere lógicamente a las medidas del tipo de las que, a la fecha de entrada en vigencia de la OMC, "se ha prescrito" que se conviertan. Ésta no era la situación de las bandas de precios de Chile y de otros países. A ese respecto, alega que a Chile no se le exigió y no se le exigiría convertir su sistema de banda de precios porque éste ya operaba como un arancel y no como una medida no arancelaria, y, por lo tanto, ya estaba sujeto a una consolidación con arreglo al artículo II.114 Señala que el párrafo 3 b) del artículo 31 de la Convención de Viena dispone que "toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado" habrá de tenerse en cuenta juntamente con el contexto, al interpretar sus términos. En este sentido, Chile se refiere a la interpretación que el Órgano de Apelación hizo de la "esencia" de dicha práctica ulterior, a saber, que ésta radica en "una serie 'concordante, común y coherente' de actos o declaraciones que bastan para determinar un modelo discernible que lleve implícito el acuerdo de las partes acerca de su interpretación".115 Considera que la práctica ulterior del Estado respalda la posición de Chile en lo que se refiere al párrafo 2 del artículo 4. A su juicio, dicha práctica ulterior demuestra convincentemente que, a pesar de la intención de los Miembros de reducir el número de obstáculos no arancelarios y otras medidas abarcadas, su intención no era prohibir estas medidas por completo. Aduce además que el primer elemento probatorio de práctica de los Estados es precisamente el SBP de Chile, que fue puesto en práctica en los años ochenta y aún sigue en vigor. Destaca que la Primera comunicación escrita de la Argentina no hace referencia a documento alguno de las negociaciones del Acuerdo sobre la Agricultura en el que se solicitara a Chile que convirtiera su sistema de banda de precios en medidas arancelarias. En consecuencia, Chile concluye que dicho sistema no era una medida "del tipo de las que se ha prescrito se conviertan" para que Chile fuese signatario de los Acuerdos de la OMC. Sostiene que, además de su propio SBP, hay otros sistemas, con derechos que varían según factores externos y algunos que el sentido común lleva a equiparar con gravámenes variables, sobre los que no pesó la prescripción de convertirse en un régimen que empleara aranceles fijos. En este sentido, Chile se refiere al derecho aduanero de la Argentina sobre las importaciones de azúcar116 y al actual sistema de derechos de aduana que la UE aplica a la importación de trigo y otros cereales.117 A su juicio, esta prueba de práctica estatal no se limita simplemente a países que importan productos agrícolas sino que incluye también a grandes exportadores agrícolas. En su opinión, es posible que muchos países agroexportadores pudieran, inicialmente, haber deseado prohibir todos los gravámenes que fluctuaban o variaban por algún motivo y que algunos Miembros deben haber contemplado la posibilidad de presionar para imponer esta interpretación del párrafo 2 del artículo 4 en las negociaciones arancelarias que acompañaron a la negociación del texto del Acuerdo sobre la Agricultura. Sin embargo, sostiene Chile, independientemente de cuales hayan sido los objetivos iniciales de negociación de algunos de los Miembros, no se acordó la prohibición aducida ahora por la Argentina. Destaca además que los exportadores agrícolas no deseaban eliminar en su totalidad el SBP de Chile porque es transparente y previsible y puede dar por resultado la aplicación de derechos menores que el arancel consolidado. Concluye que esta prueba de práctica estatal (y, en consecuencia, del contexto general del párrafo 2 del artículo 4) es "concordante, común y coherente" no sólo con el sentido ordinario de los términos contemplados en el párrafo 2 del artículo 4 sino con el objetivo y propósito de dicho artículo.118

4.39 Chile señala que el objetivo y propósito del Acuerdo sobre la Agricultura concuerda con la interpretación que Chile da al párrafo 2 del artículo 4. El objetivo y propósito de este Acuerdo se desprende adecuadamente de sus disposiciones, incluido su Preámbulo, y de la estructura y los resultados de las negociaciones sobre agricultura, realizadas en el marco de la Ronda Uruguay. El Preámbulo del Acuerdo sobre la Agricultura comienza por señalar que los Miembros han decidido "establecer la base para la iniciación de un proceso de reforma del comercio de productos agropecuarios en armonía con los objetivos de las negociaciones fijados en la Declaración de Punta del Este". Asimismo llama a "recordar" que los objetivos de "largo plazo" del proceso incluyen "un sistema de comercio agropecuario equitativo y orientado al mercado" y "reducciones progresivas sustanciales de la ayuda y la protección a la agricultura que se efectúen de manera sostenida a lo largo de un período acordado". Un compromiso aparentemente más inmediato es "lograr compromisos vinculantes específicos" en diversas esferas, incluido el "acceso a los mercados". Se refiere también a la Declaración Ministerial de Punta del Este, que establece las metas de las inminentes negociaciones sobre la agricultura.119 Según Chile, parece evidente que el objetivo y propósito de las negociaciones de la Ronda Uruguay fue reducir los obstáculos al comercio agrícola, reconociendo al mismo tiempo que éste sería un proceso a largo plazo. Señala además que el artículo 20 del Acuerdo sobre la Agricultura refuerza esta implicación, al hacer un llamado a realizar nuevas negociaciones para continuar el proceso de reforma y determinar qué otros compromisos serán necesarios para lograr los objetivos de largo plazo contemplados en el Preámbulo. Alega que la interpretación que la Argentina hace del párrafo 2 del artículo 4 no está en armonía con este objetivo y propósito. Aduce que, según la Argentina, Chile podría haber elevado su protección arancelaria en relación con los productos en cuestión a través de la arancelización, en contraposición con la decisión chilena de reducir dicho arancel.120 Igualmente, alega que la Argentina parece creer que Chile debería haber aplicado un derecho único e invariable a todas las importaciones. Chile sostiene que, sin lugar a dudas, el resultado de esto sería una situación de menor liberalización del comercio que la que existe con el actual SBP, en el que el arancel aplicado habitualmente es muy inferior al arancel consolidado que Chile tiene derecho a aplicar.121

4.40 La Argentina sostiene que, contrariamente a lo alegado por Chile, la interpretación del párrafo 2 del artículo 4 y su nota 1 no son susceptibles de varias interpretaciones, pues esto sería contrario a una interpretación de tratados conforme a la Convención de Viena. La Argentina entiende que, a la luz de una interpretación textual y del contexto, el objeto y fin del Acuerdo indica que los mecanismos como el de la banda de precios están claramente abarcados por el referido artículo. Es decir, aun si el SBP no fuese considerado un gravamen variable, es claramente una medida similar aplicada en la frontera, regulada por el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura que constituye "lex specialis" en el marco del GATT de 1994. Considera que el criterio determinante para incluir estos mecanismos dentro del conjunto de medidas que debieron convertirse en derechos de aduana propiamente dichos no pasa, ni podría pasar nunca, por la existencia de una lista exhaustiva de diferentes esquemas. Señala que esto se debe a la evidente imposibilidad de enumerar medidas que por su naturaleza son infinitas, pues dependen exclusivamente del ingenio humano para el diseño de cualquier obstáculo no arancelario.122

4.41 La Argentina aduce que una interpretación inteligente del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura debe realizarse tomando también en consideración el principio de efecto útil (ut res magis valeat quam pereat), principio fundamental de interpretación de los tratados que se desprende de la regla general de interpretación establecida en el artículo 31 de la Convención de Viena. La Argentina sostiene que, en el marco de la OMC, este principio ha sido consagrado desde el caso Estados Unidos - Gasolina y ha sido recogido y aplicado sistemáticamente en sucesivos pronunciamientos del Órgano de Apelación.123 Entiende que el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura carecería de efecto útil si se interpretara que el SBP, como afirma Chile, no debía arancelizarse, porque la Argentina no impugnó "el sistema y su funcionamiento en la Ronda de Negociaciones de Uruguay".124 Según la Argentina, la interpretación del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura125, conforme al principio del efecto útil, es evitar que medidas no arancelarias -como el sistema de bandas de precios de Chile- puedan mantenerse o restablecerse con posterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo. En consecuencia, sostiene la Argentina, el único criterio posible -tal y como se refleja conforme a un análisis sobre la base del texto, contexto, objeto y fin del Acuerdo sobre la Agricultura- es el de analizar caso por caso en función de la naturaleza y de los efectos económicos del sistema con respecto a lo que habría sido la aplicación de derechos de aduana propiamente dichos, para así determinar qué medidas son las que quedan cubiertas por la nota 1 del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. La Argentina sostiene que, si el criterio del análisis de la naturaleza y de los efectos no fuese válido, obligaciones tales como "ningún Miembro mantendrá, adoptará ni restablecerá ..." y la expresión de la nota "... y las medidas similares aplicadas en la frontera que no sean derechos de aduana propiamente dichos ..." carecerían de utilidad.126

4.42 En cuanto al argumento de Chile de que el SBP no es un gravamen variable, la Argentina entiende que todo aquello que no constituye un arancel ad valorem, un derecho específico o una combinación de ambos, no puede de ninguna manera clasificarse como un derecho de aduana propiamente dicho. Señala que, consecuentemente, y a la luz del Acuerdo sobre la Agricultura, de no encuadrarse una medida dentro de alguna de las excepciones del mismo, se tratará de una medida incompatible. Explica que en la redacción del párrafo 2 del artículo 4 se refleja el alcance y complejidad del conjunto de medidas distorsionantes que los Miembros deben desmantelar, abstenerse de restablecer en el futuro, o cuyo mantenimiento deben evitar si fueran incompatibles con las nuevas obligaciones negociadas en la Ronda Uruguay. La diversidad de medidas no arancelarias que debieron desmantelarse y la posibilidad de que algunas de las mismas no hubieran sido desmanteladas luego de concluida dicha Ronda, es lo que lleva al texto a precisar "no mantendrá". La Argentina aduce que, de no haber existido la posibilidad de que alguna de las medidas "que se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana propiamente dichos" se mantuviera en vigencia después de la Ronda Uruguay, el texto sólo habría expresado "... no adoptará ni restablecerá". El "no mantendrá", sólo tiene sentido si ha existido la posibilidad de que alguna medida permaneciera en vigencia. Por otro lado, la Argentina aduce que, el hecho de que Chile hubiera consolidado aranceles para algunos productos como el trigo, la harina de trigo y los aceites vegetales puros, en nada invalida que el SBP tuviera que ser arancelizado, es decir, convertido en un derecho de aduana propiamente dicho, ya que la consolidación chilena era de un 35 por ciento127 antes de la Ronda Uruguay y se convirtió en un 31,5 por ciento para esos productos. Ni la lista de consolidaciones chilena anterior a la Ronda -Lista Nacional Nº VII- ni la posterior surgida de la Ronda Uruguay, registran el gravamen variable que Chile aplicaba y continuó aplicando. Esto va en contra de la clara prescripción del párrafo 2 del artículo 4 que prohíbe mantener "medidas del tipo" que se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana propiamente dichos.128

4.43 Chile aduce que existían motivos lógicos de política económica para que el sistema de bandas de precios u otros sistemas que impusieran "derechos variables" no quedaran prohibidos por el párrafo 2 del artículo 4. Sostiene que el único efecto de restricción del comercio producido por el sistema de bandas de precios se debe a la imposición de un derecho. Dado que, de conformidad con las normas del GATT, Chile tiene la obligación de respetar su consolidación arancelaria, una forma de cumplir esta obligación consiste en aplicar el derecho al nivel consolidado de 31,5 por ciento en todo momento. En lugar de ello, Chile aplica un sistema de bandas de precios en el que el derecho que se aplica suele ser inferior a la tasa consolidada, e incluso puede llegar a cero. Hace referencia al argumento de la Argentina de que el SBP de Chile tiene otros efectos restrictivos aparte de los derechos debido a las supuestas complejidad, y falta de transparencia y previsibilidad del sistema. Con todo, destaca Chile, su sistema de variación de los derechos aplicados dentro del máximo consolidado restringe menos el comercio que si se aplicaran los derechos a la tasa consolidada. Sostiene que no existe ninguna prescripción de que los sistemas de derechos de aduana sean simples y que tampoco está prohibida la variación, siempre y cuando se respete el nivel consolidado.129

4.44 Chile señala que su intención no es aducir que las únicas medidas prohibidas por el párrafo 2 del artículo 4 son las que efectivamente se han convertido en derechos de aduana propiamente dichos. Según Chile, el hecho de que los derechos del SBP no se convirtieron y no se solicitó que se los convirtiera constituye otra indicación de que el SBP de Chile no es una medida del tipo de las que se había prescrito que se convirtieran. Sostiene que, cuando se plantean dudas sobre el alcance de una expresión, como en el caso de "gravámenes variables a la importación", reviste especial importancia el examen del contexto y los antecedentes de la negociación. Chile señala además que no tenía incentivos para mantener una medida que se podía convertir, porque el proceso de conversión entrañaba el derecho de aumentar los derechos consolidados a fin de compensar los efectos sobre los precios de aquellos obstáculos no arancelarios que tenían que ser convertidos.130

4.45 Chile sostiene que si el Grupo Especial tuviera alguna duda con respecto a la interpretación correcta del párrafo 2 del artículo 4, el principio jurídico in dubio mitius, que ha sido refrendado por el Órgano de Apelación, indica que la vaguedad y la ambigüedad no deberían resolverse en contra de Chile, sino de la parte reclamante que persigue la invalidación del sistema chileno de larga data. Señala que el principio in dubio mitius establece que: "[s]i el significado de un término es ambiguo, ha de preferirse el significado que sea menos oneroso para la parte que asume una obligación, o que interfiera menos con la supremacía territorial y personal de una parte, o implique restricciones menos generales para las partes".131 Chile considera que su SBP es compatible con cualquier interpretación razonable del párrafo 2 del artículo 4, si se aplican las reglas de interpretación de la Convención de Viena, pero que el principio de interpretación antes mencionado afianza aún más esa conclusión.132

4.46 La Argentina señala que Chile invoca erradamente el principio in dubio mitius para intentar vaciar de contenido la obligación del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura, cuando el mismo -como lo definió el Órgano de Apelación133- sólo es relevante como medio complementario de interpretación, al que no es necesario recurrir en este caso.134 La Argentina explica que Chile pretende esto atribuyendo al reclamante la responsabilidad de haberle exigido que convirtiera su sistema en un arancel. Añade que la obligación de no mantener una medida incompatible con las obligaciones que ha asumido en el marco de la OMC es de Chile (párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC). Habida cuenta de que la Argentina ha presentado pruebas suficientes para considerar el SBP de Chile como un "gravamen variable" o una "medida similar", a falta de una refutación de Chile, no cabe recurrir a un medio suplementario de interpretación (in dubio mitius) cuando el artículo 31 de la Convención de Viena basta para clarificar el sentido de la norma (párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura: prohibición de mantener), y aplicarla a los hechos del caso. Es decir, que el SBP es "una medida del tipo" de las que se debieron convertir en derechos de aduana propiamente dichos, precisamente porque se trata de un "gravamen variable" o una "medida similar".135

ii) Si el SBP es un gravamen variable o una medida similar aplicada en la frontera

4.47 La Argentina aduce que el término "gravámenes variables" significa "complejos sistemas de sobretasas de importación destinadas a asegurar que el precio de un producto en el mercado interno permanezca invariable independientemente de las fluctuaciones de precios en los países exportadores".136 Sobre la base de esta definición, la Argentina considera que el SBP de Chile indiscutiblemente aplica gravámenes variables a las importaciones de trigo, harina de trigo y aceites vegetales comestibles. Explica que, cuando el precio de referencia de la aduana de Chile es inferior al piso de la banda de precios, el cargamento está sujeto a un derecho específico variable (además del derecho de aduana aplicado normalmente) en la medida de la diferencia que haya entre el piso de la banda de precios y el precio f.o.b. de referencia informado por la aduana para el día de la emisión del conocimiento de embarque de la mercancía importada en cuestión. El porcentaje de dichos derechos aplicado a cada embarque varía en función del precio c.i.f.137 Según la Argentina, el hecho de que el SBP es un arancel variable fue reconocido en el informe de la Secretaría sobre el Examen de las Políticas Comerciales de Chile de 1997, que dice: "el mecanismo [chileno] de estabilización de [los] precios actúa como un gravamen variable ya que el derecho impuesto a estos productos varía en función del precio de importación".138, 139 La Argentina sostiene además que Chile mismo ha admitido que su sistema impone un "gravamen" a la "importación" que "varía" de acuerdo con el día en que se efectúa el embarque.140 Por lo tanto, alega la Argentina, esto constituye un gravamen variable a la importación.141

4.48 La Argentina aduce en primer lugar que, en el contexto del SBP, al ser el derecho específico una variable que depende de la relación entre los precios internos y los precios de exportación, el sistema define el derecho específico (variable en función del precio f.o.b. de referencia del día) que se ha de aplicar en cada envío. Según la Argentina, esto da lugar a un arancel diferente para cada cargamento, lo cual se quiso eliminar con el proceso de arancelización de la Ronda Uruguay para los productos agrícolas. A su juicio, con el SBP, Chile impone más que "derechos de aduana propiamente dichos". La Argentina alega que, en cargamentos cuyo precio es inferior al piso de la banda de precios, Chile impone una medida de ajuste en frontera que es una forma de arancel variable. Aduce que, cualquiera sea la denominación que un Miembro le otorgue a su medida de ajuste en frontera, la medida de ajuste está prohibida si es cualquier otra cosa distinta de "derechos de aduana propiamente dichos".142

4.49 Chile aduce que el Acuerdo sobre la Agricultura no contiene definición alguna de lo que debe entenderse por gravamen variable y que tal definición tampoco aparece en ningún otro Acuerdo de la OMC. Considera evidente que no basta con decir que cualquier gravamen que varía es un "gravamen variable", puesto que todos los gravámenes varían de una manera u otra. A juicio de Chile, los derechos específicos uniformes varían cuando se miden en términos ad valorem, y los derechos ad valorem, por definición, producen distintos tipos de derechos específicos, según cuál sea el valor del producto.143 Por otra parte, alega que la definición utilizada por la Argentina144 se basa en las opiniones de un comentarista, y en realidad tampoco sustenta la posición de la propia Argentina. Chile observa que su mecanismo de bandas de precios no hace que el precio del mercado nacional permanezca invariable ni fue esa la intención con que se creó. En lugar de esto, añade, el sistema chileno se concibió con el propósito de mitigar el efecto que tienen en el mercado chileno las fluctuaciones de los precios internacionales.145 Chile sostiene que, en su SBP, la variable decisiva es la diferencia que existe entre los precios mundiales en el momento de embarque y los precios mundiales durante el período precedente de cinco años. El precio del mercado interior de Chile no influye en absoluto en esta fórmula, ni tampoco influye de ningún modo el precio real de la transacción. Concluye que la competencia de precios es posible, no sólo entre productos importados a Chile de distintos países sino entre las importaciones y los productos chilenos.146

4.50 En respuesta al argumento antes expuesto por la Argentina147, Chile aduce que el arancel efectivamente varía según la fecha de exportación, pero no lo hace por embarque (por ejemplo, dos embarques exportados en la misma fecha, aun cuando los precios de las transacciones sean distintos, deberán pagar el mismo derecho de importación en Chile). Aduce además que en ninguna parte se dice que una medida arancelaria se convierte en un "gravamen variable" por el simple hecho de que el nivel arancelario varíe frecuentemente.148 Por otro lado, Chile indica que la Argentina omitió mencionar ciertos aspectos críticos de los textos en cuestión y su aplicación.149 En cuanto al argumento de la Argentina de que la propia OMC ha reconocido que el SBP es un gravamen variable150, Chile alega que el referido informe de la Secretaría para el Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (MEPC) sólo recoge las opiniones y declaraciones de la Secretaría, no las de la OMC, y le recuerda a la Argentina que las opiniones del MEPC no pueden usarse en procedimientos de solución de diferencias. Por último, Chile señala que, en la declaración citada por la Argentina, la Secretaría no afirma que el SBP de Chile es un gravamen variable, sino que "actúa como" un gravamen variable, puesto que el gravamen varía según el precio de importación.151

4.51 En respuesta al argumento de Chile de que no se utilizan los precios del mercado interior, la Argentina aduce que de todos modos no es competencia de la OMC per se proporcionar mecanismos que regulen o moderen las fluctuaciones de los precios internacionales.152 La Argentina considera, por el contrario, que el objetivo primordial de la OMC se circunscribe -en lo que a mecanismos de acceso se refiere- a la promoción de esquemas transparentes, no distorsionantes, previsibles y que tienden a la liberalización del comercio. Es precisamente un mecanismo como el SBP, que carece de transparencia, es distorsionante y no previsible, lo que entra en conflicto con el compromiso de la Ronda Uruguay de no mantener "medidas del tipo". A juicio de la Argentina, todos los sistemas de gravámenes variables tienen características parecidas y un objetivo similar, es decir, preservar al mercado interno, en mayor o menor medida, de la evolución del mercado internacional. Instrumentalmente, estos mecanismos proporcionan un umbral mínimo de protección que a veces, como en el caso de las bandas, se torna virtualmente impenetrable ante un escenario de baja de precios. Aduce que, a este respecto, poco importa si los parámetros umbral se fijan basados en un "target" de precio interno o se toman promedios representativos de los mercados internacionales en los últimos años. Según la Argentina, lo relevante es evaluar si estos mecanismos tienen la misma transparencia, previsibilidad y el consiguiente nivel efectivo de acceso "que habrían proporcionado los 'derechos de aduana propiamente dichos'".153

4.52 Chile sostiene que las importaciones de hecho pueden ingresar al mercado chileno a niveles inferiores al piso de la banda de precios. Según Chile, esto se puede dar por dos situaciones: i) puesto que los derechos específicos se calculan a mediados de un año y se aplican durante el año siguiente, hay componentes del costo de importación que pueden modificarse durante ese período. Por ejemplo, explica Chile, el flete internacional de los productos puede presentar una baja, a veces bastante fuerte. Alega además que, en algunos casos, partidas arancelarias específicas consiguen precios especiales, empleando barcos que deben venir a Chile de todas maneras, con o sin carga. Explica que, del mismo modo, hay operaciones comerciales que se realizan en condiciones más convenientes que las detectadas para el establecimiento del precio semanal de referencia, lo que hace que también su costo de importación sea inferior al piso estimado para la banda. ii) El precio de importación efectivo al que se realice una importación puede eventualmente ser inferior al precio de referencia determinado para la fecha de esa importación y, en consecuencia, se puede ingresar el producto pagando un derecho específico inferior, con lo que quedaría por debajo del piso de la banda.154

4.53 Chile considera que, más allá del hecho manifiesto de que Chile emplea una banda de precios, es indispensable comprender que el SBP impone un derecho que varía exclusivamente según la fecha en que se realiza la exportación, de acuerdo con el precio vigente en los mercados internacionales, y en relación con los niveles exhibidos por este mismo precio en los cinco años anteriores. Alega que el derecho no varía según el precio de la transacción o factura correspondiente, ni tampoco cambia según el precio del mercado nacional. En consecuencia, considera que el SBP no se asemeja en nada a los gravámenes variables impuestos por el antiguo sistema de las CE durante varios años con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la Agricultura; tampoco presenta similitudes con los sistemas de precio mínimo de importación, los que ocasionalmente recurren a los derechos para hacer subir forzosamente el precio de importaciones baratas hasta equipararlo al precio mínimo de desembarque nacional requerido. Considera que las diferencias que existen entre el SBP y el antiguo sistema de las Comunidades Europeas no son sólo de semántica. Según Chile, el SBP no actúa como un obstáculo no arancelario para impedir el ingreso al país de artículos cuyos precios sean inferiores a los de la banda ni para aumentar forzadamente dichos precios hasta un cierto nivel interno.155

4.54 La Argentina alega que la comunicación de Chile hace una lectura parcial y equivocada de la definición de gravamen variable156 que se incluye en la comunicación argentina.157 Considera que se trata de una definición que contempla diversos elementos susceptibles de ser analizados en forma separada y que deben ser interpretados conjuntamente. La definición comienza reconociendo que un gravamen variable supone "complejos sistemas de sobretasas de importación". Específicamente, en el caso del SBP aplicado por Chile se verifican dos elementos de la definición, es decir, la complejidad y la imposición de gravámenes variables en adición al arancel general. Asimismo, todo SBP supone la aplicación de un gravamen en adición al arancel general (es decir, una sobretasa) y que varía, no con respecto al valor de transacción sino de acuerdo a algún tipo de relación matemática entre un precio de referencia fijado arbitrariamente y algún precio o parámetro umbral. Estos elementos por sí solos hacen evidente la complejidad del sistema. La Argentina explica que el tercer aspecto comprendido en la definición, la aludida "invariabilidad del precio de un producto en el mercado interno", debe interpretarse de forma inteligente y acorde al texto de la definición (y a la finalidad última de las disposiciones del Acuerdo sobre la Agricultura). En forma específica, ante un escenario de baja de los precios internacionales, los efectos distorsionantes del SBP chileno se verifican particularmente en la alteración artificial de la competencia en el mercado interno. Esto obedece al hecho de que una vez activado el precio de referencia del sistema, el mercado interno deviene, en una medida considerable, "impermeable" a las señales de precios del mercado internacional.158

4.55 Chile sostiene que, si al término "gravamen variable" se le pudiera dar la amplia interpretación que de él hacen la Argentina y algunos terceros, resultaría inexplicable que la propia Argentina mantenga un sistema de importación de azúcar que no puede distinguirse en ninguna forma significativa del sistema chileno que impugna la Argentina. Además, aduce Chile, es imposible conciliar este intento de ampliar el significado de "gravamen variable" con la posición adoptada por los Miembros de la OMC, entre ellos la Argentina, el Brasil y los Estados Unidos, en las negociaciones de la Ronda Uruguay después de que se había acordado el texto del Acuerdo sobre la Agricultura. Chile recuerda que su sistema ha estado en vigor de forma abierta y transparente desde 1983, y añade que es inexplicable que los Miembros de la OMC no hayan presentado objeciones al SBP de Chile y sistemas similares de bandas de precios de otros países sin exigir su arancelización o modificación. Explica que los Miembros aceptaron el sistema de las Comunidades Europeas, que evidentemente siguen percibiendo derechos que varían según la diferencia que haya entre los precios de las Comunidades Europeas y los precios mundiales. Sostiene que no está alegando que el hecho de que no se haya impugnado en la primera oportunidad una medida ilegal significa que los Miembros de la OMC pierdan para siempre el derecho a impugnar dicha medida. Sin embargo, lo que sí afirma Chile es que -al interpretar un tecnicismo como "gravamen variable" que no está definido en el Acuerdo- resulta sumamente pertinente examinar el proceder de los negociadores cuando celebraron las negociaciones y cuando éstas se aplicaron a la práctica. Chile sostiene que este contexto respalda uniformemente el punto de vista de que su SBP no es un gravamen variable en el sentido de la nota 1.159

4.56 Chile refuta la sugerencia de la Argentina de que un elemento del criterio para determinar si un determinado derecho de importación constituye un gravamen variable prohibido podría ser la frecuencia o el grado de las modificaciones del arancel y la complejidad del sistema.160 Chile sostiene que, aparte de que las normas, definiciones y criterios propuestos por la Argentina son vagos e incluso ilógicos, ninguno de ellos está prescrito en el Acuerdo sobre la Agricultura ni en ningún otro Acuerdo de la OMC, y ninguno tiene valor jurídico. Señala que no existe ninguna prescripción en la OMC que establezca con qué frecuencia ni con qué motivos se puede modificar un arancel aplicado, siempre que se respete la consolidación. Chile considera que, en realidad, su sistema es transparente y que los cambios en el derecho de una semana a otra normalmente son modestos, a partir de una fórmula que utiliza criterios objetivos. Con todo, añade Chile, ni el párrafo 2 del artículo 4 ni su nota exigen que el sistema chileno cumpla estos criterios.161

4.57 Chile considera que, al analizar las disposiciones pertinentes de la OMC, según los principios que establece la Convención de Viena, queda de manifiesto que el SBP de Chile no constituye un gravamen variable ni ninguna otra forma de obstáculo no arancelario, en el sentido de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 4.162 Alega que su SBP no queda comprendido dentro del alcance de la nota 1 del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. Según Chile, esto es obvio porque la nota 1 no incluye los sistemas de bandas de precios. Considera que esta omisión no puede deberse al hecho de que el concepto de bandas de precios era incomprensible en la época en que se realizaron las negociaciones del Acuerdo sobre la Agricultura puesto que, justamente al contrario, las bandas de precios eran usadas ampliamente en América Latina en 1994 y se siguen utilizando hoy día. Alega que los negociadores en la OMC, en particular la Argentina, seguramente conocían estos regímenes y específicamente optaron por no incluirlos dentro de la lista de medidas comprendidas en la nota 1.163 Chile sostiene que su banda de precios es un arancel específico que fluctúa de acuerdo con factores externos. A su juicio, los gravámenes variables a la importación son medidas que se utilizaron habitualmente en Europa, particularmente en las CE, para elevar forzadamente los precios de productos importados hasta el nivel fijado por las CE. Chile explica que, típicamente, y tal vez exclusivamente, no había aranceles consolidados para productos sujetos a gravámenes variables en las CE. Aduce que el propósito del gravamen variable era crear una barrera virtualmente infranqueable para los productos importados con respecto a su similar europeo, de manera que para los exportadores fuese imposible competir con los precios existentes en las Comunidades Europeas y socavar así el sistema interno de apoyo a los precios en las CE.164 Sobre esa base, Chile alega que su SBP no es más que un derecho aduanero propiamente dicho, cuya tasa se ajusta de modo que refleje la evolución de los precios internacionales con respecto a precios internacionales históricos. Añade que un proveedor más competitivo no queda privado de su capacidad de conquistar una mayor participación de mercado a través del ofrecimiento de precios más bajos, como sucedía con los sistemas de gravámenes variables en Europa.165

4.58 Con respecto al ejemplo de los gravámenes variables de las CE, Chile aduce que a diferencia del Sistema de Banda de Precios u otros derechos propiamente dichos, un gravamen variable, al igual que otros obstáculos no arancelarios típicos, elimina todo incentivo para la competencia por precio entre los productos afectados. Sostiene que el particular ámbito de aplicación del párrafo 2 del artículo 4 es un reflejo del consenso existente entre los participantes en las negociaciones de la Ronda Uruguay sobre la agricultura, en cuanto a que era necesario desincentivar los obstáculos no arancelarios, dado que este tipo de medidas son menos transparentes y otorgan un nivel de protección más alto y absoluto que los aranceles. Chile alega que su SBP, sin embargo, impone un arancel específico sobre ciertos productos agrícolas. Explica además que, aunque el derecho aplicado varía, no cambia según el precio de la importación o el precio del mercado interno en Chile, sino más bien compensa las diferencias entre un precio mundial representativo y un precio determinado de la misma manera, correspondiente a los cinco años anteriores, descontando precios máximos y mínimos.166

4.59 La Argentina sostiene que, el primer paso, siguiendo la lógica de interpretación de la Convención de Viena, pasa por una definición textual del concepto de "gravamen variable" que, a su juicio, tiene efectivamente importancia como método para definir el alcance de las obligaciones, y necesariamente lleva a que el sentido literal recoja la realidad económica y comercial que pretenden reflejar las palabras. La Argentina señala que, a los efectos de una interpretación textual, un gravamen variable puede caracterizarse como una imposición en aduana en forma de gravamen (levy) o tasa (duty or fee) que varía en el tiempo. En otras palabras, un derecho que se aplica en aduana y que contempla en sí mismo una secuencia de variación basada en factores exógenos, y que tiende a lograr un mayor o menor aislamiento del mercado interno. Según la Argentina, en términos del GATT/OMC y desde un punto de vista legal sobre la base de una interpretación textual, los parámetros que definen la variación de un gravamen deben ser exógenos con relación al precio de transacción o las características físicas del producto, que son los elementos por excelencia de los "derechos de aduana propiamente dichos". Alega que una interpretación de las palabras del párrafo 2 del artículo 4 como la mencionada en párrafos anteriores se apoya en el contexto del mismo, el párrafo 1 del artículo 4 y el título del artículo que, respectivamente, hacen referencia a las Listas Nacionales como el instrumento en el cual deben plasmarse los compromisos, es decir el resultado de la arancelización y el acceso a los mercados, que es en definitiva lo que se ve afectado por sistemas como el SBP -ilegales en virtud del párrafo 2 del artículo 4 ya que por sus efectos se comprueba el mayor o menor aislamiento que generan-. La Argentina sostiene que, si se arguyera que una base textual y contextual no es suficiente para definir un gravamen variable, es necesario recurrir al objeto y fin de la disposición conforme al propio artículo 31 de la Convención de Viena, esto es, a la figura de hacer más efectivas las reglas y disciplinas del GATT/OMC en el sector de la agricultura.167, 168

4.60 Por otra parte, la Argentina refuta el argumento de Chile en el sentido de asimilar todos los gravámenes variables a los aplicados por las CE "en la época en que se realizaron las negociaciones".169 La Argentina aduce que la extensa comparación y contraste que Chile realiza de su sistema de bandas de precios con el de las Comunidades Europeas no puede cambiar el hecho de que la medida de Chile constituye un gravamen variable que, como la medida de las CE, está específicamente diseñado para asegurar que los productores locales queden aislados de la competencia de precios de productores extranjeros más eficientes.170 Alega que Chile, al diferenciar su sistema del que aplicaban las Comunidades Europeas (que parecería ser la única definición que Chile acepta de gravamen variable), define su SBP exactamente como la Argentina define el gravamen variable en el párrafo 53 de su Primera comunicación escrita. Añade que, en dicho párrafo, puede leerse lo que la Argentina precisó respecto de la definición de gravámenes variables en el párrafo 52, al considerar gravamen variable "un derecho que varía en función del precio de los mercados de exportación". La Argentina señala que, de igual modo, Chile sostiene que "el sistema de bandas de precios de Chile, sin embargo, impone un arancel específico sobre ciertos productos agrícolas. Aunque el derecho aplicado varía, no cambia según el precio de la importación o el precio del mercado interno de Chile, sino más bien compensa las diferencias entre un precio mundial representativo (el precio del Hard Red Winter Nº 2 f.o.b. del Golfo (Estados Unidos)) y un precio determinado de la misma manera -correspondiente a los cinco años anteriores …".171 Sostiene que esta definición chilena encaja exactamente con la definición argentina de gravamen variable. Asimismo, considera que la anterior definición de Chile refuerza el concepto de variabilidad del gravamen. Con respecto al párrafo 38 de la Comunicación escrita de Chile, la Argentina alega que Chile reconoce, en primer lugar, que el gravamen varía y, en segundo lugar, que varía al menos conforme a los términos de la segunda precisión efectuada por la Argentina respecto del concepto de gravamen variable, esto es, que varía en función de los precios de los mercados de exportación.172

4.61 La Argentina sostiene que el criterio para determinar si el SBP constituye o no una medida de este tipo pasa en primer lugar por un análisis de las características de la medida para determinar hasta qué punto aquellas características propias de los gravámenes variables (es decir, variabilidad, aplicación en frontera, y existencia de factores exógenos que determinan la misma) coadyuvan a un objetivo de mayor o menor aislamiento del mercado interno. La Argentina aduce que, aun si se argumentara que el SBP de Chile tiene alguna diferencia con respecto a un gravamen variable, no puede negarse que presenta los elementos que son comunes a este tipo de gravámenes. Alega que ciertamente no se exige una identidad absoluta, sino que tenga un parecido o una naturaleza similar, en otras palabras, que se parezcan sus mecanismos, sus estructuras y sus modalidades de aplicación. A su juicio, es importante ver si la medida objeto de análisis, en este caso el SBP chileno, corresponde o no al objeto y fin del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura y su nota, en particular, y con el objetivo de la arancelización de la agricultura, en general, conforme al Acuerdo. Esto es, mejorar la transparencia mediante el establecimiento de aranceles que disciplinen los intercambios agrícolas y mejorar la previsibilidad en este comercio, a través de la existencia de "compromisos vinculantes específicos" en materia de "acceso a los mercados". La Argentina sostiene que si, a la luz de los componentes más comunes de un gravamen variable, por una falta de identidad absoluta, se considerara que el SBP no queda englobado en dicha categoría, ciertamente los efectos económicos del mismo constituyen una base clara para determinar el grado de "similaridad" de la medida en el sentido de la nota 1 del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura.173

4.62 Chile sostiene que su SBP no es una "medida similar de aplicación en la frontera", puesto que ni por su operación ni por su contexto se parece a los obstáculos no arancelarios detallados en la nota 1, sino más bien corresponde a la categoría de medidas que, de acuerdo con dicha nota, quedan fuera de su alcance.174 Considera que la nota 1 deja claramente establecido que los derechos de aduana propiamente dichos no están comprendidos entre las "medidas similares aplicadas en la frontera". Sostiene que el mecanismo chileno de bandas de precios sólo restringe el comercio mediante la aplicación de derechos, y que estos derechos no funcionan como un sistema de precios mínimos ni ningún otro obstáculo no arancelario. Explica que el SBP, al igual que otros derechos de aduana propiamente dichos, permite la competencia de precios.175 Observa que, si bien el Acuerdo sobre la Agricultura no define los "derechos de aduana propiamente dichos", es evidente que el SBP queda comprendido dentro de este término, dado que impone solamente derechos. A juicio de Chile, el sistema está sujeto a las obligaciones del artículo II del GATT de 1994, de la misma manera que todos los demás productos sujetos a un arancel consolidado propiamente tal. Chile aduce que el SBP no contempla exenciones y que su conformidad con el Acuerdo sobre la OMC no deriva de ninguna disposición referida específicamente a la agricultura. Alega que, en consecuencia, la interpretación más razonable del texto de la nota 1 es que el SBP se encuentra fuera del alcance de las medidas comprendidas en las obligaciones que establece el párrafo 2 del artículo 4.176

4.63 La Argentina refuta la afirmación de Chile de que "dicho sistema ... corresponde a la categoría de medidas que, de acuerdo con dicha nota al pie, quedan fuera de su alcance".177 Sostiene que Chile omite señalar las características que permitirían que el SBP quedara comprendido en las excepciones de la nota 1 del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. Entiende que el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura y la nota 1, prohíben expresamente el mantenimiento, la adopción o el restablecimiento de las "... medidas del tipo de las que se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana propiamente dichos", estableciendo un número taxativo de excepciones en los casos de "disposiciones de salvaguardia especial" (artículo 5), "trato especial con respecto al párrafo 2 del artículo 4" (Anexo 5), y "... las mantenidas en virtud de las disposiciones en materia de balanza de pagos o al amparo de otras disposiciones generales no referidas específicamente a la agricultura del GATT de 1994 o de los otros Acuerdos Comerciales Multilaterales incluidos en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC". A juicio de la Argentina, el SBP de Chile no reúne las condiciones para ser considerado como salvaguardia especial en términos del Anexo 5, ni del artículo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura, ni tampoco se trata, claramente, de una medida "... mantenida en virtud de las disposiciones en materia de balanza de pagos". Tampoco, puede el SBP quedar abarcado en la tercera hipótesis "... otras disposiciones generales no referidas específicamente a la agricultura del GATT de 1994", pues el SBP de Chile se aplica exclusivamente en el sector de la agricultura. La Argentina refuta en tal sentido el argumento de Chile de que el SBP "[n]o contempla exenciones, ni su conformidad con el Acuerdo sobre la OMC deriva de ninguna disposición referida específicamente a la agricultura".178 En consecuencia, la Argentina niega el argumento chileno de que "... la interpretación más razonable del texto de la nota al pie Nº 1 es que el sistema de bandas de precios se encuentra fuera del alcance de las medidas comprendidas en las obligaciones que establece el artículo 4.2".179, 180

4.64 A juicio de Chile, un "sistema mínimo de importación" o un "gravamen variable" se podrían considerar medidas no arancelarias en tanto el funcionamiento de los sistemas pudiera excluir los productos de bajo precio e impedir la competencia de precios. Sin embargo, añade Chile, se debe reconocer que un arancel prohibitivo tiene efectos similares, pero evidentemente no está prohibido en el párrafo 2 del artículo 4. Por lo tanto, concluye Chile, dado lo impreciso que es el texto del párrafo 2 del artículo 4, tal vez sea necesario, al igual que con otras medidas, analizar cuáles de ellas se consideraban del tipo de las que se ha prescrito que se conviertan en derechos de aduanas propiamente dichos en la Ronda Uruguay. Chile no conoce de la existencia de ningún criterio objetivo de "similaridad" dentro del párrafo 2 del artículo 4 ni en ninguna otra disposición de la OMC. A juicio de Chile, es probable que la categoría de "medidas similares aplicadas en la frontera" se haya establecido con el propósito de abarcar medidas que fueran iguales a las que se "ha prescrito que se conviertan", pero que simplemente se les llamó de otra manera. Dada la vaguedad de los términos utilizados para referirse específicamente a esas medidas y de lo manifiestamente absurdo que sería aplicar un criterio literal o recurrir a un diccionario, Chile considera evidente que es necesario obrar con cautela y que sería prudente decidir cada caso de la manera más puntual posible, en lugar de intentar, sobre la base de una sola diferencia, enunciar normas amplias que no figuran en el texto y que no fueron acordadas por los negociadores.181

4.65 La Argentina aduce que las características esenciales para determinar que una medida constituye un "gravamen variable" o un "precio mínimo de importación" están relacionadas fundamentalmente con los efectos de dichas medidas. Considera que los efectos esenciales de un gravamen variable o precio mínimo de importación, así como de cualquier otra medida no arancelaria en el sentido del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura, son la falta de transparencia y de previsibilidad y la consiguiente anulación o menoscabo en el acceso a los mercados. A su juicio, el grado de similaridad debe nuevamente analizarse en función de los efectos económicos no deseados (mencionados en la respuesta 6 a)) que están presentes en mayor o menor grado en todas las "medidas del tipo de las que se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana propiamente dichos", sean las enumeradas en forma específica en la nota 1 del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura, o las que queden cubiertas por el concepto de "medidas similares aplicadas en la frontera que no sean derechos de aduana propiamente dichos".182

4.66 Chile concuerda con que el mero hecho de que un derecho varíe o no, no significa que sea un gravamen variable prohibido. A su juicio, si las normas estipularan otra cosa, los Miembros nunca podrían modificar los tipos de derechos aplicados e incluso tendrían que ofrecer garantías de que los tipos aplicados no cambiarían, fuese cual fuese la consolidación. Evidentemente, añade Chile, ninguna norma de la OMC contiene indicación alguna de que el hecho de que una medida sea o no un gravamen variable depende del alcance y la frecuencia de la variación. Sostiene que, si se acepta que el propósito del párrafo 2 del artículo 4 es referirse a los obstáculos no arancelarios, podría considerarse que la característica definitoria de éstos debería ser si la medida tiene el efecto de una limitación cuantitativa, del mismo modo en que un sistema de precios mínimos de importación puede de hecho impedir que se importen productos por debajo de determinado precio. Con todo, afirma Chile, se debe reconocer que en el texto del Acuerdo no se estipula ningún criterio al respecto, y se puede demostrar fácilmente que los negociadores del Acuerdo sobre la Agricultura permitieron la conversión en derechos de aduana propiamente dichos de una manera que a menudo resulta prohibitiva de cualquier importación que no esté dentro del contingente arancelario preferencial. Chile considera que, en esas circunstancias, quizás las Comunidades Europeas tengan razón al decir que la cuestión decisiva, al menos en el caso de una medida que aplica una restricción por medio de un derecho de aduana, es determinar si existe una consolidación del tipo máximo, en cuyo caso la frecuencia, el alcance o los criterios de variabilidad carecen de importancia a los efectos del párrafo 2 del artículo 4.183

4.67 La Argentina sostiene que el incumplimiento del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura es independiente de si se producen o no violaciones del arancel consolidado. También afirma que si, como alega Chile, la variabilidad de una medida no fuese relevante en tanto no se sobrepase el nivel consolidado, se quitaría efecto útil al párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura y su nota, dado que la obligación se limitaría exclusivamente a la aplicación de mecanismos de "cap", o tope, a los distintos sistemas de gravámenes variables, haciendo innecesaria la arancelización obligatoria de los mismos que prescribe el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo y dejando inmutable su funcionamiento. A juicio de la Argentina, dicha interpretación carece del menor sustento legal y es absurda en términos económicos. Opina que Chile no puede ignorar el valor que en la economía y en el comercio tiene la certidumbre y los inconvenientes que acarrea la volatilidad de mecanismos de acceso como los gravámenes variables. Señala que la utilización del SBP justamente representa un factor adicional de incertidumbre y, en consecuencia, un costo mayor en términos de cualquier esquema de planificación comercial, en comparación con la aplicación de derechos de aduana propiamente dichos que, como se dijo oportunamente184, no están sujetos a la variabilidad del sistema que se impugna.185

4.68 La Argentina sostiene que Chile ha reconocido que la categoría de "medidas similares aplicadas en la frontera" se ha incluido en la nota 1 al párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura a efectos de disciplinar medidas similares a las que debían convertirse pero que estaban denominadas en forma diferente.186 Sostiene que justamente en esto consiste el sistema de bandas de precios. Considera que, consecuentemente, es contradictorio que Chile sostenga por un lado que desconoce la existencia de un criterio de similaridad para categorizar determinada medida como una de las que debieron ser arancelizadas y que simultáneamente reconozca lo que esta categoría engloba.187

4.69 La Argentina considera además que la única alternativa que queda para definir si una medida como el SBP es un gravamen variable o una medida similar aplicada en la frontera es el análisis de los efectos de la medida. Sostiene que esto es tan claro que el propio Chile lo reconoce en la respuesta a la pregunta 6 del Grupo Especial, al considerar que un derecho variable constituye una medida no arancelaria "en tanto el funcionamiento del sistema excluyera los productos de bajo precio e impidiera la competencia de precios".188 A su juicio, esto significa que Chile sostiene el mismo criterio de análisis de los efectos económicos que utiliza la Argentina.189 Añade que, como también fue confirmado por Chile190, el SBP está diseñado para mitigar los efectos de las fluctuaciones de precios internacionales. Se aplica a través de un sistema que evita o modera los efectos de la transmisión191 de aquéllos al mercado interno, utilizando como precio "gatillo" o precio de referencia para la aplicación, o el cálculo de los derechos específicos, el "menor precio f.o.b. vigente en los mercados internacionales relevantes para el comercio exterior de Chile".192 Según la Argentina, lo anterior pone de manifiesto que Chile expresamente reconoce que el SBP produce efectos distintos a los que tendría un derecho de aduana propiamente dicho. Alega que esto es así puesto que, a diferencia del SBP, tanto los aranceles ad valorem como los específicos o una combinación de ambos siempre resultan en una transmisión directa al mercado interno de los cambios en los precios internacionales.193

4.70 A juicio de la Argentina, los aspectos más importantes de los gravámenes variables y de las otras medidas similares incompatibles con el párrafo 2 del artículo 4 están vinculados con los efectos de la aplicación de los mismos, a saber: la falta de transparencia, de previsibilidad y el consiguiente menoscabo. El sistema chileno reúne estas tres características por lo que, aunque no fuera un gravamen variable, al menos constituye una medida similar aplicada en la frontera.194 Según la Argentina, la importancia de este análisis se debe a que, en términos económicos, estas medidas generan efectos no deseados frente a lo que sería la aplicación de derechos de aduana propiamente dichos. Explica que el SBP utilizado por Chile se activa cuando el precio de referencia fijado por la autoridad de aplicación cae por debajo de cierto parámetro umbral, denominado corrientemente "el piso" de la banda de precios. El precio de referencia es, según consta en el artículo 1 de los decretos que fijan los derechos, el menor precio f.o.b. registrado para una fecha determinada en los mercados internacionales representativos del producto. La Argentina entiende que, al ser poco clara la metodología para la fijación de dicho precio -como se desprende del párrafo de la comunicación chilena en el que se consigna una breve descripción del sistema195- se verifica la poca transparencia en la aplicación del mismo.

4.71 En lo concerniente a la falta de previsibilidad, la Argentina sostiene que esto se debe a que el nivel de gravámenes no se fija en función del precio de transacción sino de un precio de referencia sobre el cual el exportador no tiene ningún conocimiento hasta poco tiempo antes de concretarse la operación, ya que el mismo se fija con una alta periodicidad (semanal). Según la Argentina, esto implica que un precio de transacción comercializado en una fecha determinada pueda estar sujeto a un derecho efectivo relativamente bajo, y que en una fecha posterior ese mismo valor de transacción sea objeto de un derecho efectivo superior, o incluso violatorio del nivel consolidado ante la OMC. Sostiene que si a esto, que ya es suficiente para una infracción del párrafo 2 del artículo 4, se agrega el hecho de que el SBP carece de un mecanismo de reaseguro (cap) para evitar la "perforación" del nivel consolidado, la imprevisibilidad ante una baja importante de precios es total a los efectos de una eficiente planificación comercial. Con un cap la imprevisibilidad sería parcial. Alega que, aun suponiendo la no "perforación" del nivel consolidado, la variabilidad que presenta el sistema es todavía mayor cuanto mayor sea la liberalización del comercio en el sector. Consecuentemente, concluye la Argentina, se produce el absurdo comercial en virtud del cual cuanto menor sea el nivel de derechos de aduana, menor será la previsibilidad, puesto que aumenta el rango de variabilidad del sistema. La Argentina considera que el SBP chileno es distorsionante, contrariamente a lo alegado por Chile en su Primera comunicación, por cuanto a mayor competitividad en el precio, mayor será el nivel relativo de gravámenes aplicados por embarque. Para demostrar esta afirmación, la Argentina hace referencia a su Anexo ARG-37, en el que figura un gráfico que refleja la correlación entre el precio promedio mensual de referencia fijado por la aduana de Chile y los precios correspondientes para aceites vegetales comestibles de origen argentino. Destaca que esto último es especialmente cierto para un productor como la Argentina, cuyos precios están perfectamente correlacionados con los internacionales. Además, se verifica el hecho de que los precios de referencia fijados por las autoridades chilenas para casi todos los productos más relevantes en valor de comercio para la Argentina se encuentran por debajo de las cotizaciones f.o.b. de los embarques originarios de la Argentina, aun siendo ésta un productor muy eficiente. En otras palabras, afirma, el sistema de bandas de precios chileno garantiza que cuanto más eficiente sea un exportador, mayor será la incidencia relativa de los derechos. Considera que esta suerte de "penalización competitiva" será todavía más regresiva ante un escenario de baja de los precios internacionales.196

4.72 La Argentina aduce que la variabilidad del SBP impide la posibilidad de una efectiva planificación comercial debido al factor de imprevisibilidad. Afirma que esto puede reflejarse claramente a través de un simple indicador estadístico como el coeficiente de desvío estándar, es decir el cociente entre el desvío estándar y la media aritmética, para el nivel efectivo total (en porcentaje sobre el valor de transacción) de derechos aplicados a las importaciones, medido sobre la base de promedios mensuales. La Argentina explica que el análisis de la variabilidad del SBP se realizó sobre la base de estadísticas de fuente chilena para dos productos: el trigo y el aceite de soja. En el caso del trigo, para 1996/1997, y en el del aceite de soja, para 1996/1998. Se seleccionaron dichos años puesto que en todos ellos, con la excepción de 1998 para el caso del trigo harinero, nunca se sobrepasó el nivel consolidado del 31,5 por ciento (y si ocurrió fue a niveles marginales). La Argentina sostiene que, de la comparación efectuada sobre esta base, se observa que para el aceite de soja crudo los niveles del coeficiente de desvío son de 28,5 por ciento y 31,7 por ciento para los años 1996 y 1997 -es decir, que la variación del nivel efectivo total de derechos para dicho producto fue, respecto a la media aritmética, de un 31,5 por ciento como promedio mensual para el período referido-. Con relación al trigo harinero, los indicadores fueron del 153,5, el 27,5 y el 15,5 por ciento respectivamente para los años 1996, 1997 y 1998. Es decir que la variación del nivel efectivo total de derechos para dicho producto fue, respecto de la media aritmética, de un 65,5 por ciento promedio. Estos niveles de variación, de casi un tercio respecto de la media anual en el caso de los aceites y de dos tercios para el trigo harinero, se explican exclusivamente por la operación del SBP, puesto que el nivel efectivo de los derechos de aduana propiamente dichos por definición no varía y, si lo hace, es con una frecuencia totalmente predecible. La Argentina explica que, si a lo antes expuesto se agrega, como ya se señaló exhaustivamente en presentaciones anteriores, que el sistema es poco transparente, que los derechos resultantes del SBP se fijan con una alta periodicidad (semanal) y que el rango potencial de variación es del 31,5 por ciento ad valorem, solamente una interpretación extremadamente audaz y amplia del Acuerdo sobre la Agricultura podría equiparar un sistema de estas características con los "derechos de aduana propiamente dichos".197

4.73 Chile sostiene que, si bien la Argentina ha presentado objeciones respecto de la frecuencia y el grado de los cambios que Chile efectúa en los derechos aplicados y respecto de la supuesta complejidad y falta de previsibilidad y transparencia de esos cambios, ninguna de esas consideraciones hace que esos derechos dejen de ser "derechos de aduana propiamente dichos". Además, está claro que, en relación con el mantenimiento del derecho al tipo máximo consolidado, lejos de ser perjudiciales para el comercio, los derechos del sistema de bandas de precios dan lugar a un trato no más, sino menos restrictivo de las importaciones.198

4.74 Chile discrepa de la afirmación de la Argentina de que el SBP afecta la seguridad y previsibilidad del comercio199 y afirma que la fórmula chilena es completamente transparente y que el derecho se conoce el mismo día en que se embarca el producto.200

iii) Distinción entre gravamen variable o medida similar aplicada en la frontera y derecho de aduana propiamente dicho

4.75 A juicio de la Argentina, los criterios para distinguir entre un "gravamen variable" o "medida similar aplicada en la frontera" -en los términos del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura- y un "derecho de aduana propiamente dicho" se basan en que la aplicación del derecho de aduana propiamente dicho se fija en función del precio de transacción -derecho ad valorem- o de las características físicas (peso/volumen) -derecho específico- o en una combinación de ambos. La Argentina concluye que, en definitiva, los efectos económicos -derivados de las características de un gravamen variable o de una medida similar aplicada en la frontera- son los que determinan que éstos queden tipificados con una naturaleza jurídica distinta a los "derechos de aduana propiamente dichos".201

4.76 La Argentina afirma que un "derecho de aduana propiamente dicho" -en el sentido del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994- no puede considerarse al mismo tiempo "una medida del tipo de las que se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana propiamente dichos", en el sentido del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura. Considera que la nota 1 de este artículo es clara en cuanto a que, al margen de enumerar algunos casos, define por exclusión a las "medidas del tipo de las que se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana propiamente dichos" como aquellas "medidas similares aplicadas en la frontera que no sean derechos de aduana propiamente dichos". A juicio de la Argentina, el significado que debe atribuirse al término "derechos de aduana propiamente dichos" en términos del párrafo 1 b) del artículo II del GATT 1994 y del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura es el mismo. Explica que no existe base jurídica alguna en los textos de los Acuerdos de la OMC que permita afirmar que el mismo término, "derechos de aduana propiamente dichos", deba ser interpretado de manera diferente. Concluye que, en ausencia de una clara indicación en contrario, no cabe sino presumir que términos idénticos reflejan conceptos idénticos. Alega que son "derechos de aduana propiamente dichos" los que por su naturaleza son perfectamente predecibles y transparentes, y que permiten la competencia en el mercado interno por su total permeabilidad al mercado internacional. Especifica además que constituyen "derechos de aduana propiamente dichos" los aranceles ad valorem, los derechos específicos o una combinación de ambos. La Argentina aclara que una medida "... del tipo de las que se ha prescrito se conviertan en derechos de aduana propiamente dichos", por definición no puede nunca constituir "un derecho de aduana propiamente dicho". La Argentina añade que lo contrario quitaría efecto útil al párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura.202

4.77 A juicio de la Argentina, los "derechos de aduana propiamente dichos" en el sentido de la primera frase del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 son aquellos que en sus distintas formas -aranceles ad valorem, específicos o una combinación de ambos- fijan el nivel de protección efectivo máximo permitido en aduana.203 Sostiene que el concepto de "derechos de aduana propiamente dichos" hace referencia a formas de percepción de los derechos de aduana que presentan un grado de certeza, estabilidad y previsibilidad. Afirma además que, en el marco del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994, los otros derechos o cargas sólo son aquellos que no constituyen "derechos de aduana propiamente dichos", como los demás derechos o cargas que aparecen en las columnas 6 u 8 de las Listas Nacionales, según corresponda. Explica que no puede considerarse que los "demás derechos o cargas de cualquier clase" en el sentido del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994 sean las "medidas similares aplicadas en la frontera que no sean derechos de aduana propiamente dichos". Aduce que el nivel consolidado de derechos para lo que se considera "demás derechos o cargas de cualquier clase" es el registrado en esa columna. Consecuentemente, concluye la Argentina, dicho nivel es el relevante a la hora de determinar la incompatibilidad con el párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994, sin perjuicio de la compatibilidad de los demás derechos o cargas con otras obligaciones del GATT de 1994.204

4.78 Según la Argentina, estos niveles de variabilidad se condicen más con los verificados en cotizaciones bursátiles que con los derechos de aduana propiamente dichos que, por naturaleza, tienen una variación nula (o al menos totalmente predecible como en el caso de los derechos específicos) y no generan aislamiento del mercado internacional. La Argentina señala que no debe olvidarse que las estimaciones anteriores se hicieron (con la excepción del año 1998 en el caso del trigo harinero) sobre la base de que no se sobrepasó el nivel consolidado. Obviamente, concluye, los indicadores citados son todavía más elocuentes si se analizan series en las que se verifica una violación del párrafo 1 b) del artículo II del GATT de 1994.205

4.79 Chile sostiene que no existe ninguna definición de derechos de aduana "propiamente dichos" ni de "demás" derechos o cargas en ninguno de los Acuerdos de la OMC, incluido el Entendimiento relativo a la interpretación del párrafo 1 b) del artículo II. Sin embargo, a su juicio, para solucionar la presente diferencia no es necesario establecer una norma general que sirva para determinar qué gravámenes pueden considerarse "derechos de aduana propiamente dichos" en contraposición a "demás derechos o cargas". Chile afirma que los aranceles resultantes del SBP se perciben de la misma manera y en el mismo momento que otros derechos propiamente dichos impuestos por Chile. Alega que nunca ha registrado los derechos específicos adicionales ni las rebajas de los derechos ad valorem como "demás derechos o cargas", y que ningún Miembro ha dado ese trato al SBP de Chile. En la presente diferencia, según Chile, la Argentina alega en su reclamación que el SBP puede dar lugar a una infracción de las consolidaciones de Chile, no que el SBP constituye "otra" carga que sería ilegal en cualquier manifestación o cantidad porque nunca se consignó en las listas como "otra" carga, de conformidad con el Entendimiento de la Ronda Uruguay relativo a la interpretación del párrafo 1 b) del artículo II. Sostiene que, si los derechos de un SBP pudieran considerarse como "demás" derechos o cargas en contraposición a un derecho de aduana propiamente dicho, Chile podría haber eludido cualquier responsabilidad por cualquiera de los efectos obligatorios del sistema consignando simplemente el SBP como "otro" derecho o carga, puesto que el párrafo 1 b) del artículo II y el Entendimiento permiten la aplicación de "demás derechos o cargas" de cualquier nivel, si éstos son el resultado de un sistema obligatorio adecuadamente consignado como otro derecho o carga. Chile señala que, si hubiera intentado hacer esto, seguramente otros Miembros habrían impugnado esa medida en la OMC, y sin duda lo habrían conseguido. Con todo, considera que hizo lo que correspondía al no alegar nunca que el SBP era uno de los demás derechos o cargas exentos.

4.80 Chile considera que las medidas enumeradas en la nota al párrafo 2 del artículo 4 son medidas no arancelarias y, por lo tanto, es poco probable que entrañen otros "derechos o cargas", salvo como un aspecto incidental del obstáculo no arancelario. Es concebible, alega Chile, que se pueda aplicar un sistema de precios mínimos de importación -una de las medidas prohibidas por el párrafo 2 del artículo 4- a través de una medida que podría considerarse como uno de los "demás derechos y cargas" mencionados en el párrafo 1 b) del artículo II.206 Destaca que el artículo II siempre ha prohibido la aplicación de "otros" derechos y cargas nuevos o más elevados a los productos consolidados, pero el Entendimiento relativo a la interpretación del párrafo 1 b) del artículo II estableció un mecanismo más transparente y eficaz en relación con esas tasas. Sostiene que la prohibición de aplicar otros derechos o cargas a los productos sujetos a consolidación es tal que, incluso si se aplicaran derechos propiamente dichos a una tasa inferior a la consolidada, no se podría imponer a esos productos ningún "derecho o carga" nuevo o más elevado que el vigente en la fecha de consignación en la lista correspondiente (o en virtud de legislación imperativa consignada), aunque la cantidad en cuestión, al añadirse al derecho propiamente dicho, no sobrepasara el tipo consolidado. A juicio de Chile, está claro que en la presente diferencia la Argentina nunca ha aducido que el SBP per se estuviera entre los "demás derechos o cargas" ilegales, sino que el SBP puede dar lugar a derechos propiamente dichos que sobrepasen el tipo consolidado. Chile agrega que su lista es compatible con esta interpretación, en tanto el sistema de bandas de precios no se registró en concepto de "demás derechos o cargas".207

4.81 Chile sostiene que los criterios propuestos por la Argentina para determinar qué es un "derecho propiamente dicho" permisible carecen de lógica y no contribuirían al logro de los objetivos de un comercio más libre en la agricultura. Aduce que la mayor parte, si no la totalidad, de los obstáculos no arancelarios con fines proteccionistas son sencillos, transparentes y muy previsibles, mientras que hay medidas sanitarias y fitosanitarias que son perfectamente legales, y muchas actividades legales de empresas estatales, que están lejos de ser transparentes, sencillas o siquiera previsibles. Considera que el grado de perjuicio o restricción del comercio provocados por un derecho evidentemente no constituye la base para determinar su legalidad. Señala que un derecho elevado que se aplique a un tipo consolidado alto es legal, pero perjudicial. Sostiene además que los contingentes arancelarios que se les permitió adoptar a los Miembros siguen siendo sumamente restrictivos y perjudiciales para los intereses de los países exportadores.208

4.82 Chile destaca que los Estados Unidos, en su calidad de terceros en la presente diferencia, en sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial han introducido por primera vez el argumento de que los derechos resultantes del sistema de bandas de precios deberían considerarse "demás derechos o cargas" a tenor del párrafo 1 b) del artículo II y que, por consiguiente, esos derechos deberían considerarse prohibidos por los términos de dicho párrafo y del Entendimiento relativo a la interpretación del párrafo 1 b) del artículo II.209 Chile considera correcto que los demás derechos y cargas queden prohibidos terminantemente si no están consignados de conformidad con lo establecido en el Entendimiento. Sin embargo, señala que el SBP siempre se ha considerado como un derecho de aduana propiamente dicho, sujeto a la consolidación, y no como uno de los "demás derechos o cargas".210 A juicio de Chile, es evidente que hasta la fecha todos los Miembros han considerado a los derechos del SBP como derechos de aduana propiamente dichos y no como "demás" derechos. Sostiene que ni la Argentina ni ningún otro Miembro de la OMC (incluidos los Estados Unidos) han aducido lo contrario durante los casi 20 años en que Chile ha mantenido el sistema de bandas de precios y, por supuesto, Chile nunca ha considerado al sistema de banda de precios como uno de los "demás" derechos o cargas. Afirma que, si hubiera inscrito los derechos de la banda de precios como "demás" derechos o cargas dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la Ronda Uruguay, hubiera estado facultado en virtud del Entendimiento a mantener a cualquier nivel los derechos del sistema de la banda de precios, puesto que el artículo II permite tales derechos al nivel exigido por la legislación obligatoria que se haya consignado en la lista. Concluye que, en ese caso, seguramente otros Miembros de la OMC habrían impugnado de inmediato el intento de Chile de obtener de forma ilícita un trato ventajoso para el SBP pretendiendo que éste era uno de los "demás derechos" exentos.211

4.83 Chile aduce que el Grupo Especial cuenta con amplios fundamentos para rechazar el argumento de los Estados Unidos. A su juicio, ante la inexistencia de una definición de "derecho de aduana propiamente dicho" en el texto de los Acuerdos de la OMC, los Estados Unidos pretenden inventarla a fin de respaldar su propio argumento. Chile alega que los Estados Unidos se basan en primer lugar en una definición de "ordinary" (ordinario) tomada de un diccionario de la lengua inglesa, en el cual dicho vocablo se define como "regular, normal, customary or usual" (regular, normal, habitual o usual). En respuesta a las preguntas del Grupo Especial, Chile señala que el término que se utiliza en español en lugar de "ordinario" es "propiamente dicho". Chile aduce que el pequeño matiz de diferencia en la traducción indica que se trata de un tecnicismo, aunque reconoce que ni "ordinario" ni "propiamente dicho" resultan instructivos si no se tienen en cuenta los demás elementos de interpretación que exige la Convención de Viena. Chile refuta la aseveración de los Estados Unidos, la cual considera carente de autoridad, de que lo que debe ser "regular, normal, customary or usual" es la forma del derecho de aduana. Chile entiende que el párrafo 1 b) del artículo II y el Entendimiento no hablan de "formas" de los derechos de aduana y que la "fuente autorizada" en la que los Estados Unidos basan su tesis es una desconcertante referencia a una propuesta de negociación de la Ronda Uruguay en la que se exhortaba a convenir en que los equivalentes arancelarios se expresaran en términos específicos o ad valorem.212 Alega que, incluso si se aceptara el argumento de los Estados Unidos de que los derechos propiamente dichos son ad valorem, específicos o una combinación de ambos, los derechos chilenos seguirían correspondiendo a la definición de "ordinary" indicada por los Estados Unidos, puesto que son una combinación de derecho ad valorem y derecho específico. En el SBP de Chile, si bien el derecho se calcula según la fórmula del SBP, es un derecho específico por unidad de peso o volumen del producto, que se añade al derecho ad valorem (o se descuenta de éste). Chile concluye que, aparte de las aseveraciones sin fundamento de los Estados Unidos (y la Argentina), no hay nada en el párrafo 1 b) del artículo II que limite la manera en que se puede fijar un tipo específico o ad valorem, siempre que se respete el tipo consolidado.213 También refuta el argumento estadounidense de que el SBP de Chile no es un derecho de aduana propiamente dicho en el sentido del artículo II debido a su presunta "falta de transparencia y precisión". Alega que nada en el artículo II apoya la invención de un criterio semejante, que es en sí bastante carente de transparencia y precisión. Además, alega Chile, dicho criterio también es ilógico, puesto que ahora los demás derechos deben ser transparentes y precisos, en el sentido de las limitaciones de nivel previstas en el artículo II. Sostiene que, en el mejor de los casos, sería entrar en un círculo vicioso decir que, por el simple hecho de inscribir el carácter y el nivel de las demás cargas, esos "demás" derechos devienen en derechos propiamente dichos.214 Chile cita asimismo un informe oficial sobre obstáculos al comercio exterior ("Foreign Trade Barriers" Report) para 2001 del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales, en el cual éste considera que el SBP forma parte de los derechos de aduana propiamente dichos de Chile. A Chile le resulta sorprendente el hecho de que un país como los Estados Unidos, que tiene un gran interés en la exportación y que sin duda alguna fue uno de los principales participantes en las negociaciones de la Ronda Uruguay, venga a descubrir en el otoño de 2001 que, pensándolo bien, aquellas bandas de precios han sido sencillamente ilegales desde hace años.215

4.84 A juicio de Chile, una medida que ya esté consolidada como "derecho de aduana propiamente dicho" y que esté sujeta a las disposiciones del párrafo 1 b) del artículo II no puede considerarse "del tipo de las que se ha prescrito se conviertan" en derechos de aduana propiamente dichos en el sentido del párrafo 2 del artículo 4. Chile considera que el término "derechos de aduana propiamente dichos" tiene el mismo significado en el párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre la Agricultura que en el párrafo 1 b) del artículo II del GATT. Señala que el término inglés "ordinary" que figura tanto en el artículo II como en el párrafo 2 del artículo 4 se expresa de la misma manera en los textos de esos artículos en español y francés, pese a que la elección de los términos en español y francés -"propiamente dichos" y "proprement dit"- no sigue la traducción habitual al español o al francés del vocablo inglés "ordinary" que dan los diccionarios.216 Aduce que, además de poner de manifiesto lo riesgoso que es aplicar un criterio basado simplemente en los diccionarios a la interpretación de los tratados, esta traducción idéntica y algo fuera de lo común que figura en ambos artículos es una indicación más de la intención de que los términos tengan el mismo significado. Se ha de señalar, añade Chile, que el término "derechos de aduana propiamente dichos" utilizado en el artículo II no lleva en sí mismo la connotación de que los derechos ya estén, o estén necesariamente, consolidados, sino que es posible consolidarlos de conformidad con el artículo II. Sin embargo, en el párrafo 2 del artículo 4, el contexto da a entender que una medida "convertida" en un derecho de aduana propiamente dicho quiere decir que pasa a ser un derecho de aduana propiamente dicho consolidado.217



1 Documento WT/DS207/1.

2 Documento WT/DS207/2.

3 Documento WT/DS207/3.

4 Ley 18.525, Diario Oficial de la República de Chile, 30 de junio de 1986.

5 Versión consolidada de la Ley 18.525, Diario Oficial de la República de Chile, 30 de junio de 1986, en su forma enmendada por Ley 18.591, Diario Oficial, 3 de enero de 1987, y por Ley 18.573, Diario Oficial, 2 de diciembre de 1987. Este texto consolidado se incluyó en el Anexo CHL-2 de la Primera comunicación escrita de Chile (no se reproducen las notas).

6 Diario Oficial de la República de Chile, 19 de noviembre de 2001.

7 Como se indica en el párrafo 2.3 supra, Chile ha informado al Grupo Especial de que, en virtud de la Ley 19.772 que entró en vigor el 19 de noviembre de 2001, la combinación del tipo ad valorem aplicado y el aumento del derecho del SBP no puede ser mayor que el tipo ad valorem consolidado. Con anterioridad, la combinación ocasionalmente sobrepasaba el tipo consolidado.

8 Véase la respuesta de Chile a la pregunta 10 (CHL) del Grupo Especial.

9 El artículo 12 de la Ley 18.525 y su modificatoria estipulan que los derechos y rebajas que se le aplicarán al tranquillón (harina de trigo) serán los mismos que se le apliquen al trigo, multiplicados por el factor de conversión de 1,41. Este factor de conversión fue aumentado a 1,56 por Ley 19.446 (prorrogada por Ley 19.604) (véase el Anexo ARG-2).

10 Con respecto al trigo, entre estos "mercados relevantes" figuran la Argentina, el Canadá, Australia y los Estados Unidos. Véase la respuesta de Chile a la pregunta 9 c) (CHL) del Grupo Especial.

11 Véase la respuesta de Chile a la pregunta 9 (CHL) del Grupo Especial.

12 Diario Oficial de la República de Chile, 31 de mayo de 1999.

13 Diario Oficial de la República de Chile, 25 de junio de 1999.

14 Documento G/SG/N/1/CHL/2 de 24 de agosto de 1999, en el que figuran la Ley 19.612 y la Ley 18.525 (modificada por Ley 19.612), además del Decreto 909/99 del Ministerio de Hacienda.

15 Los productos objeto del procedimiento de investigación y aplicación de medidas de salvaguardia son: trigo, clasificado en el código arancelario 1001.9000; harina de trigo, clasificada en el código arancelario 1101.0000; azúcar, clasificada en los códigos arancelarios 1701.1100; 1701.1200; 1700.9100 y 1701.9900; y aceites vegetales comestibles, clasificados en los códigos arancelarios 1507.1000; 1507.9000; 1508.1000; 1508.9000; 1509.1000; 1509.9000; 1510.0000; 1511.1000; 1511.9000; 1512.1110; 1512.1120; 1512.1910; 1512.1920; 1512.2100; 1512.2900; 1513.1100; 1513.1900; 1513.2100; 1513.2900; 1514.1000; 1514.9000; 1515.2100; 1515.2900; 1515.5000 y 1515.9000.

16 Documento G/SG/N/6/CHL/2 de 2 de noviembre de 1999.

17 Decreto Exento N° 339 de 19 de noviembre de 1999, publicado en el Diario Oficial de la República de Chile, 26 de noviembre de 1999.

18 Documento G/SG/N/7/CHL/2 de 10 de noviembre de 1999.

19 Documento G/SG/N/8/CHL/1 de 7 de febrero de 2000.

20 Decreto Exento N° 9 del Ministerio de Hacienda.

21 Publicado en el Diario Oficial el 25 de noviembre de 2000.

22 Documento G/SG/N/14/CHL/1 de 22 de diciembre de 2000.

23 Chile indicó que la medida de prórroga aplicada a los aceites vegetales comestibles expiró el 26 de noviembre de 2001 (Decreto Exento N° 559 del Ministerio de Hacienda).

24 Véase la respuesta de Chile a la pregunta 16 (ARG, CHL) del Grupo Especial.

25 Documento G/SG/N/10/CHL/1/Suppl.3 de 16 de agosto de 2001.

26 La Argentina se refiere al párrafo 38 de la Primera comunicación escrita de Chile.

27 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 61.

28 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafo 43.

29 Véase la Segunda declaración oral de la Argentina, párrafo 4.

30 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 46.

31 La Argentina cita una Nota de la Secretaría. Informe resumido de la reunión celebrada los días 24 y 25 de junio de 1999, G/AG/R/19 (25 de agosto de 1999), párrafo 9.

32 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 38.

33 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 39.

34 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafos 39 a 42.

35 La Argentina se refiere a las Órdenes 850 y 662 del Ministerio de Agricultura de Chile.

36 La Argentina se refiere a los párrafos 24, 25 y 26 de la Primera comunicación escrita de Chile.

37 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 5.

38 Véase la Primera declaración oral de la Argentina, párrafo 5.

39 La Argentina se refiere al párrafo 23 in fine de la Primera comunicación escrita de Chile.

40 Véanse la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 47, y el Anexo ARG-15.

41 Véase la Primera declaración oral de la Argentina, párrafos 7 y 8.

42 La Argentina cita el párrafo 25 de la Primera comunicación escrita de Chile.

43 Véase la Primera declaración oral de la Argentina, párrafo 9.

44 Véase la respuesta de Chile a la pregunta 12 c) (CHL) del Grupo Especial.

45 Véanse la Réplica de la Argentina, párrafos 18 a 21, y el Anexo ARG-40.

46 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 23.

47 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 25.

48 Véase la Primera declaración oral de la Argentina, párrafo 4.

49 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 27.

50 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 28.

51 Véanse la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafos 29 y 30 y el Anexo ARG-12.

52 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 31.

53 Véase la Réplica de la Argentina, párrafo 25.

54 Véase la Réplica de la Argentina, párrafo 26.

55 Chile se refiere al párrafo 28 de la Primera comunicación escrita de la Argentina.

56 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafo 19.

57 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 32.

58 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 36 y su nota 25.

59 Documento WT/DS152/R, párrafos 7.118 y 7.125.

60 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 43 y su nota 25.

61 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafo 21.

62 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafo 23. Véase también el párrafo 23 de la Primera declaración oral de Chile.

63 Véase la Primera declaración oral de Chile, párrafo 24.

64 La Argentina se refiere a los párrafos 22 y 23 de la Primera comunicación escrita de Chile.

65 Véase la Primera declaración oral de la Argentina, párrafo 7.

66 Véase la Réplica de la Argentina, párrafos 23 y 24.

67 Véase la Primera declaración oral de la Argentina, párrafos 15 a 17.

68 Véase la Primera declaración oral de Chile, párrafo 63.

69 Véase la respuesta de Chile a la pregunta 12 (CHL) del Grupo Especial.

70 Véase el Anexo CHL-7.

71 Véase también la Primera declaración oral de Chile, párrafo 30.

72 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafo 25.

73 Véase la Primera declaración oral de Chile, párrafo 30.

74 Véase la Primera declaración oral de la Argentina, párrafo 9, que se refiere al párrafo 25 de la Primera comunicación escrita de Chile.

75 Véase la Primera declaración oral de la Argentina, párrafo 13.

76 Véase la Réplica de la Argentina, párrafos 29 y 30.

77 Véase la Primera declaración oral de la Argentina, párrafo 14.

78 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 31.

79 Chile se refiere al párrafo 16 de la Primera declaración oral de la Argentina.

80 Véase la Primera declaración oral de Chile, párrafos 10 y 11.

81 Véase la Primera declaración oral de Chile, párrafos 12 a 18.

82 Véase la Réplica de la Argentina, párrafo 28, que se refiere a la respuesta de Chile a la pregunta 10 k) del Grupo Especial.

83 Véase la Réplica de la Argentina, párrafo 28, que se refiere a la respuesta de Chile a la pregunta 12 a) del Grupo Especial.

84 Véase la Segunda declaración oral de Chile, párrafo 11.

85 Véase la respuesta de la Argentina a la pregunta 45 (ARG) del Grupo Especial.

86 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafo 26.

87 Véase la Primera declaración oral de Chile, párrafo 28.

88 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafo 26.

89 La Argentina se refiere al documento G/SG/Q2/CHL/5 de 27 de septiembre de 2000, página 6, respuesta a la pregunta 19. Véase la Primera declaración oral de la Argentina, párrafos 18 a 22 y su nota 7.

90 Véase la Primera declaración oral de la Argentina, párrafos 18 a 22.

91 Véase la Réplica de la Argentina, párrafo 32.

92 Véase la Réplica de la Argentina, párrafos 34 y 35.

93 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 49.

94 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 51.

95 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafos 57 y 58.

96 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 59.

97 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 57.

98 Véase la Primera declaración oral de la Argentina, párrafos 39 y 40.

99 Chile se refiere a los párrafos 57 y 58 de la Primera comunicación escrita de la Argentina.

100 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafo 42.

101 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafo 30.

102 Véase también la Primera declaración oral de Chile, párrafos 34 a 36.

103 Véase la Réplica de Chile, párrafos 28 y 29.

104 Véase la Primera declaración oral de Chile, párrafo 50.

105 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafos 30 y 31.

106 Chile se refiere al párrafo 49 de la Primera comunicación escrita de la Argentina.

107 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafos 33 a 35.

108 Véase el párrafo 4.97 infra.

109 Véase la Primera declaración oral de Chile, párrafos 51 y 52.

110 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafos 54 a 56.

111 Chile cita el informe del Órgano de Apelación en Estados Unidos - Gasolina (WT/DS2/AB/R) adoptado el 20 de mayo de 1996, DSR 1996:I,3, página 17.

112 Véase la Primera declaración oral de Chile, párrafos 53 a 56.

113 Véase la Primera declaración oral de Chile, párrafos 57 a 61.

114 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafo 57.

115 Chile se refiere a Japón - Bebidas alcohólicas (informe del Órgano de Apelación, Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas ("Japón - Bebidas alcohólicas II"), WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, adoptado el 1º de noviembre de 1996, DSR 1996:I, 97), página 16.

116 Chile se refiere al Decreto N° 797/92 de 19 de mayo de 1992 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Argentina (Boletín Oficial del 21 de mayo de 2001).

117 Chile se refiere al Reglamento (CE) N° 1249/96 de la Comisión, de 28 de junio de 1996, relativo a las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) N° 1766/92 del Consejo sobre derechos de importación en el sector de los cereales.

118 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafos 58 a 65.

119 Véase el párrafo 68 de la Primera comunicación escrita de Chile.

120 Chile se refiere al párrafo 57 de la Primera comunicación escrita de la Argentina.

121 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafos 66 a 70.

122 Véase la Réplica de la Argentina, párrafos 38 y 39.

123 Véase la Réplica de la Argentina, párrafo 40 y su nota 26.

124 Respuesta de Chile a la pregunta 12 d) del Grupo Especial.

125 La Argentina cita: "La regla del efecto útil no es otra cosa que al interpretar una cláusula de un Tratado debe de hacerse de forma que permita a la misma 'desplegar sus efectos prácticos o útiles', o como diríamos en términos más modernos, realizar su objeto y fin." Conf. Díaz de Velasco, Instituciones de Derecho Público, Ed. Tecnos, 1996, página 188.

126 Véase la Réplica de la Argentina, párrafos 41 a 43.

127 Véase la Primera declaración oral de la Argentina, párrafo 29, que se refiere al párrafo 24 de la Primera comunicación escrita de Chile.

128 Véase la Primera declaración oral de la Argentina, párrafos 25 a 29.

129 Véase la Réplica de Chile, párrafos 35 y 36.

130 Véase la Réplica de Chile, párrafo 37.

131 Chile cita el informe del Órgano de Apelación en CE - Hormonas (WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R) adoptado el 13 de febrero de 1998, nota 268 (DSR 1998:I, 135).

132 Véase la Réplica de Chile, párrafo 38.

133 La Argentina se refiere al informe del Órgano de Apelación en CE - Hormonas (WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R) adoptado el 13 de febrero de 1998, nota 268 (DSR 1998:I, 135)

134 Véase la Segunda declaración oral de la Argentina, párrafo 28.

135 Véase la Segunda declaración oral de la Argentina, párrafo 29.

136 a Argentina está empleando una definición que figura en Walter Goode, Dictionary of Trade Policy Terms (Centre for International Economic Studies, University of Adelaide, 1997), página 250. Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 52.

137 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 54.

138 La Argentina cita al Órgano de Examen de las Políticas Comerciales, Examen de las Políticas Comerciales de Chile, informe de la Secretaría, WT/TPR/S/28 (7 de agosto de 1997), párrafo 38.

139 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 55.

140 La Argentina se refiere al párrafo 38 de la Primera comunicación escrita de Chile.

141 Véase la Réplica de la Argentina, párrafo 49.

142 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 56.

143 Véase la Primera declaración oral de Chile, párrafo 38.

144 Véase la Primera comunicación escrita de la Argentina, párrafo 52.

145 Véase la Primera declaración oral de Chile, párrafo 40.

146 Véase la Primera declaración oral de Chile, párrafo 43.

147 Chile se refiere al párrafo 56 de la Primera comunicación escrita de la Argentina.

148 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafo 40.

149 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafo 32.

150 Chile se refiere al párrafo 55 de la Primera comunicación escrita de la Argentina.

151 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafo 39. Véase también el párrafo 41 de la Primera declaración oral de Chile.

152 La Argentina se refiere al párrafo 36 de la Primera declaración oral de Chile.

153 Véase la Réplica de la Argentina, párrafos 60 a 62, los Anexos ARG-41 y ARG-42, y la Segunda declaración oral de la Argentina, párrafo 19 y su nota 14.

154 Véase la respuesta de Chile a la pregunta 46 (CHL) del Grupo Especial.

155 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafos 37 y 38. Véase también el párrafo 42 de la Primera declaración oral de Chile.

156 Véase el párrafo 4.48 supra.

157 La Argentina se refiere al párrafo 37 de la Primera comunicación escrita de Chile.

158 Véase la Primera declaración oral de la Argentina, párrafos 29 a 33.

159 Véase la Primera declaración oral de Chile, párrafos 44 a 47.

160 Chile se refiere a los párrafos 30 a 33 de la Declaración oral de la Argentina.

161 Véase la Réplica de Chile, párrafos 24 y 25.

162 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafo 43.

163 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafo 44.

164 En la nota 35 de su Primera comunicación escrita, Chile se refiere a la definición de gravamen variable como una medida utilizada por la Política Agrícola Común de la Comunidad Europea, según Merritt R. Blakeslee y Carlos A. García, The Language of Trade: A Glossary of International Trade Terms, páginas 167 y 168 (Tercera edición, 1999).

165 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafo 45.

166 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafo 49.

167 La Argentina se refiere a lo expresado en el Preámbulo del Acuerdo sobre la Agricultura, respecto de corregir y prevenir "… las restricciones y distorsiones en los mercados agropecuarios mundiales".

168 Véase la Réplica de la Argentina, párrafos 45 a 47.

169 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafo 49.

170 Véase la Réplica de la Argentina, párrafo 48.

171 La Argentina se refiere al párrafo 49 in fine de la Primera comunicación escrita de Chile.

172 Véase la Primera declaración oral de la Argentina, párrafos 33 a 37.

173 Véase la Réplica de la Argentina, párrafos 55 a 57.

174 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafo 46.

175 Véase la Primera declaración oral de Chile, párrafo 48.

176 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafo 47.

177 La Argentina se refiere al párrafo 46 de la Primera comunicación escrita de Chile.

178 La Argentina se refiere al párrafo 47 de la Primera comunicación escrita de Chile.

179 La Argentina se refiere al párrafo 47 de la Primera comunicación escrita de Chile.

180 Véase la Réplica de la Argentina, párrafos 79 a 83.

181 Véase la respuesta de Chile a la pregunta 6 (ALL) del Grupo Especial.

182 Véase la respuesta de la Argentina a la pregunta 6 (ALL) del Grupo Especial.

183 Véase la respuesta de Chile a la pregunta 8 (ALL) del Grupo Especial.

184 Véase la Réplica de la Argentina, párrafos 69 y 70.

185 Véase la Segunda declaración oral de la Argentina, párrafo 21.

186 La Argentina se refiere a la respuesta de Chile a la pregunta 6 (ALL) del Grupo Especial.

187 Véase la Réplica de la Argentina, párrafos 58 y 59.

188 Véase la Réplica de la Argentina, párrafo 52.

189 Véase la Segunda declaración oral de la Argentina, párrafo 19.

190 La Argentina se refiere al párrafo 11 de la Primera comunicación escrita de Chile.

191 La Argentina se refiere al párrafo 18 de la Primera comunicación escrita de Chile.

192 La Argentina se refiere al párrafo 17 de la Primera comunicación escrita de Chile.

193 Véase la Réplica de la Argentina, párrafos 53 y 54.

194 Véase la Primera declaración oral de la Argentina, párrafo 38.

195 La Argentina se refiere al párrafo 15 de la Primera comunicación escrita de Chile.

196 Véase la Primera declaración oral de la Argentina, párrafos 41 a 51.

197 Véase la Réplica de la Argentina, párrafos 64 a 69.

198 Véase la Réplica de Chile, párrafo 17.

199 Chile se refiere al párrafo 31 de la Primera comunicación escrita de la Argentina.

200 Véase la Primera comunicación escrita de Chile, párrafo 50.

201 Véase la respuesta de la Argentina a la pregunta 8 (ALL) del Grupo Especial.

202 Véase la respuesta de la Argentina a las preguntas 1 y 2 (ALL) del Grupo Especial.

203 En este sentido, la Argentina cita el párrafo 5.4 del informe del Grupo Especial sobre el asunto Comunidad Económica Europea - Reglamento relativo a la importación de piezas y componentes, adoptado el 16 de mayo de 1990, IBDD S37/147.

204 Véase la respuesta de la Argentina a la pregunta 3 (ALL) del Grupo Especial.

205 Véase la Réplica de la Argentina, párrafos 70 y 71.

206 Chile se refiere a los párrafos 88 y 89 del informe del Grupo Especial sobre el asunto
CEE - Programa de precios mínimos, licencias y depósitos de garantía para la importación de determinadas frutas, legumbres y hortalizas elaboradas, adoptado el 18 de octubre de 1978, IBDD S25/75.

207 Véase la respuesta de Chile a la pregunta 3 (ALL) del Grupo Especial.

208 Véase la Réplica de Chile, párrafos 26 y 27.

209 Chile se refiere a las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 3 b) y 3 c) (ALL) del Grupo Especial.

210 Véase la Réplica de Chile, párrafo 8.

211 Véase la Réplica de Chile, párrafo 10.

212 Véase la Réplica de Chile, párrafos 11 y 12.

213 Véase la Réplica de Chile, párrafo 13.

214 Véase la Réplica de Chile, párrafo 14.

215 Véase la Segunda declaración oral de Chile, párrafos 16 y 17.

216 Chile se refiere a Robert Collins French-English, English-French Dictionary 472 (Beverly T. Atkins et al., 2nd ed., 1987). The Oxford Spanish Dictionary 1390 (Beatriz Galimberti Jarman et al., eds., 1994).

217 Véanse las respuestas de Chile a las preguntas 1 y 2 (ALL) del Grupo Especial.