OEA

Conciliación

Estados Unidos - Importaciones de Ciertos Sistemas de Resortes Para Automóviles

Informe del Grupo Especial adoptado el 26 de mayo de 1983

(Continuación)


Argumentos expuestos por los Estados Unidos

22. El representante de los Estados Unidos declaró que sus autoridades consideraban que las medidas impugnadas eran totalmente compatibles con las obligaciones de los Estados Unidos derivadas del Acuerdo General. Hasta el momento presente no se había planteado ante el GATT ningún asunto relacionado con el artículo 337, aunque la ley básica era anterior al Acuerdo General. El único asunto mencionado por el Canadá había surgido durante las NCM en relación con los dispositivos generales de notificación de obstáculos no arancelarios y no tenía nada que ver con una violación de patente. El recurso al artículo 337 en los casos de presunta violación de patentes y el decreto de prohibición dictado contra ciertos sistemas de resortes para automóviles estaban comprendidos en la excepción prevista en el apartado d) del artículo XX respecto de las obligaciones derivadas del Acuerdo General. Los procedimientos en cuestión eran necesarios para garantizar el cumplimiento de la legislación estadounidense sobre protección de patentes y para hacer efectivas otras leyes de aplicación general relativas a las prácticas comerciales desleales. Las normas jurídicas para la determinación de violaciones de patente eran las mismas en la legislación de los Estados Unidos, fuera la presunta violación imputable a productos nacionales o importados. Estas medidas no discriminaban entre países en los que reinaban las mismas condiciones ni constituían una restricción encubierta del comercio internacional. El objeto del artículo& 337 no era proteger la industria de los Estados Unidos; se trataba en realidad de un simple mecanismo de aplicación destinado a proteger los derechos de titulares de patentes estadounidenses.

23. Según el artículo 337, los métodos desleales de competencia y los actos desleales en la importación de artículos o en la venta de artículos importados eran ilegales si arruinaban o tendían a arruinar o a perjudicar considerablemente a una industria nacional. Los antecedentes legislativos de dicho artículo y la práctica seguida en su aplicación, así como las decisiones judiciales en segunda instancia del Tribunal de Apelación en materia de aduanas y patentes, ponían de manifiesto que la violación de una patente estadounidense con un artículo importado era un acto o método de competencia ilegítimo, y se aplicaba el mismo criterio a los productos importados o nacionales. Era también un acto o método de competencia desleal para los efectos del artículo 337 el que una parte fabricara un producto con un método de fabricación que, de aplicarse en los Estados Unidos, violaría una patente estadounidense de método de fabricación, y exportase el producto resultante a los Estados Unidos, o lo vendiera en ese país.

24. En cuanto a las patentes relativas a productos, la legislación sustantiva en materia de violación era la misma para las mercancías importadas que para las nacionales. La legislación sustantiva básica en materia de 45& patentes estaba contenida en el artículo 271 del título 35 del Código de los Estados Unidos (USC), que se aplicaba con arreglo al artículo 1338 del título 28 del USC en las actuaciones ante los tribunales de distrito y con arreglo al artículo 337 de la Ley Arancelaria (o sea, el artículo 1337 del título 19 del USC) en las actuaciones ante la ITC. Importaba señalar que en una y otra actuación existían las mismas posibilidades de defensa jurídicas y de equidad. La única diferencia era que en el procedimiento judicial no era necesario demostrar que se había causado perjuicio a una industria estadounidense a fin de probar una violación de la ley, lo que sí era menester en un procedimiento ante la ITC. Además, las decisiones de la ITC debían ser revisadas por el Presidente que, en el plazo de 60 días, podía oponerse por razones de política a una determinación afirmativa de la ITC. En este caso toda providencia ordenada por la ITC quedaba nula y sin efecto. La revisión presidencial comprendía la realización de un examen a fondo, por el Representante de los Estados Unidos para las cuestiones comerciales internacionales, de todas las obligaciones derivadas para los Estados Unidos del Acuerdo General y de todos los demás tratados y acuerdos.

25. Era posible también recurrir contra las decisiones de la ITC ante el Tribunal de Apelación en materia de aduanas y patentes. En el presente caso el demandado Wallbank no había recurrido contra la decisión de la ITC. La GM había recurrido contra la determinación de la ITC en base a la validez de las patentes. Si fuese atendido este recurso, el decreto de prohibición quedaría sin efecto. La ITC tendría que atenerse también a una decisión anterior de un tribunal federal, según la cual una patente determinada no era válida o no se podía explotar, y no emprendería una investigación sobre el asunto. Si esta decisión se adoptaba después de iniciada una investigación, la acción se dejaría sin efecto. Por lo general, la ITC suspendería una investigación cuando el procedimiento judicial en un tribunal estadounidense hubiera llegado a la fase del juicio. En el asunto Wallbank la ITC había proseguido su investigación porque el procedimiento judicial se hallaba en una fase muy preliminar. La ITC tenía que atenerse también a las decisiones del Tribunal de Apelación en materia de aduanas y patentes, en segunda instancia, y del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

26. Las investigaciones de casos relacionados con patentes ante la ITC sólo podían emprenderse previa presentación de una reclamación completa en el sentido de que un artículo que violase una patente estadounidense o que fuera el producto de un método de fabricación que, de aplicarse en los Estados Unidos, violaría una patente de propiedad del reclamante o adjudicado al mismo, era importado o vendido por los demandados cuyo nombre se indicaba. El aviso de inicio de una investigación se publicaba en el Federal Register de los EE.UU. y se hacía todo lo posible para ponerlo expresamente en conocimiento del presunto infractor. Todas las medidas ulteriores relativas al asunto se publicaban también en el Federal Register. Se hacía todo lo posible para que el demandado tuviera plena oportunidad de participar en las actuaciones, que se desenvolvían de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo de los Estados Unidos. El demandado tenía derecho a hacerse representar por un asesor juridíco de su elección y podía aducir todos los medios de defensa jurídica o de equidad previstos para los casos de violación de patentes ante un tribunal de justicia estadounidense. Las actuaciones de investigación se desenvolvían ante un magistrado especializado en derecho administrativo. La ITC decidía una reparación a la vista de los hechos que indicaban la existencia de una violación de patente según lo dispuesto en la legislación estadounidense en la materia. No se adoptaba ninguna providencia si la ITC estimaba que sus efectos serían contrarios al interés público. El personal de la ITC no representaba a ninguna de las partes en el litigio; su función era sobre todo asesorar a los miembros de la ITC acerca de la cuestión del perjuicio y de los factores de interés público.

27. En el contexto del derecho y del sistema judicial estadounidense existían dos importantes problemas relacionados con el cumplimiento de las leyes nacionales de protección de patentes contra extranjeros, mediante actuaciones ante los tribunales. El primer problema se refería al acto de citación. Sin citación en buena y debida forma, no podía incoarse un asunto. Según la legislación estadounidense, una parte extranjera o nacional situada en los Estados Unidos podía ser demandada por el propietario de la patente por violación de ésta ante cualquier tribunal de distrito de los Estados Unidos en cuya jurisdicción se pudiera citar válidamente a la parte con notificación del procedimiento judicial. Las normas reguladoras del acto de citación de una parte extranjera situada fuera de los Estados Unidos eran más complicadas. La empresa extranjera situada en otro país podía eludir la citación enviada por correo negándose sencillamente a aceptarla. El recurso a otros medios legalmente aceptables de citación judicial era oneroso y requería tiempo; por ello, era extremadamente difícil que las empresas pequeñas o los particulares propietarios de patentes ejercieran sus derechos contra los infractores extranjeros de éstos. En cambio, con el artículo 337 se hacía todo lo posible por notificar el procesamiento al presunto infractor, pero las diligencias del caso podían llevarse adelante aunque no se hubiera efectuado tal notificación.

28. El segundo problema importante en relación con los procesos incoados contra demandados extranjeros era el de la aplicación efectiva de las sentencias dictadas contra partes extranjeras situadas fuera de los Estados Unidos. Básicamente los tribunales de justicia de los Estados Unidos podían tomar dos providencias contra la violación de una patente: un requerimiento judicial para impedir nuevas violaciones de la patente o una declaración de daños y perjuicios, o ambas cosas a la vez. Los requerimientos sólo podían hacerse efectivos cuando la parte interesada se encontrase en el ámbito de la jurisdicción del tribunal. Los daños y perjuicios se podían resarcir cuando la parte extranjera tuviera haberes suficientes en los Estados Unidos. Si para hacer efectivo el requerimiento o la declaración de daños había que solicitar su ejecución a los tribunales del país en el que estaba establecida la parte extranjera, los gastos podían ser prohibitivos para el propietario de la patente, o la ejecución ser totalmente imposible. Todas estas dificultades podían crear una situación en la que las partes extranjeras gozaran en la práctica de inmunidad contra los pleitos incoados ante los tribunales estadounidenses por violación de patente. En tales casos el artículo 337 daba una posibilidad de reparación al propietario de la patente si se podía demostrar que existían los demás elementos requeridos para determinar la existencia de una violación (es decir, acto desleal y perjuicio). Si bien con el artículo 337 un titular de la patente no podía obtener un resarcimiento monetario por los daños sufridos, el Servicio de Aduanas de los Estados Unidos podía hacer efectivo el decreto de prohibición de la ITC y ésta podía ordenar al importador que cesara su actividad y desistiera de proseguirla.

29.En el asunto presente, Kuhlman, el propietario de la patente, tenía la posibilidad de invocar dos disposiciones legales para hacer efectivos sus derechos de patente, que consideraba violados por la importación de productos procedentes del Canadá. Para obtener una sentencia favorable en una actuación judicial sólo habría hecho falta probar la validez de la patente y la violación de ésta, pero ello habría llevado aparejadas todas las dificultades inherentes a la citación judicial y la aplicación de la sentencia. Un arbitraje de la ITC exigía la prueba de otros elementos, pero proporcionaba una reparación eficaz. Kuhlman se había inclinado por el segundo procedimiento.

30. A este respecto, el representante de los Estados Unidos declaró, en respuesta a una pregunta del Grupo especial, que un tribunal de distrito de los Estados Unidos sólo habría podido expedir un requerimiento contra la GM y otros usuarios de los sistemas de resortes de Wallbank si hubiesen sido parte en la acción primitiva, y únicamente de haberse demostrado que utilizaban el producto Wallbank sin autorización. En efecto, el requerimiento no podía incluir a los posibles usuarios, porque éstos no podían ser considerados como partes. Por ejemplo, requerimentos dirigidos a la GM y a Ford, de haber sido éstas partes en una actuación judicial, no impedirían que otros utilizaran los productos. En respuesta al argumento del Canadá de que Wallbank podría trasladarse a los Estados Unidos y producir y vender con impunidad hasta tanto un tribunal no determinase que las patentes eran válidas y habían sido violadas, el representante de los Estados Unidos afirmó que con una actuación judicial de este tipo Wallbank podría verse obligado a resarcir hasta el triple de los daños causados a Kuhlman desde el momento en que adquirió efectividad la violación, y ser objeto de un requerimiento contra futuras violaciones.

31. El artículo 337a, que no formaba parte del artículo 337, disponía que las mercancías fabricadas en un país extranjero según un método que, de ser aplicado en los Estados Unidos, violaría los derechos de una patente estadounidense de método de fabricación, recibirían el mismo trato, en virtud del artículo& 337, que los productos amparados por una patente de producto. La finalidad de la disposición era prevenir que se eludieran las leyes estadounidenses en materia de patentes, lo que ocurriría si una parte aplicara sin derecho el método patentado fuera de los Estados Unidos e importase y vendiera el producto resultante. A juicio de los Estados Unidos, no había ninguna diferencia práctica entre prohibir el empleo de un método que violaba una patente en el país y prohibir la importación de un producto fabricado en el extranjero según este mismo método.

32. El representante de los Estados Unidos facilitó las informaciones complementarias siguientes: desde que en 1975 entraron en vigor las modificaciones introducidas en la Ley de comercio de los EE.UU. la ITC había emprendido investigaciones con arreglo al artículo 337 en 114 casos. Quedaban pendientes de solución 14 casos. De los 100 casos llevados a término, 16 no se referían a patentes. En 36 casos, los trámites se sobreseyeron porque se retiró la reclamación o porque se había llegado a un acuerdo entre las partes. Veinticuatro casos se sobreseyeron porque la ITC no estimó que hubiera habido violación; en nueve de estos casos la ITC no estimó que existiera perjuicio; en dos no se tomó ninguna providencia, por razones de interés público. En 26 casos la ITC determinó que había habido violación del artículo 337, y en uno de ellos el Presidente se opuso a la determinación de la ITC, quedando pues sin efecto toda reparación. En 11& casos la parte perdedora no compareció ante la ITC para defender su postura, pero incluso en estos casos la parte reclamante tuvo que demostrar que se había violado su patente y que había habido un daño considerable, o amenaza de daño considerable, para una industria estadounidense explotada de manera eficiente y económica. El investigador de la ITC estaba facultado a presentar pruebas en sentido contrario, si podía allegarlas.

b) Compatibilidad de las medidas adoptadas por los Estados Unidos con el& Acuerdo General

Argumentos expuestos por el Canadá

33. El representante del Canadá declaró que, a su juicio, se planteaban ante el Grupo especial cuatro cuestiones principales relacionadas con el Acuerdo General: �Era compatible con el artículo III el recurso al artículo 337 en los casos relativos a patentes? �Era compatible con el párrafo 1 del artículo XI la ejecución de un decreto de prohibición? �Era compatible con el artículo III o con el párrafo 1 b) del artículo II una orden de depósito de caución en el caso de determinadas importaciones? �Quedaba comprendida la utilización de dichas medidas en la excepción del apartado d) del artículo XX?

A este respecto, el representante del Canadá expuso los argumentos siguientes:

Artículo III

34. El artículo 337 y todo decreto de prohibición consiguiente eran incompatibles con los párrafos& 1 y 4 del artículo III. El fundamento de esta afirmación era que la legislacíón estadounidense en materia de patentes se ocupaba de los intereses privados de las partes ante los tribunales de justicia de los Estados Unidos en la medida en que se referían a derechos de patentes y que, en cambio, la finalidad del artículo& 337 era proteger las industrias de los Estados Unidos. El recurso al artículo& 337 (y, en su caso, al artículo 337 a)) en los casos de presunta violación de patente ofrecía a los titulares de patentes estadounidenses un instrumento adicional al proporcionado por las leyes estadounidenses en materia de patentes, disponible únicamente en el marco del comercio de importación. Este hecho constituía una denegación del trato nacional previsto en los párrafos 1 y 4 del artículo III del Acuerdo General. Los productores extranjeros eran objeto de un trato menos favorable por cuanto, en vez de estar sujetos únicamente al procedimiento previsto en la legislación estadounidense en materia de patentes, podían ser objeto de actuaciones diferentes ante órganos distintos. No ocurría así en el caso de los productores nacionales, salvo que se dedicaran al comercio de importacíón. A juicio del Canadá, este doble sistema era de carácter discriminatorio.

35. El decreto de prohibición, dictado de conformidad con el artículo 337, en virtud del cual se impedía que ciertos sistemas de resortes extranjeros compitieran en el mercado de los Estados Unidos con productos nacionales similares (comprendidos los de otros fabricantes que pudieran violar la misma patente), constituía una protección de la producción nacional a los efectos de lo dispuesto en el párrafo& 1 del artículo III. El requisito de depósito de una caución, de conformidad con el artículo 337, se aplicaba a las importaciones, pero no se aplicaba a los productos nacionales similares y, por consiguiente, era incompatible con las disposiciones de los párrafos& 1 y 2 del artículo III. Aun en el caso de que el requisito de depósito no violara el artículo III, por ser una medida de frontera según afirmaba la delegación de los Estados Unidos, transgrediría igualmente el párrafo 1 b) del artículo II, cuya última frase tenía que leerse en relación con el párrafo 2 del mismo artículo.

Artículo XI

36. El decreto de prohibición dictado de conformidad con el artículo 337, que impedía la importación de ciertos sistemas de resortes para automóviles, era incompatible con las obligaciones de los Estados Unidos derivadas del párrafo 1 del artículo XI, a saber, no imponer ni mantener -aparte de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas- prohibiciones ni restricciones a la importación de un producto del territorio de otra parte contratante.

Artículo XX

37. La excepción prevista en el apartado d) del artículo XX no justificaba las medidas restrictivas del comercio adoptadas de conformidad con el artículo 337 por dos motivos: 1) el trato diferenciado aplicado a los productos extranjeros con un procedimiento separado de adjudicación no era "necesario" para lograr la observancia de la legislación estadounidense en materia de patentes, y 2) la ley cuya observancia se pretendía lograr (el artículo 337) era "incompatible con las disposiciones del presente Acuerdo", es decir, el artículo III del Acuerdo General. Si la delegación de los Estados Unidos afirmase que el trato diferenciado era necesario en el caso de las importaciones para lograr la observancia de la legislación en materia de patentes, las medidas adoptadas constituirían "una restricción encubierta al comercio internacional", en el sentido del preámbulo del artículo XX.

38. En el apartado d) del artículo XX no se hacía mención de métodos desleales de competencia o de actos desleales, como tales. Los redactores de dicho artículo parecían haber pensado en leyes nacionales que no eran incompatibles con el Acuerdo General. El Canadá no pretendía que la legislación estadounidense en materia de patentes (excepto el artículo& 337& a) fuera incompatible con el Acuerdo General, sino que el artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930 sí era incompatible. La pretensión de los Estados Unidos de que el artículo 337 y el consiguiente decreto de prohibición eran medidas necesarias "para lograr la observancia de leyes o reglamentos que no sean incompatibles" con el Acuerdo General no era defendible. A juicio del Canadá, el procedimiento separado de adjudicación previsto en el artículo 337 iba mucho más allá de lo que era necesario lograr la observancia de la legislación estadounidense en materia de patentes. El Canadá reconocía que se podían plantear problemas en relación con la aplicación de decisiones judiciales respecto de partes no comprendidas en el ámbito jurisdiccional. De hecho, un requerimiento judicial de un tribunal estadounidense no se podía aplicar directamente en el Canadá.

39. En cuanto al asunto sometido al Grupo especial, habría que obtener un requerimiento o una orden coercitiva al amparo de la patente canadiense en un tribunal canadiense. Ahora bien, otros países se enfrentaban con los mismos problemas y no contaban con ninguna disposición de tanto alcance como el artículo 337. Las dificultades se debían a una limitación básica de la jurisdicción nacional en asuntos que excedían de las fronteras de un país. Esta limitación existía independientemente del hecho de que la facultad de incoar una acción legal se reconociera a un tribunal estadounidense o a la ITC. El problema no se podía resolver recurriendo a otro órgano. Existía siempre la posibilidad de que los Estados Unidos modificaran su procedimiento judicial para conseguir una aplicación más eficaz de las decisiones de justicia. El artículo 337 no se limitaba a prever procedimientos para tener en cuenta las dificultades legítimas en el caso de que un infractor estuviera fuera de la jurisdicción. El artículo& 337 era en sí mismo un sistema jurídico completo; en cierto modo era más completo que la legislación estadounidense en materia de patentes, ya que tipificaba una infracción grave (prácticas comerciales desleales), creaba una institución especial (la ITC) para ocuparse de ella, establecía un procedimiento especial, y preveía reparaciones y medios de ejecución como las multas. A juicio del Canadá, todo ello tenía principalmente por objeto estimular el interés público en la protección de la industria estadounidense contra la competencia perjudicial de las importaciones, mientras que la ley de patentes se ocupaba de los derechos de los intereses particulares.

Artículo XXIII

40. Las PARTES CONTRATANTES habían establecido que, en los casos en que se produjera claramente una infracción de las disposiciones del Acuerdo General, esas medidas constituirían a primera vista un caso de anulación o menoscabo de una ventaja (GATT, Undécimo Suplemento (1963). IBDD, página& 105, párrafo 15). Las autoridades canadienses sostenían que el recurso por los Estados Unidos al artículo 337 en los asuntos de patentes y las consiguientes medidas restrictivas del comercio constituían a primera vista una anulación de las ventajas derivadas para el Canadá del Acuerdo General, comprendidas las concesiones consolidadas en virtud del artículo& II.

Argumentos expuestos por los Estados Unidos

Artículo XX, apartado d)

41. En el apartado d) del artículo XX se establecía una excepción general respecto de las obligaciones estipuladas en el Acuerdo General para la adopción o aplicación de las medidas necesarias para lograr la observancia de las leyes y los reglamentos relativos a la protección de derechos de patente y otros derechos de propiedad, y para la prevención de prácticas que puedan inducir a error. El artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930 no establecía ninguna legislación substantiva en materia de patentes, pero proporcionaba un instrumento de ejecución. El recurso a dicho artículo en los casos de violación de patentes era pues una medida de aplicación necesaria para lograr la observancia de las leyes estadounidenses de patentes de aplicación general. No era posible acción alguna al amparo del artículo& 337 si no se había producido una violación en el sentido de la legislación estadounidense en materia de patentes. La necesidad de dicho artículo se debía a la dificultad, inherente al derecho estadounidense y al derecho internacional, de obtener jurisdicción sobre partes extranjeras para la aplicación de sentencias contra ellas mediante una acción de un tribunal estadounidense. Una decisión según la cual los distintos procedimientos existentes para hacer efectivas contra las importaciones leyes substantivas de aplicación general (por ejemplo, sobre aduanas, patentes, marcas comerciales, derechos de autor, monopolios y prevención de prácticas que puedan inducir a error) no estaban comprendidos dentro de la excepción prevista en el apartado d) del artículo XX, tendría consecuencias de vasto alcance para muchas partes contratantes.

Artículo III, párrafo 1

42. El artículo 337 no se aplicaba a productos importados o a productos nacionales de manera que ofreciera protección a la producción nacional. En sí mismo, el artículo 337 no era una ley, reglamento o prescripción que afectara a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso de productos en el mercado interior. Era una medida destinada a lograr la observancia de las leyes, reglamentos y prescripciones que afectan a la comercialización de productos. La ley en cuestión en el presente asunto era la disposición legislativa básica de los Estados Unidos en materia de patentes, es decir, el artículo 271 del título 35 del Código de los Estados Unidos, y la finalidad de la legislación en materia de patentes no era proteger la producción nacional, sino proteger ciertos derechos de propiedad representados por una patente. Para que la ley fuera aplicable, era necesario que existiera una patente válida que amparase al producto. Los términos de la patente determinaban los límites del derecho de propiedad protegido por ésta. No se podía concluir que violaban la patente los productos competidores que no estuvieran amparados por la patente o que hubieran sido objeto de licencia del propietario de la patente.

Para Continuar con Artículo III, párrafo 4.