1. Las Partes conservan sus derechos y obligaciones para aplicar medidas de salvaguarda conforme al artículo XIX del GATT.

2. Cuando una Parte decida adoptar una medida de salvaguarda de conformidad con el artículo XIX del GATT, sólo podrá aplicarla a la otra Parte cuando las importaciones de esa Parte, consideradas individualmente, representen una parte sustancial de las importaciones totales y contribuyan de manera importante al perjuicio grave de la Parte importadora. Para esa determinación se tomarán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
   a) se considerará que las importaciones originarias de la otra Parte son sustanciales, si estas quedan incluidas dentro de las importaciones de los principales países proveedores, del bien sujeto al procedimiento cuyas exportaciones representen el 80% de las importaciones totales de ese bien en la Parte importadora;

   b) normalmente no se considerará que las importaciones originarias de una Parte contribuyen de manera importante al perjuicio grave, si su tasa de crecimiento durante el periodo en que se produjo el incremento perjudicial de las mismas es sustancialmente menor que la tasa de crecimiento de las importaciones procedentes de todas las fuentes durante el mismo periodo;

   c) también se tomará en cuenta para la determinación de participación importante en el perjuicio grave, las modificaciones de la participación de la Parte en el total de las importaciones y el volumen de estas.

3. En ningún caso la Parte importadora podrá aplicar las medidas previstas en el párrafo 2 sin comunicación previa por escrito a la otra Parte y sin haber realizado consultas previas. Para tal efecto, se cumplirán todos los requisitos de notificación y procedimiento previstos en este capítulo.

4. La Parte que pretenda aplicar una medida global otorgar a la Parte afectada una compensación mutuamente acordada, en forma de concesiones que tengan efectos comerciales equivalentes al impacto de esa medida. Si las Partes no logran ponerse de acuerdo respecto a la compensación, la Parte que se proponga aplicar la medida global estar facultada para aplicarla, y la Parte afectada podrá imponer medidas que tengan efectos comerciales equivalentes a los de la medida adoptada.

5. La compensación a que se refiere el artículo 7-03 se determinará en la etapa de consultas previas a la aplicación de medidas globales.

1. Cada Parte establecerá procedimientos claros y estrictos para la adopción y aplicación de medidas de salvaguarda, de conformidad con este capítulo.

2. Para determinar la procedencia de la aplicación de una medida de salvaguarda, la autoridad competente de la Parte importadora, llevará a cabo la investigación pertinente.

3. La Parte que decida iniciar una investigación para adoptar medidas de salvaguarda publicará el inicio de la misma en los órganos de difusión oficiales correspondientes y lo notificará por escrito a la Parte exportadora el día siguiente de la publicación.

4. Para efectos de la determinación de perjuicio grave las autoridades competentes evaluarán todos los factores de carácter objetivo y cuantificable que tengan relación con la rama de producción afectada, en particular el ritmo y la cuantía del aumento de las importaciones del bien de que se trate, en términos absolutos y relativos, la parte del mercado interno absorbida por el aumento de las importaciones, los cambios en el nivel de ventas, precios internos, producción, productividad, utilización de la capacidad instalada, participación en el mercado, ganancias y pérdidas, y empleo.

5. Para determinar la procedencia de las medidas de salvaguarda, también se demostrará una relación de causalidad directa entre el aumento de las importaciones del bien de que se trate y el perjuicio grave a la rama de la producción nacional.

6. Si existieren otros factores distintos del aumento de las importaciones procedentes de la otra Parte que simultaneamente perjudiquen a la rama de producción nacional, el perjuicio causado por esos factores no podrá ser atribuido a las importaciones mencionadas.

7. Si como resultado de esta investigación la autoridad competente determina, sobre la base de pruebas objetivas, que se cumplen los supuestos previstos en este capítulo, la Parte importadora podrá iniciar consultas con la otra Parte.

8. El procedimiento de consultas no obligar a las Partes a revelar la información que haya sido proporcionada con carácter confidencial, cuya divulgación pueda impedir el cumplimiento de las leyes de la Parte que regulen la materia o lesionar intereses comerciales. Sin perjuicio de ello, la Parte importadora que pretenda aplicar la medida de salvaguarda proporcionará a la otra Parte un resumen no confidencial de la información confidencial.

9. El periodo de consultas previas se iniciará a partir del día siguiente de la recepción por la Parte exportadora de la notificación de solicitud de inicio de consultas. El periodo de consultas previas ser de 45 días salvo que las Partes convengan en un plazo menor.

10. La notificación a la que se refiere el párrafo 9 se realizar a través de la autoridad nacional competente y contendrá los antecedentes suficientes que fundamenten la aplicación de las medidas, incluyendo:
    a) los nombres y domicilios disponibles de los productores nacionales de bienes idénticos o similares o competidores directos representativos de la producción nacional, su participación en la producción nacional de ese bien y las razones que los lleven a afirmar que son representativas de ese sector;

    b) una descripción clara y completa del bien sujeto al procedimiento, la subpartida arancelaria en la cual se clasifica y el trato arancelario vigente, así como la de descripción del bien idéntico, similar o competidor directo;

    c) los datos sobre importación correspondientes a cada uno de los tres años calendario más recientes que constituyan el fundamento de que ese bien se importa en cantidades cada vez mayores, ya sea en términos absolutos o relativos a la producción nacional;

    d) los datos sobre la producción nacional total del bien idéntico, similar o competidor directo correspondientes a los últimos tres años calendario más recientes;

    e) los datos que demuestren perjuicio grave causado por las importaciones al sector en cuestión de conformidad con los párrafos 4 y 5;

    f) una enumeración y una descripción de las presuntas causas del perjuicio, y una síntesis del fundamento para alegar que el incremento de las importaciones de ese bien en términos ya sea relativos o absolutos de la producción nacional, es la causa del mismo;

    g) en su caso, los criterios y la información objetiva que demuestre que se cumplen los supuestos establecidos en este capítulo para la aplicación de una medida global a la otra Parte; y

    h) la información sobre las medidas arancelarias que se pretenden adoptar y su duración.

11. Las medidas previstas en este capítulo sólo podrán adoptarse una vez concluido el periodo de consultas previas.

12. Durante el periodo de consultas la Parte exportadora hará todas las observaciones que considere pertinentes, en particular sobre la procedencia de las medidas propuestas.

13. Si la Parte importadora determina que subsisten los motivos que dieron origen a la aplicación de las medidas de salvaguarda notificará a las autoridades competentes de la otra Parte, por lo menos con 60 días de anticipación al vencimiento de la vigencia de esas medidas, su intención de prorrogarlas, y proporcionarla información que fundamente esta decisión, incluyendo las pruebas de que persisten las causas que llevaron a la adopción de la medida de salvaguarda. La notificación, las consultas previas sobre la prórroga y la compensación respectiva se realizarán en los términos previstos en este capítulo.

1. Cada Parte aplicará de manera uniforme, imparcial y razonable su legislación en materia de prácticas desleales de comercio internacional de forma congruente con lo dispuesto en este capítulo, con los principios del GATT, del Acuerdo Relativo a la Aplicación del artículo VI del GATT y del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias del GATT.

2. Las Partes realizarán las investigaciones a través de las dependencias, organismos o entidades públicas nacionales competentes y no aplicarán, en su relación bilateral, ningún instrumento internacional negociado con terceros países que implique un tratamiento asimétrico, no recíproco y que se aparte de lo dispuesto en este capítulo.

1. La Parte importadora pondrá fin a una investigación:
   a) respecto de una parte interesada, cuando su autoridad competente determine que:
   i) el margen de dumping o de subsidio es de minimis; o

   ii) no existen pruebas suficientes del dumping, subsidio o del daño; o

   b) cuando su autoridad competente determine que el volumen de las importaciones objeto de dumping o subsidio, o el daño son insignificantes.

2. Para efectos del párrafo 1, se considerará que:
   a) el margen de dumping es de minimis cuando éste sea menor del 2% expresado como porcentaje del precio de exportación;

   b) el margen de subsidio es de minimis cuando éste sea menor del 1.5% ad valorem; y

   c) el volumen de las importaciones objeto de dumping o subsidios o el daño son insignificantes si el volumen de las importaciones representa menos del 1% del mercado interno o si representa menos del 3% de las importaciones totales de los bienes idénticos o similares de la Parte importadora.

3. Para efectos del literal c) del párrafo 2 se entenderá por mercado interno el consumo nacional aparente entendido como la suma de la producción nacional más las importaciones totales menos las exportaciones de los bienes idénticos o similares.

Cada Parte realizará la prueba de daño como requisito previo a la imposición de cuotas compensatorias.

1. Para efectos de este artículo, se entenderá por mercado aislado, respecto de la producción de un bien determinado, la división que, en circunstancias excepcionales, haga una Parte de su territorio en dos o más mercados competidores a efectos de considerar la producción de cada mercado como una producción distinta si:
   a) los productores de ese mercado venden la totalidad o casi la totalidad de su producción de ese bien en ese mercado; y

   b) simultáneamente, los productores del bien situados en otro lugar del territorio no satisfacen la demanda en ese mercado en grado sustancial.

2. Se podrá considerar que existe daño incluso cuando no resulte perjudicada una porción importante de la producción nacional total, siempre que haya una concentración de importaciones objeto de dumping o subsidios en un mercado aislado y esas importaciones causen daño a los productores de la totalidad o casi la totalidad de la producción de ese mercado.

3. Cuando se determine la imposición de cuotas compensatorias provisionales o definitivas, los importadores cuyos bienes afectados se destinen a un mercado fuera del mercado aislado de que se trate podrán solicitar a la autoridad investigadora que no se les impongan esas cuotas compensatorias.

4. Presentada la solicitud y las pruebas que acrediten los hechos descritos en el párrafo 3, los importadores podrán optar por pagar la cuota compensatoria o garantizar el pago de la misma. La autoridad investigadora resolverá lo conducente dentro de los 130 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. En cualquier tiempo, la autoridad investigadora podrá ordenar cualquier diligencia a efecto de cerciorarse de la veracidad de las afirmaciones de los importadores.

5. Si en la resolución correspondiente la autoridad investigadora confirma la cuota compensatoria, se harán efectivas las garantías que se hubieran otorgado. Si en esa resolución se revocó la cuota compensatoria, a favor del importador interesado se procederá a cancelar las garantías o, en su caso, a devolver las cantidades que se hubieren pagado.

6. La resolución de la autoridad investigadora en los términos del párrafo 4 se publicará en el oacute;rgano oficial de difusión de la Parte importadora y se notificará personalmente a los importadores interesados.

Las Partes publicarán en sus órganos oficiales de difusión las resoluciones en la materia, las que declaren concluida la investigación administrativa por motivos de compromisos del exportador extranjero o, en su caso, del gobierno de la Parte exportadora, o por la celebración de audiencias conciliatorias, así como las resoluciones por las que se desechen las denuncias o se acepten los desistimientos de los denunciantes.

Las Partes se asegurarán de que las partes interesadas tengan los mismos derechos y obligaciones en una investigación.

La aplicación retroactiva de cuotas compensatorias se sujetará a lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 y al artículo 20 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias del GATT de 1994.

La importación de piezas o componentes de bienes sujetos a cuotas compensatorias provisionales o definitivas destinados a operaciones de montaje en territorio de una Parte; el ensamble de esas piezas o componentes en un tercer país para exportarlas como bien terminado, o la exportación de bienes con diferencias físicas relativamente menores con respecto a lo sujeto a cuotas compensatorias provisionales o definitivas con el objeto de eludir el pago de éstas, provocará que la importación de esas piezas, componentes o bienes esté sujeta al pago de la cuota compensatoria correspondiente.

Las cuotas compensatorias definitivas se eliminarán de manera automática cuando, transcurridos cinco años contados a partir de su vigencia o a partir de la fecha de la última revisión, no hayan sido revisadas conforme a lo dispuesto en el artículo 8- 17.

1. La autoridad competente celebrará de oficio o a petición de parte una audiencia pública en la que las partes interesadas podrán comparecer e interrogar a sus contrapartes respecto de la información o medios de prueba que considere conveniente la autoridad investigadora.

2. La autoridad competente notificará la celebración de la audiencia pública con una antelación de 15 días hábiles.

3. La autoridad competente dará oportunidad a las partes interesadas de presentar alegatos después de la audiencia pública, aunque hubiese finalizado el período para la presentación de pruebas. Los alegatos consistirán en la presentación por escrito de conclusiones relativas a la información y argumentación aportadas en la investigación.

Dentro del marco constitucional de cada Parte, los asesores o abogados independientes de las partes en la investigación podrán tener acceso a información confidencial de sus contrapartes para propósitos exclusivos de defensa de sus intereses, sujeto a un estricto compromiso de confidencialidad, cuya violación será sancionada conforme a la legislación de cada Parte.

servicios profesionales: los servicios que para su prestación requieren educación superior universitaria especializada y cuyo ejercicio es autorizado o restringido por una Parte, pero no incluye los servicios proporcionados por personas que practican un oficio o a los tripulantes de barcos mercantes y aeronaves.

1. Cada Parte otorgará a los servicios y a los prestadores de servicios de otra Parte un trato no menos favorable que el concedido, en circunstancias similares, a los servicios y a los prestadores de servicios de cualquier otro país.

2. Las disposiciones de este capítulo no se interpretarán en el sentido de impedir que una Parte confiera ventajas a países adyacentes, con el fin de facilitar intercambios, limitados a las zonas fronterizas contiguas, de servicios que se produzcan o consuman localmente.

1. Cada Parte otorgará a los servicios y a los proveedores de servicios de otra Parte, un trato no menos favorable que el concedido en circunstancias similares a sus propios servicios o proveedores de servicios.

2. El trato que otorgue una Parte de conformidad con el párrafo 1 significa, respecto a un estado, un trato no menos favorable que el trato más favorable que ese estado conceda, en circunstancias similares, a los prestadores de servicios de la Parte a la que pertenecen.

Ninguna Parte exigirá a un prestador de servicios de otra Parte que establezca o mantenga una oficina de representación u otro tipo de empresa, o que resida en su territorio, como condición para la prestación de un servicio.

1. Cada Parte tendrá un año a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado para elaborar una lista de las restricciones cuantitativas que, no incluyendo a los gobiernos municipales, mantenga a nivel federal o central y estatal.

2. Periódicamente, al menos una vez cada dos años, las Partes procurarán negociar para liberalizar o eliminar:
   a) restricciones cuantitativas existentes que mantenga:
   i) una Parte a nivel federal o central, según la lista a que se refiere el párrafo 1; o

   ii) un estado según lo indique una Parte en la lista a que se refiere el párrafo 1; y

   b) restricciones cuantitativas que haya adoptado una Parte después de la entrada en vigor de este Tratado.

3. Cada Parte notificará a la otra Parte cualquier restricción cuantitativa diferente a las de nivel de gobierno municipal, que adopte después de la entrada en vigor de este Tratado, e indicará la restricción en la lista a que se refiere el párrafo 1.

A través de negociaciones futuras a ser convocadas por la Comisión, las Partes profundizarán la liberalización alcanzada en los diferentes sectores de servicios, con miras a lograr la eliminación de las restricciones remanentes listadas de conformidad con los párrafos 2 y 3 del artículo 9-06.

Ninguna disposición en este capítulo impondrá a ninguna Parte la obligación de facilitar información confidencial cuya divulgación pueda constituir un obstáculo para el cumplimiento de las leyes o ser de otra manera contraria al interés público, o pueda lesionar intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas.

1. Cuando una Parte reconozca o revalide, de manera unilateral o por acuerdo con otro país, los títulos obtenidos en el territorio de otra Parte o de cualquier país que no sea parte:
   a) nada de lo dispuesto en el artículo 9-03 se interpretará en el sentido de exigir a esa Parte que reconozca o revalide los títulos obtenidos en el territorio de esa otra Parte; y

   b) la Parte proporcionará a la otra Parte, oportunidad adecuada para demostrar que los títulos obtenidos en territorio de esa otra Parte también se reconocerán o revalidarán, o para negociar o celebrar un arreglo o acuerdo que tenga efectos equivalentes.

2. Cada Parte, en un plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, eliminará todo requisito de nacionalidad o de residencia permanente que mantenga para el reconocimiento de títulos y otorgamiento de licencias para el ejercicio profesional a los prestadores de servicios profesionales de otra Parte. Cuando una Parte no cumpla con esta obligación con respecto de un sector en particular, la otra Parte podrá, en el mismo sector y durante el mismo tiempo que la Parte en incumplimiento mantenga su requisito, mantener, como único recurso, un requisito equivalente indicado en la lista a que se refiere el artículo 9-06 o restablecer mediante notificación a la Parte en incumplimiento:
   a) cualquiera de esos requisitos a nivel federal o central que hubiere eliminado conforme a este artículo; o

   b) cualquiera de esos requisitos a nivel estatal que hubieran estado vigentes a la fecha de entrada en vigor de este Tratado.

3. En el anexo a este artículo se establecen procedimientos para el reconocimiento de títulos y otorgamiento de licencias que rigen a los prestadores de servicios profesionales.

1. Las Partes reconocen que ciertas prácticas comerciales de los proveedores de servicios, aparte de las que se refiere el literal c) del párrafo 1 del artículo 9- 19, pueden limitar la competencia y, por ende, restringir el comercio de servicios.

2. Cada Parte, a petición de otra Parte, entablará consultas con miras a eliminar las prácticas a que se refiere el paacute;rrafo 1. La Parte a la que se dirija la petición la examinará cabalmente y con comprensión y prestará su cooperación facilitando la información no confidencial que esté al alcance del público y que guarde relación con el asunto de que se trate. Esa Parte facilitará también otras informaciones de que disponga, con sujeción a su legislación y a reserva de la conclusión de un acuerdo satisfactorio sobre la salvaguarda del carácter confidencial de esa información por la Parte peticionaria.

Cada Parte podrá denegar los beneficios derivados de este capítulo a un prestador de servicios de otra Parte, previa notificación y realización de consultas, cuando la Parte determine que el servicio está siendo prestado por una empresa que no realiza actividades de negocios importantes en territorio de esa otra Parte, y que, de conformidad con la legislación de cada Parte, es propiedad o está bajo control de personas de un país que no es Parte.

Ninguna disposición de este capítulo se interpretará en el sentido de:

a) imponer a una Parte la obligación de suministrar información cuya divulgación sería, a su juicio, contraria a sus intereses esenciales de seguridad;

b) impedir a una Parte la adopción de toda medida que estime necesaria para la protección de los intereses esenciales de su seguridad; o

c) impedir a una Parte la adopción de medidas en cumplimiento de las obligaciones por ésta contraídas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacionales.

Las Partes establecerán en un plazo de 24 meses después de la entrada en vigor de este Tratado, un sistema para facilitar a los prestadores de servicios información referente a sus mercados en relación con:

a) los aspectos comerciales y técnicos del suministro de servicios;

b) la posibilidad de obtener tecnología en materia de servicios; y

c) todos aquellos aspectos que identifique, en materia de servicios, la Comisión.

1. La Comisión determinará los procedimientos para el establecimiento de las disciplinas necesarias relativas a:
   a) las medidas de salvaguarda urgentes;

   b) las subvenciones que distorsionan el comercio; y

   c) los proveedores monopolistas de servicios.

2. Para efectos del párrafo 1, se tomarán en cuenta los trabajos de los organismos internacionales pertinentes.

1. Las Partes se comprometen a aplicar entre sí las disposiciones contenidas en los acuerdos multilaterales sobre servicios de los cuales las Partes sean parte.

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, en caso de incompatibilidad entre esos acuerdos y este Tratado, éste prevalecerá sobre aquéllos.

Sección B - Inversionistas

1. Cada Parte autorizará la entrada temporal y otorgará la documentación correspondiente a la persona de negocios que pretenda establecer, desarrollar, administrar o prestar asesoría o servicios técnicos clave, en funciones de supervisión, ejecutivas o que conlleven habilidades esenciales, para llevar a cabo o administrar una inversión en la cual la persona o su empresa hayan comprometido, o estén en vías de comprometer un monto importante de capital, siempre que la persona cumpla además con las medidas migratorias aplicables a la entrada temporal.
2. Ninguna Parte podrá:
   a) exigir pruebas de certificación laboral u otros procedimientos de efecto similar, como condición para autorizar la entrada temporal conforme al párrafo 1; ni

   b) imponer ni mantener restricciones numéricas en relación con la entrada temporal conforme al párrafo 1.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, una Parte podrá examinar, en un tiempo perentorio, la propuesta de inversión de una persona de negocios para evaluar si la inversión cumple con las disposiciones legales aplicables.
4. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, una Parte podrá requerir a la persona de negocios que solicite entrada temporal conforme a esta sección que obtenga, previamente a la entrada, una visa o documento equivalente.

Sección C - Transferencias de personal dentro de una empresa

1. Cada Parte autorizará la entrada temporal y expedirá documentación comprobatoria a la persona de negocios empleada por una empresa listada en el Padrón Bilateral de las Partes para la sección C, que pretenda desempeñar funciones gerenciales, ejecutivas o que conlleven conocimientos especializados, en esa empresa o en una de sus subsidiarias o filiales, siempre que esa persona y esa empresa cumplan con las medidas migratorias vigentes aplicables a la entrada temporal. Cada Parte podrá exigir que la persona haya sido empleada de la empresa, de manera continua, durante un año, dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
2. Ninguna Parte podrá:
   a) exigir pruebas de certificación laboral u otros procedimientos de efecto similar, como condición para autorizar la entrada temporal conforme al párrafo 1; ni

   b) imponer ni mantener restricciones numéricas en relación con la entrada temporal conforme al párrafo 1.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2, una Parte podrá requerir a la persona de negocios que solicite entrada temporal conforme a esta sección, que obtenga, previamente a la entrada, una visa o documento equivalente. Antes de imponer el requisito de visa, la Parte consultará con la otra Parte cuyas personas de negocios se verían afectadas, con el fin de evitar la aplicación del requisito. Cuando en una Parte exista el requisito de visa y a petición de la Parte cuyas personas de negocios estén sujetas a él, consultarán entre sí con miras a eliminarlo.

Definiciones.

Para efectos de este anexo se entenderá por:

autorización de empleo: para efectos del párrafo 1 de la sección A, el permiso escrito otorgado por la autoridad administrativa competente de una Parte a un individuo nacional de otra Parte en el que se le autoriza a obtener empleo en actividades asalariadas en el territorio de la Parte que lo autoriza;

conocimientos especializados esenciales para la empresa: para efectos del párrafo 1 de la sección C, que un individuo tiene conocimientos especializados esenciales para la empresa si tiene conocimientos especiales sobre el bien o servicio que brinda la empresa en los mercados internacionales, o tiene un grado elevado de conocimiento sobre los procesos y procedimientos de la empresa;

estar en vías de comprometer un monto importante de capital: para efectos del párrafo 1 de la sección B, que una persona o una empresa están en vías de comprometer un monto importante de capital cuando los fondos estén irrevocablemente dirigidos hacia la inversión en forma tal que la misma resulte irreversible;

funciones de supervisión: para efectos del párrafo 1 de la sección B, aquellas funciones en las que el individuo tiene responsabilidades de supervisión de una parte importante de las operaciones de una empresa y no implica la supervisión de empleados de bajo nivel;

funciones ejecutivas: para efectos de los párrafos 1 de las secciones B y C, aquellas funciones asignadas dentro de una organización, bajo la cual el individuo tiene fundamentalmente las siguientes responsabilidades:

a) dirigir la administración de la organización o un componente o función relevante de la misma;

b) establecer las políticas y objetivos de la organización, componente o función;

c) ejercitar amplia latitud en la toma de decisiones que están bajo su discreción; y

d) recibir supervisión o dirección general solamente por parte de ejecutivos del más alto nivel, la Junta Directiva o el Consejo de Administración de la organización o los accionistas de la misma;

funciones gerenciales: para efectos del párrafo 1 de la sección C, aquellas funciones asignadas dentro de una organización, bajo la cual el individuo tiene fundamentalmente las siguientes responsabilidades:

a) administrar la organización o una función esencial dentro de la misma;

b) supervisar y controlar el trabajo de otros empleados profesionales, supervisores o administradores;

c) tener la autoridad de contratar y despedir o recomendar esas acciones, así como otras, respecto al manejo del personal que está siendo directamente supervisado por el individuo y ejecutar funciones a nivel superior dentro de la jerarquía organizacional o con respecto a la función a su cargo; y

d) ejecutar acciones bajo su discreción respecto de la operación diaria de la función sobre la cual el individuo tiene la autoridad;

funciones que conlleven habilidades esenciales: para efectos del párrafo 1 de la sección B, que un individuo ejecuta funciones que conlleven habilidades esenciales cuando sea un individuo con conocimiento especializado o habilidades propias que son esenciales para la operación efectiva de la empresa. El individuo deberá estar empleado en una posición de alta responsabilidad que requiera juicio independiente, creatividad, entrenamiento o supervisión de otros empleados y no deberá ser empleado para ejecutar trabajo rutinario que pueda ser ejecutado por mano de obra calificada. Deberá tener un alto grado de preparación y experiencia en la operación de la empresa.

Comercialización.

- investigadores que efectúen investigaciones o análisis, incluyendo análisis de mercado, de manera independiente o para una empresa ubicada en territorio de la otra Parte.

- personal de ferias y de promoción que asista a convenciones comerciales.

Ventas.

- compradores que hagan adquisiciones para una empresa ubicada en territorio de la otra Parte.

Distribución.

- agentes aduanales que brinden servicios de asesoría en lo tocante a facilitar la importación o exportación de bienes.

- operadores de transporte que efectúen operaciones de transporte de bienes o de pasajeros a territorio de una Parte desde territorio de otra Parte, o efectúen operaciones de carga y descarga de bienes o de pasajeros desde territorio de una Parte a territorio de otra Parte, sin realizar operaciones de carga ni descarga, en el territorio de la Parte al cual se solicita entrada, de bienes que se encuentren en ese territorio ni de pasajeros que aborden en él.

Servicios posteriores a la venta.

- personal de instalación, reparación, mantenimiento y supervisión que cuente con los conocimientos técnicos especializados esenciales para cumplir con la obligación contractual del vendedor y que preste servicios, o capacite a trabajadores para que presten esos servicios, de conformidad con una garantía u otro contrato de servicios conexo a la venta de equipo o maquinaria comercial o industrial, incluidos los programas de computación comprados a una empresa ubicada fuera del territorio de la Parte al cual se solicita entrada temporal, durante la vigencia del contrato de garantía o de servicio.

Servicios generales.

- personal gerencial y de supervisión que intervenga en operaciones comerciales para una empresa ubicada en territorio de la otra Parte.

- personal de relaciones públicas y de publicidad que brinde asesoría a clientes o que asista o participe en convenciones.

- personal de turismo (agentes de excursiones y de viajes, guías de turistas u operadores de viajes) que asista o participe en convenciones.

- traductores o intérpretes que presten servicios como empleados de una empresa ubicada en territorio de la otra Parte.

- operadores de autobús turístico que entren en territorio de una Parte:
a) con un grupo de pasajeros en un viaje de autobús turístico que haya comenzado en territorio de otra Parte y vaya a regresar a éste;

b) para recoger a un grupo de pasajeros en un viaje en autobús turístico que terminará y se desarrollará en su mayor parte en territorio de otra Parte; o

c) con un grupo de pasajeros en autobús turístico cuyo destino está en territorio de la Parte al cual se solicita la entrada temporal, y que regrese sin pasajeros o con el grupo para transportarlo a territorio de otra Parte.

Sección B - Procedimientos de licitación

  Sección D - Disposiciones generales

Lista de México

1. Secretaría de Gobernación
   - Centro Nacional de Estudios Municipales

   - Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas

   - Consejo Nacional de Población

   - Archivo General de la Nación

   - Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana

   - Patronato de Asistencia para la Reincorporación Social

   - Centro Nacional de Prevención de Desastres

   - Consejo Nacional de Radio y Televisión

   - Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

2. Secretaría de Relaciones Exteriores

   - Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-EEUU

   - Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México- Guatemala

3. Secretaría de Hacienda y Crédito Público

   - Comisión Nacional Bancaria

   - Comisión Nacional de Valores

   - Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

   - Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

4. Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos

   - Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

   - Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias

   - Apoyos a Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca)

5. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (incluyendo el Instituto Mexicano de Comunicaciones y el Instituto Mexicano de Transporte)
6. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
7. Secretaría de Educación Pública

   - Instituto Nacional de Antropología e Historia

   - Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

   - Radio Educación

   - Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial

   - Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

   - Comisión Nacional del Deporte

8. Secretaría de Salud

   - Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

   - Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea

   - Gerencia General de Biológicos y Reactivos

   - Centro para el Desarrollo de la Infraestructura en Salud

   - Instituto de la Comunicación Humana Dr. Andrés Bustamante Gurría

   - Instituto Nacional de Medicina de la Rehabilitación

   - Instituto Nacional de Ortopedia

   - Consejo Nacional para la Prevención y Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (Conasida)

9. Secretaría del Trabajo y Previsión Social

   - Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

10. Secretaría de la Reforma Agraria

    - Instituto de Capacitación Agraria

11. Secretaría de Pesca

    - Instituto Nacional de la Pesca

12. Procuraduría General de la República
13. Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal

    - Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias

    - Comisión Nacional para el Ahorro de Energía

14. Secretaría de Desarrollo Social
15. Secretaría de Turismo
16. Secretaría de la Contraloría General de la Federación

17. Comisión Nacional de Zonas Aridas

18. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito

19. Comisión Nacional de Derechos Humanos

20. Consejo Nacional de Fomento Educativo

21. Secretaría de la Defensa Nacional

22. Secretaría de Marina

Lista de México

Imprenta y Editorial

1. Talleres Gráficos de la Nación

2. Productora e Importadora de Papel S.A de C.V. (PIPSA)

Comunicaciones y Transportes

3. Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)

4. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe)

5. Servicio Postal Mexicano

6. Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales)

7. Telecomunicaciones de México (Telecom)

Industria

8. Petróleos Mexicanos (Pemex) (No incluye las compras de combustibles y gas)

9. Comisión Federal de Electricidad (CFE)

10. Consejo de Recursos Minerales

11. Consejo de Recursos Mineros

Comercio

12. Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) (No incluye las compras de bienes agrícolas adquiridos para programas de apoyo a la agricultura o para la alimentación humana.)

13. Bodegas Rurales Conasupo, S.A. de C.V.

14. Distribuidora e Impulsora de Comercio S.A de C.V. (Diconsa)

15. Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V. (Liconsa) (No incluye las compras de bienes agrícolas adquiridos para programas de apoyo a la agricultura o para la alimentación humana.)

16. Procuraduría Federal del Consumidor

17. Instituto Nacional del Consumidor

18. Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial

19. Servicio Nacional de Información de Mercados

Seguridad Social

20. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

21. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

22. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (No incluye las compras de bienes agrícolas adquiridos para programas de apoyo a la agricultura o para la alimentación humana.)

23. Servicios Asistenciales de la Secretaría de Marina

24. Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas

25. Instituto Nacional Indigenista (INI)

26. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

27. Centros de Integración Juvenil

28. Instituto Nacional de la Senectud

Otros

29. Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE)

30. Comisión Nacional del Agua (CNA)

31. Comisión Para la Regularización de la Tenencia de la Tierra

32. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)

33. Notimex, S.A. de C.V.

34. Instituto Mexicano de Cinematografía

35. Lotería Nacional para la Asistencia Pública

36. Pronósticos Deportivos

Lista de México

1. Este capítulo no se aplica a las compras efectuadas:
   a) con miras a la reventa comercial por tiendas gubernamentales;

   b) de conformidad con los préstamos de instituciones financieras regionales o multilaterales en la medida en que esas instituciones impongan diferentes procedimientos, excepto por lo que se refiere a requisitos de contenido nacional; o

   c) entre una y otra entidad de México.

2. Este capítulo no se aplica a la compra de servicios de transporte que formen parte de un contrato de compra o sean conexos al mismo.
3. Las excepciones por concepto de seguridad nacional incluyen las compras realizadas en apoyo a salvaguardar materiales o tecnología nucleares.
4. No obstante cualquier otra disposición de este capítulo, México podrá reservar contratos de compra de las obligaciones de este capítulo, por un monto equivalente al 5% de sus compras totales anuales.
5. De conformidad con lo establecido en el párrafo 1 del artículo 12-17, al investigar la impugnación, la autoridad revisora podrá demorar la adjudicación del contrato propuesto hasta la resolución de la impugnación, excepto en casos de urgencia o cuando la demora pudiera ser contraria al interés público.

Lista de Costa Rica

1. El Diario Oficial "La Gaceta".

2. Costa Rica se esforzará por establecer una publicación especializada para los propósitos de las convocatorias de compra. Cuando se establezca esa publicación, sustituirá aquella a la que hace referencia el párrafo 1.

Lista de México

1. Diario Oficial de la Federación.
2. Semanario Judicial de la Federación (solamente para jurisprudencia).

- una obligación de pago de, ni el otorgamiento de un crédito a, el Estado o una empresa del Estado; ni

- reclamaciones pecuniarias derivadas exclusivamente de:

a) contratos comerciales para la venta de bienes o servicios por un nacional o empresa en territorio de una Parte a un nacional o a una empresa en territorio de otra Parte; o

b) el otorgamiento de crédito en relación con una transacción comercial, cuya fecha de vencimiento sea menor a tres años, como el financiamiento al comercio;

inversión de un inversionista de una Parte: la inversión propiedad o bajo control de un inversionista de una Parte efectuada en el territorio de otra Parte. En caso de una empresa, una inversión es propiedad de un inversionista de una Parte si ese inversionista tiene la titularidad de más del 49% de su capital social. Una inversión está bajo el control de un inversionista de una Parte si ese inversionista tiene la facultad de designar a la mayoría de sus directores o de dirigir de cualquier otro modo sus operaciones;

inversionista de una Parte: una Parte o una empresa de la misma, o un nacional o empresa de esa Parte, que lleve a cabo los actos jurídicos tendientes a materializar la inversión, estando en vías de comprometer un monto importante de capital o, en su caso, realice o haya realizado una inversión en territorio de la otra Parte;

nacional de una Parte: una persona natural que sea nacional de una Parte de conformidad con su legislación;

Parte contendiente: la Parte contra la cual se formula una demanda en arbitraje en los términos de la sección B de este capítulo;

parte contendiente: el inversionista contendiente o la Parte contendiente;

partes contendientes: el inversionista contendiente y la Parte contendiente;

Reglas de Arbitraje de CNUDMI: Reglas de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1976;

Secretario General: Secretario General de CIADI;

transferencias: las remisiones y pagos internacionales;

tribunal: un tribunal establecido conforme al artículo 13-25;

tribunal de acumulación: un tribunal arbitral establecido conforme al artículo 13-28.

Cada Parte brindará a los inversionistas de otra Parte y a las inversiones de inversionistas de otra Parte, un trato no menos favorable que el que otorgue, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas y a las inversiones de esos inversionistas.

Cada Parte otorgará a los inversionistas de otra Parte, respecto de las inversiones que sufran pérdidas en su territorio debidas a conflictos armados o contiendas civiles, a caso fortuito o fuerza mayor (desastres naturales), trato no discriminatorio respecto de cualquier medida que adopte o mantenga en relación con esas pérdidas.

1. Ninguna Parte podrá exigir que una empresa de una Parte, designe a individuos de alguna nacionalidad en particular para ocupar puestos de alta dirección en esa empresa.

2. Una Parte podrá exigir que la mayoría de los miembros de los órganos de administración de una empresa, sean de una nacionalidad en particular, siempre que el resultado no menoscabe materialmente la capacidad del inversionista para ejercer el control de su inversión.

1. Los artículos 13-03, 13-04, 13-06 y 13-07 no se aplican a cualquier medida incompatible que mantenga o adopte una Parte, sea cual fuere el nivel u orden de gobierno, las cuales se listarán en un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en vigor de este Tratado. La medida incompatible que adopte una Parte no podrá ser más restrictiva que aquellas existentes al momento en que se dicte esa medida.

2. El trato otorgado por una Parte de conformidad con el artículo 13-04, no se aplica a los tratados o sectores listados en un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en vigor de este Tratado.

3. Los artículos 13-03, 13-04 y 13-07 no se aplican a:
   a) las adquisiciones realizadas por una Parte o por una empresa del Estado; o

   b) subsidios o aportaciones, incluyendo los préstamos, garantías y seguros gubernamentales otorgados por una Parte o por una empresa del Estado, salvo por lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 13-05.

1. Cada Parte permitirá que todas las transferencias relacionadas con la inversión de un inversionista de una Parte en territorio de otra Parte, se hagan libremente y sin demora. Esas transferencias incluyen:
   a) ganancias, dividendos, intereses, ganancias de capital, pagos por regalías, gastos por administración, asistencia técnica, ganancias en especie y otros montos derivados de la inversión;

   b) bienes derivados de la venta o liquidación, total o parcial, de la inversión;

   c) pagos realizados conforme a un contrato del que sea parte un inversionista o su inversión, incluidos pagos efectuados conforme a un convenio de préstamo;

   d) pagos derivados de compensaciones por concepto de expropiación; y

   e) pagos que provengan de la aplicación de las disposiciones relativas al mecanismo de solución de controversias contenido en la sección B de este capítulo.

2. Cada Parte permitirá que las transferencias se realicen en divisas de libre convertibilidad al tipo de cambio vigente de mercado en la fecha de la transferencia.

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, las Partes podrán impedir la realización de transferencias, mediante la aplicación equitativa y no discriminatoria de su legislación en los siguientes casos:
   a) quiebra, insolvencia o protección de los derechos de los acreedores;

   b) emisión, comercio y operaciones de valores;

   c) infracciones penales o administrativas;

   d) reportes de transferencias de divisas u otros instrumentos monetarios;

   e) garantía del cumplimiento de sentencias o laudos dictados en un proceso contencioso; o

   f) establecimiento de los instrumentos o mecanismos necesarios para asegurar el pago de impuestos sobre la renta por medios tales como la retención del monto relativo a dividendos u otros conceptos.

4. No obstante lo dispuesto en este artículo, cada Parte tendrá derecho en circunstancias de dificultades excepcionales o graves de balanza de pagos, a limitar temporalmente las transferencias, en forma equitativa y no discriminatoria, de conformidad con los criterios internacionalmente aceptados. Las limitaciones adoptadas o mantenidas por una Parte de conformidad con este párrafo, así como su eliminación, se notificarán con prontitud a la otra Parte.

1. Ninguna Parte podrá nacionalizar ni expropiar, directa o indirectamente, una inversión de un inversionista de otra Parte en su territorio, ni adoptar medida alguna equivalente a la expropiación o nacionalización de esa inversión ("expropiación"), salvo que sea:
   a) por causa de utilidad pública;

   b) sobre bases no discriminatorias;

   c) con apego al principio de legalidad; y

   d) mediante indemnización conforme a los párrafos 2 a 4.

2. La indemnización será equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes de que la medida expropiatoria se haya llevado a cabo ("fecha de expropiación"), y no reflejará cambio alguno en el valor debido a que la intención de expropiar se haya conocido con antelación a la fecha de expropiación. Los criterios de valuación incluirán el valor fiscal declarado de bienes tangibles, así como otros criterios que resulten apropiados para determinar el valor justo de mercado.

3. El pago de la indemnización se hará sin demora y será completamente liquidable.

4. La cantidad pagada no será inferior a la cantidad equivalente que por indemnización se hubiere pagado en una divisa de libre convertibilidad en el mercado financiero internacional, en la fecha de expropiación, y esta divisa se hubiese convertido a la cotización de mercado vigente en la fecha de valuación, más los intereses que hubiese generado a una tasa comercial razonable para esa divisa, seleccionada por la Parte de acuerdo con los parámetros internacionales, hasta la fecha del día del pago.

1. Nada de lo dispuesto en el artículo 13-03 se interpretará en el sentido de impedir a una Parte adoptar o mantener una medida que prescriba formalidades especiales conexas al establecimiento de inversiones por inversionistas de otra Parte, tales como que las inversiones se constituyan conforme a la legislación de la Parte, siempre que esas formalidades no menoscaben de manera importante la protección otorgada por una Parte conforme a este capítulo.

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13-03 y 13-04, las Partes podrán exigir de un inversionista de otra Parte o de su inversión en su territorio, que proporcione información rutinaria, referente a esa inversión exclusivamente con fines de información o estadística. La Parte protegerá la información que sea confidencial, de cualquier divulgación que pudiera afectar negativamente la situación competitiva de la inversión o del inversionista.

En caso de incompatibilidad entre una disposición de este capítulo y la disposición de otro, prevalecerá la de este último en la medida de la incompatibilidad.

1. Nada de lo dispuesto en este capítulo se interpretará como impedimento para que una Parte adopte, mantenga o ponga en ejecución cualquier medida consistente con este capítulo que considere apropiada para asegurar que las inversiones en su territorio observen la legislación ecológica o ambiental en esa Parte.

2. Las Partes reconocen que es inadecuado alentar la inversión por medio de la atenuación de las medidas internas aplicables a la salud, seguridad o relativas a la ecología o el medio ambiente. En consecuencia, ninguna Parte eliminará o se comprometerá a eximir de la aplicación de esas medidas a la inversión de un inversionista, como medio para inducir el establecimiento, la adquisición, la expansión o conservación de la inversión en su territorio. Si una Parte estima que otra Parte ha alentado una inversión de esa forma, podrá solicitar consultas con esa Parte.

1. Con la intención de incrementar significativamente la participación recíproca de la inversión, cada Parte elaborará documentos de promoción de oportunidades de inversión y diseñará mecanismos para su difusión; asimismo, cada Parte mantendrá y perfeccionará mecanismos financieros que hagan viables las inversiones de una Parte en el territorio de otra Parte.

2. Cada Parte dará a conocer información detallada sobre oportunidades de:
   a) inversión en su territorio, que puedan ser desarrolladas por inversionistas de otra Parte;

   b) alianzas estratégicas entre inversionistas de cada Parte, mediante la investigación y recopilación de intereses y oportunidades de asociación;

   c) inversión en sectores económicos específicos que interesen a cada Parte y a sus inversionistas, de acuerdo a la solicitud expresa que haga una Parte.

3. Las Partes acuerdan mantenerse informadas y actualizadas respecto de:
   a) las oportunidades de inversión de que trata el párrafo 2, incluyendo la difusión de los instrumentos financieros disponibles que coadyuven al incremento de la inversión en el territorio de las Partes;

   b) legislación que, directa o indirectamente, afecte a la inversión extranjera incluyendo, entre otros, regímenes cambiarios y de carácter fiscal;

   c) el comportamiento de la inversión extranjera en sus respectivos territorios.

4. Nada de lo dispuesto en los párrafos 1 al 3 impondrá obligación adicional alguna a cada Parte en relación con los sistemas de registro, control, verificación o investigación de las oportunidades de inversión o de la inversión existentes en su territorio.

Las partes contendientes intentarán primero dirimir la controversia por vía de consulta o negociación.

1. El consentimiento de las partes contendientes al procedimiento de arbitraje conforme a este capítulo se considerará como consentimiento a ese arbitraje con exclusión de cualquier otro mecanismo.

2. Cada Parte podrá exigir el agotamiento previo de sus recursos administrativos como condición a su consentimiento al arbitraje conforme a este capítulo. Sin embargo, si transcurridos seis meses a partir del momento en que se interpusieron los recursos administrativos correspondientes, las autoridades administrativas no han emitido su resolución final, el inversionista podrá recurrir directamente al arbitraje, de conformidad con lo establecido en esta sección.

3. Un inversionista contendiente por cuenta propia y un inversionista en representación de una empresa, podrán someter una reclamación al procedimiento arbitral de conformidad con esta sección, sólo si:
   a) en el caso del inversionista por cuenta propia, éste consiente en someterse al arbitraje en los términos de los procedimientos establecidos en esta sección;

   b) en el caso del inversionista en representación de una empresa, tanto el inversionista como la empresa consienten en someterse al arbitraje en los términos de los procedimientos establecidos en esta sección; y

   c) tanto el inversionista como una empresa de otra Parte, renuncian a su derecho de iniciar procedimientos ante cualquier tribunal judicial de cualquier Parte con respecto a la medida presuntamente violatoria de las disposiciones de este capítulo, salvo el desahogo de los recursos administrativos ante las propias autoridades ejecutoras de la medida presuntamente violatoria, previstos en la legislación de la Parte contendiente.

4. El consentimiento y la renuncia requeridos por este artículo se manifestarán por escrito, se entregarán a la Parte contendiente y se incluirán en el sometimiento de la reclamación a arbitraje.

1. Salvo lo dispuesto en el anexo a este artículo y siempre que hayan transcurrido seis meses desde que tuvieron lugar las medidas que motivan la reclamación, un inversionista contendiente podrá someter la demanda a arbitraje de acuerdo con:
   a) el convenio de CIADI, siempre que la Parte contendiente y la Parte del inversionista sean parte del mismo;

   b) las Reglas del Mecanismo Complementario de CIADI, cuando la Parte contendiente o la Parte del inversionista, pero no ambas, sean parte del convenio de CIADI;

   c) las Reglas de Arbitraje de CNUDMI, cuando la Parte contendiente y la Parte del inversionista no sean parte del convenio de CIADI.

2. Las reglas propias de cada uno de los procedimientos arbitrales establecidos en este capítulo serán aplicables salvo en la medida de lo modificado por esta sección.

1. Cada Parte consiente en someter reclamaciones a arbitraje con apego a los procedimientos y requisitos señalados en esta sección.

2. El sometimiento de una reclamación a arbitraje por parte de un inversionista contendiente implicará haber cumplido con los requisitos señalados en:
   a) el capítulo II del convenio de CIADI y las Reglas del Mecanismo Complementario que exigen el consentimiento por escrito de las Partes;

   b) el artículo II de la Convención de Nueva York, que exige un acuerdo por escrito; y

   c) el artículo I de la Convención Interamericana, que requiere un acuerdo.

Con excepción de lo dispuesto por el artículo 13-28, y sin perjuicio de que las Partes contendientes acuerden algo distinto, el tribunal estará integrado por tres árbitros. Cada Parte contendiente nombrará a un árbitro; el tercer árbitro, quien será el presidente del tribunal arbitral, será designado por las Partes contendientes de común acuerdo, pero no será nacional de una de las partes contendientes.

Para los propósitos del artículo 39 del convenio de CIADI y del artículo 7 de la parte C de las Reglas del Mecanismo Complementario, y sin perjuicio de objetar a un árbitro con fundamento en el párrafo 3 del artículo 13-26, o sobre base distinta a la nacionalidad:

a) la Parte contendiente acepta la designación de cada uno de los miembros de un tribunal establecido de conformidad con el convenio de CIADI o con las Reglas del Mecanismo Complementario;

b) un inversionista contendiente, sea por cuenta propia o en representación de una empresa, podrá someter una reclamación a arbitraje o continuar el procedimiento conforme al convenio de CIADI o las Reglas del Mecanismo Complementario, únicamente a condición de que el inversionista contendiente y, en su caso, la empresa que representa, manifiesten su consentimiento por escrito sobre la designación de cada uno de los miembros del tribunal.

1. Un tribunal de acumulación establecido conforme a este artículo se instalará con apego a las Reglas de Arbitraje de CNUDMI y procederá de conformidad con lo contemplado en esas Reglas, salvo lo que disponga esta sección.

2. Cuando un tribunal de acumulación determine que las reclamaciones sometidas a arbitraje de acuerdo con el artículo 13-22 plantean cuestiones en común de hecho y de derecho, el tribunal de acumulación, en interés de su resolución justa y eficiente, y habiendo escuchado a las partes contendientes, podrá asumir jurisdicción, dar trámite y resolver:
   a) todas o parte de las reclamaciones, de manera conjunta; o

   b) una o más de las reclamaciones sobre la base de que ello contribuirá a la resolución de las otras.

3. Una parte contendiente que pretenda se determine la acumulación en los términos del párrafo 2, solicitará al Secretario General que instale un tribunal de acumulación y especificará en su solicitud:
   a) el nombre y el domicilio de las partes contendientes contra las cuales se pretenda obtener el acuerdo de acumulación;

   b) la naturaleza del acuerdo de acumulación solicitado; y

   c) el fundamento en que se apoya la petición solicitada.

4. En un plazo de 60 días contado a partir de la fecha de la petición, el Secretario General instalará un tribunal de acumulación integrado por tres árbitros. El Secretario General nombrará de la lista de árbitros a que se refiere el párrafo 4 del artículo 13-26, al presidente del tribunal de acumulación, quien no será nacional de la Parte contendiente o nacional de la Parte del inversionista contendiente. En caso de que no se encuentre en la lista un árbitro disponible para presidir el tribunal de acumulación, el Secretario General designará, del Panel de Arbitros de CIADI, al presidente de ese tribunal, quien no será nacional de la Parte contendiente o nacional de la Parte del inversionista contendiente. El Secretario General designará a los otros dos integrantes del tribunal de acumulación de la lista a que se refiere el párrafo 4 del artículo 13-26 y, cuando no estén disponibles en esa lista, los seleccionará de la lista de árbitros de CIADI. De no haber disponibilidad de árbitros en esa lista, el Secretario General hará discrecionalmente los nombramientos faltantes, siendo uno de los miembros nacional de la Parte contendiente y el otro miembro nacional de una Parte de los inversionistas contendientes.

5. Cuando se haya establecido un tribunal de acumulación, el inversionista contendiente que haya sometido una reclamación a arbitraje, y no haya sido mencionado en la petición de acumulación hecha de acuerdo con el párrafo 3, podrá solicitar por escrito al tribunal de acumulación que se le incluya en la petición de acumulación formulada de acuerdo con el párrafo 2, y especificará en esa solicitud:
   a) el nombre y domicilio del inversionista contendiente y, en su caso, la denominación o razón social y el domicilio de la empresa;

   b) la naturaleza del acuerdo de acumulación solicitado; y

   c) los fundamentos en que se apoya la petición solicitada.

6. El tribunal de acumulación proporcionará, a costa del inversionista interesado, copia de la petición de acumulación a los inversionistas contendientes contra quienes se pretende obtener el acuerdo de acumulación.

7. Un tribunal establecido conforme al artículo 13-22 no tendrá jurisdicción para resolver una demanda, o parte de ella, respecto de la cual haya asumido competencia un tribunal de acumulación.

8. A solicitud de una parte contendiente, un tribunal de acumulación podrá disponer, en espera de su decisión conforme al párrafo 2, que los procedimientos de un tribunal establecido de acuerdo al artículo 13-22 se suspendan, hasta en tanto se resuelva sobre la procedencia de la acumulación.

9. Una Parte contendiente entregará al Secretariado, en un plazo de 15 días contado a partir de la fecha en que se reciba por la Parte contendiente:
   a) una solicitud de arbitraje hecha conforme al párrafo 1 del artículo 36 del convenio de CIADI;

   b) una notificación de arbitraje en los términos del artículo 2 de la parte C de las Reglas del Mecanismo Complementario de CIADI; o

   c) una notificación de arbitraje en los términos previstos por las Reglas de Arbitraje de CNUDMI.

10. Una Parte contendiente entregará al Secretariado copia de la solicitud formulada en los términos del párrafo 3:
    a) en un plazo de 15 días contado a partir de la recepción de la solicitud, en el caso de una petición hecha por el inversionista contendiente; o

    b) en un plazo de 15 días contado a partir de la fecha de la solicitud, en el caso de una petición hecha por la Parte contendiente.

11. Una Parte contendiente entregará al Secretariado copia de una solicitud formulada en los términos del párrafo 6 en un plazo de 15 días contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

12. El Secretariado conservará un registro público de los documentos a los que se refieren los párrafos del 9 al 11.

La Parte contendiente entregará a otra Parte no contendiente:

a) notificación escrita de una reclamación que se haya sometido a arbitraje a más tardar 30 días después de la fecha de sometimiento de la reclamación a arbitraje; y

b) copia de todas las comunicaciones presentadas en el procedimiento arbitral.

Una Parte podrá presentar comunicaciones a cualquier tribunal establecido conforme a esta sección sobre una cuestión de interpretación de este Tratado, notificando al mismo tiempo y por escrito el contenido de esa comunicación a las partes contendientes.

La sede del procedimiento arbitral estará ubicada en el territorio de la Parte contendiente, salvo que las partes contendientes acuerden algo distinto, en cuyo caso cualquier tribunal establecido conforme a esta sección llevará a cabo el procedimiento arbitral en el territorio de una Parte que sea parte de la Convención de Nueva York, el cual será elegido de conformidad con:

a) las Reglas del Mecanismo Complementario de CIADI, si el arbitraje se rige por esas reglas o por el convenio de CIADI; o

b) las Reglas de Arbitraje de CNUDMI, si el arbitraje se rige por esas reglas.

1. Cuando una Parte alegue como defensa que una medida presuntamente violatoria cae en el ámbito de una reserva o excepción consignada en cualquiera de los anexos, a petición de la Parte contendiente, cualquier tribunal establecido de conformidad con esta sección solicitará a la Comisión una interpretación sobre ese asunto. La Comisión, en un plazo de 60 días contado a partir de la entrega de la solicitud, presentará por escrito a ese tribunal su interpretación.

2. La interpretación de la Comisión a que se refiere el párrafo 1, será obligatoria para cualquier tribunal establecido de conformidad con esta sección. Si la Comisión no somete una interpretación dentro de un plazo de 60 días, ese tribunal decidirá sobre el asunto.

Un tribunal establecido conforme a esta sección podrá solicitar a los tribunales nacionales, o dictar a las partes contendientes, medidas provisionales de protección para preservar los derechos de la parte contendiente o para asegurar que la competencia o jurisdicción del tribunal surta plenos efectos. Ese tribunal no podrá ordenar el acatamiento a o la suspensión de la aplicación de la medida presuntamente violatoria a la que se refiere el artículo 13-19.

1. El laudo dictado por cualquier tribunal establecido conforme a esta sección será obligatorio sólo para las partes contendientes y únicamente respecto del caso concreto.

2. Conforme a lo dispuesto en el párrafo 3 y sin perjuicio de que los procedimientos de aclaración, revisión o anulación del laudo previstos bajo el mecanismo aplicable sean procedentes a juicio del Secretario General, una parte contendiente acatará y cumplirá con el laudo sin demora.

3. Una parte contendiente podrá solicitar la ejecución de un laudo definitivo siempre que:
   a) en el caso de un laudo definitivo dictado conforme al convenio de CIADI:
   i) hayan transcurrido 120 días desde la fecha en que se dictó el laudo sin que una parte contendiente haya solicitado la aclaración, revisión o anulación del mismo; o

   ii) hayan concluido los procedimientos de aclaración, revisión o anulación referidos en el numeral i); y

   b) en el caso de un laudo definitivo conforme a las Reglas del Mecanismo Complementario de CIADI o las Reglas de Arbitraje de CNUDMI:
   i) hayan transcurrido tres meses desde la fecha en que se dictó el laudo sin que una parte contendiente haya iniciado un procedimiento para revisarlo o anularlo; o

   ii) un tribunal de la Parte contendiente haya denegado (desechado) o admitido una solicitud de reconsideración o anulación del laudo que una de las partes contendientes haya presentado a los tribunales nacionales conforme a su legislación y esta resolución no pueda recurrirse.

4. Cada Parte dispondrá la debida ejecución de un laudo en su territorio. El laudo se ejecutará de acuerdo con las normas que sobre ejecución de sentencias o laudos estuvieren en vigor en los territorios en que esa ejecución se pretenda.

5. Cuando una Parte contendiente incumpla un laudo, la Comisión, a la recepción de una solicitud de una Parte cuyo inversionista fue parte en el procedimiento de arbitraje, integrará un panel conforme al capítulo XVII (Solución de controversias). La Parte solicitante podrá invocar esos procedimientos para obtener:
   a) una determinación en el sentido de que el incumplimiento de los términos del laudo es contrario a las obligaciones de este Tratado; y

   b) una recomendación en el sentido de que la Parte se ajuste y observe el laudo en cuestión.

6. El inversionista contendiente podrá recurrir a la ejecución de un laudo arbitral conforme al convenio de CIADI, la Convención de Nueva York o la Convención Interamericana, independientemente de que se hayan iniciado o no los procedimientos contemplados en el párrafo 5.

7. Para efectos del artículo I de la Convención de Nueva York y del artículo I de la Convención Interamericana, se considerará que la reclamación que se somete a arbitraje conforme a esta sección, surge de una relación u operación comercial.

Las disposiciones de solución de controversias de esta sección y las del capítulo XVII (Solución de controversias) no se aplicarán a los supuestos contenidos en el anexo a este artículo.

Sometimiento de la reclamación al arbitraje Cuando una empresa de una Parte que sea una persona jurídica propiedad de un inversionista de otra Parte o que éste bajo su control directo o indirecto, alegue en procedimientos ante un tribunal judicial o administrativo, que otra Parte ha violado presuntamente una obligación a las que se refiere la sección A de este capítulo, el o los inversionistas no podrán alegar la presunta violación en un procedimiento arbitral conforme a la sección B de este capítulo.

1. Con objeto de otorgar protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual, cada Parte aplicará, cuando menos, las disposiciones contenidas en este capítulo y las disposiciones sustantivas de:
   a) el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, 1971 (Convenio de Berna);

   b) el Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, 1971 (Convenio de Ginebra);

   c) la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, 1961 (Convenio de Roma);

   d) el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 1967 (Convenio de París); y

   e) el Arreglo de Lisboa para la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, 1967 (Arreglo de Lisboa).

2. En relación con los literales d) y e) del párrafo 1, en caso de que una Parte no sea parte a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, se aplicarán las disposiciones sustantivas de esos Convenios de conformidad con lo establecido en el anexo a este artículo.

1. Cada Parte otorgará a los nacionales de la otra Parte trato no menos favorable del que se conceda a sus propios nacionales en materia de protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual contemplados en este capítulo, incluyendo patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, a reserva de las excepciones ya previstas en el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma (1961), y en su caso, del Convenio de París (1967).

2. Ninguna Parte podrá exigir a los nacionales de la otra Parte que cumplan con formalidad o condición alguna para adquirir derechos de autor y derechos conexos, como condición para el otorgamiento de trato nacional conforme a este artículo.

Cada Parte podrá recurrir a las excepciones señaladas en el artículo 14-04 en relación con los procedimientos judiciales y administrativos para la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual, incluida la designación de un domicilio legal o la designación de un agente dentro del territorio de la Parte, siempre que esa excepción:

a) sea necesaria para asegurar el cumplimiento de disposiciones que no sean incompatibles con las de este capítulo; y

b) no se aplique en forma tal que constituya una restricción encubierta al comercio.

Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda una Parte a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de la otra Parte. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por una Parte que:

a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial y observancia de la ley de carácter general y no limitados en particular a la protección de la propiedad intelectual;

b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de la Convención de Roma (1961) que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato nacional sino del trato dado en el otro país; o

c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión que no estén previstos en este capítulo.

Cada Parte podrá aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en este capítulo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

El titular de una marca registrada tendrá el derecho de impedir, a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento, usar en el comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los que se ha registrado la marca del titular, cuando ese uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá que existe probabilidad de confusión cuando se use un signo idéntico o similar para bienes o servicios idénticos o similares. Los derechos antes mencionados se otorgarán sin perjuicio de derechos existentes con anterioridad y no afectará la posibilidad de cada Parte para reconocer derechos sobre la base del uso.

1. Cuando en una Parte no sea posible solicitar la cancelación o declaración de nulidad del registro de una marca por falta de uso, de conformidad con su legislación, y se registren marcas que sean idénticas o similares y que sirvan para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, el titular de la marca que la hubiese registrado primero en cualquier Parte podrá solicitar a la autoridad competente la declaración de nulidad del registro de la otra marca, por no contar con la característica de originalidad y haberse registrado en perjuicio de un mejor derecho.

2. Cuando en una Parte sea posible solicitar la cancelación o declaración de caducidad del registro de una marca por falta de uso, de conformidad con su legislación, el registro de la marca no podrá ser cancelado o declarado caduco cuando el titular de la marca presente razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso. Se reconocerán como razones válidas para la falta de uso las circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituya un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca. Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los bienes o servicios que ésta distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, considerando la naturaleza de los bienes o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Cada Parte podrán establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto de términos descriptivos, a condición de que en las excepciones se tome en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

No se dificultará en el comercio el uso de una marca mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la función de la marca como indicación de procedencia, un uso con otra marca o un uso de manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otras personas.

1. Cada Parte protegerá las obras comprendidas en el artículo 2 del Convenio de Berna (1971), incluyendo cualesquiera otras que incorporen una expresión original en el sentido que confiere a este término ese Convenio, tales como los programas de cómputo o las compilaciones de datos que por razones de selección, compendio, arreglo o disposición de su contenido constituyan creaciones de carácter intelectual. La protección conferida a las compilaciones de datos no se extenderá a los datos o materiales en sí mismos ni se otorgará en perjuicio de ningún derecho de autor que exista sobre esos datos o materiales.

2. Cada Parte otorgará a los autores o a sus causahabientes los derechos que se enuncian en el Convenio de Berna (1971), con respecto a las obras contempladas en el párrafo 1, incluyendo el derecho de autorizar o prohibir:
   a) la edición gráfica;

   b) la traducción a cualquier idioma o dialecto;

   c) la adaptación e inclusión en fonogramas, videogramas, películas cinematográficas y otras obras audiovisuales;

   d) la comunicación al público;

   e) la reproducción por cualquier medio o bajo cualquier forma;

   f) la primera distribución pública del original y de cada copia de la obra mediante venta, arrendamiento, préstamo o cualquier otro medio;

   g) la importación al territorio de una Parte de copias de la obra hechas sin la autorización del titular del derecho; y

   h) cualquier forma de utilización, proceso o sistema conocido o por conocerse.

3. Al menos respecto de los programas de cómputo, las Partes conferirán a los autores y a sus derechohabientes el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de sus obras protegidas por el derecho de autor.

4. Tratándose de programas de cómputo, no será necesaria la autorización del autor o derechohabiente cuando la copia del programa de cómputo no constituya en sí misma el objeto esencial del arrendamiento.

5. Cada Parte dispondrá que para los derechos de autor y derechos conexos:
   a) cualquier persona que adquiera o detente derechos económicos pueda, libremente y por separado, transferirlos mediante contrato para efectos de explotación y goce por el cesionario; y

   b) cualquier persona que adquiera y detente esos derechos económicos en virtud de un contrato, incluidos los contratos de empleo que impliquen la creación de cualquier tipo de obra y de fonogramas, tenga la capacidad de ejercitar esos derechos en nombre propio y de disfrutar plenamente los beneficios derivados de los mismos.

6. Cada Parte circunscribirá las limitaciones o excepciones a los derechos que establece este artículo a casos especiales determinados que no impidan la explotación normal de la obra ni ocasionen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del derecho.

7. Los derechos de autor son permanentes durante toda la vida de éste. Después de su fallecimiento, quienes hayan adquirido legítimamente esos derechos los disfrutarán por el término de 50 años como mínimo. Cuando la duración de la protección de una obra se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, esa duración será de:
   a) no menos de 50 años contados desde el final del año civil de la publicación o divulgación autorizada de la obra; o

   b) 50 años a partir del final del año de la realización de la obra a falta de su publicación o divulgación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de su realización.

1. Cada Parte otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes el derecho de autorizar o prohibir:
   a) la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la reproducción de esa fijación;

   b) la comunicación al público, la transmisión y la retransmisión por medios inalámbricos; y

   c) cualquier otra forma de uso de sus interpretaciones o ejecuciones.

2. El párrafo 1 no será aplicable una vez que un artista intérprete o ejecutante haya consentido en que se incorpore su actuación en una fijación visual o audiovisual.

1. Cada Parte otorgará al productor de un fonograma el derecho de autorizar o prohibir:
   a) la reproducción directa o indirecta del fonograma;

   b) la importación al territorio de la Parte de copias del fonograma hechas sin la autorización del productor; y

   c) la primera distribución pública del original y de cada copia del fonograma mediante venta, arrendamiento o cualquier otro medio.

2. Cada Parte conferirá a los productores de fonogramas y a todos los demás titulares de derechos sobre los fonogramas según lo determine su legislación, el derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público de los originales o copias de los fonogramas protegidos. No obstante, si a la entrada en vigor de este Tratado una Parte aplica un sistema de remuneración equitativa a los titulares de derechos en lo que se refiere al arrendamiento de fonogramas, podrá mantener ese sistema siempre que ese arrendamiento no menoscabe en forma importante los derechos exclusivos de reproducción de los titulares de esos derechos.

1. Cada Parte otorgará a los organismos de radiodifusión el derecho de autorizar o prohibir:
   a) la fijación y la reproducción de las fijaciones de sus emisiones;

   b) la retransmisión, la ulterior distribución, así como la comunicación al público de sus emisiones; y

   c) la recepción, en relación con actividades comerciales, de sus emisiones.

2. Las infracciones a los derechos citados en el párrafo 1 serán causa de responsabilidad civil, conjuntamente o no con la penal, de acuerdo con la legislación de cada Parte.

La duración de la protección concedida en virtud de este capítulo a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas no podrá ser inferior a 50 años, contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la fijación o haya tenido lugar la interpretación o ejecución. La duración de la protección concedida a los organismos de radiodifusión no podrá ser inferior a 20 años contados a partir del final del año civil en que haya tenido lugar la radiodifusión.

1. Cada Parte podrá conceder protección a los derechos sobre:
   a) títulos o cabezas de un periódico, revistas, noticiarios cinematográficos y, en general de toda publicación o difusión periódica;

   b) personajes ficticios o simbólicos en obras literarias, historietas gráficas o en cualquier publicación periódica, cuando los mismos tengan una originalidad señalada y sean utilizados habitual o periódicamente;

   c) personajes humanos de caracterización empleados en actuaciones artísticas, los nombres artísticos, así como denominaciones artísticas;

   d) características gráficas originales que sean distintivas de la obra o colección en su uso; y

   e) características de promociones publicitarias cuando se presente una originalidad señalada, exceptuándose los avisos comerciales.

2. La duración de la protección de los derechos a que se refiere el párrafo 1 será determinada por la legislación de cada Parte.

1. Cada Parte garantizará que en su legislación se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en los artículos 14-27 al 14-32, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere este capítulo, incluyendo recursos ágiles para prevenir las infracciones y recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo y preverán salvaguardas contra su abuso.

2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. Esos procedimientos no serán innecesariamente complicados o gravosos ni comportarán plazos injustificados o retrasos indebidos.

3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán por escrito y contendrán las razones en que se fundan. Esas decisiones se pondrán a disposición al menos de las partes en litigio, sin retrasos indebidos, y sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

4. Se dará a las partes en litigio la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y de al menos los aspectos jurídicos de todas las decisiones judiciales de primera instancia sobre el fondo del caso, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional de las leyes nacionales relativas a la importancia de un caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.

5. Queda entendido que la aplicación de los derechos de propiedad intelectual no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general. Asimismo, la aplicación de esos derechos no crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de las leyes en general.

1. Cada Parte pondrá al alcance de los titulares de derechos los procedimientos judiciales civiles para la defensa de cualquier derecho de propiedad intelectual comprendido en este capítulo y preverá que:
   a) los demandados tengan derecho a recibir una notificación oportuna por escrito en la que conste con suficiente detalle el fundamento de la reclamación;

   b) se autorice a las partes en un procedimiento a estar representadas por un abogado independiente;

   c) los procedimientos no impongan requisitos excesivos de comparecencias personales obligatorias;

   d) todas las partes en un procedimiento estén debidamente facultadas para sustanciar sus pretensiones y presentar pruebas pertinentes; y

   e) los procedimientos incluyan medios para identificar y proteger la información confidencial.

2. Cada Parte preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad:
   a) para ordenar que, cuando una parte en un procedimiento haya presentado las pruebas suficientes a las que razonablemente tenga acceso como base de sus alegatos, y que haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar sus alegatos que se encuentre bajo el control de la contraparte, ésta última aporte esa prueba, con sujeción, en su caso, a las condiciones que garanticen la protección de la información confidencial;

   b) para dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, en caso de que una de las partes en un procedimiento, voluntariamente y sin motivo válido, niegue el acceso a pruebas o no proporcione pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable u obstaculice de manera significativa un procedimiento relativo a un caso de defensa de derechos de propiedad intelectual. Esas resoluciones se dictarán con base en las pruebas presentadas, incluyendo la demanda o los alegatos presentados por la parte que afecte desfavorablemente la denegación del acceso a las pruebas, a condición de que se conceda a las partes la oportunidad de ser oídas respecto de los alegatos o las pruebas;

   c) para ordenar a una parte en un procedimiento que desista de la presunta infracción hasta la resolución final del caso, incluso para impedir que los bienes importados que impliquen la infracción de un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción. Esta orden se pondrá en práctica al menos inmediatamente después del despacho aduanal de esos bienes;

   d) para ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado como compensación por el daño que el titular del derecho haya sufrido como consecuencia de la infracción, cuando el infractor hubiese sido condenado en el proceso judicial correspondiente;

   e) para ordenar al infractor de un derecho de propiedad intelectual que cubra los gastos del titular del derecho, que podrán incluir los honorarios apropiados de abogado; y

   f) para ordenar a una parte en un procedimiento, a cuya solicitud se hubieran adoptado medidas y que hubiera abusado de los procedimientos de observancia, que proporcione una adecuada compensación a cualquier parte erróneamente sometida o restringida en el procedimiento, por concepto de daño sufrido a causa de ese abuso y para pagar los gastos de esa parte, que podrán incluir honorarios apropiados de abogado.

3. Con respecto a la facultad indicada en el literal d) del párrafo 2, cada Parte podrá, al menos en lo relativo a las obras protegidas por derechos de autor y a los fonogramas, prever en favor de las autoridades judiciales la facultad de ordenar la recuperación de ganancias o el pago de daños previamente determinados, o ambos, aún cuando el infractor no supiera o no tuviera fundamentos razonables para saber que estaba involucrado en una actividad infractora.

4. Cada Parte preverá, con objeto de disuadir eficazmente las infracciones, que sus autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar que:
   a) los bienes que éstas hayan determinado que infringen los derechos de propiedad intelectual puedan ser, sin indemnización de ningún tipo, retirados de los circuitos comerciales de modo tal que se evite cualquier daño al titular del derecho, o bien se destruyan, siempre que no sea contrario a las disposiciones constitucionales vigentes; y

   b) los materiales e instrumentos cuya utilización predominante haya sido la producción de bienes infractores puedan ser, sin indemnización de ningún tipo, retirados de los circuitos comerciales de modo tal que se reduzcan al mínimo los riesgos de infracciones subsecuentes.

5. Al considerar la emisión de las órdenes a que se refiere el párrafo 4, las autoridades judiciales de cada Parte tomarán en cuenta la necesidad de proporcionalidad entre la gravedad de la infracción y las medidas ordenadas, así como los intereses de otras personas incluidos los del titular del derecho. En cuanto a los bienes falsificados, la mera remoción de la marca ilícitamente adherida no será suficiente para permitir la liberación de los bienes en los circuitos comerciales, salvo en casos excepcionales tales como aquellos en que la autoridad disponga su donación a instituciones de beneficencia.

6. Con respecto a la administración de cualquier ley relativa a la protección o defensa de los derechos de propiedad intelectual, cada Parte sólo eximirá a las autoridades y funcionarios públicos de la responsabilidad a que den lugar las medidas correctoras apropiadas cuando las acciones se hayan adoptado o dispuesto de buena fe durante la administración de esas leyes.

7. Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 14-27 al 14-31, cuando una Parte sea demandada por la infracción de un derecho de propiedad intelectual como resultado del uso, por ésta o por su cuenta, de ese derecho, esa Parte podrá establecer como único recurso disponible contra ella, el pago de una compensación adecuada al titular del derecho, según las circunstancias del caso, tomando en consideración el valor económico del uso.

8. Cada Parte preverá que cuando pueda ordenarse una reparación de naturaleza civil como resultado de procedimientos administrativos sobre el fondo de un asunto, esos procedimientos se ajusten a los principios que sean esencialmente equivalentes a los enunciados en este artículo.

9. Los literales a) y b) del párrafo 2 y el párrafo 8 se aplicarán tomando en cuenta lo establecido en el anexo a este artículo.

1. Cada Parte preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar medidas precautorias rápidas y eficaces para:
   a) evitar una infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y, en particular, evitar la introducción de bienes presuntamente infractores en los circuitos comerciales de su jurisdicción, incluyendo medidas para evitar la entrada de bienes importados al menos inmediatamente después del despacho aduanal; y

   b) conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

2. Cada Parte preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar medidas precautorias en las que no se dé audiencia a la contraparte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular del derecho o cuando haya un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas.

3. Cada Parte preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar a un solicitante de medidas precautorias que presente cualquier prueba a la que razonablemente tenga acceso y que esas autoridades consideren necesaria para determinar con un grado suficiente de certidumbre si:
   a) el solicitante es el titular del derecho;

   b) el derecho del solicitante está siendo infringido o si esa infracción es inminente; y

   c) cualquier demora en la emisión de esas medidas tiene la probabilidad de llegar a causar un daño irreparable al titular del derecho o si existe un riesgo comprobable de que se destruyan las pruebas.

4. Para efectos del párrafo 3, cada Parte preverá que sus autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar al solicitante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger los intereses del demandado y para evitar abusos.

5. Cada Parte preverá que cuando se adopten medidas precautorias por las autoridades judiciales de esa Parte en las que no se dé audiencia a la contraparte:
   a) la persona afectada sea notificada de esas medidas sin demora y en ningún caso a más tardar inmediatamente después de la ejecución de las medidas; y

   b) el demandado, a partir de que lo solicite, obtenga la revisión judicial de las medidas por parte de las autoridades judiciales de esa Parte, para efecto de decidir, dentro de un plazo razonable después de la notificación de esas medidas, si éstas serán modificadas, revocadas o confirmadas.

6. Cada Parte preverá que sus autoridades competentes tengan la facultad de ordenar a un solicitante de medidas precautorias que proporcione cualquier información necesaria para la identificación de los bienes relevantes por parte de la autoridad que llevará a cabo las medidas precautorias.

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 6, cada Parte preverá que, a solicitud del demandado, las autoridades judiciales de la Parte revoquen o dejen de alguna manera sin efecto las medidas precautorias tomadas con fundamento en los párrafos 1 al 5, si los procedimientos conducentes a una decisión sobre el fondo del asunto no se inician:
   a) dentro de un periodo razonable que determine la autoridad judicial que ordena las medidas, cuando la legislación de esa Parte lo permita; o

   b) a falta de esa determinación, dentro de un plazo de no más de 20 días hábiles o 31 días naturales, aplicándose el que sea mayor.

8. Cada Parte preverá que, cuando las medidas precautorias sean revocadas, cuando caduquen por acción u omisión del solicitante o cuando la autoridad judicial determine posteriormente que no hubo infracción ni amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales tengan la facultad de ordenar al solicitante, a petición del demandado, que proporcione a éste último una compensación adecuada por cualquier daño causado por estas medidas.

9. Cada Parte preverá que cuando pueda ordenarse una medida precautoria como resultado de procedimientos administrativos, esos procedimientos se ajusten a los principios que sean esencialmente equivalentes a los establecidos en este artículo.

1. Cada Parte adoptará, de conformidad con este artículo, los procedimientos que permitan al titular de un derecho que tenga motivos válidos para sospechar que puede producirse la importación de bienes falsificados o pirateados relacionados con marcas, presentar una solicitud por escrito ante las autoridades competentes, sean administrativas o judiciales, para que la autoridad aduanera suspenda la libre circulación de esos bienes. Ninguna Parte estará obligada a aplicar esos procedimientos o los bienes en tráfico. Cada Parte podrá autorizar la presentación de una solicitud de esta naturaleza respecto de los bienes que impliquen otras infracciones de derechos de propiedad intelectual, siempre que se cumplan los requisitos de este artículo. Cada Parte podrá establecer también procedimientos análogos para la suspensión por las autoridades aduaneras del despacho de aduanas de los bienes destinados a la exportación desde su territorio.

2. Cada Parte preverá que sus autoridades competentes tengan la facultad de ordenar a cualquier solicitante que inicie un procedimiento de conformidad con el párrafo 1, que presente pruebas adecuadas para:
   a) que las autoridades competentes de la Parte importadora se cercioren de que puede presumirse una infracción a los derechos de propiedad intelectual conforme a su legislación; y

   b) para brindar una descripción suficientemente detallada de los bienes que los haga fácilmente reconocibles para las autoridades aduaneras.

3. Cada Parte preverá que sus autoridades competentes comuniquen al actor, dentro de un plazo razonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean esas autoridades competentes quienes lo establezcan, el plazo de actuación de las autoridades aduaneras.

4. Cada Parte preverá que sus autoridades competentes tengan la facultad de ordenar a un solicitante conforme al párrafo 1 que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes y para impedir abusos. Esa fianza o garantía equivalente no deberá disuadir de manera indebida al solicitante para recurrir a esos procedimientos.

5. Cada Parte preverá que su autoridad competente notifique con prontitud al importador y al solicitante sobre la suspensión del despacho de aduanas de los bienes a que se refiere el párrafo 1.

6. Cada Parte preverá que su autoridad aduanera proceda al despacho de aduanas de los bienes siempre que se hayan cumplido todas las demás condiciones para la importación o exportación de éstos, si en un plazo que no exceda de diez días hábiles contado a partir de que se haya notificado mediante aviso la suspensión al solicitante, las autoridades aduaneras no han sido informadas de que:
   a) una parte que no sea el demandado ha iniciado el procedimiento conducente a la obtención de una decisión sobre el fondo del asunto; o

   b) la autoridad competente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales que prolongue la suspensión del despacho de aduanas de los bienes.

7. Para efectos del párrafo 6, cada Parte preverá que sus autoridades aduaneras tengan la facultad de prorrogar, en los casos que proceda, la suspensión del despacho de aduanas de los bienes por otros diez días hábiles.

8. Si se ha iniciado el procedimiento conducente a la obtención de una decisión sobre el fondo del asunto, a petición del demandado se procederá, en un plazo razonable, a una revisión. Esa revisión incluirá el derecho del demandado a ser oído, con objeto de decidir si esas medidas deben modificarse, revocarse o confirmarse.

9. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 7 y 8, cuando la suspensión del despacho de aduana se efectúe o se continúe de conformidad con una medida judicial precautoria, se aplicarán las disposiciones del párrafo 7 del artículo 14-29.

10. Cada Parte preverá que sus autoridades competentes tengan la facultad de ordenar al solicitante, de conformidad con el párrafo 1, que pague al importador, al consignatario y al propietario de los bienes una indemnización adecuada por cualquier daño que hayan sufrido a causa de la retención indebida de los bienes o por la retención de los bienes que se hayan liberado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6.

11. Sin perjuicio de la protección a la información confidencial, cada Parte preverá que sus autoridades competentes tengan facultad de conceder:
    a) oportunidad suficiente al titular del derecho para hacer inspeccionar cualquier bien retenido por las autoridades aduaneras con el fin de sustanciar su reclamación; y

    b) una oportunidad equivalente al importador de hacer inspeccionar esos bienes.

12. Cuando las autoridades competentes hayan dictado una resolución favorable sobre el fondo del asunto, cada Parte podrá conferir a esas autoridades la facultad de proporcionar al titular del derecho los nombres y domicilios del consignador, del importador y del consignatario, así como la cantidad de los bienes en cuestión.

13. Cuando una Parte requiera a sus autoridades competentes actuar por iniciativa propia y suspender el despacho de aduanas de los bienes respecto de los cuales tengan pruebas que, a primera vista, hagan presumir que infringen un derecho de propiedad intelectual:
    a) las autoridades competentes podrán requerir en cualquier momento al titular del derecho cualquier información que pueda auxiliarles en el ejercicio de esas facultades;

    b) el importador y el titular del derecho serán notificados con prontitud de la suspensión por las autoridades competentes de la Parte. Cuando el importador haya solicitado una reconsideración de la suspensión ante las autoridades competentes, esa uspensión estará sujeta, con las modificaciones conducentes, a lo dispuesto en los párrafos 5 al 8; y

    c) la Parte eximirá únicamente a las autoridades y funcionarios públicos de la responsabilidad a que den lugar las medidas correctivas adecuadas, tratándose de actos ejecutados o dispuestos de buen fe.

14. Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado de solicitar una revisión ante una autoridad judicial, cada Parte preverá que sus autoridades competentes tengan la facultad de ordenar la destrucción o eliminación de los bienes infractores de conformidad con los principios establecidos en el párrafo 6 del artículo 14-28. En cuanto a los bienes falsificados, las autoridades no permitirán, salvo en circunstancias excepcionales, que éstos se reexporten en el mismo estado ni los someterán a un procedimiento aduanal distinto.

15. Cada Parte podrá excluir de la aplicación de los párrafos 1 al 14, las cantidades pequeñas de mercancías que no tengan carácter comercial y formen parte del equipaje personal de los viajeros o se envíen en pequeñas partidas no reiteradas.

16. Este artículo se aplicará tomando en cuenta lo establecido en el anexo al mismo.

Dentro del año siguiente a la entrada en vigor de este Tratado, cada Parte contemplará como causa de responsabilidad civil, conjuntamente o no con la penal, de acuerdo con su legislación, la fabricación, importación, venta, arrendamiento o cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema que sea de ayuda primordial para descifrar una señal de satélite cifrada portadora de programas, sin autorización del distribuidor legítimo de esa señal.

Aplicación de los derechos de propiedad intelectual Costa Rica realizará su mayor esfuerzo para implementar las medidas contempladas en los literales a) y b) del párrafo 2 y párrafo 8 del artículo 14-28, y lo hará dentro de un plazo de siete años contado a partir de la entrada en vigor de este Tratado.