ANEXO A

RESPUESTAS DE LAS PARTES A LAS PREGUNTAS
FORMULADAS EN LA PRIMERA REUNIÓN

ANEXO B

RESPUESTAS DE LAS PARTES A LAS PREGUNTAS
FORMULADAS EN LA SEGUNDA REUNIÓN

ANEXO C

RESPUESTAS DE TERCEROS A LAS PREGUNTAS
FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL
 

ANEXO D

SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL

  CUADRO DE LOS ASUNTOS CITADOS EN EL PRESENTE INFORME

I. INTRODUCCIÓN

A. RECLAMACIÓN DEL CANADÁ

1.1 El 3 de mayo de 2002, el Canadá solicitó la celebración de consultas con los Estados Unidos de conformidad con el artículo 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias ("ESD"), el artículo XXII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ("GATT de 1994") y el artículo 30 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias ("Acuerdo SMC"), en relación con la determinación definitiva positiva en materia de derechos compensatorios del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (USDOC) (expediente Nº C-122839) publicada el 25 de marzo de 2002 con respecto a determinada madera blanda procedente del Canadá.¹

1.2 El 18 de junio de 2002, el Canadá y los Estados Unidos celebraron consultas, pero no llegaron a una solución mutuamente satisfactoria del asunto.

1.3 El 18 de julio de 2002, el Canadá solicitó el establecimiento de un grupo especial para examinar el asunto.² El Canadá posteriormente retiró la solicitud y el 19 de agosto de 2002 presentó una nueva solicitud de establecimiento de un grupo especial que examinara el asunto.³

B. Establecimiento y composición del Grupo Especial

1.4 En su reunión de 1º de octubre de 2002, el OSD estableció un Grupo Especial de conformidad con el artículo 6 del ESD para que examinara el asunto sometido al OSD por el Canadá (WT/DS257/3).⁴

1.5 En esa reunión, las partes en la diferencia acordaron asimismo que el Grupo Especial se estableciera con el mandato uniforme. El mandato es, en consecuencia, el siguiente:

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados invocados por el Canadá, en el documento WT/DS257/3, el asunto sometido al OSD por el Canadá en ese documento y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dichos acuerdos."

1.6 El 4 de noviembre de 2002, el Canadá solicitó al Director General que estableciera la composición del Grupo Especial, de conformidad con el párrafo 7 del artículo 8 del ESD. Dicho párrafo dispone lo siguiente:

"Si no se llega a un acuerdo sobre los integrantes dentro de los 20 días siguientes a la fecha del establecimiento del grupo especial, a petición de cualquiera de las partes, el Director General, en consulta con el Presidente del OSD y con el Presidente del Consejo o Comité correspondiente, establecerá la composición del grupo especial, nombrando a los integrantes que el Director General considere más idóneos con arreglo a las normas o procedimientos especiales o adicionales previstos al efecto en el acuerdo o acuerdos abarcados a que se refiera la diferencia, después de consultar a las partes en ella. El Presidente del OSD comunicará a los Miembros la composición del grupo especial así nombrado a más tardar 10 días después de la fecha en que haya recibido dicha petición."

1.7 El 8 de noviembre de 2002, el Director General procedió en consecuencia a establecer la composición del Grupo Especial, que es la siguiente:

Presidente:	Sr. Elbio O. Rosselli
Miembros:	Sr. Wieslaw Karsz Sr. Remo Moretta

1.8 Las Comunidades Europeas, la India y el Japón se reservaron los derechos que les correspondían en calidad de terceros.

C. ACTUACIONES DEL GRUPO ESPECIAL

1.9 El Grupo Especial se reunió con las partes los días 11, 12 de febrero y 25 de marzo de 2003. El Grupo Especial se reunió con los terceros el 12 de febrero de 2003.

II. ELEMENTOS DE HECHO

A. LA INVESTIGACIÓN DEL USDOC

2.1 El objeto de la presente diferencia es la determinación definitiva en materia de derechos compensatorios formulada por el USDOC el 21 de marzo de 2002 con respecto a determinada madera blanda procedente del Canadá, clasificada en las partidas 4407.1000, 4409.1010, 4409.1020 y 4409.1090.

2.2 El USDOC inició la investigación el 30 de abril de 2001, atendiendo a una solicitud que se le había hecho el 2 de abril (enmendada el 20 de abril de 2001 para incluir algunos solicitantes más). Los solicitantes fueron Coalition for Fair Lumber Imports Executive Committee; United Brotherhood of Carpenters and Joiners; Paper, Allied-Industrial, Chemical and Energy Workers International Union; Moose River Lumber Co., Inc.; Shearer Lumber Products; Shuqualak Lumber Co.; y Tolleson Lumber Co., Inc.

2.3 El 17 de agosto de 2001, el USDOC publicó en el Federal Register un aviso de determinación preliminar positiva en materia de derechos compensatorios, de determinación preliminar positiva de la existencia de circunstancias críticas, y de puesta en consonancia de la determinación definitiva en materia de derechos compensatorios con la determinación definitiva en materia de derechos antidumping. Las medidas provisionales se impusieron sobre la base de una tasa preliminar de subvención del 19,31 por ciento.

2.4 El 2 de abril de 2002, el USDOC publicó en el Federal Register un aviso de determinación definitiva positiva en materia de derechos compensatorios. Los derechos definitivos se impusieron sobre la base de una tasa definitiva de subvención del 19,34 por ciento, siendo atribuible el 19,25 por ciento a los programas de derechos de tala. El 22 de mayo de 2002, el USDOC publicó en el Federal Register un aviso de enmienda de la determinación definitiva positiva en materia de derechos compensatorios así como un aviso de orden de imposición de derechos compensatorios, que disminuían la tasa definitiva de subvención al 18,79 por ciento como consecuencia de correcciones de errores materiales. De esta cuantía, el 18,70 por ciento era atribuible a los programas de derechos de tala.

B. PROCEDIMIENTOS CONEXOS EN LA OMC

2.5 En su reunión de 5 de diciembre de 2001, atendiendo a una solicitud del Canadá, el OSD estableció un Grupo Especial para examinar las determinaciones preliminares del USDOC en la investigación que es objeto de la presente diferencia. El 27 de septiembre de 2002 se distribuyó a todos los Miembros de la OMC el informe del Grupo Especial, Estados Unidos - Determinaciones preliminares con respecto a determinada madera blanda procedente del Canadá (WT/DS236/R).⁵

III. SOLICITUDES DE CONSTATACIONES Y RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LAS PARTES

A. CANADA

3.1 El Canadá solicita al Grupo Especial que:

• constate que la iniciación de la investigación por el USDOC y los derechos compensatorios definitivos impuestos como resultado de ella infringen el artículo 10, el párrafo 4 del artículo 11 y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC;
   

• constate que la investigación del USDOC y la Determinación definitiva, así como los derechos compensatorios definitivos impuestos como resultado, violan el párrafo 2 del artículo 1, el artículo 10, los párrafos 1, 3 y 8 del artículo 12, el artículo 14 y su apartado d), los párrafos 1 y 4 del artículo 19 y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC, así como el párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994; y
   

• recomiende que los Estados Unidos pongan sus medidas en conformidad con sus obligaciones en la OMC, inclusive revocando la orden de imposición de derechos compensatorios, cesando la imposición de derechos compensatorios y reembolsando los derechos compensatorios impuestos como resultado de la investigación Madera IV y la Determinación definitiva.

B. ESTADOS UNIDOS

3.2 Los Estados Unidos solicitan al Grupo Especial que rechace en su totalidad las alegaciones del Canadá.

IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

4.1 Los argumentos de las partes figuran en sus comunicaciones escritas y orales al Grupo Especial, así como en sus respuestas a las preguntas que se les formularon. En la presente sección se resumen los argumentos de las partes, tal como se presentan en sus comunicaciones. Las respuestas escritas de las partes a las preguntas que se les formularon están recogidas en su totalidad en los anexos del presente informe (véase la lista de anexos en la página vi).

A. PRIMERA COMUNICACIÓN ESCRITA DEL CANADÁ

4.2 En su Primera comunicación escrita, el Canadá formuló los argumentos que a continuación se resumen.

4.3 El objeto de la presente diferencia son los derechos compensatorios aplicados por el USDOC el 21 de marzo de 2002 a determinados productos de madera blanda procedentes del Canadá, de conformidad con una determinación definitiva positiva en materia de derechos compensatorios.

1. Los Estados Unidos impusieron derechos compensatorios por prácticas que no son subvenciones que puedan ser objeto de derechos compensatorios

4.4 El párrafo 1 del artículo 1 establece la definición exclusiva de lo que constituye una subvención a los efectos del Acuerdo SMC. Una subvención se compone de dos elementos diferenciados: i) una contribución financiera que ii) otorga un beneficio. Los Estados Unidos no han establecido la existencia de una subvención por los siguientes motivos.

4.5 El USDOC incurrió en error al determinar que los programas provinciales de derechos de tala "proporcionan bienes". Los Estados Unidos han impuesto derechos compensatorios por prácticas que no constituyen una "contribución financiera" según los términos del párrafo 1 a) 1) iii) del artículo 1. En el Canadá, los recursos naturales son propiedad, en su mayor parte, de los gobiernos provinciales. Muchos de estos recursos se gestionan tradicionalmente mediante la transferencia de derechos reales o de simple explotación. Los bosques son uno de estos múltiples recursos; la tala de árboles no es más que uno de los aspectos de la ordenación general de los recursos forestales. En esta diferencia está en cuestión la calificación jurídica de estos sistemas de ordenación de los recursos forestales.

4.6 Los regímenes de ordenación forestal del Canadá son el reflejo de tres consideraciones fundamentales: 1) la tierra es de propiedad pública; 2) los recursos forestales, como el aire, el agua, los animales silvestres, las plantas, los árboles y los parques naturales pueden destinarse a diversos usos; y 3) los recursos forestales han de ser gestionados con cuidado para defender los intereses del público. Los recursos forestales se gestionan mediante un sistema de derechos y obligaciones interrelacionados, entre la Corona y las empresas extractoras de madera en bruto (empresas madereras). Este sistema de ordenación de los recursos se basa en su mayor parte en contratos de tenencia o licencia. Los contratos de tenencia o licencia varían en sus detalles, pero son todos análogos en cuanto que constituyen un conjunto complejo de derechos y obligaciones que comprende, como mínimo: el derecho de aprovechamiento de la madera en pie en tierras de la Corona, o "derecho de tala"; obligaciones de servicio y mantenimiento (por ejemplo, construcción de carreteras, protección contra incendios, enfermedades e insectos); la adopción de medidas de ordenación y conservación forestal, incluida la silvicultura; y el pago de una "cuota por derechos de tala", volumétrica, cuando se hace efectivo el derecho de aprovechamiento.

4.7 Los "derechos de tala" adoptan dos formas diferentes en el Canadá: un derecho real (por lo general denominado profit à prendre) o una licencia para aprovechar madera en pie. Un profit à prendre es una forma de derecho real que confiere a su titular un interés no posesorio sobre la tierra. Una licencia es un derecho revocable a hacer algo en la tierra de otro, o en detrimento de la tierra de otro, que de otro modo no se permitiría -en el presente caso, el derecho de aprovechamiento de la madera en pie.

4.8 Existe una "contribución financiera" cuando "el gobierno proporcione bienes o servicios que no sean de infraestructura general". El término "bienes", interpretado de conformidad con los principios consuetudinarios del derecho internacional, se entiende que significa artículos que pueden ser objeto de comercio y de clasificación arancelaria.

4.9 El sentido corriente de "bienes" es "propiedades personales tangibles o muebles, distintas del dinero; [especialmente] artículos de comercio o mercancías [bienes o servicios]". El término "bienes" excluye recursos tales como las propiedades intangibles, es decir, los derechos de propiedad y los derechos reales. Por ejemplo, un profit à prendre es un derecho real. El Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos - Madera blanda III convino en que el sentido corriente de "bienes" es "propiedades personales tangibles o muebles, distintas del dinero". A pesar de ello, el Grupo Especial adoptó una interpretación del término "bienes" que daba a éste un sentido más amplio que el corriente. El párrafo 1 a) 1) del artículo 1 (contribución financiera) está redactado en términos precisos. El inciso iii) del párrafo 1 a) 1) no hace referencia a ninguna aportación de "recursos económicos" o "propiedades", sino más bien a la de "bienes o servicios". Además, los "bienes o servicios" no son ejemplos o especies de un género más amplio, a saber, el de los "recursos económicos". Los derechos reales y otros recursos o instrumentos de valor no pertenecen al ámbito del inciso iii) salvo que encajen dentro del contenido de los términos "bienes" o "servicios que no sean de infraestructura general".

4.10 El párrafo 1 del artículo 3 constituye el contexto pertinente. En él se definen las subvenciones "prohibidas" como "las siguientes subvenciones, en el sentido del artículo 1". El párrafo 1 b) del artículo 3 incluye la frase "las subvenciones supeditadas al empleo de productos nacionales con preferencia a los importados" (sin cursivas en el original) al definir las subvenciones concretas prohibidas. El uso del adjetivo "importados" para modificar el sustantivo "productos" ["goods" en la versión inglesa] implica que los "productos" así modificados sólo pueden ser artículos susceptibles de ser "importados", es decir, artículos que son o pueden ser objeto de comercio transfronterizo con una clasificación arancelaria efectiva o potencial. La conclusión correcta es que el sentido de los términos "bienes" y "productos" en ambas disposiciones es idéntico: artículos que pueden ser objeto de comercio con una clasificación arancelaria efectiva o potencial. Además, en las Partes III y V del Acuerdo SMC se habla tanto de "productos" como de "importaciones". Dado que el párrafo 2 del artículo 1 vincula el párrafo 1 de dicho artículo con las Partes III y V, no se puede interpretar que los "productos" o "importaciones" a que se hace referencia en estas Partes sean distintos de los "bienes" a que se hace referencia en los artículos 1 ó 3 del Acuerdo SMC.

4.11 El Acuerdo sobre la OMC constituye también un contexto instructivo. En el artículo VI del GATT de 1994 se hace referencia a las medidas compensatorias como excepción al artículo II. Por consiguiente, el ámbito de la Parte V del Acuerdo SMC, que establece disciplinas para los derechos compensatorios, y el del artículo II del GATT de 1994 han de ser iguales. El Acuerdo SMC es uno de los incluidos en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC. En el Anexo 1A figuran los "acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías". Aún más, la nota interpretativa de ese Anexo establece una norma para la solución de conflictos entre el GATT de 1994 y los acuerdos abarcados. La existencia de una norma de solución de conflictos sugiere la posibilidad de que haya tal conflicto, e implica que el objeto o ámbito de cobertura de los acuerdos es igual. Así pues, el ámbito de cobertura del GATT de 1994 y el de los acuerdos sobre el comercio de mercancías, incluido el Acuerdo SMC, han de tener el mismo alcance. El Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos - Madera blanda III se valió únicamente de un elemento del contexto como apoyo para su opinión de que el término "bienes" tiene un "sentido global". El Grupo Especial creía que la única excepción al párrafo 1 a) 1) iii) del artículo 1 es la infraestructura general, lo que reforzaba su opinión "sobre el sentido global de la palabra bienes". El Grupo Especial rechazó la orientación de carácter contextual ofrecida por el uso de los términos "bienes" y "productos" en el Acuerdo SMC y en los Acuerdos de la OMC en general.

4.12 El término "bienes", utilizado en el párrafo 1 a) 1) iii) del artículo 1, es equivalente al término "productos", y estos términos se utilizan en todo el GATT de 1994, el Acuerdo SMC y en los demás acuerdos abarcados con el sentido de artículos respecto de los cuales se pueden hacer concesiones arancelarias de conformidad con el artículo II del GATT de 1994. Esta afirmación es confirmada por el objeto y fin del Acuerdo SMC. El tipo de actividad definida en el inciso iii) del párrafo 1 a) 1) del artículo 1 como constitutiva de una contribución financiera según los términos de dicho párrafo, está definido y delimitado cuidadosamente. Ello demuestra que el alcance del inciso iii) del párrafo 1 a) 1) del artículo 1 es limitado; el objeto de esta disposición no es incluir todas las transferencias potenciales de recursos económicos que un gobierno pueda hacer en especie. Además, el párrafo 1 del artículo 1 contiene una definición de subvención a los efectos del Acuerdo SMC, y el apartado a) 1) de dicho párrafo establece que la existencia de una "contribución financiera" es un elemento constitutivo de la subvención. Los incisos i) a iv) del párrafo 1 a) 1) del artículo 1 definen algunas categorías de actividad que constituyen una contribución financiera a los efectos de la definición de subvención. Los incisos i) a iv) están redactados cuidadosamente y en ellos se utiliza una terminología precisa. Si el objeto y fin del párrafo 1 a) 1) del artículo 1 fuera incluir todas las transferencias y recursos económicos en el ámbito de la expresión "contribución financiera", no habría habido necesidad de definir categorías específicas de actividad.

4.13 El USDOC constató erróneamente que los programas de derechos de tala del Canadá constituyen una contribución financiera. En concreto, el USDOC sostuvo que los sistemas provinciales de tenencia proporcionan madera en pie a los productores de madera aserrada y que la madera en pie es un "bien". Según el USDOC, incluso una licencia o un derecho de tala constituyen una aportación de un bien porque el término "bienes" comprende "todos los derechos de una persona, sea cual fuese su descripción".

4.14 Primero, los programas de derechos de tala implican la concesión de derechos de aprovechamiento o extracción de madera en pie, de conformidad con contratos de tenencia o licencia. Por "bienes" se entiende artículos que pueden ser objeto de comercio con una clasificación aduanera efectiva o potencial. Los derechos de aprovechamiento, que son la única cosa que proporcionan los gobiernos a través de los programas de derechos de tala, no son "bienes". Aun suponiendo que los programas de derechos de tala proporcionen madera en pie, los programas de derechos de tala no implican ninguna contribución financiera. La madera en pie -es decir, árboles firmemente enraizados en el suelo- no es un "bien" según los términos del párrafo 1 a) 1) iii) del artículo 1. Hablando con propiedad, un profit à prendre y una licencia de aprovechamiento de madera en pie son recursos económicos que no son "bienes" según los términos del artículo 1. Los "derechos de tala" -derechos a explotar in situ un recurso natural- son semejantes al derecho de extracción de petróleo de terrenos públicos, los cupos de pesca o el derecho a explotar aguas interiores o corrientes de agua. Segundo, la madera en pie no es un "bien" según los términos del párrafo 1 a) 1) iii) del artículo 1. La madera en pie es un recurso natural in situ que no es susceptible de un comercio transfronterizo.

4.15 No se puede interpretar que el término "bienes" que se utiliza en el párrafo 1 a) 1) iii) del artículo 1 incluya derechos tales como los "derechos de tala", los  profits à prendre y las licencias de aprovechamiento de madera. El USDOC incurrió en error al determinar que los gobiernos provinciales proporcionan bienes a los productores de madera aserrada e incurrió en error específicamente al constatar que la madera en pie es un "bien". Dado que los derechos de tala no suponen ninguna "contribución financiera", la determinación del USDOC sobre la existencia de subvención y sobre la imposición de derechos compensatorios infringe el artículo 10, los párrafos 1 y 4 del artículo 19 y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC, así como el párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994.

4.16 La utilización por el USDOC de puntos de referencia "transfronterizos" para constatar y calcular un "beneficio" infringe el Acuerdo SMC. El USDOC, tras haber concluido que las provincias otorgaban bienes, determinó que esta supuesta contribución financiera confería un beneficio, basándose para ello en la utilización de una selección de precios de subasta de derechos de tala a corto plazo en algunas propiedades públicas de los Estados Unidos o, en el caso de Quebec, de los precios practicados en las ventas privadas de madera en bruto en Maine, como punto de referencia para comparar el gravamen que suponen los derechos provinciales de tala en el Canadá. El párrafo 1 b) del artículo 1 y el apartado d) del artículo 14 del Acuerdo SMC obligan a los Estados Unidos a utilizar puntos de referencia en el país de suministro para determinar la existencia de un supuesto beneficio y calcularlo. El Acuerdo no permite que la autoridad investigadora utilice puntos de referencia transfronterizos (fuera del país de suministro), ni tampoco que rechace puntos de referencia dentro del país de suministro que es objeto de investigación.

4.17 En la Determinación preliminar, el USDOC pretendió establecer que los programas canadienses de derechos de tala conferían un beneficio comparando: 1) las cuotas por derechos de tala que implica el ejercicio del derecho de tala; con 2) los supuestos precios de los derechos a corto plazo de tala de madera en pie en determinadas tierras públicas de los Estados Unidos y los practicados en las ventas privadas de madera en bruto en Maine. El USDOC no modificó esta metodología transfronteriza en ningún aspecto sustancial cuando formuló la Determinación definitiva. En ésta, el USDOC determinó que el apartado d) del artículo 14 no limita los puntos de referencia del mercado a los del país de exportación, sino que su propósito es exigir que se determine la adecuación de la remuneración en relación con transacciones "comparables" basadas en el mercado.

4.18 El USDOC trató de eludir el significado claro del apartado d) del artículo 14 al centrarse en la frase "en relación con". Según su conclusión, "en relación con" significa "teniendo en cuenta". El USDOC se refirió también al supuesto contexto constituido por la lista ilustrativa de condiciones de compra o de venta que establece el apartado d) del artículo 14. El USDOC, después de haber concluido que para determinar la existencia de "beneficio" eran aceptables los puntos de referencia transfronterizos, rechazó las pruebas basadas en puntos de referencia dentro del país de exportación y afirmó que los derechos de tala pagados en los Estados Unidos eran un "punto de referencia razonable". El USDOC alegó erróneamente: 1) que los precios privados dentro del Canadá no se basan en el mercado y no se pueden utilizar como puntos de referencia porque un mercado en el que predomina el gobierno es un mercado distorsionado; 2) que los derechos de tala que se pagan en los Estados Unidos son un punto de referencia aceptable porque, en términos comerciales, es razonable que los productores canadienses participen en las licitaciones de derechos de tala de los Estados Unidos (es decir, un recurso natural no ubicado dentro de las fronteras políticas del Canadá), y los productores localizados en el Canadá "tienen acceso a los derechos de tala de acuerdo con los precios practicados en los Estados Unidos"; y 3) los precios aplicados en los Estados Unidos a los derechos de tala son los precios del mercado mundial y a ellos pueden acceder los productores canadienses. El USDOC determinó que los precios utilizados como punto de referencia en los Estados Unidos eran superiores a las cuotas cobradas por las provincias canadienses y concluyó, como ya había hecho en la Determinación preliminar, que las cuotas por derechos de tala del Canadá otorgan un beneficio.

4.19 El párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo SMC establece que existe subvención cuando haya una contribución financiera de un gobierno y "con ello se otorgue un beneficio". El Órgano de Apelación consideró el significado del término "beneficio" utilizado en el artículo 1 del Acuerdo SMC en el asunto Canadá - Aeronaves civiles y constató que la palabra beneficio, tal como se utiliza en el párrafo 1 b) del artículo 1, implica algún tipo de comparación. El Órgano de Apelación indicó que no podía haber un "beneficio" a menos que la contribución financiera al receptor lo coloque en una situación mejor que la que habría tenido de no existir esa contribución. El apartado d) del artículo 14 contiene unas directrices para determinar si existe un beneficio y cómo se debe calcular la cuantía del beneficio en aquellos casos en que intervenga la aportación de bienes. El texto del apartado d) del artículo 14 no tiene ambigüedades: "en el país de suministro o de compra" significa "en el país de suministro o de compra". No hay en el contexto, en el objeto y fin ni en los antecedentes de negociación del artículo 14 nada que permita interpretar la palabra "en" más que como "en".

4.20 El informe que publicó recientemente el Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos - Madera blanda III, confirma esta interpretación. En ese caso, el Grupo Especial constató que la adecuación de la remuneración a que hace referencia el apartado d) del artículo 14 ha de determinarse en relación con las condiciones reinantes en el mercado para el bien o servicio de que se trate en el país de suministro o de compra. Según dicho Grupo Especial, ello significa que el apartado d) del artículo 14 exige que las condiciones reinantes en el mercado que han de utilizarse como punto de referencia sean las que existan "en el país de suministro" de los bienes. El Grupo Especial concluyó que no podía atribuirse otro significado a la referencia a las condiciones en el mercado "en el país de suministro". Por consiguiente, los únicos puntos de referencia que se podían utilizar en el contexto de una aportación de bienes son los determinados en función de las condiciones reinantes en el mercado en el país de suministro. El USDOC trató de eludir el sentido claro de "condiciones reinantes en el mercado … en el país de suministro" al interpretar que los términos "en relación con" significan "teniendo en cuenta". Sin embargo, el Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos - Madera blanda III no se mostró de acuerdo con esta interpretación y constató que estos términos significan "sobre la base de" o "en comparación con". En efecto, la interpretación del USDOC significaría borrar del texto del apartado d) del artículo 14 la referencia clara y explícita a "en el país de suministro" y transformaría las palabras imperativas "se determinará" que se utilizan en el apartado d) del artículo 14, en una facultad discrecional. Por último, en cualquier determinación formulada con respecto al apartado d) del artículo 14 ha de considerarse el sentido corriente de "remuneración adecuada". El sentido corriente de "adecuada" es el de suficiente o satisfactoria, no "máxima".

4.21 El USDOC rechazó pruebas relativas a los puntos de referencia dentro del Canadá con respecto al bien en cuestión, basándose en: 1) su presunción sin fundamento de que podía rechazar legalmente los puntos de referencia dentro del país exportador; y 2) la conclusión sin apoyo alguno en los hechos de que no existen precios determinados por el mercado que puedan utilizarse porque existe una contención de la subida de los precios debido a la intervención pública. El USDOC también trató de eludir la prohibición del apartado d) del artículo 14 de la utilización de puntos de referencia fuera del país de exportación alegando que los precios de los derechos de tala estadounidenses son precios del mercado mundial que se ofrecen en el Canadá y que, por consiguiente, forman parte de las condiciones reinantes en el mercado en el país de suministro. Esta conclusión carece de fundamento por tres motivos.

4.22 Primero, el USDOC afirmó que supuestamente se podían obtener en el Canadá derechos de tala estadounidenses. Aunque se exporte una pequeña cantidad de trozas obtenidas en algunas zonas de los Estados Unidos que se utilizan como comparación a algunas provincias del Canadá, eso no quiere decir que se importe de algún modo al Canadá el derecho de extraer madera en bruto en los Estados Unidos. El USDOC difumina continuamente la diferencia entre madera en pie y trozas. Sin embargo, el expediente deja claro que lo que se transmite es o bien derechos de extracción de madera o bien "madera en pie". Ninguna de las dos cosas puede ser "importada" al Canadá y ninguna de ellas está "disponible" en el Canadá. De hecho, las trozas obtenidas de la madera en pie en las zonas de los Estados Unidos utilizadas como comparación para más de la mitad de las exportaciones sometidas a derechos compensatorios no se pueden exportar al Canadá. Segundo, el USDOC admitió que no existe un precio del mercado mundial para los derechos de tala cuando constató que no existe un precio único en los Estados Unidos para dichos derechos de tala y ni siquiera un precio único dentro de cada uno de los Estados individuales que componen los Estados Unidos. Tercero, los precios fuera del país de suministro no se convierten en aceptables por el simple hecho de que se ofrezcan en otro país supuestamente con unas "condiciones de mercado comparables". Aun en caso de que las condiciones del mercado en los Estados Unidos fueran "comparables", el USDOC habría tenido que basar su determinación en las condiciones reinantes en el mercado "en" el país de suministro.

4.23 El Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos - Madera blanda III concluyó que aunque en el apartado d) del artículo 14 se enumeraran "las condiciones de compra o de venta" y la "disponibilidad" como condiciones del mercado eso no quería decir que se ofrecieran los derechos de tala estadounidenses a los productores canadienses. El Grupo Especial constató que el hecho de que se pueda comprar también un bien en un mercado fuera del país de suministro no implica que los precios de este bien en el otro país formen parte de las condiciones de mercado "en el país de suministro". El Grupo Especial observó además que la aceptación de la argumentación estadounidense significaría que la frase "condiciones reinantes en el mercado en el país de suministro" haría referencia a las condiciones en el mercado mundial. Como el texto del apartado d) del artículo 14 no ofrece fundamento para tal conclusión, no puede ser correcta. Al contrario, el Grupo Especial indicó que la "disponibilidad" es un aspecto entre otros de las condiciones de mercado existentes en el país de suministro. Por último, el Grupo Especial observó que la interpretación estadounidense significaría suprimir de hecho del texto del Acuerdo SMC la referencia explícita al país de suministro, quebrantando de este modo el principio de efectividad de las normas.

4.24 El recurso por los Estados Unidos a la misma metodología transfronteriza en la Determinación definitiva consistió de nuevo en sustituir simplemente las "condiciones reinantes en el mercado" en el Canadá por las "condiciones reinantes en el mercado" en los Estados Unidos. Esa es la única forma en que los Estados Unidos han podido determinar la existencia de un "beneficio" y calcular una tasa de subvención próxima al 20 por ciento.

4.25 Los intérpretes de los tratados han de asegurarse de que su interpretación de las disposiciones de los mismos no da origen a unos resultados absurdos o no razonables. Una interpretación del apartado d) del artículo 14 que permita la utilización de comparaciones transfronterizas daría origen a tales resultados no razonables por diversos motivos.

4.26 Las fronteras internacionales influyen en las condiciones de mercado y, en particular, en los precios; los efectos son sustanciales y notoriamente difíciles de cuantificar. Las fronteras políticas generan diferencias en los regímenes reglamentarios de los gobiernos, los regímenes fiscales, los regímenes de inversión, el sistema monetario, bancario y financiero, las prácticas comerciales y el clima empresarial. Las políticas de los gobiernos y otros factores presentes en las diferentes jurisdicciones influyen en las condiciones económicas, con inclusión de los salarios, los impuestos, los costos de capital, los costos laborales y los tipos de cambio.

4.27 Las comparaciones transfronterizas tampoco reflejan el efecto de las diferencias en la dotación de recursos naturales de dos países. Generalmente los precios de los bienes y servicios varían en los distintos países por motivos relacionados con su ventaja comparativa. En el asunto Estados Unidos - Madera blanda III el Grupo Especial constató que la metodología utilizada por el USDOC para determinar la existencia de un beneficio daría lugar a una determinación automática de existencia de subvenciones en un país exportador rico en recursos, aunque la diferencia de precios percibida reflejara sencillamente la ventaja comparativa del país exportador.

4.28 También influye en los recursos forestales de los diferentes países una amplia variedad de factores de otro tipo. Entre estos factores cabe mencionar las diferencias en: las características de la madera en bruto y las condiciones de explotación, como el tipo, la combinación, la calidad y la ubicación de los recursos forestales así como los costos de la extracción y el transporte de la madera en bruto; los sistemas de medición; y los derechos y obligaciones que derivan de la tenencia, como la duración de los derechos de extracción y las obligaciones asociadas con las responsabilidades en la esfera de la silvicultura, la construcción de carreteras y la ordenación forestal.

4.29 El propio USDOC confirmó en sus anteriores determinaciones en los casos  Madera I, II y III, que las comparaciones transfronterizas son ilógicas. En cada uno de estos casos anteriores sobre la madera, el USDOC rechazó la utilización de tales comparaciones alegando que sencillamente no se podían hacer. En particular, en el caso Madera I el USDOC constató que las comparaciones transfronterizas eran "arbitrarias y caprichosas" y que en América del Norte no había un mercado unificado para los derechos de tala. En el presente procedimiento, el USDOC ignoró estas decisiones alegando que se habían formulado "en el contexto de un marco jurídico diferente". Sin embargo, los cambios de la legislación son irrelevantes. Los mismos hechos que dieron lugar a que el USDOC rechazara en el pasado la utilización de comparaciones transfronterizas siguen concurriendo todavía hoy.

4.30 En la Determinación definitiva, el USDOC concluyó que no había puntos de referencia en el Canadá que pudiera utilizar para analizar si los programas de derechos de tala canadienses otorgaban un beneficio a los productores de madera blanda aserrada. Esta conclusión se contradice con el expediente del caso, en el que constan varios puntos de referencia dentro del país de suministro, así como análisis económicos de la adecuación de la remuneración obtenida por los gobiernos provinciales. Esta información incluía ventas privadas de madera en bruto, comparaciones de costos e ingresos, un análisis económico de las cuotas provinciales de derechos de tala, los precios en subastas competitivas y evaluaciones del sector privado del valor de la madera en bruto.

4.31 Ventas privadas de madera en bruto - El Canadá presentó información sustancial sobre las ventas dentro del país de derechos de tala privados, con inclusión de los precios privados por derechos de tala en Quebec. En Quebec, las tierras forestales privadas generan el 17 por ciento de la oferta total de madera blanda para los aserraderos. Las transacciones privadas con derechos de tala en Quebec son la base del planteamiento paritario de esta provincia, que es el utilizado para determinar el valor de mercado de la madera en pie en tierras públicas. Las pruebas sometidas al USDOC incluían tres estudios anuales de los derechos de tala privados, y los resultados de un estudio original en el que se daba cuenta de las transacciones privadas con derechos de tala forestal en Quebec. En respuesta a preguntas del USDOC acerca de los bosques privados en Quebec, se presentaron datos y análisis económicos de carácter muy amplio que demostraban que las transacciones privadas con derechos de tala forestal en Quebec tenían lugar en un mercado amplio y abierto en el que concurrían cientos de compradores y vendedores bien informados, entre los que se incluían fuentes privadas de madera en bruto de fuera de Quebec competidoras.

4.32 Igualmente, la información referente a Ontario demostraba que el volumen de las ventas privadas era significativo, representando el 7 por ciento de las ventas totales de derechos de tala de madera blanda. El Canadá presentó un estudio especial llevado a cabo por Resource Information Systems Inc. (RISI) que incluía una evaluación detallada del mercado privado en Ontario. El estudio RISI constató que el mercado privado en Ontario era competitivo, eficiente e independiente del mercado de madera en bruto de la Corona. Otro estudio del mercado privado de Ontario, preparado por Charles River Associates Inc., evaluaba las condiciones de mercado de las ventas privadas de madera en bruto, y concluía que los precios de la madera en bruto privada se establecían en función del precio "marginal" de la madera en bruto, y calculaba además el precio medio de la madera privada en bruto comprada por los aserraderos.

4.33 Subastas competitivas - El expediente del caso incluía también información sobre las ventas competitivas de derechos de tala de los gobiernos provinciales, con inclusión de información referente a Columbia Británica sobre el volumen y el valor de las ventas competitivas de derechos de tala realizadas a través del Programa de Pequeñas Empresas Forestales, ventas que se realizaban mediante subasta al mejor postor.

4.34 Evaluaciones del valor de la madera en bruto realizadas por el sector privado - El Canadá presentó también información sobre los valores de mercado de la madera en pie, utilizando como base un variado conjunto de valores obtenidos en subastas públicas y ventas privadas. Estos valores de mercado son conocidos bajo la denominación de "timber damage assessments" ("evaluaciones de los daños sufridos por la madera") (TDA). La metodología de las TDA fue desarrollada conjuntamente en Alberta por tres sectores industriales, el sector del petróleo y el gas, el sector minero y el sector forestal. Tras una serie de negociaciones, todas las partes se pusieron de acuerdo sobre una metodología para realizar las TDA que permite hacer una estimación equitativa y equilibrada del valor de mercado de la madera en pie en Alberta. Los datos de las TDA representan el valor total del recurso, tanto porque derivan de este proceso, en el que participaron libremente las partes, como porque los precios utilizados para elaborar las TDA proceden de transacciones de mercado entre compradores y vendedores no vinculados entre sí y en las que cada participante es libre de decidir qué no compra o no vende.

4.35 Pruebas de la compatibilidad con los principios de mercado - El Canadá presentó información que demostraba que los sistemas provinciales de derechos de tala permitían obtener una remuneración más que adecuada y eran compatibles con los principios de mercado. Esta información establecía que la concesión de derechos de extracción de madera en bruto permitía obtener beneficios sustanciales. Las pruebas demostraban, por ejemplo, que Columbia Británica recibía una remuneración adecuada porque obtenía unos beneficios equivalentes al 75 por ciento de los gastos que generaba su sistema de extracción de madera en bruto. De conformidad con los principios de mercado, este enorme beneficio de las operaciones de extracción de madera demostraba que no se podía afirmar que los extractores recibían los derechos de tala por una "remuneración inferior a la adecuada". Las otras provincias productoras importantes registraban también beneficios sustanciales en sus programas de derechos de tala: el 35 por ciento en Ontario, el 67 por ciento en Quebec y el 25 por ciento en Alberta.

4.36 Las comparaciones de costos e ingresos facilitaban al USDOC información procedente del país de suministro, que permitía evaluar la adecuación de la remuneración obtenida por los derechos a extraer madera de la Corona. Tal y como confirma la práctica y la reglamentación actual del USDOC, esta información es trascendente en sus determinaciones sobre la adecuación de la remuneración. Este análisis es conforme con el requisito establecido por el apartado d) del artículo 14 de que el suministro de un bien se haga por una remuneración "adecuada", no por una remuneración "máxima". Además, el análisis económico del sistema de derechos de tala de Columbia Británica demostraba que dicho sistema provincial es administrado de conformidad con los principios de mercado. Las cuotas por derechos de tala en Columbia Británica son un gravamen volumétrico que se hace efectivo cuando se ejercitan los derechos previamente otorgados a extraer madera. El análisis económico demuestra que el propietario de tierras forestales que quiera maximizar los beneficios no impondrá un gravamen volumétrico por el ejercicio de estos derechos. Además, el sistema de tenencia impone unos costos a los titulares que no soportarían en un mercado competitivo. Por consiguiente, de conformidad con los principios de mercado, una vez más no se puede decir que los extractores de madera reciban los derechos de tala por una "remuneración inferior a la adecuada".

4.37 En la Determinación definitiva, el USDOC rechazó puntos de referencia "basados en transacciones" realizadas dentro del Canadá por la supuesta "contención de la subida de los precios" presuntamente resultante de la intervención del Gobierno en el mercado. No existe fundamento alguno en el Acuerdo SMC para rechazar puntos de referencia en el país de suministro. El apartado d) del artículo 14 hace referencia a las condiciones "reinantes" en el mercado. En este contexto, el significado de "reinantes" es "que existen". No hay en el contexto, en el objeto y fin ni en los antecedentes de negociación del Acuerdo SMC nada que indique que las "condiciones de mercado" a que se hace referencia sean las de un mercado perfectamente competitivo. En el asunto Estados Unidos - Madera blanda III el Grupo Especial constató que aunque hubiera habido la "contención de la subida de los precios" alegada, ello no permitiría al USDOC rechazar los puntos de referencia en el país de suministro. El Grupo Especial concluyó que el apartado d) del artículo 14 del Acuerdo SMC no exige que las condiciones reinantes en el mercado sean las de un mercado "sin distorsiones". También concluyó que el USDOC no presentó ninguna explicación aceptable de su rechazo de los precios canadienses de los derechos de tala. Aun suponiendo, arguendo, que el apartado d) del artículo 14 permitiera el rechazo de puntos de referencia en el país de suministro debido a la "contención de la subida de los precios", las pruebas manejadas por el USDOC y su análisis eran claramente inadecuados para establecer que existía tal distorsión.

4.38 Por estos motivos, el rechazo por el USDOC de puntos de referencia en el Canadá y su utilización, como base, de puntos de referencia "transfronterizos" en los Estados Unidos es incompatible con el párrafo 1 b) del artículo 1 y el apartado d) del artículo 14 del Acuerdo SMC. Por consiguiente, los Estados Unidos han impuesto unos derechos compensatorios a pesar de no haber formulado la constatación necesaria de existencia de "subvención" en infracción del artículo 10, el artículo 14 y su apartado d), los párrafos 1 y 4 del artículo 19 y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC, así como el párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994.

4.39 Pruebas de la no existencia de ventajas comerciales - El USDOC tuvo también ante sí pruebas sustanciales que demostraban que las cuotas provinciales por derechos de tala impuestas en el Canadá no aumentaban la producción de trozas o de madera aserrada, ni bajaban sus precios, ni aumentaban la cantidad o bajaban los precios de las exportaciones de madera aserrada a los Estados Unidos, en comparación con lo que sucedería en un mercado en el que no interviniera el Gobierno. El Acuerdo SMC obliga a la autoridad investigadora a considerar la existencia de un beneficio y la adecuación de la remuneración en relación con las "condiciones reinantes en el mercado" del bien de que se trate en el país de suministro. El mercado de madera en pie es un mercado de recursos naturales, es decir, un mercado de rentas económicas. Los mercados de rentas tienen características diferentes de las de otros muchos mercados. Para formular una determinación acerca de si los sistemas provinciales de derechos de tala otorgan un beneficio ha de tenerse en cuenta este hecho.

4.40 Analizar el beneficio en el contexto del mercado particular que es objeto de investigación es compatible con las interpretaciones de los grupos especiales y el Órgano de Apelación del párrafo 1 b) del artículo 1 y el objeto y fin del Acuerdo, que es someter a disciplina las subvenciones, tal y como éstas son definidas en el Acuerdo SMC, que distorsionan el comercio. Todas las decisiones de los grupos especiales y el Órgano de Apelación sobre el párrafo 1 b) del artículo 1 confirman que el término "beneficio" implica una comparación que está  basada en el mercado. Como ha señalado el Órgano de Apelación, ello permite la identificación del "potencial de distorsión del comercio" que haya. El análisis de la remuneración en relación con las condiciones reinantes en el mercado en el presente caso debe incluir, por consiguiente, un examen de si las tasas o gravámenes por los derechos provinciales de tala son capaces de causar una distorsión del comercio en los mercados de productos más elaborados. El USDOC ha afirmado que "toda la cuestión" en la investigación era "cuantificar y reparar" la supuesta distorsión del mercado estadounidense. Para llegar a estas determinaciones, el USDOC, según ha admitido él mismo, ignoró las pruebas económicas ofrecidas por el Canadá. Si el USDOC hubiera analizado, en lugar de haber asumido, la existencia de una distorsión del comercio en los mercados de productos más elaborados que se obtienen a partir de trozas y madera aserrada, hubiera constatado que no sólo no había ningún beneficio que pudiera medirse en función de los puntos de comparación existentes entre los mercados, sino que el análisis económico demuestra que ningún programa provincial de derechos de tala tiene un potencial de distorsión del comercio ya que los gravámenes positivos por los derechos de tala ni aumentan la producción de trozas y madera aserrada ni bajan sus precios en relación con el mercado competitivo privado.

4.41 En la Determinación definitiva se presumió inadmisiblemente que existía una transferencia de una presunta subvención. El presente caso exige un análisis de si las supuestas subvenciones a etapas anteriores de la producción beneficiaron a los productores de etapas posteriores, y en qué medida. Una parte significativa de las trozas es vendida por extractores de madera a productores de madera aserrada y otras entidades no vinculadas en condiciones de libre competencia. Además, un gran número de las ventas de trozas y madera aserrada, como insumo de otros productos, se producen en condiciones de libre competencia entre productores no vinculados de las mercancías en cuestión.

4.42 En la Determinación definitiva, el USDOC concluyó que no se necesitaba ningún análisis de la transferencia de la subvención de ningún tipo ya que la supuesta subvención era una subvención "a la producción de madera aserrada más que a la producción de madera en bruto o de trozas". En lo que respecta a los productores de madera aserrada reelaborada que no está sometida al pago de los derechos provinciales de tala y que compran madera aserrada a los titulares de derechos de tala en condiciones de libre competencia, el USDOC concluyó que, como el caso se estaba llevando de forma colectiva, "el procedimiento de un examen es el apropiado para determinar si hay empresas específicas que no reciben beneficios que puedan ser objeto de derechos compensatorios".

4.43 De conformidad con el Acuerdo SMC, existe una "subvención directa" cuando hay una contribución financiera de un gobierno que otorga un beneficio al receptor de esa contribución. Igualmente, existe una "subvención indirecta" cuando un gobierno "encomiende" a una entidad privada "o le ordene" que haga una contribución financiera que otorgue un beneficio al receptor. Si el receptor de la subvención realiza transacciones con otras entidades, la autoridad investigadora no podrá  presumir que estas otras entidades se han beneficiado de la supuesta subvención. La autoridad investigadora ha de establecer siempre que concurren los dos elementos de la definición de subvención. En el asunto Estados Unidos - Plomo y bismuto II, el Órgano de Apelación constató que la autoridad ha de establecer que se ha conferido un beneficio al receptor de la supuesta subvención, y además que no se puede presumir irrefutablemente que el beneficio se traspasó gracias a una transacción posterior. Este análisis es todavía más necesario si se trata de unas determinaciones originales en las que una autoridad investigadora ha de establecer que concurre cada uno de los elementos de una subvención. Si se trata de transacciones que tienen lugar en el mercado y en condiciones de libre competencia, la presunción aplicable es que se ha pagado el valor justo de mercado.

4.44 El USDOC estaba obligado a constatar que la supuesta subvención a un extractor de madera fue traspasada al productor de una etapa posterior de elaboración de la mercancía en cuestión. El USDOC no presentó ningún análisis de ninguno de los requisitos del artículo 1 en lo que respecta a los productores de etapas posteriores de la elaboración. El USDOC no estableció que el Gobierno hubiera hecho una "contribución financiera" a los productores de madera aserrada o a los reelaboradores que tuviera relación con unos insumos que compraron en condiciones de libre competencia. El USDOC tampoco constató que el supuesto "beneficio" se otorgara a los productores de madera aserrada o a los reelaboradores gracias a las sucesivas compras para una etapa posterior de elaboración.

4.45 Además, había pruebas sustanciales que demostraban que las transacciones entre los extractores de madera y los productores de madera aserrada, y entre los productores de madera aserrada y los reelaboradores se realizaban en condiciones de libre competencia, entre ellas: 1) en Columbia Británica, aproximadamente el 24 por ciento de la madera obtenida mediante licencias de la Corona era extraída por empresas que no tenían aserradero. Igualmente en Ontario, el 30 por ciento aproximadamente de la madera blanda en bruto extraída de tierras de la Corona era vendida por los titulares de tenencias a terceros para su elaboración; 2) al menos el 18 por ciento del volumen de las trozas extraídas en Columbia Británica de tierras de la Corona fue comprada posteriormente en condiciones de libre competencia; y 3) numerosas solicitudes de exclusión del ámbito de las medidas compensatorias presentadas por las empresas demostraban que las compras de trozas y madera aserrada en condiciones de libre competencia eran significativas. Habían solicitado su exclusión, sobre esta base, 230 empresas.

4.46 En el asunto Estados Unidos - Madera blanda III, los Estados Unidos indicaron que sabían que una parte de las empresas extractoras de madera no tenían aserraderos, y que vendían sus trozas a través de transacciones en condiciones de libre competencia. El Grupo Especial constató que los Estados Unidos habían aceptado que era necesario un análisis de la transferencia de la subvención; constató que los Estados Unidos habían incumplido las obligaciones dimanantes del Acuerdo SMC porque el USDOC no había considerado las pruebas referentes a las transacciones en condiciones de competencia y porque una autoridad no puede presuponer que una subvención otorgada a los productores del producto "de una etapa anterior de elaboración" utilizado como insumo beneficia automáticamente a los productores no vinculados de productos de una etapa posterior de elaboración (en especial si hay pruebas de la existencia de transacciones en condiciones de libre competencia entre estas entidades). En la Determinación definitiva, el USDOC ignoró estos hechos y presumió que todos los productores de la mercancía en cuestión recibieron subvenciones que podían ser objeto de derechos compensatorios en todos los casos. El USDOC disponía de los datos necesarios para calcular y restar correctamente del numerador el supuesto beneficio atribuido incorrectamente a ventas de trozas y madera aserrada realizada en condiciones de libre competencia. El USDOC, en cambio, optó por presuponer la existencia de una subvención a resultas de esas ventas, y por consiguiente, sobrevaloró la cuantía de la supuesta subvención (y la tasa de subvención).

4.47 Por consiguiente, el USDOC no ha establecido que concurren los elementos de una subvención al no haber demostrado la existencia de una transferencia de la contribución financiera y del beneficio. Por consiguiente, los Estados Unidos han quebrantado el artículo 10, los párrafos 1 y 4 del artículo 19 y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC, así como el párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994.

2. Los programas provinciales de derechos de tala del Canadá no son específicos para ciertas empresas

4.48 El USDOC concluyó que los receptores del beneficio de los programas provinciales de derechos de tala se limitaban a un grupo de ramas de producción; el USDOC constató que este factor bastaba para establecer que los programas eran específicos de hecho. La constatación del USDOC se basó en su definición de los términos "grupo de ramas de producción", por los que entendió las empresas y personas individuales que utilizan el programa.

4.49 En virtud del artículo 2, se puede determinar que una subvención es específica para una empresa, rama de producción o grupo de empresas o ramas de producción (determinadas empresas) bien por motivos jurídicos o bien por motivos de hecho. Una subvención es específica por motivos de derecho cuando un gobierno limita el acceso al programa explícitamente a determinadas empresas. Si una subvención no es específica por cuestiones de derecho, un Miembro podrá todavía determinar que es específica para ciertas empresas basándose para ello en la existencia de pruebas sobre los factores que se enumeran en el párrafo 1 c) del artículo 2, con la condición de que se tenga en cuenta el grado de diversificación de las actividades económicas dentro de la jurisdicción de la autoridad otorgante, así como el período durante el que se haya aplicado el programa. Cuando estos factores no indiquen que un Miembro está limitando deliberadamente el acceso al programa, éste no será específico. El párrafo 4 del artículo 2 exige que las determinaciones sobre la especificidad deberán estar "claramente fundamentadas" en base a "pruebas positivas". Esta exigente carga de la prueba exige tanto un análisis razonado como "pruebas positivas" que sirvan de apoyo a la conclusión sobre los hechos. La autoridad investigadora, por consiguiente, ha de analizar correctamente y sopesar todas las pruebas sobre los factores que se enumeran en el párrafo 1 c) del artículo 2, según corresponda en cada caso concreto, teniendo en cuenta la norma del párrafo 4 del artículo 2.

4.50 Los términos "determinadas empresas" están definidos a los efectos del artículo 2: "una empresa o rama de producción o un grupo de empresas o ramas de producción". En el presente caso está en cuestión el significado de los términos "rama de producción" y en particular "grupo de … ramas de producción". El significado de "rama de producción" es "[una] forma o rama particular de actividad productiva; una actividad comercial, una manufactura". En el contexto del Acuerdo sobre la OMC y el Acuerdo SMC ello obliga a un examen con criterios basados en el producto. En la Parte V del Acuerdo SMC se establece que la expresión "rama de producción nacional" "se entenderá … en el sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos …". [sin cursivas en el original] Así pues, la expresión "rama de producción nacional" remite a los productores, tomando como base los "productos". Por consiguiente, la indagación lógica que ha de hacer la autoridad investigadora de un Miembro importador es establecer si la rama de producción extranjera paralela está subvencionada de forma específica. Por consiguiente, la forma correcta de interpretar el término "rama de producción" en el sentido del artículo 2 es considerar que hace referencia a empresas dedicadas a la manufactura de   productos similares. La naturaleza de los productos que fabrican es también un vínculo importante que une a "un grupo de empresas o ramas de producción"; en ausencia de una identificación de las ramas de producción basada en los productos, no se puede constatar la existencia de un "grupo de ramas de producción".

4.51 El USDOC explicó que la etiqueta "grupo limitado de ramas de producción de productos de la madera" identificaba a las "empresas fabricantes de pasta de papel y papel y los aserraderos y reelaboradores que producen la mercancía en cuestión". Al concluir que los supuestos beneficios de los programas de tala se limitan a las entidades específicamente autorizadas para talar árboles en tierras de la Corona, la determinación del USDOC equivale a declarar que "los derechos de tala son específicos para quienes los utilizan", y presupone la conclusión final con respecto al factor "número limitado de usuarios". La constatación del USDOC hace superfluo e inútil el requisito de especificidad y lo mismo ocurre con la forma en que el USDOC utiliza toda la economía del Canadá como punto de referencia para constatar que la mayoría de las empresas y ramas de producción del Canadá no recibe beneficios de estos programas. Debido a este razonamiento vicioso, el USDOC no determinó exactamente, en concreto, cuáles eran los usuarios reales de los programas de derechos de tala y no tuvo en cuenta las pruebas que constaban en el expediente y que establecían que eran muchas las empresas y ramas de producción que utilizaban los programas de derechos de tala. El USDOC tampoco analizó, en función de los tipos de empresa, qué ramas de producción utilizan los programas de derechos de tala para determinar si constituyen realmente un "grupo de ramas de producción".

4.52 El Canadá ha presentado pruebas significativas referentes a la cuestión de la especificidad, con inclusión de voluminosas respuestas a cuestionarios y estudios de expertos sobre cuestiones de hecho relacionadas con la especificidad. En estos estudios se consideró el número de ramas de producción que utilizan los derechos de tala, y sus tipos, los tipos de productos producidos por los usuarios de los derechos de tala y la distribución proporcional entre las distintas categorías de productos de la fibra de madera obtenida en el Canadá. Estos estudios demostraban que había 23 clases distintas de ramas de producción que utilizaban los programas de derechos de tala, y que producían más de 200 productos. También demostraban que la obtención de madera blanda aserrada no era el uso final dominante. Muchos productores de la mercancía en cuestión producían también productos no sometidos a investigación y entre los usuarios de los derechos de tala cabía mencionar, entre otros, a los productores de pasta de papel y productos de papel, productos de madera dura, madera para tejados y tablillas, muebles de cocina, accesorios y productos deportivos. Además, el USDOC, al alegar que un programa de subvenciones que no subvenciona a la "gran mayoría de las empresas y ramas de producción" es "específico", formula una determinación negativa, y no tanto la determinación positiva necesaria, es decir, que el Gobierno ha limitado deliberadamente el acceso a determinadas empresas.

4.53 El USDOC tampoco ha analizado si los programas de derechos de tala son específicos de hecho, teniendo en cuenta el contexto de los cuatro factores a que hace referencia el párrafo 1 c) del artículo 2. Para llevar a cabo un análisis de conformidad con dicho párrafo, se han de analizar las pruebas y han de sopesarse los factores en función de diferentes explicaciones. Los Estados Unidos, según ellos mismos han admitido, reconocen que son las características inherentes del supuesto producto lo que limita el número de usuarios del programa, y no un favoritismo deliberado del Gobierno. Habida cuenta del carácter del recurso forestal en cuestión, es insostenible basar una constatación sobre la especificidad exclusivamente en el factor "número limitado de usuarios". Sostener lo contrario equivaldría a refundir de forma inadmisible los criterios del artículo 1 (aportación de un bien) y el artículo 2 (favoritismo del gobierno), ya que haría superfluo el requisito de especificidad en todos los casos en que se constate que la aportación de un recurso natural constituye una subvención según los términos del párrafo 1 del artículo 1.

4.54 La constatación estadounidense sobre la especificidad que figura en la Determinación definitiva equivale a una presunción irrefutable, basada en la naturaleza de la mercancía en cuestión y del supuesto "bien" entregado, de que la supuesta subvención es específica. En el presente caso, la determinación de una especificidad  de facto de conformidad con el párrafo 1 c) del artículo 2 hubiera exigido at a minimum un examen de los demás factores enumerados. Además, el párrafo 1 c) del artículo 2 obliga a la consideración de la diversificación de las actividades económicas. Las pruebas sobre la diversificación de las actividades económicas en las provincias del Canadá, y en particular en Columbia Británica, disminuyen en gran medida el peso que ha de atribuirse en el presente caso al factor "número limitado de usuarios". Si se tienen en cuenta las pruebas sobre la diversificación de las economías provinciales, la conclusión correcta con respecto al primer factor es que: 1) los programas de derechos de tala no son utilizados solamente por dos o tres ramas de producción sino que, por el contrario, 2) los programas de derechos de tala están abiertos a algo más que un número limitado de ramas de producción. Y aunque no fuera éste el caso, el motivo sería la poca diversificación de las economías provinciales y las características inherentes de los derechos de tala.

3. La metodología de cálculo utilizada por el USDOC exagera de forma inadmisible la tasa de la supuesta subvención y el tipo del derecho compensatorio

4.55 Los Estados Unidos impusieron unos derechos compensatorios que excedían de la cuantía de la supuesta subvención otorgada a la mercancía en cuestión. Primero, el USDOC exageró la supuesta tasa de subvención al adoptar un factor "nacional", desfasado en el tiempo e insostenible en función de los hechos, para convertir las mediciones estadounidenses del volumen de la madera en mediciones canadienses, con el fin de determinar los precios de comparación que se utilizarían en su análisis transfronterizo ilegal. Segundo, el USDOC calculó el supuesto beneficio total basándose en todas las trozas procedentes de tierras de la Corona que entraban en los aserraderos, en lugar de utilizar como base el supuesto beneficio en función del volumen de las trozas (menos del 40 por ciento del total) que se convertía en madera blanda aserrada, y a continuación asignó el supuesto beneficio en función únicamente del valor de las ventas de determinados productos obtenidos de las trozas. El efecto, una vez más, fue sobrevalorar la supuesta subvención. Tercero, el USDOC exageró el tipo del derecho aplicado al sobredimensionar el valor de las ventas de la mercancía en cuestión; pretendía que había calculado la tasa de subvención sobre la base del "último aserradero" (incluidas las ventas a los reelaboradores), pero, contradiciendo las pruebas que figuraban en el expediente, había elaborado una estimación de las ventas al último aserradero que en gran medida excluía tales ventas. Todos estos actos exageraban la cuantía de la supuesta subvención, infringiendo así el Acuerdo SMC.

4.56 No se pueden imponer derechos compensatorios de una cuantía superior a la de la subvención. El párrafo 4 del artículo 19 del Acuerdo SMC y el párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994 establecen esta disciplina fundamental para los derechos compensatorios. Un derecho compensatorio impuesto de este modo infringe también el artículo 10 y el párrafo 1 del artículo 32, que establecen que sólo podrán imponerse derechos compensatorios de conformidad con las disposiciones del Acuerdo SMC y el GATT de 1994.

4. Desarrollo de la investigación

4.57 En el curso de la investigación, los Estados Unidos no facilitaron a las partes interesadas información y pruebas fundamentales, no dieron aviso de que estaban utilizando información muy importante para su determinación y no dieron a las partes interesadas la oportunidad de presentar pruebas, hacer alegaciones y defender de otro modo sus intereses. Al imponer derechos compensatorios en virtud de una investigación que no respetó las disposiciones de los párrafos 1, 3 y 8 del artículo 12 del Acuerdo SMC, los Estados Unidos infringieron el artículo 10 y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC.

4.58 Como se ha indicado, el USDOC utilizó en sus comparaciones transfronterizas ilegales los precios de los derechos a corto plazo de aprovechamiento de madera en tierras estatales estadounidenses como punto de referencia para comparar las cuotas por derechos de tala aplicadas por las provincias del Canadá, haciendo así que la elección de un Estado concreto como punto de comparación fuera fundamental para la determinación de la existencia de una supuesta subvención provincial. Sin embargo, en los casos de Alberta y Saskatchewan, el USDOC cambió el Estado utilizado como comparación, pasando de Montana en la Determinación provisional a Minnesota en la Determinación definitiva, sin dar aviso a las partes interesadas ni dar a éstas la oportunidad de presentar pruebas o alegaciones sobre la inadecuación de Minnesota como punto de referencia. De acuerdo con el razonamiento del Grupo Especial que examinó el asunto Guatemala - Cemento II, "[s]i concurre la circunstancia de que la base de hechos en que se basa la medida provisional es significativamente diferente de la base de hechos en que se basa la medida definitiva resultará claramente inadecuada la revelación de los 'hechos esenciales' que sirvieron de base para la determinación preliminar".

4.59 Igualmente, el USDOC no dio a las partes interesadas la oportunidad de presentar todas las pruebas y argumentos con respecto a una información que era muy importante para los cálculos del precio estadounidense utilizado como punto de referencia de Quebec. En concreto, el USDOC solicitó y obtuvo a su debido tiempo información del Consejo de Productos Forestales de Maine (MFPC), pero la mantuvo fuera del expediente hasta que Quebec solicitó formalmente su presentación. El USDOC calificó a continuación la información del MFPC de "extemporánea", aunque posteriormente aceptara y utilizara como base dos informes presentados por los solicitantes para rechazar la información del MFPC. No se dio oportunidad a las partes interesadas de replicar a los informes de los solicitantes.

5. Iniciación de la investigación Madera IV

4.60 El USDOC inició la investigación  Madera IV basándose en una constatación de que el 67 por ciento de la rama de producción de madera aserrada blanda de los Estados Unidos apoyaba la solicitud. Los productores de madera aserrada blanda que presentaron o apoyaron la solicitud, por el hecho de haberla apoyado, reúnen las condiciones para recibir los pagos en efectivo previstos por la Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones de 2000 (Enmienda Byrd). El consejero legal del solicitante, la Coalition for Fair Lumber Imports Executive Committee, utilizó la perspectiva de los pagos previstos en la  Enmienda Byrd como incentivo para obtener apoyos para la solicitud. Por consiguiente, la investigación se inició sobre la base de un apoyo de los productores nacionales que fue solicitado activamente mediante promesas y la perspectiva de pagos directos por el Gobierno de los Estados Unidos.

4.61 El párrafo 4 del artículo 11 obliga a los Miembros a llevar a cabo un "examen" del grado de apoyo a la solicitud y a que "determin[en]", basándose en ese examen, que la solicitud ha sido hecha por o en nombre de la rama de producción nacional. Los términos "determin[en]" y "examen" denotan, juntos o por separado, una consideración, evaluación o sopesamiento activo de pruebas que se traduce en una conclusión. Esta lectura inmediata de los términos es confirmada por el contexto. El artículo 11, además de establecer "umbrales cuantitativos", establece que la reclamación original por el supuesto daño causado a una rama de producción ha de contener pruebas que han de estar fundamentadas. Por consiguiente, la obligación que establece el párrafo 4 del artículo 11 no consiste simplemente en que los solicitantes presenten pruebas del apoyo de la rama de producción nacional, sino también consiste en que la autoridad investigadora realice un examen y formule una determinación objetiva sobre el nivel de ese apoyo. El Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos - Ley de compensación (Enmienda Byrd) describió el objeto y fin del párrafo 4 del artículo 11 indicando que obligaba a la autoridad a examinar el grado de apoyo que había para una solicitud y a determinar si ésta había sido hecha por o en nombre de la rama de producción nacional.

4.62 Para que el párrafo 4 del artículo 11 tenga algún significado, el "examen" del grado de apoyo a la solicitud y la determinación de que la solicitud fue hecha por o en nombre de la rama de producción nacional han de ser objetivos e imparciales. La orden de imposición de derechos compensatorios resultante de la investigación Madera IV está sometida a las disposiciones de la Enmienda Byrd. Como los pagos que realizan los Estados Unidos en virtud de la Enmienda Byrd inducen a los productores nacionales a que apoyen solicitudes de este tipo, los Estados Unidos no pueden realizar un examen y formular una determinación sobre el nivel de apoyo a estas solicitudes por parte de los productores nacionales que sean objetivos e imparciales. Así se deduce de la constatación del Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos - Ley de compensación (Enmienda Byrd). Ese Grupo Especial constató que el reducido gasto que supone apoyar una solicitud sumado a la gran probabilidad de que todos los productores se sientan obligados a mantener abierta la posibilidad de recibir pagos compensatorios significa que la gran mayoría de las solicitudes logrará el nivel necesario de apoyo. El Grupo Especial concluyó que la Ley de compensación, al exigir como requisito para recibir pagos de compensación que se haya apoyado la solicitud, obliga en efecto a los productores nacionales a apoyar esa solicitud y deja sin contenido el umbral del párrafo 4 del artículo 11. Los Estados Unidos, puesto que la iniciación de la investigación Madera IV es incompatible con el párrafo 4 del artículo 11, han impuesto, por consiguiente, medidas compensatorias en infracción del artículo 10 y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC.

6. Exámenes administrativos

4.63 El Canadá planteó en el curso de las consultas algunas cuestiones respecto al funcionamiento de la legislación estadounidense sobre los exámenes administrativos. En particular, el Canadá preguntó si los productores y exportadores individuales podían pedir y obtener exámenes administrativos para cada empresa individual, de conformidad con la legislación estadounidense. En su solicitud de establecimiento del grupo especial, el Canadá alegó que la legislación estadounidense con respecto a los exámenes administrativos infringía el artículo 10, los párrafos 3 y 4 del artículo 19, los párrafos 1 y 2 del artículo 21 y el párrafo 1 del artículo 32 del Acuerdo SMC, así como el párrafo 3 del artículo VI del GATT de 1994. El Canadá planteó ya unas cuestiones similares en el caso Estados Unidos - Madera blanda III. En ese procedimiento, los Estados Unidos se opusieron a la descripción de su legislación hecha por el Canadá y afirmaron que disponían de capacidad discrecional para realizar exámenes administrativos de empresas específicas. El Grupo Especial que examinó el asunto Estados Unidos - Madera blanda III formuló constataciones a este respecto en las que asumía sustancialmente la explicación estadounidense sobre el origen y alcance de la capacidad discrecional del USDOC. Los Estados Unidos confirmaron estas declaraciones en las consultas mantenidas con motivo del presente asunto. A la vista de las declaraciones y constataciones anteriores, el Canadá entiende que los Estados Unidos disponen de capacidad discrecional para llevar a cabo exámenes administrativos y harán uso de esa capacidad de forma compatible con la OMC. El Canadá se reserva el derecho de presentar argumentos adicionales con respecto a estas alegaciones, caso de que sea incorrecta su forma de entender la postura de los Estados Unidos.

B. PRIMERA COMUNICACIÓN ESCRITA DE LOS ESTADOS UNIDOS

4.64 En su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos formularon los argumentos que a continuación se resumen.

1. Introducción

4.65 El tema recurrente del Canadá en el presente asunto se resume sucintamente en su afirmación de que no pueden imponerse derechos compensatorios por programas de los gobiernos "que se adopten en el contexto del marco general de políticas económicas y sociales de un Miembro, como lo es la explotación sostenible de los recursos naturales". La afirmación del Canadá parece hueca cuando se compara con las obligaciones asumidas por los Miembros en virtud del Acuerdo SMC.

4.66 Más del 60 por ciento de la madera aserrada subvencionada del Canadá se exporta a los Estados Unidos. Las disposiciones del Acuerdo SMC están destinadas a garantizar que, si el Canadá opta por subvencionar la producción de madera aserrada por razones de política social, la rama de producción estadounidense de madera aserrada no estará obligada a pagar el precio. El derecho de los Estados Unidos a imponer medidas compensatorias que anulen la subvención otorgada a miles de millones de dólares de importaciones dañinas de madera aserrada del Canadá está protegido por el Acuerdo SMC y, por consiguiente, no debe ser negado.

2. Norma de examen

4.67 El artículo 11 del ESD establece la norma de examen aplicable en el presente caso. El artículo 11 dispone que los grupos especiales deberán hacer una evaluación objetiva del asunto que se les haya sometido y determinar si la medida identificada es compatible con las disposiciones del Acuerdo sobre la OMC en las que la alegación se base. Es importante tener en cuenta, a este respecto, que los grupos especiales no pueden añadir o restar nada a los derechos y obligaciones previstos en el Acuerdo SMC o el GATT de 1994. También está claramente establecido que los grupos especiales no deben realizar un examen de novo de las pruebas, ni sustituir con la suya la decisión de la autoridad competente.

3. Argumentación

a) Incumbe al Canadá la carga de la prueba de su alegación

4.68 En una diferencia sometida a la OMC, incumbe al reclamante la carga de la prueba. Esto significa, de entrada, que incumbe al Canadá, como reclamante, la carga de aportar pruebas y argumentos que acrediten una presunción prima facie de infracción. También significa que, si el equilibrio de las pruebas no es concluyente con respecto a una alegación concreta, ha de considerarse que el Canadá no ha fundamentado esa alegación.

b) La Determinación definitiva en materia de derechos compensatorios es compatible con el Acuerdo SMC

i) El USDOC determinó adecuadamente que los programas provinciales de derechos de tala constituyen una "contribución financiera"

La madera en bruto es un bien según los términos del párrafo 1 a) 1) iii) del artículo 1 del Acuerdo SMC

4.69 El párrafo 1 a) 1) iii) del artículo 1 establece que se considerará que existe una contribución financiera cuando un gobierno "proporcione bienes o servicios que no sean de infraestructura general". El Acuerdo SMC no define expresamente el significado de los términos "proporcione" o "bienes". Por consiguiente, el Grupo Especial debe examinar el sentido corriente de estos términos. La definición de diccionario que cita el propio Canadá define explícitamente el término "bienes" de forma que abarca todas las "propiedades o posesiones", con inclusión de "los cultivos en crecimiento, y otras cosas identificadas que hayan de separarse de propiedades inmuebles". En la legislación canadiense se define el término "bienes" de forma similar. Las provincias del Canadá, mediante sus sistemas de tenencia, proporcionan una "cosa identificada que haya de separarse de propiedades inmuebles", es decir, madera en bruto.

4.70 El Canadá hace la extraordinaria afirmación de que un bien ha de ser un producto que pueda ser objeto de comercio. El Canadá basa esta conclusión en unos argumentos erróneos lógicamente e ignora los principios básicos de interpretación de los tratados que están reflejados en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El Canadá pide que el Grupo Especial deduzca, de la utilización de los términos "productos importados" que se utilizan en el párrafo 1 b) del artículo 3 del Acuerdo SMC y del término "producto" que se utiliza en las Partes III y V del Acuerdo SMC, que por "bienes" sólo puede entenderse bienes que sean objeto de comercio y que puedan ser inscritos en las listas a que hace referencia el artículo II del GATT de 1994. El hecho de que los "productos" sean bienes y el hecho de que los "productos importados" sean bienes, sin embargo, no quiere decir lógicamente que haya de deducirse que no entra nada más en el ámbito del significado del término "bienes".

Los regímenes provinciales de tenencia "proporcionan" madera en bruto

4.71 El Canadá alega que los gobiernos provinciales no proporcionan madera a los productores de madera aserrada, sino más bien se limitan a reconocer ciertos derechos de propiedad sobre la madera: el derecho de acceso a la misma o el derecho de extraerla. Según el New Shorter Oxford English Dictionary, sin embargo, la definición de "provides" (en la versión española "proporcione") incluye "make available" ("poner a disposición de"), además de "supply or furnish for use" ("suministrar o proveer para su uso"). Por tanto, aun en el caso de que se considerara que simplemente otorgan el derecho de acceso a la madera o de extracción de la misma, en lugar de proporcionar la madera en bruto misma, ese suministro seguiría representando el suministro de un bien en el sentido del párrafo 1 a) 1) iii) del artículo 1 del Acuerdo SMC porque el gobierno pone la madera a disposición de los productores de madera aserrada.

4.72 El examen de los hechos demuestra una vez más que el Canadá intenta imponer la forma sobre la sustancia. El USDOC constató, y el Grupo Especial que examinó el asunto  Estados Unidos - Madera blanda III aceptó⁶, que desde el punto de vista del titular de la tenencia no existe diferencia alguna entre que el gobierno otorgue un derecho a extraer madera y que el gobierno proporcione realmente la madera gracias al ejercicio de este derecho por el titular. De hecho, la única manera de proporcionar madera en pie (el bien en cuestión) es atribuyendo el derecho a extraer esa madera. Debe quedar fuera de toda discusión que si un gobierno otorga a una empresa el derecho a tomar un bien, tanto si se trata de retirar un artilugio cualquiera de un almacén aduanero como si se trata de extraer madera de tierras públicas, el gobierno está "proporcionando" ese bien según los términos del párrafo 1 a) 1) iii) del artículo 1 del Acuerdo SMC.

ii) Los Estados Unidos determinaron adecuadamente que los programas provinciales de derechos de tala otorgan un beneficio

Un beneficio es algo más favorable de lo que se obtendría en el mercado de no ser por la contribución financiera

4.73 Los Estados Unidos, después de haber determinado adecuadamente que se hizo una contribución financiera a los productores canadienses de madera aserrada blanda, estaban obligados a determinar si "con ello se otorga un beneficio", según los términos del párrafo 1 b) del artículo 1 del Acuerdo SMC. El Acuerdo SMC no define el término "beneficio". Sin embargo, el significado del término según es utilizado en el párrafo 1 b) del artículo 1 ha sido explorado en la OMC por anteriores grupos especiales y por el Órgano de Apelación, que han establecido que un beneficio es algo más favorable de lo que se obtendría en el mercado de no ser por una contribución financiera, y que "el 'mercado' al que debe hacerse referencia es el mercado comercial, es decir, un mercado no distorsionado por la intervención del gobierno".⁷

Comparar el precio de un bien fijado por el gobierno con el valor equitativo de mercado de ese bien en el país de suministro es compatible con el apartado d) del artículo 14 del Acuerdo SMC

4.74 El artículo 14 del Acuerdo SMC contiene unas directrices para calcular el beneficio conferido por una subvención, que establecen que "no se considerará que el suministro de bienes o servicios … por el gobierno confiere un beneficio, a menos que el suministro se haga por una remuneración inferior a la adecuada". En el texto del Acuerdo SMC no se define cuál es la "remuneración adecuada". Sin embargo, en el contexto del apartado d) del artículo 14, remuneración "adecuada" tiene que significar remuneración suficiente para eliminar el posible beneficio. Como ya se ha examinado anteriormente, un beneficio es algo más favorable de lo que se obtendría en el mercado comercial, es decir, el valor equitativo de mercado. Lógicamente, por tanto, la remuneración "adecuada" es el valor equitativo de mercado. Por consiguiente, el apartado d) del artículo 14 establece que el beneficio se debe calcular comparando el precio de los bienes o servicios fijado por el gobierno con el valor equitativo de mercado de los bienes o servicios en el país de suministro.

4.75 La cuestión es establecer qué pruebas pueden utilizarse para establecer cuál es ese valor equitativo de mercado si se respeta la directriz del apartado d) del artículo 14 del Acuerdo SMC según la cual la remuneración adecuada se ha de calcular "en relación con las condiciones reinantes en el mercado … en el país de suministro". El apartado d) del artículo 14 no establece qué tipo de pruebas ha de utilizarse cuando se evalúe la cuestión del beneficio. Los precios registrados en el Canadá eran un indicador o inexistente o no fiable del valor equitativo de mercado. Así pues, tras un profundo análisis para garantizar la comparabilidad, los Estados Unidos utilizaron los precios de mercado de la madera en bruto de los Estados fronterizos del norte de los Estados Unidos como punto de partida para el cálculo de los puntos de referencia del valor equitativo de mercado en cada una de las provincias, a continuación analizaron las condiciones reinantes en el mercado del Canadá (por ejemplo, obligaciones de construir carreteras, silvicultura y protección frente a incendios y enfermedades) y ajustaron el cálculo de los puntos de referencia en consecuencia, para llegar al valor equitativo de mercado de la madera en bruto en el Canadá.

4.76 El propio Canadá ha reconocido que pueden utilizarse, como base para evaluar el valor equitativo de mercado en el país de suministro, datos sobre precios de fuentes distintas del país de suministro. La cuestión central en la reclamación del Canadá, por tanto, no es si el apartado d) del artículo 14 impide la utilización de precios "fuera del país de suministro" (por ejemplo, los precios de importación) para evaluar el valor equitativo de mercado en el país de suministro. Al contrario, las cuestiones centrales en la alegación del Canadá son cuestiones de hecho: 1) ¿tenían los Estados Unidos un fundamento razonable para rechazar los precios privados que se practicaban en el Canadá como base para establecer el valor equitativo de mercado?; y 2) ¿los datos sobre los precios de la madera en bruto comparable en el norte de los Estados Unidos podían servir de base fáctica razonable para establecer el valor equitativo de mercado de la madera en bruto en el Canadá? Como ya se ha examinado, la respuesta a estas dos preguntas es sí; por consiguiente, debe desestimarse la alegación del Canadá.

Los precios privados en el Canadá no constituyen una base fiable para determinar el valor equitativo de mercado

4.77 Como antes se ha indicado, el Órgano de Apelación y anteriores grupos especiales de la OMC han constatado que "el mercado proporciona una base de comparación apropiada"⁸   y que "el 'mercado' al que debe hacerse referencia es el mercado comercial, es decir, un mercado no distorsionado por la intervención del gobierno".⁹ Los precios deprimidos por la contribución financiera del gobierno no representan un precio de mercado comercial que permita medir el beneficio ya que no representan un "mercado no distorsionado por la intervención del gobierno".

4.