SICE - OMC - México

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO	WT/DS204/R 2 de abril de 2004 (04-1211)
	Original: inglés

MÉXICO - MEDIDAS QUE AFECTAN A LOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Informe del Grupo Especial

(Continuación)

B. SECCIÓN 1.1 DEL DOCUMENTO DE REFERENCIA: PREVENCIÓN DE LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS EN LA ESFERA DE LAS TELECOMUNICACIONES

4.253 Los Estados Unidos alegan que las Reglas LDI de México operan de manera tal que impide la competencia en la terminación del tráfico transfronterizo con conmutación, mantiene artificialmente elevadas las tarifas de interconexión internacional y no deja a los proveedores extranjeros otra opción que la de pagar la tarifa negociada por Telmex si desean proporcionar servicios con carácter transfronterizo. Según los Estados Unidos, las Reglas LDI de México facultan a Telmex para emplear prácticas monopolísticas con respecto a las tarifas de interconexión para servicios de telecomunicaciones básicas que son objeto de suministro transfronterizo y crear un verdadero cártel dominado por esa empresa para fijar las tarifas de tal interconexión.⁴⁵² Por tales razones, los Estados Unidos alegan que México ha incumplido los compromisos que ha asumido con arreglo a la sección 1.1 del Documento de Referencia⁴⁵³, que estipula que "[s]e mantendrán medidas adecuadas con el fin de impedir que aquellos proveedores que, individual o conjuntamente, sean un proveedor importante empleen o sigan empleando prácticas anticompetitivas".⁴⁵⁴

4.254 México responde que sus Reglas LDI no están sujetas a las obligaciones del Documento de Referencia y, por lo tanto, no pueden ser incompatibles con la sección 1.1.^455, ⁴⁵⁶Señala México, además, que incluso si sus Reglas LDI estuviesen sujetas a las obligaciones del Documento de Referencia, los Estados Unidos, para que su reclamación tuviese éxito, tendrían que establecer prima facie que México no ha mantenido "las medidas apropiadas, con el propósito de prevenir que, los proveedores que […] como proveedor principal, se involucren en, o continúen con prácticas anticompetitivas". Según México, los Estados Unidos no han hecho eso.⁴⁵⁷ Sostiene México también que los Estados Unidos han interpretado mal las obligaciones de la sección 1.1.⁴⁵⁸ Señala igualmente México que, si bien sus Reglas LDI no están sujetas a las obligaciones del Documento de Referencia, ha mantenido medidas adecuadas con el propósito de evitar que Telmex incurra en prácticas anticompetitivas.⁴⁵⁹ Según México, sus medidas se ajustan a las normas de la sección 1.1 del Documento de Referencia, dedicada a las prescripciones de las "Salvaguardias de la competencia".⁴⁶⁰

1. Norma de examen del Grupo Especial

4.255 México sostiene que el hecho de que los Estados Unidos puedan tener diferentes metas enfocadas a la promoción de los intereses de los operadores estadounidenses no debe influir en la forma en que el Grupo Especial interprete la sección 1 a la luz de los objetivos del AGCS, que dice:

"Deseando el pronto logro de niveles cada vez más elevados de liberalización del comercio de servicios […] respetando debidamente al mismo tiempo los objetivos de las políticas nacionales;
Reconociendo el derecho de los Miembros a reglamentar el suministro de servicios en su territorio […] con el fin de realizar los objetivos de su política nacional, y la especial necesidad de los países en desarrollo de ejercer este derecho, dadas las asimetrías existentes en cuanto al grado de desarrollo de las reglamentaciones sobre servicios en los distintos países;
Deseando facilitar la participación creciente de los países en desarrollo en el comercio de servicios y la expansión de sus exportaciones de servicios mediante, en particular, el fortalecimiento de su capacidad nacional en materia de servicios y de su eficacia y competitividad … ."⁴⁶¹

4.256 México sostiene también que, al contrario de lo que los Estados Unidos argumentan implícitamente, la sección 1.1 no obliga a un grupo especial a actuar como autoridad nacional en materia de defensa de la competencia. A juicio de México, la sección 1.1 establece "definiciones y principios" para las autoridades reguladoras y no se puede interpretar en el sentido de que obligue a aplicar un sistema reglamentario común en el territorio de todos los Miembros de la OMC.⁴⁶²

2. Sección 1.1 del Documento de Referencia de México
a) Finalidad de la sección 1.1

4.257 Según los Estados Unidos, la sección 1.1 del Documento de Referencia de México prevé el mantenimiento de medidas apropiadas con el fin de impedir que los proveedores principales se involucren en o continúen con prácticas anticompetitivas.⁴⁶³ Los Estados Unidos señalan que esas medidas apropiadas se proponen impedir la conducta anticompetitiva de los proveedores que "de manera individual o conjunta" sean un proveedor principal. Los Estados Unidos sostienen que la expresión "o conjunta" que figura en la sección 1.1 indica que los negociadores consideraron pertinente la coordinación horizontal entre proveedores. Indican los Estados Unidos también que, aunque esta expresión es directamente pertinente para la definición de "proveedor principal", también proporciona un contexto para la interpretación de la expresión "prácticas anticompetitivas" que, según los Estados Unidos, incluye, como mínimo, los acuerdos horizontales para la fijación de precios.⁴⁶⁴

4.258 Según México, la obligación de la sección 1.1 es mantener medidas "acomodadas o proporcionadas" con el "ánimo o la intención de" impedir que Telmex incurra en prácticas anticompetitivas.⁴⁶⁵ México alega que la sección 1.1 está redactada de tal manera que otorga a México un amplio margen de discrecionalidad para decidir qué medidas serían apropiadas para alcanzar los objetivos establecidos, y no puede ser interpretada de tal manera que signifique que México está obligado a evitar que todos los proveedores empleen o sigan empleando prácticas anticompetitivas, como sugieren los Estados Unidos.⁴⁶⁶ México sostiene también que la sección 1.1 establece una obligación de intención y no una obligación de resultados.⁴⁶⁷

b) Alcance de lo exigido en virtud de la sección 1.1

4.259 México sostiene que la sección 1 del Documento de Referencia no exige que los mercados estén abiertos a la competencia. Según México, la apertura de los mercados es una cuestión de acceso a los mercados, la cual se regula conforme a los compromisos específicos de la Lista de México. Sostiene México que la sección 1 obliga solamente a que se mantengan las medidas apropiadas con el propósito de impedir que los proveedores principales se involucren en, o continúen con, prácticas anticompetitivas.⁴⁶⁸

4.260 Los Estados Unidos sostienen que no alegan que la sección 1 exija un resultado garantizado y están de acuerdo en que la obligación consiste en mantener medidas adecuadas.⁴⁶⁹ Según los Estados Unidos, lo importante es que las Partes mantengan medidas de algún tipo para prevenir, y no para estimular o perdonar, conductas anticompetitivas en el mercado.⁴⁷⁰ Sostienen los Estados Unidos también que no alegan que la sección 1 del Documento de Referencia contenga disposiciones que exijan que los mercados estén abiertos a la competencia o que las prescripciones del Documento de Referencia sólo puedan cumplirse mediante la apertura de un mercado a la competencia. Según los Estados Unidos, la obligación de México de abrir varios mercados dimana de la amplia gama de compromisos de acceso a los mercados de telecomunicaciones básicas que figuran en su Lista.⁴⁷¹

i) "Medidas apropiadas"

aa) ¿Son las Reglas LDI "medidas apropiadas" con arreglo a la sección 1.1?

4.261 Los Estados Unidos afirman que la FCC ha señalado que la Regla 13 limita la competencia y restringe la capacidad de conseguir tarifas de interconexión transfronteriza basadas en los costes.⁴⁷² Según los Estados Unidos, las Reglas 13 y 23 impiden a los proveedores mexicanos y extranjeros convenir tarifas alternativas que podrían ejercer presiones competitivas sobre la tarifa negociada exclusivamente por Telmex.⁴⁷³ Los Estados Unidos sostienen que las Reglas LDI de México son precisamente lo contrario de las medidas "apropiadas" para impedir prácticas anticompetitivas que prescribe la sección 1.1 del Documento de Referencia.⁴⁷⁴

4.262 México sostiene que la sección 1.1 no obliga a México a asegurar que Telmex no actúe de manera anticompetitiva. Sostiene México que su obligación es adoptar medidas adecuadas para impedir prácticas anticompetitivas⁴⁷⁵, y que ha mantenido medidas adecuadas a fin de impedir que Telmex incurra en prácticas anticompetitivas.⁴⁷⁶ Según México, debe reconocerse que las Reglas LDI persiguen legítimos objetivos de política de desarrollo y, de hecho, constituyen medidas apropiadas para promover y asegurar la competencia entre los operadores nacionales de larga distancia.⁴⁷⁷ A juicio de México, la alegación de los Estados Unidos en el marco de la sección 1.1 debe ser rechazada, incluso si se admite la interpretación incorrecta de los Estados Unidos de la obligación en la sección 1.1, puesto que las Reglas LDI no exigen prácticas anticompetitivas.⁴⁷⁸

4.263 México sostiene que la Regla 13 establece que el mayor operador de tráfico internacional de salida a un país determinado es quien puede negociar las tarifas para la terminación de llamadas internacionales que entren de dicho país. Señala México que el sistema de tarifas de liquidación uniformes asegura que a todos los proveedores mexicanos del servicio internacional que terminen llamadas internacionales se les pague la misma tarifa negociada. Señala México también que la tarifa de retorno proporcional asegura que cada proveedor mexicano reciba una cuota proporcional al número de llamadas que efectivamente origina.⁴⁷⁹ Según México, la combinación de estas políticas evita que el mayor operador aproveche su ventaja de dicha facultad reteniendo una parte inequitativa de los ingresos por tráfico internacional entrante, o que de otra forma limite la entrada de nuevos entrantes.⁴⁸⁰

4.264 Según los Estados Unidos, no es posible interpretar que se promueve la competencia cuando, para proteger los precios más altos de un proveedor importante, se impide que los nuevos participantes compitan en los precios.⁴⁸¹ Los Estados Unidos sostienen que México no ha ofrecido ninguna prueba de que los nuevos operadores participantes necesiten ser protegidos de un mercado competitivo o de Telmex. A su juicio, las mejores perspectivas de conseguir una participación en el mercado y desafiar el dominio de Telmex las ofrece, de hecho, la libertad de competir con Telmex. Los Estados Unidos argumentan que la legislación general de México en materia de competencia y el organismo que se ocupa de la competencia, la CFC, pueden hacer frente a los intentos de Telmex, sola o en colusión con otros, de comportarse de manera excluyente o predatoria, una vez que se supriman los obstáculos que entrañan las Reglas LDI.⁴⁸² Alegan los Estados Unidos que, aunque México mantiene un régimen general de competencia, mantiene también medidas, recogidas en las Reglas LDI, que obligan a sus empresas de telecomunicaciones a adherirse a un cártel horizontal de fijación de precios dirigido por Telmex, limitan la competencia en lo que se refiere a la terminación del tráfico internacional de telecomunicaciones con conmutación y restringen de otro modo el suministro de servicios de telecomunicaciones consignados en las listas.⁴⁸³ Los Estados Unidos sostienen que esas medidas sofocan las otras fuerzas del mercado y permiten a Telmex mantener precios artificialmente elevados.⁴⁸⁴

4.265 Los Estados Unidos citan el informe de México al Comité de la OCDE sobre Ley y Política, en el que México manifestó que sus Reglas LDI podrían no ser las mejores para la competencia.⁴⁸⁵ Los Estados Unidos alegan que Telmex es exactamente el tipo de antiguo monopolio oficial que el Documento de Referencia se propone limitar a fin de hacer posible el desarrollo del comercio de servicios de telecomunicaciones básicas en régimen de competencia.⁴⁸⁶ Alegan también los Estados Unidos que el informe de la OCDE sobre la reforma reglamentaria en México ha reconocido que las Reglas LDI de México impiden la competencia en la terminación del tráfico internacional e impiden la disminución del precio que pagan los consumidores, en beneficio de los operadores de telecomunicaciones mexicanos. Los Estados Unidos señalan también que la secretaría de la OCDE llegó a la conclusión de que la eliminación del sistema mexicano daría lugar a una disminución inmediata de los precios de las llamadas internacionales.⁴⁸⁷

4.266 México sostiene que sus Reglas LDI no son por sí mismas anticompetitivas, sino que forman parte del marco reglamentario de México, el cual tiene el objetivo de incrementar la competencia en el mercado nacional de telecomunicaciones.⁴⁸⁸ Alega México que la Regla LDI 13, en combinación con su sistema de tarifas de liquidación uniformes y el requisito de retorno proporcional, sirve para preservar la competencia entre operadores nacionales y para promover la inversión en la infraestructura nacional de telecomunicaciones, y no puede ser evaluada de manera aislada.⁴⁸⁹

4.267 Los Estados Unidos creen que las Reglas LDI de México contienen una restricción explícita de la competencia en materia de precios, junto con la distribución de la oferta entre los participantes en el mercado, es decir, las características clásicas de un cártel. Dicen los Estados Unidos que México reconoce que las Reglas LDI tienen la consecuencia de impedir que los operadores más pequeños fijen precios inferiores a los de Telmex.⁴⁹⁰ Los Estados Unidos sostienen que la Regla LDI 13, en combinación con otras disposiciones de las Reglas LDI, exige y fomenta per se de manera positiva la conducta anticompetitiva. Según los Estados Unidos, el efecto de las Reglas de México es mantener tarifas para la interconexión internacional que son considerablemente superiores a los costos, eliminando así todo incentivo competitivo para la reducción de las tarifas de interconexión internacional. Señalan también los Estados Unidos que las reducciones de las tarifas de interconexión internacional que han tenido lugar no se pueden atribuir a ese sistema anticompetitivo.⁴⁹¹

4.268 Según los Estados Unidos, el efecto de la Regla 13 LDI es impedir a los nuevos operadores internacionales participantes en México, algunos de los cuales son filiales de proveedores estadounidenses o de otros países, que fijen precios inferiores a los precios superiores al costo cobrados por Telmex y de este modo desvíen más tráfico hacia sí. Los Estados Unidos alegan que México reconoció su preocupación ante la posibilidad de que los nuevos operadores participantes entablen una "guerra de precios" con Telmex.⁴⁹² Los Estados Unidos sostienen que, en otras palabras, el mantenimiento por México de la Regla LDI 13 no tiene por objeto impedir el daño a la competencia, sino que más bien está destinado a impedir los resultados naturales de la competencia. Señalan los Estados Unidos también que México prohíbe la competencia de precios en el mercado para la interconexión suministrada a los proveedores estadounidenses que operan de manera transfronteriza, y justifica dicha prohibición como necesaria para impedir que tal competencia reduzca las tarifas. A juicio de los Estados Unidos, esto no puede considerarse de otra forma que como anticompetitivo.⁴⁹³

4.269 México alega que las Reglas LDI que regulan las tarifas de liquidación y el retorno proporcional no sólo son adecuadas, sino también necesarias para evitar que un proveedor principal emplee prácticas anticompetitivas en el mercado mexicano de servicios de larga distancia y promover el desarrollo de la infraestructura nacional de telecomunicaciones para que cumpla con metas fundamentales tales como el mayor acceso del consumidor al servicio.⁴⁹⁴ Según México, las prescripciones sobre tarifas de liquidación uniformes y retorno proporcional que se establecen en la Regla LDI 13 son cruciales i) para conservar la competencia en el mercado nacional de México para los servicios de larga distancia y ii) para promover el desarrollo de infraestructura asegurando que la participación de los operadores en las tarifas de liquidación de llamadas entrantes sean proporcionales a sus éxitos de entrada en el mercado nacional para llamadas internacionales salientes. Esa es la razón por la cual, desde el punto de vista de México, las Reglas LDI deben ser evaluadas en su conjunto.⁴⁹⁵

4.270 Los Estados Unidos sostienen que su temor de que Telmex esté adoptando una conducta anticompetitiva en sus negociaciones sobre la tasa de distribución con empresas de los Estados Unidos se ve agravado por el hecho de que, según la Regla 13 de las Reglas publicadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, Telmex negocia las tasas de distribución para todas las empresas mexicanas.⁴⁹⁶ De ello resulta, según afirman los Estados Unidos, que Telmex disfruta de un monopolio de jure en sus negociaciones con las empresas de los Estados Unidos. Sostienen los Estados Unidos que no les queda a los proveedores estadounidenses otra opción que la de una interconexión con la red pública mexicana en la frontera, puesto que, según la Regla 3 LDI, únicamente los "operadores de puerto internacional" estarán autorizados para interconectarse con las redes públicas de telecomunicaciones de operadores de otros países. Los Estados Unidos hacen notar que, según la legislación mexicana, solamente los operadores mexicanos basados en infraestructura pueden ser titulares de una concesión para el suministro de servicios de larga distancia.⁴⁹⁷ Señalan los Estados Unidos también que México no deja a los proveedores de los Estados Unidos que deseen proporcionar servicios transfronterizos consignados otra opción que la de pagar la tarifa de interconexión negociada por Telmex. Los Estados Unidos alegan que México no permite la "reventa", que requiere el uso de circuitos privados arrendados para proporcionar tráfico de telecomunicaciones con conmutación de circuitos.⁴⁹⁸

4.271 México afirma que los argumentos de los Estados Unidos son un intento de forzar a México a permitir la reventa internacional simple.⁴⁹⁹ Según México, su compromiso se limitó a permitir que el tráfico internacional únicamente sea enrutado "a través de las instalaciones de una empresa con una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes". México aduce que la sección 1.1 no puede interpretarse de manera que indirectamente confiera a los operadores estadounidenses el acceso a la reventa internacional simple, cuando México tiene una limitación expresa que le permite prohibir la RIS.⁵⁰⁰ Según México, el resultado final del enfoque de los Estados Unidos sería afectar a proveedores de larga distancia en México y, con ello, reducir la competencia en el mercado nacional, con el argumento de reducir los costos para AT&T y WorldCom. Argumenta México también que los Estados Unidos, por cierto, no han ofrecido información alguna sobre cómo la eliminación de las Reglas LDI, propiciará la competencia en los Estados Unidos, donde WorldCom y AT&T, juntos, controlan más del 90 por ciento del tráfico de los Estados Unidos a México. A su juicio, aun con la Regla 13, el poder de negociación del duopsonio (poder de mercado exclusivo de dos compradores en un mercado) en el lado de los Estados Unidos ha sido tan dominante, y el volumen de tráfico hacia el sur es tan grande que la tarifa de liquidación se ha reducido históricamente de manera drástica.⁵⁰¹

4.272 Respondiendo a una pregunta del Grupo Especial, Méxicoindicó que no tiene conocimiento de ningún otro Miembro de la OMC que tenga una "Regla 13" de jure. Sin embargo, la mayoría de los Miembros, incluyendo los Estados Unidos, tienen una "Regla 13" de facto, ya que el operador que tiene la mayor participación en el mercado es quien negocia las tasas de distribución correspondientes (y por lo tanto, las tarifas de liquidación) con su contraparte, la cual también tiene la mayor participación correspondiente en el mercado, y el resto de los operadores en ambos lados siguen a sus líderes. Explica México que en los Estados Unidos, por ejemplo, la ISP establece las tarifas de liquidación uniformes y las reglas de retorno proporcional lo que resulta en una "Regla 13" de facto para todos los operadores estadounidenses. Sin embargo, si pudiera decirse que uno de los efectos económicos de la Regla 13 resulta "anticompetitivo", la mayoría, sino todos los Miembros de la OMC, tienen medidas regulatorias que tienen dicho efecto. Como es el caso de la Regla LDI 13, existen razones legítimas para dichas medidas y éstas no deberían de ser prohibidas simplemente porque uno de sus efectos pueda ser "anticompetitivo" conforme a un criterio o medida en particular.⁵⁰²

4.273 Los Estados Unidos sostienen que México admite, finalmente, que ningún otro Miembro de la OMC mantiene una medida similar a la Regla 13, y no identifica a ningún Miembro de la OMC, aparte de, según pretende, los Estados Unidos, que alega que "tienen una 'Regla 13' de facto". Los Estados Unidos señalan que México repite luego sus falsas acusaciones de que las normas y políticas de los Estados Unidos son similares a las de México, y nuevamente omite refutar las pruebas presentadas por los Estados Unidos que muestran que la Política de Liquidaciones Internacionales (PLI) de los Estados Unidos exige tarifas no discriminatorias en lugar de tarifas uniformes, que los requisitos de no discriminación y proporcionalidad de la PLI se aplican sólo a los acuerdos con los operadores dominantes que mantienen tarifas altas y que todos los operadores de los Estados Unidos negocian las tarifas de forma independiente.⁵⁰³

bb) ¿Podría un sistema de retorno proporcional ser una medida anticompetitiva?

4.274 México alega que la Regla 13 evita prácticas internacionales anticompetitivas. Según México, los Estados Unidos no mencionan que los otros dos operadores principales de larga distancia de México son filiales de operadores estadounidenses, y tampoco han explicado los Estados Unidos cómo podría servir a algún propósito anticompetitivo que se permitiese que los operadores estadounidenses fijaran de manera unilateral tarifas a sus filiales mexicanas. México sostiene que las Reglas LDI de México fueron adoptadas para reflejar las de los Estados Unidos, que de otra forma otorgarían a los operadores estadounidenses una ventaja negociadora inequitativa con respecto a los operadores mexicanos.⁵⁰⁴ México sostiene que las Reglas han evitado que los principales operadores extranjeros presionen a sus propias empresas afiliadas mexicanas para que acuerden precios predatorios, no económicos que únicamente servirían a los intereses de las empresas estadounidenses, en detrimento del mercado mexicano, y de esta manera socaven las posibilidades de aumentar el acceso a los servicios de telecomunicaciones básicas por aquellos que no cuentan con dicho servicio, que comprenden dos terceras partes de los hogares mexicanos.⁵⁰⁵

4.275 Los Estados Unidos responden que su sistema de reglamentación internacional en el que se supone que se basan las Reglas LDI de México es cualitativamente distinto de la reglamentación mexicana. Según los Estados Unidos, la reglamentación estadounidense está destinada a impedir los abusos monopolísticos cuando exista todavía la posibilidad de que se manifiesten, y no a autorizar ni imponer tales abusos, como en el caso de las Reglas LDI de México. Creen los Estados Unidos que sus tarifas de liquidación uniformes y no discriminatorias y sus prescripciones sobre retorno proporcional sólo rigen para los operadores extranjeros que disponen de poder de mercado, mientras que las reglas de México se aplican a todos los operadores extranjeros, cualquiera que sea su poder de mercado. Los Estados Unidos alegan que sus normas alientan a todos los operadores del país a negociar tarifas orientadas en función de los costos. Señalan además los Estados Unidos que las Reglas de México prohíben la negociación de tarifas a todos los operadores con excepción de Telmex, con lo que estimulan tarifas artificialmente altas: exactamente lo contrario de tarifas basadas en los costos.⁵⁰⁶ Los Estados Unidos sostienen que no han concedido en ningún momento a un único operador la facultad exclusiva de negociar tarifas de interconexión internacional para sí mismo y para otros operadores competitivos.⁵⁰⁷

4.276 México sostiene que, a pesar de la alegación de los Estados Unidos de que aplican su Política de Liquidaciones Internacionales de manera limitada y selectiva, han descartado la aplicación de su política solamente en el caso de 15 países, y consideran que virtualmente todos los operadores principales cuentan con poder de mercado, incluidos todos los operadores de centrales locales en los países a los que se aplica la Política.⁵⁰⁸

4.277 En opinión de los Estados Unidos, el uso de un sistema de retorno proporcional no es una práctica anticompetitiva cuando se utiliza sólo con el fin de evitar el abuso del poder de mercado. Los Estados Unidos alegan que aplican prescripciones sobre el retorno proporcional sólo a los proveedores transfronterizos que cumplen dos criterios: 1) poseer poder de mercado en el punto final exterior de la ruta internacional, y 2) mantener tasas de liquidación elevadas.⁵⁰⁹ Los Estados Unidos dicen que aplican el retorno proporcional a los proveedores dominantes que mantienen tarifas elevadas con el fin de evitar que éstos utilicen su control sobre el tráfico de retorno para obtener concesiones adicionales de los proveedores estadounidenses que son sus competidores. Alegan los Estados Unidos que, a excepción de los proveedores dominantes que mantienen tarifas altas, los proveedores transfronterizos que operan hacia los Estados Unidos no están sujetos al retorno proporcional. Señalan los Estados Unidos que todos los proveedores, de todos los países, que no poseen poder de mercado en el punto final exterior de la ruta internacional correspondiente, incluidos todos los proveedores mexicanos salvo Telmex, están exentos del retorno proporcional, y pueden terminar cantidades ilimitadas de tráfico de entrada a los Estados Unidos con cualquier proveedor estadounidense.⁵¹⁰

4.278 Los Estados Unidos alegan que aplicar un sistema de retorno proporcional de forma restrictiva para evitar que los proveedores dominantes que mantienen tasas de liquidación elevadas usen su poder de mercado para recibir mayores subvenciones, superiores a los costos, no es una práctica anticompetitiva, sino que más bien promueve la competencia. Señalan los Estados Unidos que México ha establecido un sistema de "retorno proporcional" con arreglo al cual los operadores mexicanos reciben una parte de los pagos asociados al tráfico internacional de entrada en relación con su tráfico internacional de salida.⁵¹¹ A juicio de los Estados Unidos, México no usa el retorno proporcional para evitar el abuso del poder de mercado, sino que exige que todos los proveedores cumplan el retorno proporcional independientemente de que dispongan de poder de mercado. Los Estados Unidos sostienen que la prescripción de retorno proporcional de México opera "en combinación con" el monopolio de Telmex en materia de negociación de tarifas y la prescripción de tasas uniformes para evitar que un proveedor mexicano recurra a la subvaloración de precios frente a cualquier otro proveedor mexicano, o compita de alguna otra forma para aumentar su participación en el tráfico recibido de los proveedores transfronterizos de los Estados Unidos.⁵¹² Afirman los Estados Unidos que México aplica el retorno proporcional de manera amplia a todos los proveedores con el fin de mantener el pago de subvenciones superiores a los costos, que son el resultado del abuso del poder de mercado por parte de Telmex.⁵¹³

4.279 Los Estados Unidos sostienen que México no explica las razones por las que un operador mexicano, aunque un operador estadounidense tenga una participación minoritaria en él (pero no lo controle), haría caso omiso de su responsabilidad frente a sus accionistas mayoritarios y acordaría precios predatorios, no económicos para la interconexión internacional. A su juicio, el efecto de la Regla 13 es impedir a los operadores internacionales nuevos participantes en México, algunos de los cuales son filiales de proveedores estadounidenses o de otros países, que fijen precios inferiores a los precios superiores al costo cobrados por Telmex y de este modo desvíen más tráfico hacia sí mismos. México ha reconocido su preocupación ante la posibilidad de que los nuevos operadores participantes entablen una "guerra de precios" con Telmex. En otras palabras, el mantenimiento por México de las Reglas LDI no tiene por objeto impedir el daño a la competencia, sino que más bien está destinado a impedir los resultados naturales de la competencia. México prohíbe la competencia de precios en el mercado para la interconexión suministrada a los proveedores estadounidenses que operan de manera transfronteriza, y justifica dicha prohibición como necesaria para impedir que tal competencia reduzca las tarifas. Esto no puede considerarse de otra forma que como anticompetitivo.⁵¹⁴

4.280 A juicio de México, el sistema de retorno proporcional constituye una práctica procompetitiva dirigida a los objetivos políticos legítimos de México.⁵¹⁵ Según México, sus Reglas LDI fomentan la competencia en el mercado interno mexicano, al mismo tiempo que protegen a los operadores mexicanos contra los intentos de división entre ellos por parte de operadores extranjeros. México sostiene que, entre otras características favorables a la competencia, las Reglas LDI impiden que un proveedor negocie una tasa de liquidación que pueda crear infravaloración con respecto a otros proveedores, porque carecería de beneficios para ellos (es decir, una tasa de liquidación predatoria). México señala que los Estados Unidos intentan desechar como no pertinentes las finalidades favorables a la competencia de las Reglas LDI y persisten en su alegación de que el Documento de Referencia de México exige la negociación competitiva de las tasas de distribución sin tener en cuenta el efecto negativo que ello tendría en la competencia en el mercado interno, con inclusión del efecto sobre los servicios de llamadas internacionales a los consumidores.⁵¹⁶

ii) "Proveedor principal"

4.281 Los Estados Unidos explican que la Regla LDI 13 de México prescribe que el operador que tenga el mayor porcentaje de las llamadas internacionales de salida de los últimos seis meses negociará en exclusiva las tarifas de interconexión con operadores extranjeros. Señalan los Estados Unidos que Telmex ha sido siempre la empresa que ha tenido la mayor proporción de llamadas internacionales de salida, por lo que posee exclusivamente la facultad de negociación. Señalan asimismo los Estados Unidos que las Reglas LDI prescriben también que todos los proveedores mexicanos del servicio de telecomunicaciones básicas de larga distancia cobren a los proveedores extranjeros solamente la tarifa de interconexión transfronteriza negociada por Telmex, aunque Telmex no sea parte en el convenio.⁵¹⁷ Los Estados Unidos sostienen, por lo tanto, que las Reglas de México facultan y exigen a Telmex que opere un cártel dominado por ella misma para determinar las tarifas de interconexión internacional y obligan a todos los operadores mexicanos a adherirse a esas tarifas.⁵¹⁸

4.282 Los Estados Unidos sostienen que en la sección 1.2 del Documento de Referencia, el "proveedor principal" se define como un "proveedor que tiene la capacidad de afectar materialmente los términos de participación en un mercado relevante⁵¹⁹ de servicios básicos de telecomunicaciones (teniendo en cuenta el precio y la oferta) como resultado del a) control sobre los recursos esenciales; o b) uso de su posición en el mercado".⁵²⁰ Según los Estados Unidos, esa definición se aplica a Telmex, porque ésta tiene la capacidad, en el mercado de México, de utilizar su posición para afectar materialmente los precios cobrados y el suministro de servicios.⁵²¹ Los Estados Unidos sostienen, además, que, para determinar si un agente económico tiene "poder sustancial en el mercado relevante", la legislación mexicana sobre competencia considera "si puede fijar precios unilateralmente o restringir el abasto en el mercado relevante sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder" y otros factores como "la existencia de barreras a la entrada", "la existencia y poder de sus competidores" y "las posibilidades de acceso [...] a fuentes de insumos".⁵²² Los Estados Unidos definen el "mercado relevante" como el de servicios de terminación de telefonía vocal, facsímil y transmisión de datos con conmutación de circuitos objeto de suministro transfronterizo (es decir, internacionales) de los Estados Unidos a México, lo que, a su juicio, se demuestra aplicando principios aceptados de análisis de mercados derivados de la legislación sobre competencia.⁵²³ Señalan los Estados Unidos que la legislación mexicana sobre competencia dispone que, a fin de determinar un mercado relevante, es necesario evaluar "las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen nacional como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en qué medida los consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución".⁵²⁴

4.283 México argumenta que los Estados Unidos no han demostrado que la interconexión de que se trata se refiera a un "proveedor principal"⁵²⁵ y no han acreditado prima facie que Telmex sea un "proveedor principal", en el sentido del Documento de Referencia.⁵²⁶ A juicio de México, es defectuoso el análisis de los Estados Unidos⁵²⁷ en el que éstos exponen su argumento de que Telmex es un "proveedor importante".⁵²⁸ Sostiene México, a ese respecto, que los Estados Unidos no han definido con claridad los servicios de que se trata ni cómo se suministran.⁵²⁹ Sostiene también que, aun suponiendo que los servicios en cuestión consistan en el transporte y transmisión de señales de telecomunicaciones y que el modo de suministro de que se trata sea el modo 1 (transfronterizo), los Estados Unidos no han explicado cómo el "mercado relevante" que definen sea relevante con respecto al suministro transfronterizo de esos servicios.

4.284 Por lo que respecta a la definición que dan los Estados Unidos de "mercado relevante" como "el de servicios de terminación de telefonía vocal, facsímil y transmisión de datos con conmutación de circuitos", México sostiene que la "terminación de los servicios", en la medida en que éstos son proporcionados por un operador de un Miembro de la OMC, se refiere a los proporcionados en el modo 3 (presencia comercial) y no en modo transfronterizo. México alega que en el análisis de los Estados Unidos se confunden dos modos de suministro diferentes, es decir el transfronterizo y la presencia comercial. Alega también México que los Estados Unidos se basan en una resolución de la autoridad de México en materia de competencia acerca del mercado relevante, resolución que está sujeta a examen por los tribunales mexicanos, precisamente en atención a los datos sobre los que se basó.⁵³⁰ Alega también México que, suponiendo que sea pertinente la definición de mercado relevante como "servicios de terminación", no está claro si un operador mexicano, como es Telmex, suministra "servicios de terminación". Argumenta, además, que, aun cuando un operador de México suministre servicios de terminación a operadores extranjeros que deseen que sus llamadas terminen en México, "servicios de terminación" y la manera de consignarlos fueron tema concreto de debate en las negociaciones sobre telecomunicaciones básicas. No hubo acuerdo sobre esos servicios e, incluso si lo hubiera, México no ha consignado en su Lista compromiso específico alguno con respecto a dichos servicios utilizando, por ejemplo, el enfoque propuesto por Australia en el curso de las negociaciones.⁵³¹

4.285 Los Estados Unidos responden que la aseveración de México de que los servicios de terminación no son interconexión es refutada por el texto mismo de la Sección 2.1 del Documento de Referencia de México que contiene la definición de "interconexión". Sostienen además, que la Comisión Europea ha descrito la terminación de llamadas como "the most basic interconnection service provided" ("el servicio de interconexión más básico que se suministra") y que en las comunicaciones que presentó en el curso de las negociaciones, Australia señaló que la terminación del tráfico internacional es interconexión, y no existe indicio alguno de que ningún otro Miembro haya objetado esa caracterización.⁵³²

4.286 México sostiene que, fundamentalmente, México y los Estados Unidos difieren en lo que constituye el mercado pertinente en el cual la competencia debe ser promovida y protegida. La política mexicana, como se desprende de las Reglas LDI, consiste en que los operadores nacionales deberían participar y dividirse en los convenios para las llamadas entrantes en relación con su éxito para alcanzar una participación en el mercado nacional y generar llamadas salientes. Los Estados Unidos lo ven de distinta manera (aparentemente, sólo para los efectos de su argumento en este caso) y de que el único "mercado" que vale la pena proteger es aquél para terminación del tráfico estadounidense hacia México. México sostiene que los Estados Unidos actúan como si los nuevos operadores debiesen competir para cursar llamadas entrantes de tráfico internacional en lugar de competir por clientes en México. De conformidad con el criterio establecido por los Estados Unidos, a un operador que haya hecho una mínima inversión en la infraestructura mexicana debería permitírsele que lo haga sobre una base ilimitada para llevarse el ingreso por llamadas internacionales de los operadores que han realizado dichas inversiones y que han alcanzado resultados exitosos en la adquisición de participación en el mercado.⁵³³

4.287 Los Estados Unidos aducen que México intenta justificar sus Reglas LDI anticompetitivas alegando que los Estados Unidos "actúan como si los nuevos operadores debiesen competir para cursar llamadas entrantes de tráfico internacional en lugar de competir por clientes en México". Los Estados Unidos sostienen que México tergiversa la posición de los Estados Unidos. A juicio de los Estados Unidos, las obligaciones que le corresponden a México en la OMC le exigen que permita a los nuevos operadores competir tanto para cursar llamadas internacionales de entrada como para competir por clientes en México. De igual manera, arguyen, México da a entender que es un error que los Estados Unidos aseveren que a los operadores que han hecho una inversión "mínima" en la infraestructura mexicana debería permitírseles competir "sin limitaciones". Los Estados Unidos sostienen que la posibilidad de competir que tiene un operador, sea por llamadas internacionales de entrada, por clientes en México, o en cualquier otra esfera, está supeditada solamente a las limitaciones, de haberlas, que figuran en la Lista de México. México no cita ninguna prescripción de su Lista que vincule la posibilidad de que un proveedor compita por llamadas internacionales de entrada al nivel de inversión de ese proveedor en instalaciones mexicanas. Además, México no restringe la competencia en materia de tráfico internacional de entrada solamente para los proveedores que tienen un nivel indefinido de "inversión mínima". En cambio, las Reglas LDI de México restringen la competencia en materia de tráfico internacional de entrada para todos los proveedores con presencia comercial, sin que importe su nivel de inversión en instalaciones mexicanas.⁵³⁴

iii) "Prácticas anticompetitivas"

aa) Definición de prácticas anticompetitivas

4.288 Los Estados Unidos explican que, aparte de los tres ejemplos de prácticas incluidos en la sección 1, el Documento de Referencia no define la expresión "prácticas anticompetitivas". Los Estados Unidos juzgan que ese término abarca como mínimo lo que habitualmente se entiende por "abuso de posición dominante" y/o delitos de "monopolización", así como "cartelización", que, según los Estados Unidos, son conceptos comunes en los regímenes antitrust y figuran generalmente en el universo de prácticas comerciales consideradas habitualmente anticompetitivas en los sistemas reglamentarios nacionales y en las leyes y políticas de la competencia. Dicen los Estados Unidos que la propia legislación antitrust de México prohíbe generalmente las conductas de ese tipo.⁵³⁵ Indican, además, los Estados Unidos que el informe del Grupo de Trabajo de la OMC sobre la Interacción entre Comercio y Política de Competencia de 1999 describe la naturaleza y consecuencias de los acuerdos "horizontales" que es probable que tengan un efecto directo y negativo en la competencia y que den lugar a que se ejerza el poder de mercado.⁵³⁶

4.289 México indica que en la sección 1.2 se proporciona una definición de "prácticas anticompetitivas", la cual establece que:

"Las prácticas anticompetitivas a las que se refiere el párrafo anterior incluirán en particular:

a) incurrir en subsidios cruzados anticompetitivos;
b) utilizar información obtenida de la competencia con resultados anticompetitivos; y
c) no poner a disposición de otros proveedores de servicios, de manera oportuna, información técnica relativa a recursos esenciales e información comercialmente relevante que les sea necesaria para suministrar servicios." (sin subrayar en el original)⁵³⁷

4.290 México argumenta que el término "incluirán" indica que la lista no es exhaustiva, y que la adición de las palabras "en particular" demuestra un enfoque de ciertos tipos de actividades, a saber, medidas adoptadas por empresas privadas para ganar una ventaja sobre sus competidores. México alega que los operadores estadounidenses no están en competencia con los operadores mexicanos en el momento en que acuerdan un convenio bilateral de tasas de distribución, ya que ellos no ofrecen servicios a los consumidores mexicanos. Sostiene México que, aún asumiendo que el requisito legal de que todos los operadores mexicanos cobren la misma tarifa de liquidación se pudiese entender como un "acuerdo horizontal sobre fijación de precios" por empresas privadas, dicho acuerdo no estaría comprendido en la sección 1, puesto que todos los operadores mexicanos estarían participando en la conspiración y ninguno resultaría dañado por ella.⁵³⁸

bb) Intervención gubernamental

4.291 Según los Estados Unidos, la circunstancia de que el comportamiento anticompetitivo sea impuesto por el Gobierno no cambia el hecho de que su naturaleza básica sea anticompetitiva.⁵³⁹ En su opinión, aun cuando una actividad realizada por el proveedor principal de México, Telmex, esté exenta de las medidas internas destinadas a exigir el cumplimiento de conformidad con la legislación mexicana o constituya, en cierto sentido, un acto del propio Estado mexicano, esa actividad sigue teniendo un carácter anticompetitivo. Los Estados Unidos observan que en esta diferencia lo que se debate es el incumplimiento por México de las obligaciones de la sección 1, y no el incumplimiento de esas obligaciones por Telmex. Según los Estados Unidos, si un Miembro de la OMC pudiera dotarse a sí mismo de inmunidad respecto de la obligación que le corresponde en virtud de la sección 1 de adoptar medidas para prevenir la conducta anticompetitiva de los proveedores principales simplemente exigiendo a los proveedores principales una conducta anticompetitiva, se menoscabaría totalmente el objeto de la sección 1. Los Estados Unidos afirman que esa interpretación de la sección 1 alentaría a los Miembros de manera positiva a mantener medidas que exijan una conducta anticompetitiva, en lugar de poner en práctica medidas para impedir dicha conducta.⁵⁴⁰

4.292 México sostiene que los Estados Unidos no han establecido que la sección 1 discipline las "medidas" reglamentarias de un Miembro de la OMC que tengan efectos contrarios a la competencia.⁵⁴¹ A juicio de México, la expresión "prácticas anticompetitivas" se refiere a las prácticas del proveedor principal y no a las "medidas" gubernamentales que pudieran tener un efecto anticompetitivo.⁵⁴² México reconoce que toda reglamentación de actividades económicas interfiere, por definición, en el funcionamiento de un mercado libremente competitivo, y ello abarca la fijación de tarifas por las autoridades gubernamentales; pero alega que, en sí misma, esa reglamentación gubernamental no es habitualmente entendida como capaz de violar reglas de competencia.⁵⁴³ Según México, si se aceptase la interpretación de los Estados Unidos, estarían prohibidas todas las medidas reglamentarias de los gobiernos en el sector de las telecomunicaciones que limiten las actividades de un proveedor principal de modo que interfiera en el funcionamiento de un mercado libremente competitivo. México alega que no es eso lo que se propuso la sección 1 de su Documento de Referencia. México sostiene que en el texto de la sección 1 no existe fundamento alguno para juzgar si son legítimas las políticas reglamentarias internas de un Miembro de la OMC en circunstancias en que no existen puntos de referencia convenidos de modo multilateral. Sostiene México, además, que, para justificar sus propias medidas anticompetitivas, los Estados Unidos distinguen esencialmente entre las medidas anticompetitivas que, a su juicio, tienen objetivos políticos legítimos y las que, a su juicio, no los tienen. En opinión de México, si los redactores de la sección 1 se hubiesen propuesto incluir las medidas reglamentarias gubernamentales hubiesen hecho constar, sin duda, expresiones que tuviesen en cuenta distinciones tan importantes y proporcionasen puntos de referencia objetivos para evaluar la legitimidad de las medidas en cuestión.⁵⁴⁴

cc) La fijación de precios como práctica anticompetitiva

4.293 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial⁵⁴⁵, los Estados Unidos afirman que si la fijación de precios es anticompetitiva, lo es aunque sea exigida por ley. Según los Estados Unidos, aun cuando una actividad realizada por el proveedor principal de México, Telmex, esté exenta de las medidas internas destinadas a exigir el cumplimiento de conformidad con la legislación mexicana o constituya, en cierto sentido, un acto del propio Estado mexicano, esa actividad sigue teniendo un carácter anticompetitivo.⁵⁴⁶ Sostienen, además, los Estados Unidos que la facultad de Telmex de negociar tarifas de liquidación uniformes es anticompetitiva por sí misma. A su juicio, eso es, por definición, un cártel horizontal de fijación de precios que se ajusta prácticamente a cualquier definición de "práctica anticompetitiva". Hacen notar los Estados Unidos que la fijación horizontal de precios es condenada como una violación per se de la legislación de los Estados Unidos de conformidad con el artículo 1 de la Ley Sherman, al igual que como una práctica monopolística absoluta con arreglo al artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica de México.⁵⁴⁷ Los Estados Unidos afirman que las prácticas anticompetitivas que constituyen la base de la alegación de los Estados Unidos en el marco de la sección 1 del Documento de Referencia consisten en la fijación de la tarifa por un monopolista (puesto que Telmex tiene la facultad exclusiva, actúa como un monopolista en este contexto) y la utilización de dicha tarifa por todos los demás proveedores (fijación horizontal de precios). Sostienen los Estados Unidos que el hecho de que el Gobierno prescriba la práctica anticompetitiva no cambia el carácter anticompetitivo de la práctica.⁵⁴⁸

4.294 También en respuesta a una pregunta del Grupo Especial, México sostiene que la fijación de un precio uniforme no puede ser una práctica anticompetitiva en violación de las obligaciones conforme al Documento de Referencia si los precios uniformes son obligatorios por ley.⁵⁴⁹ Sostiene México también que la capacidad de Telmex para negociar tarifas de liquidación uniformes no es, por sí misma, anticompetitiva, puesto que la legislación mexicana no otorga a Telmex la autoridad para negociar la tarifa. Según México, la Regla 13 establece que el operador que tenga la mayor participación en el tráfico saliente hacia un país en particular, está autorizado para negociar la tarifa. México alega que los nuevos operadores entrantes han estado ganando una participación importante en el tráfico saliente en ciertas rutas y, por lo tanto, podrían tener en breve el derecho a negociar las tarifas de dichas rutas.⁵⁵⁰

4.295 México sostiene también que, en sentido económico, los monopolios pueden ser "anticompetitivos". Sin embargo, no puede decirse que un régimen regulatorio nacional que establece y permite la existencia de un monopolio o un número pequeño de proveedores de servicios exclusivos sea equivalente a exigir una "práctica anticompetitiva" en el sentido de la sección 1 del Documento de Referencia de México. El artículo VIII del AGCS explícitamente contempla que los Miembros de la OMC pueden mantener monopolios y proveedores de servicios exclusivos. Más aún, muchos de los Miembros de la OMC que han inscrito un Documento de Referencia mantienen monopolios o proveedores de servicios exclusivos conforme a su legislación nacional. La sección 1 del Documento de Referencia de México y las disposiciones análogas de Documentos de Referencia de otros Miembros de la OMC no pueden interpretarse de tal manera que anulen el derecho que existe conforme al artículo VIII del AGCS. Sostiene México que las obligaciones del Documento de Referencia fueron negociadas de manera específica para evitar que los proveedores principales en un mercado regulado abusen de su posición realizando acciones "privadas" anticompetitivas. Con respecto a "la utilización de dicha tarifa [de Telmex] por todos los demás proveedores", dicha acción no es el resultado de prácticas anticompetitivas por un proveedor importante -que es el enfoque de la sección 1 del Documento de Referencia de México- sino más bien, el resultado de un sistema regulatorio gubernamental legítimo.⁵⁵¹

4.296 Los Estados Unidos responden que carece de fundamento la aseveración de México de que el artículo VIII del AGCS contempla las restricciones de México en materia de competencia mediante las Reglas LDI, y, por consiguiente, impide de alguna forma que se impugnen esas medidas con arreglo al artículo 1 del Documento de Referencia.⁵⁵² El artículo VIII sólo se aplica a los monopolios y "proveedores exclusivos de servicios en que un Miembro, de hecho o de derecho: a) autorice o establezca un pequeño número de proveedores de servicios, y b) impida en lo sustancial la competencia entre esos proveedores en su territorio". México no ha establecido ninguna limitación relativa al número de concesionarios, ni de hecho ni de derecho, por lo tanto el artículo VIII no se aplica. La Lista de México no contiene ninguna limitación al número de proveedores de servicios con arreglo al párrafo 2 a) del artículo XVI y, hasta septiembre de 2002, México había otorgado no menos de 27 concesiones para servicios de larga distancia local, 11 de los cuales están autorizados a operar puertos internacionales.⁵⁵³

c) Relación entre la sección 1.1 y el apartado b) de la sección 2.2 del Documento de Referencia

4.297 Los Estados Unidos sostienen que un Miembro que haya consignado el Documento de Referencia como compromiso adicional está obligado, en virtud de la sección 1 del Documento de Referencia, a mantener las medidas apropiadas para prevenir que su proveedor principal se involucre en prácticas anticompetitivas o continúe esas prácticas, y está obligado también, en virtud del apartado b) de la sección 2.2, a asegurar la interconexión con ese proveedor principal en términos, condiciones y tarifas razonables. Los Estados Unidos juzgan que, según las circunstancias del caso, la conducta puede ser anticompetitiva y restringir también el suministro de servicios de telecomunicaciones básicas, y constituir así una violación tanto de la sección 1 como del apartado b) de la sección 2.2.⁵⁵⁴ Sostienen también los Estados Unidos que la sección 1 del Documento de Referencia tiene por objeto apoyar los objetivos paralelos de desmonopolización y acceso a los mercados, protegiendo y fomentando para ello la competencia entre los competidores de telecomunicaciones básicas, y que complementa las normas más específicas de interconexión de la sección 2 aplicables a los "proveedores principales".⁵⁵⁵

4.298 México sostiene que las secciones 1 y 2 del Documento de Referencia de México no abarcan la misma cuestión. A juicio de México se debe otorgar un significado independiente a cada una de las disposiciones y deben evitarse interpretaciones que se sobrepongan.⁵⁵⁶ Según México, lo que es "no razonable" conforme a la sección 2.2 y lo que es "anticompetitivo" conforme a la sección 1.1 se miden con base en criterios diferentes y, por lo tanto, no existe relación entre ambos.⁵⁵⁷

d) Relación entre la sección 1.1 y la sección 3 del Documento de Referencia de México

4.299 En respuesta a la pregunta 23 b) del Grupo Especial de 13 de marzo de 2003⁵⁵⁸, México explica que no existe una relación jurídica entre las secciones 1.1 y 3 del Documento de Referencia de México. Según México, dichas secciones se refieren a diferentes materias e imponen obligaciones diferentes. México sostiene que la sección 3 no ha sido objeto de esta diferencia. A juicio de México, la sección 1.1 no regula las medidas de un Miembro que tengan un efecto auxiliar que pueda ser anticompetitivo con arreglo a un criterio en particular. México sostiene que la sección 3 del Documento de Referencia de México se refiere al mantenimiento de un tipo de medida gubernamental específica para la obligación de servicio universal, que comprende la imposición de obligaciones a operadores nacionales para que proporcionen una cobertura de servicio universal en el territorio de un Miembro y que dicha medida deba ser, inter alia, aplicada de "manera transparente, no discriminatoria y competitivamente neutral".

4.300 México sostiene que, para los efectos de esta diferencia, es importante señalar que cuando una medida gubernamental debe ser regulada conforme al Documento de Referencia de México, se hace de una manera explícita como en la sección 3, de tal forma que se identifica la medida gubernamental exacta en cuestión (esto es, una medida de "servicio universal" y no una medida gubernamental regulatoria general como sería el resultado de la interpretación de los Estados Unidos de la sección 1.1 del Documento de Referencia de México) y las disciplinas específicas que se aplican (esto es, "competitividad neutral" al contrario de las "prácticas anticompetitivas", que son más subjetivas y generales). Según México, esto confirma la tesis de México de que la sección 1.1 de su Documento de Referencia no regula las medidas de un Miembro, sino las "prácticas" de un "proveedor principal".⁵⁵⁹

4.301 Los Estados Unidos replican con la observación de que las Reglas LDI de México no son "exigencias legislativas", sino requisitos reglamentarios impuestos por Cofetel. Según los Estados Unidos, las Reglas LDI 13 y 23 de México implantan per se prácticas anticompetitivas en virtud de la sección 1.1 del Documento de Referencia que no se atenúan por ninguna aplicación de la sección 3.⁵⁶⁰

4.302 Los Estados Unidos sostienen que la sección 3 permite a un Miembro "definir el tipo de obligación de servicio universal que desee mantener". Alegan los Estados Unidos que no tienen conocimiento de ninguna obligación de servicio universal que las autoridades mexicanas hayan aplicado o definido, y que las Reglas LDI no definen obligación alguna de este tipo. Los Estados Unidos sostienen también que México ni siquiera ha identificado o definido una obligación de servicio universal que, si se identificara o definiera, "no ser[ía] considerada como anticompetitiva[s] per se", de conformidad con la sección 3. A juicio de los Estados Unidos, México no tiene derecho a la presunción contra la anticompetitividad per se que figura en la sección 3, dado que no ha identificado o definido una obligación de servicio universal.⁵⁶¹

4.303 Los Estados Unidos sostienen también que, aunque México hubiera definido una obligación de servicio universal y fuera aplicable la sección 3, México no tendría derecho a esta presunción, ya que sus Reglas LDI también incumplen las demás prescripciones de que la obligación definida sea "administrada de manera transparente, no discriminatoria y competitivamente neutral […] y no más onerosa de lo necesario para el tipo de servicio universal definido por el Miembro".⁵⁶² En concreto, los Estados Unidos alegan que, actualmente, cualquier supuesta obligación de servicio universal que se imponga a los proveedores extranjeros está, al parecer, oculta en las tarifas de interconexión que se pagan a Telmex. No hay transparencia alguna cuando las obligaciones de servicio universal se ocultan en las tarifas de interconexión que se pagan al proveedor principal. Los Estados Unidos sostienen que un proceso transparente debe, como mínimo, identificar el nivel de las cargas asociadas a la obligación de servicio universal. Las Reglas LDI tampoco prevén la administración "no discriminatoria y competitivamente neutral" de la obligación de servicio universal definida que se exige en la sección 3. Dado que las Reglas LDI tratan solamente de las tarifas de interconexión pagadas por los proveedores transfronterizos, aseguran que la carga total de cualquier obligación de servicio universal aplicada de esta forma recaiga sobre los proveedores transfronterizos. Por último, los Estados Unidos señalan que las Reglas LDI no identifican el nivel monetario de la obligación ni aseguran que las cargas guarden proporción con dicha obligación. Dado que México no ha definido una obligación de servicio universal, no puede determinar qué nivel de cargas sería "necesario" para cumplir dicha obligación. De forma análoga, la imposición de cargas supuestamente asociadas a tal obligación es, por definición, más onerosa de lo necesario.⁵⁶³

C. SECCIÓN 5 DEL ANEXO SOBRE TELECOMUNICACIONES DEL AGCS

4.304 Los Estados Unidos alegan que México no ha cumplido sus compromisos a tenor del Anexo sobre Telecomunicaciones del AGCS. Según los Estados Unidos, dicho Anexo exige que México se asegure de que se conceda a los proveedores de servicios de otro Miembro, en términos y condiciones razonables y no discriminatorios, el acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y la utilización de los mismos para el suministro de cualquier servicio consignado en su Lista.⁵⁶⁴ A juicio de los Estados Unidos, México no ha cumplido las obligaciones que le imponen el párrafo a) y el párrafo b) de la sección 5 del Anexo por lo que respecta al suministro de los servicios consignados en su Lista.⁵⁶⁵

4.305 México sostiene que los servicios consignados en Lista -es decir, los compromisos de acceso a los mercados- que los Estados Unidos argumentan que México ha hecho, y los cuales son el fundamento de sus reclamaciones conforme al Anexo, son inexistentes. A juicio de México, los Estados Unidos argumentan de manera incorrecta que el Anexo otorga derechos para el suministro de servicios de telecomunicaciones básicas, cuando el Anexo es aplicable únicamente al acceso a esos servicios y la utilización de éstos. Sostiene México, por consiguiente, que las disposiciones del Anexo citadas por los Estados Unidos⁵⁶⁶ no son aplicables a los hechos de esta diferencia. Sostiene, además, México que, aun si fuesen aplicables las disposiciones de los párrafos a) y b) de la sección 5, los Estados Unidos no han podido probar prima facie que estas disposiciones han sido violadas. Entiende México que las medidas que los Estados Unidos están impugnando son compatibles con los párrafos e), f) y g) de la sección 5 del Anexo.⁵⁶⁷

1. Aplicación del Anexo

4.306 Los Estados Unidos sostienen que en el Anexo sobre Telecomunicaciones del AGCS se tratan las telecomunicaciones como un medio de transportar los servicios consignados. A su modo de ver, se requiere en el Anexo que los Miembros se aseguren de que los usuarios de las telecomunicaciones (por ejemplo, los proveedores de servicios) tengan acceso a las telecomunicaciones y puedan utilizarlas -sin ningún obstáculo- a fin de suministrar sus servicios.⁵⁶⁸ Sostienen también que el Anexo se basó en el reconocimiento de que las telecomunicaciones representan el principal mecanismo de suministro de muchos servicios, en particular los servicios transfronterizos. Sin telecomunicaciones resultaría imposible para muchos proveedores suministrar sus servicios.⁵⁶⁹ Los Estados Unidos alegan que el acceso a las telecomunicaciones en tanto que mecanismos de transporte depende de las entidades que controlan las redes de telecomunicaciones y ofrecen servicios de telecomunicaciones. Dichas entidades -sobre todo los monopolios o los antiguos proveedores monopolistas- han representado el principal obstáculo al acceso a las telecomunicaciones en tanto que mecanismos de transporte y a su utilización.⁵⁷⁰ Al igual que el Documento de Referencia, el Anexo representa un esfuerzo por evitar que los proveedores dominantes de telecomunicaciones se valgan de su control sobre las redes de servicios públicos de telecomunicaciones para socavar el suministro de un servicio consignado, y se propone garantizar que los proveedores dominantes de telecomunicaciones no puedan anular los compromisos en materia de servicios asumidos por su país de origen.⁵⁷¹

4.307 México sostiene que los servicios mejorados y los proveedores de servicios en otros sectores que no son el de las telecomunicaciones se apoyan en "el acceso a y la utilización de" las redes públicas de telecomunicaciones existentes. Según México, el Anexo establece una obligación general de asegurar que dichos servicios tengan acceso a las redes públicas y las utilicen en términos y condiciones razonables y no discriminatorias. Alega México que el Anexo no confiere ningún derecho para el suministro de servicios de redes y servicios de transporte de telecomunicaciones (es decir, servicios de telecomunicaciones básicas), distintos a los consignados en la Lista de algún Miembro. Sostiene además México que los derechos de acceso a los mercados para el suministro de servicios de telecomunicaciones básicas fueron materia de negociaciones posteriores, las cuales tuvieron como resultado el Cuarto Protocolo.⁵⁷²

4.308 Los Estados Unidos sostienen que el Anexo exige que cada Miembro de la OMC se asegure de que los proveedores extranjeros de servicios tengan un acceso razonable y no discriminatorio a las redes y servicios públicos y puedan utilizarlos para el suministro de un servicio consignado. Conforme a la sección 5 del Anexo:

"a) Cada Miembro se asegurará de que se conceda a todo proveedor de servicios de otro Miembro, en términos y condiciones razonables y no discriminatorios, el acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y la utilización de los mismos, para el suministro de cualquier servicio consignado en su Lista. Esta obligación se cumplirá, entre otras formas, mediante la aplicación de los párrafos b) a f). [no se reproduce la nota de pie de página]
b) Cada Miembro se asegurará de que los proveedores de servicios de otros Miembros tengan acceso a cualquier red o servicio público de transporte de telecomunicaciones ofrecido dentro de sus fronteras o a través de ellas, incluidos los circuitos privados arrendados."⁵⁷³

4.309 Los Estados Unidos sostienen que, en relación con cada uno de los servicios consignados en su Lista, con inclusión de los servicios de telecomunicaciones básicas, cada Miembro de la OMC deberá asegurarse de que los proveedores extranjeros de servicios tengan acceso a las redes y servicios públicos de telecomunicaciones y puedan utilizar los mismos -ya sea mediante la interconexión o cualquier otra forma de acceso y utilización- para transportar su servicio.⁵⁷⁴ Según los Estados Unidos, el alcance de esta obligación es amplio y abarca cualquier red y servicio público de telecomunicaciones ofrecido en el territorio de dicho Miembro o a través de sus fronteras. La definición de dichas redes y servicios es lo bastante amplia para abarcar todos los tipos de redes y servicios públicos que pueda ofrecer un proveedor de telecomunicaciones.⁵⁷⁵

4.310 México sostiene que el Anexo está dirigido a los servicios de telecomunicaciones como medio de transporte para otras actividades económicas, y no al suministro de servicios de telecomunicaciones básicas.⁵⁷⁶ La expresión "acceso a y utilización de" no está definido en el Anexo; sin embargo, los párrafos b) y c) de la sección 3 del Anexo definen los términos "servicios públicos de transporte de telecomunicaciones"⁵⁷⁷ y "red pública de transporte de telecomunicaciones".⁵⁷⁸ En opinión de México, el Anexo se aplica al acceso a los servicios de telecomunicaciones básicas disponibles de un Miembro y a la utilización de los mismos, y que los servicios por los cuales "el acceso a y la utilización de" se proporcionan son algo más que los servicios de telecomunicaciones básicas.⁵⁷⁹ México sostiene que las reclamaciones de los Estados Unidos conforme al Anexo deben ser evaluadas en el contexto de estas definiciones. México hace notar que los Estados Unidos argumentan que el Anexo otorga a los proveedores estadounidenses de servicios de telecomunicaciones básicas el derecho a "suministrar" servicios transfronterizos de transporte de telecomunicaciones básicas a México al interconectarse con la red pública en México, o al interconectarse con circuitos privados propios o arrendados en México. También hace notar que los Estados Unidos sostienen igualmente que el Anexo concede a las empresas extranjeras el derecho de ser propietarias del 100 por ciento de los operadores establecidos en México, quienes tendrán derecho a suministrar dichos servicios de manera transfronteriza a los Estados Unidos.⁵⁸⁰

4.311 Los Estados Unidos alegan que la legislación mexicana impide que los proveedores extranjeros sean propietarios de redes y servicios públicos de telecomunicaciones en México y, por consiguiente, los proveedores extranjeros no tienen más alternativa que recurrir a las empresas mexicanas para el acceso a las redes y servicios públicos, y su utilización, que necesitan a fin de suministrar del exterior a México los servicios de telecomunicaciones básicas consignados. Habida cuenta del monopolio de Telmex en la negociación de las tasas de distribución, así como de la prescripción de que todos los demás operadores mexicanos deben cobrar la tasa negociada por Telmex, se exige que todos los operadores mexicanos cobren tarifas superiores al costo.⁵⁸¹ Según los Estados Unidos, todo el propósito de la sección 5 del Anexo es precisamente exigir que los Miembros de la OMC impidan esta forma de comportamiento. Los Estados Unidos aducen que los Miembros redactaron el Anexo para asegurarse de que los proveedores de las redes y servicios públicos -ya se trate de monopolios, proveedores importantes o proveedores competitivos- no hagan depender el acceso a sus redes y servicios, y su utilización, de tarifas monopolistas, o de cualquier otra forma de conducta inequitativa o anticompetitiva que socavaría el suministro de los servicios consignados.⁵⁸²

4.312 A juicio de México, el propósito del Anexo no es permitir a los proveedores de telecomunicaciones básicas, basados o no en infraestructura, que suministren sus servicios de manera transfronteriza, sino establecer obligaciones suplementarias o adicionales para permitir el "acceso" y "utilización de" las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones ya existentes de México.⁵⁸³ Sostiene México que los términos "acceso" y "utilización" tienen significados distintos del término "suministro", que se usa frecuentemente en el texto del AGCS. El término "suministro" se define como "proveer a uno de algo que necesita". Alega México que el Anexo se aplica únicamente a medidas que afectan "el acceso o utilización de" redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones, y no se aplica a las medidas que afectan al "suministro", de manera transfronteriza, de los servicios de transporte de telecomunicaciones.⁵⁸⁴ Según México, los Estados Unidos confunden el "acceso a los mercados", con el "acceso y utilización de" redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones operados por concesionarios nacionales. México sostiene que el "acceso a los mercados" es objeto de los compromisos de acceso a los mercados realizados conforme al artículo XVI del AGCS consignados en la Lista de México, mientras que el "acceso y utilización de" las redes públicas de telecomunicaciones es objeto del Anexo.⁵⁸⁵

4.313 A juicio de México, el Anexo no fue redactado para otorgar "acceso a los mercados" a proveedores extranjeros de servicios de telecomunicaciones básicas.⁵⁸⁶ Según México, el párrafo c) de la sección 2 del Anexo contiene las siguientes excepciones importantes para la aplicación del Anexo:

"Ninguna disposición del presente Anexo se interpretará en el sentido de que:

i) obligue a un Miembro a autorizar a un proveedor de servicios de otro Miembro a establecer, instalar, adquirir, arrendar, explotar o suministrar redes o servicios de transporte de telecomunicaciones distintos de los previstos en su Lista; o
ii) obligue a un Miembro (o exija a un Miembro que obligue a los proveedores de servicios que se hallen bajo su jurisdicción) a establecer, instalar, adquirir, arrendar, explotar o suministrar redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones que no se ofrezcan al público en general."⁵⁸⁷

4.314 Según México, los servicios en cuestión en esta diferencia son: "servicios ... de transporte de telecomunicaciones", regidos por la Lista de México. A juicio de México, de conformidad con el inciso i) del párrafo c) de la sección 2, ninguna disposición del Anexo debe interpretarse en el sentido de obligar a México a autorizar a los proveedores de servicio estadounidenses a suministrar estos servicios más allá de los términos y condiciones convenidos en su Lista.⁵⁸⁸ Los Estados Unidos sostienen que la sección 1 del Anexo tiene "una doble función como sector independiente de actividad económica y como medio fundamental de transporte de otras actividades económicas". Alegan también que el párrafo a) de la sección 2 declara que el Anexo se aplica a "todas las medidas" que afecten al acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos, lo cual abarca las medidas que reglamenten las telecomunicaciones como "sector independiente de actividad económica". Los Estados Unidos invocan también el párrafo a) de la sección 5, en el que se imponen a los Miembros obligaciones "para el suministro de cualquier servicio consignado en su Lista", sin imponer limitación alguna en cuanto al tipo de servicio que sería pertinente, con inclusión de los servicios de telecomunicaciones básicas consignados por México en su Lista.⁵⁸⁹

4.315 México sostiene que el hecho de que la sección 1 del Anexo sobre Telecomunicaciones (titulada "Objetivos") se refiera a una "doble" función del sector del servicio de telecomunicaciones no significa que el Anexo cubra ambos aspectos de esta "doble función". A juicio de México, la sección 1 simplemente confirma que el Anexo se fundamenta en el reconocimiento de que, los servicios y redes de telecomunicaciones, además de constituir un sector de servicios por sí mismo, son herramientas esenciales para otras actividades económicas tales como la bancaria, seguros, etc. Según México, el hecho de que otras actividades dependan sumamente de los servicios de telecomunicaciones como un medio fundamental de transporte es la razón de la existencia del Anexo, lo cual fundamenta la posición de México, de que el Anexo está enfocado al segundo aspecto de esta "doble función". El primer aspecto -suministro de servicios de telecomunicaciones básicas- fue tratado en el marco de las negociaciones de telecomunicaciones básicas que condujeron al Cuarto Protocolo del AGCS en 1997.⁵⁹⁰ Aun cuando la sección 1 se refiera a una "doble" función del sector del servicio de telecomunicaciones, también estipula que el Anexo se acordó "con el fin de desarrollar las disposiciones del Acuerdo en lo que se refiere a las medidas que afecten al acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos".⁵⁹¹ La referencia en la sección 1 del Anexo a las "medidas que afecten al acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos" debe compararse con el alcance de las disposiciones del Anexo sobre Servicios Financieros del AGCS. El párrafo a) de la sección 1 del referido Anexo establece que "[e]l presente Anexo se aplica a las medidas que afecten al suministro de servicios financieros. Cuando en este Anexo se haga referencia al suministro de un servicio financiero, ello no significará el suministro de un servicio, según la definición que figura en el párrafo 2, del artículo I del Acuerdo". Por lo tanto, cuando los negociadores del AGCS quisieron que un Anexo se aplicase al "suministro" de un servicio en el significado amplio del AGCS lo hicieron de manera explícita.⁵⁹²

4.316 Según México, el Anexo distingue entre "acceso a" y "utilización de" redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones, lo cual es pertinente a los servicios de telecomunicaciones como medio fundamental de transporte para otras actividades económicas, y el suministro de dichos servicios, lo cual resulta pertinente para el comercio de servicios de telecomunicaciones como un sector independiente de actividad económica.⁵⁹³ A juicio de México, la sección 2 del Anexo pone en claro que éste se consagra únicamente a las garantías de acceso y utilización. Explica que el párrafo a) de la sección 2 estipula que el Anexo "se aplicará a todas las medidas de un Miembro que afecten al acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos". A juicio de México, el Anexo está limitado en su alcance y contempla solamente el derecho a acceder a redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y utilizarlos, y no el derecho a proporcionarlos y suministrarlos.⁵⁹⁴ México sostiene que los servicios en cuestión en esta diferencia son los de transporte de información o datos facilitados por los clientes entre dos o más puntos, y, por lo tanto, constituyen por sí mismos, "redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones", que no pueden suministrarse a través del acceso a redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones de otro Miembro y la utilización de dichas redes y servicios.⁵⁹⁵ Sostiene, además, que, por definición, los proveedores de "redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones" de México no pueden transportar servicios públicos de transporte de telecomunicaciones suministrados por otros proveedores. Explica que, en las circunstancias de esta diferencia, cuando los proveedores estadounidenses entregan el tráfico a los proveedores mexicanos en la frontera, se apoyan en las redes y servicios de transporte de telecomunicaciones proporcionados por ese proveedor y no suministran sus servicios en México. Sostiene México que los servicios de telecomunicaciones básicas son el medio fundamental de transporte de otras actividades económicas y que México no puede concebir cómo pudieran considerarse como medios de transporte para la misma actividad económica, que es lo que supone la posición de los Estados Unidos en esta diferencia.⁵⁹⁶

4.317 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial⁵⁹⁷, México sostiene que la sección 5 del Anexo se refiere al acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones de un Miembro y a la utilización de dichas redes y servicios "para el suministro de cualquier servicio consignado en su Lista", que se aplica solamente hasta que los servicios consignados por un Miembro puedan ser suministrados mediante el acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones de otro Miembro y la utilización de dichas redes y servicios.⁵⁹⁸ Según México, los servicios de que se trata en esta diferencia son los servicios de transporte y transmisión de telecomunicaciones, que, ipso facto, no pueden ser suministrados a través del acceso a y utilización de las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones de otro Miembro, ya que éstas son, en sí mismas, "redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones".⁵⁹⁹ México argumenta que la interpretación de los Estados Unidos llevaría a la conclusión de que la autoridad postal mexicana está transportando servicios postales estadounidenses al entregar el correo enviado desde los Estados Unidos y entregado en la frontera; que un oleoducto dentro del territorio mexicano está transportando servicios de oleoducto estadounidenses cuando transporta petróleo recibido de un oleoducto estadounidense que se detiene en la frontera; y que una empresa de transportes mexicana realiza servicios de transporte estadounidenses cuando entrega la carga que le fue transferida en la frontera. En opinión de México, los proveedores de servicios mexicanos -con inclusión de los proveedores de transporte público de telecomunicaciones- solamente suministran su propio servicio de transporte.⁶⁰⁰

4.318 Los Estados Unidos argumentan que la afirmación de México de que los servicios de que se trata son de "transporte y transmisión" es errónea, puesto que hace caso omiso del texto de los códigos de la CPC que México consignó en su Lista. A juicio de los Estados Unidos, la Lista de México no limita su compromiso transfronterizo a una parte solamente del servicio definido en los códigos CPC, sino que abarca la totalidad del recorrido de una llamada telefónica, desde su punto de origen hasta su punto de terminación.⁶⁰¹ Los Estados Unidos tampoco están de acuerdo con la analogía que alega México con respecto al transporte de petróleo o de mercancías enviadas por correo. En el caso del transporte de mercancías, éstas son productos diferentes entre sí, mientras que un servicio de telecomunicaciones básicas -una llamada telefónica o una "comunicación"- es parte inseparable del propio servicio. En la sección 1 del Anexo se establece explícitamente una distinción entre los servicios de telecomunicaciones como sector independiente de actividad económica y como medio fundamental de transporte de otras actividades económicas.⁶⁰²

2. Aplicación de los párrafos a) y b) de la sección 5 del Anexo

4.319 Los Estados Unidos sostienen que sus alegaciones se refieren a cinco situaciones diferentes con respecto a las cuales, a su juicio, México ha consignado compromisos específicos y debe cumplir sus obligaciones dimanantes del Anexo. Según los Estados Unidos, en las dos primeras situaciones México debe asegurarse, de conformidad con el párrafo a) de la sección 5 del Anexo, de que se conceda a los proveedores extranjeros de servicios de telecomunicaciones transfronterizos, basados en infraestructura o no basados en infraestructura, el acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y la utilización de los mismos, en términos y condiciones razonables y no discriminatorios.⁶⁰³ En la tercera y cuarta de las situaciones, sostienen los Estados Unidos que, de conformidad con el párrafo b) de la sección 5 del Anexo, México debe asegurarse de que los referidos proveedores tengan acceso a los circuitos privados arrendados y puedan utilizarlos.⁶⁰⁴ Los Estados Unidos señalan también que debe igualmente concederse a los operadores establecidos en el país y no basados en infraestructura (comercializadoras) el acceso a circuitos privados arrendados y la utilización de éstos para suministrar servicios telefónicos internacionales.⁶⁰⁵

a) Alegaciones en relación con el párrafo a) de la sección 5 del Anexo

4.320 Según los Estados Unidos, los proveedores estadounidenses de servicios están facultados, en virtud del Anexo, para tener acceso a las redes y servicios públicos de telecomunicaciones y utilizar dichas redes y servicios. Alegan los Estados Unidos que la interconexión es el medio de que los proveedores de servicios de los Estados Unidos tengan acceso a las redes y servicios públicos de telecomunicaciones de México y puedan utilizarlos. Los Estados Unidos afirman que los proveedores estadounidenses de servicios deben interconectarse con la red mexicana para poder transportar su servicio consignado hasta su destino final en México. Hacen notar también que, si no dispone de dicho acceso, un proveedor de servicios de los Estados Unidos no puede en ningún caso suministrar un servicio consignado de telecomunicaciones, basado o no en infraestructura.⁶⁰⁶

4.321 Los Estados Unidos sostienen que la sección 5 del Anexo exige que México se asegure de que, para el suministro de cualquier servicio consignado en su Lista, se conceda a todo proveedor de servicios de cualquier otro Miembro, en términos y condiciones razonables, el acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y la utilización de los mismos.⁶⁰⁷

4.322 Los Estados Unidos alegan que México asumió compromisos de acceso a los mercados y trato nacional con respecto a los servicios públicos de telecomunicaciones básicas suministrados por empresas basadas en infraestructura y no basadas en infraestructura ("comercializadoras"). A juicio de los Estados Unidos, México asumió estas obligaciones con carácter transfronterizo, con algunas limitaciones que se aplican al suministro de servicios públicos transfronterizos de telecomunicaciones básicas prestados por empresas basadas en infraestructura y por comercializadoras.⁶⁰⁸

4.323 Los Estados Unidos alegan asimismo que las obligaciones que incumben a México en virtud del Anexo se aplican a todo proveedor estadounidense de servicios (estén o no basados en infraestructura) que desee suministrar los servicios de telecomunicaciones básicas consignados.⁶⁰⁹

4.324 Los Estados Unidos sostienen que el Anexo impone a los Miembros una obligación general de asegurarse -por cualesquiera medios que sean necesarios⁶¹⁰- de que los proveedores de servicios tengan acceso amplio a las redes y servicios públicos de telecomunicaciones y puedan utilizar los mismos a fin de transportar sus servicios.⁶¹¹ A juicio de los Estados Unidos, la interconexión, tal como se define en la sección 2.1 del Documento de Referencia⁶¹², es el principal método mediante el cual los proveedores de los Estados Unidos obtienen acceso a las redes y servicios públicos de telecomunicaciones de México y a la utilización de los mismos para el suministro transfronterizo de los servicios de telecomunicaciones básicas consignados.⁶¹³

4.325 Los Estados Unidos alegan que la legislación mexicana prohíbe que los proveedores extranjeros sean propietarios de redes y servicios públicos de telecomunicaciones en México⁶¹⁴, lo que impide a esos proveedores de servicios de telecomunicaciones básicas consignados iniciar y terminar sus servicios en sus propias redes. Sostienen los Estados Unidos que sus proveedores no tienen otra alternativa que la de encargar a los proveedores mexicanos de las redes y servicios públicos de telecomunicaciones -tales como Telmex y otros- que transporten su servicio hasta su destino final.⁶¹⁵ Según los Estados Unidos, esa interconexión de sus proveedores puede adoptar dos formas principales: 1) un proveedor de servicios de telecomunicaciones básicas consignados basado en infraestructura conecta su red con la del proveedor mexicano⁶¹⁶; o 2) un proveedor que no posee infraestructura se interconecta mediante circuitos arrendados de otros operadores con las redes y servicios públicos mexicanos.⁶¹⁷

4.326 México sostiene que en su Lista, para el subsector de "Servicios de Telecomunicaciones suministrados por una red pública de telecomunicaciones basada en infraestructura a través de cualquier medio tecnológico …", México específicamente consignó en la columna "Limitaciones al acceso a los mercados" las siguientes limitaciones en los modos de suministro 1) suministro transfronterizo y 3) presencia comercial:

"1) Ninguna, excepto la siguiente:

el tráfico internacional deberá ser enrutado a través de las instalaciones de una empresa con una concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
…
3) Se requiere concesión otorgada por SCT. Sólo empresas constituidas conforme a la ley mexicana pueden obtener tal concesión.

Nota de pie de página 1 - Concesión: Se refiere al otorgamiento de un título para instalar, operar o explotar una red pública de telecomunicaciones basada en infraestructura."⁶¹⁸

4.327 Los Estados Unidos sostienen que, a diferencia del término "no discriminatorio", el Anexo no define "razonables". A juicio de los Estados Unidos, para determinar el alcance de los términos y condiciones "razonables", al interpretar el tratado se debe tener presente el sentido corriente de "razonable" en su contexto, habida cuenta de los objetivos y propósitos del Anexo y del AGCS.⁶¹⁹ Los Estados Unidos consideran que los términos y condiciones impuestos por México no son razonables, habida cuenta del objeto y fin del Anexo y del AGCS.⁶²⁰

4.328 México sostiene que el término "razonable" que se utiliza en el párrafo a) de la sección 5 del Anexo no tiene el mismo significado que el término "razonable" que se utiliza en la sección 2.2 del Documento de Referencia.⁶²¹ En opinión de México, aun cuando el significado corriente es aplicable a "razonable" en ambas disposiciones, el párrafo a) de la sección 5 del Anexo y el apartado b) de la sección 2.2 del Documento de Referencia de México proporcionan contextos diferentes para interpretar su significado.⁶²²

4.329 México sostiene que en la diferencia Estados Unidos - Medidas de salvaguardia definitivas impuestas a las importaciones de gluten de trigo procedentes de las Comunidades Europeas, el Órgano de Apelación declaró que "[e]n vista de que se ha utilizado el mismo texto en las dos disposiciones, y a falta de toda indicación en contrario en el contexto, consideramos que es apropiado asignar el mismo sentido a esta expresión en el párrafo 1 y el párrafo 2 del artículo 2".⁶²³ A juicio de México, cuando se utiliza el mismo lenguaje en dos disposiciones, lo apropiado es atribuir el mismo significado al lenguaje, "a falta de toda indicación en contrario en el contexto". México sostiene que la diferencia de contextos del término "razonable" en las dos disposiciones requiere que se le atribuya un significado distinto al término. Según México, el párrafo a) de la sección 5 del Anexo se aplica al "acceso y uso de redes públicas de transporte de telecomunicaciones" en términos y condiciones que sean inter alia, "razonables", mientras que el apartado b) de la sección 2.2 se aplica, inter alia, a la interconexión con un proveedor principal con arreglo a tarifas basadas en costos que sean "razonables". Entiende que, en ese sentido, las dos disposiciones se refieren a distintas materias. México alega que la calidad de "razonable" puede ser juzgada solamente dentro del contexto de todos los hechos y circunstancias pertinentes, dado que dichos hechos y circunstancias son los que ofrecen la base de razones y expectativas.⁶²⁴ Señala México también que, para determinar si a un proveedor de servicios de otro Miembro se le ha otorgado "acceso a servicios y redes públicas de transporte de telecomunicaciones y la utilización de los mismos" en términos y condiciones que sean inter alia, "razonables", el Grupo Especial debe examinar todos los hechos y circunstancias pertinentes en relación con el acceso y uso de las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones.⁶²⁵

b) Alegaciones en relación con el párrafo b) de la sección 5 del Anexo

4.330 Los Estados Unidos sostienen que el párrafo a) de la sección 5 del Anexo exige que México se asegure de que los proveedores de servicios de otros Miembros puedan acceder a las redes y servicios públicos de telecomunicaciones y utilizarlos en términos y condiciones razonables para el suministro de un servicio consignado.⁶²⁶ Sostienen también los Estados Unidos que, con tal fin, el párrafo b) de la sección 5 del Anexo requiere que México se asegure de que los proveedores tengan acceso a los circuitos privados arrendados ofrecidos dentro de las fronteras de México o a través de ellas, que puedan utilizarlos, y que puedan interconectar esos circuitos con redes o servicios públicos.⁶²⁷ Por consiguiente, los proveedores de servicios de telecomunicaciones transfronterizos, ya sean basados en infraestructura o no, deben tener acceso a los circuitos privados arrendados y poder utilizarlos. Además, deben tener acceso, en términos y condiciones razonables, a los circuitos privados arrendados y poder utilizar los operadores establecidos no basados en infraestructura (comercializadoras), para el suministro de servicios de telecomunicaciones básicas consignados. A juicio de los Estados Unidos, las medidas de México impiden que los proveedores extranjeros ofrezcan servicios de telecomunicaciones básicas consignados a través de circuitos privados arrendados y, por consiguiente, incurren en una violación de su obligación fundamental de conceder acceso a los circuitos privados arrendados, y la utilización de los mismos, para el suministro de un servicio consignado por México.⁶²⁸

4.331 México sostiene que, conforme a la legislación mexicana, únicamente empresas establecidas en México que obtengan una "concesión" pueden "instalar, operar o explotar una red pública de telecomunicaciones basada en infraestructura". Argumenta que, conforme a la legislación mexicana, los proveedores estadounidenses de servicios de telecomunicaciones básicas basados en infraestructura, no están autorizados para proporcionar servicios de telecomunicaciones basadas en infraestructura en México. Sostiene México además que, al haber inscrito específicamente las limitaciones en su Lista, ya estableció claramente que los proveedores estadounidenses de servicios de telecomunicaciones basados en infraestructura no estarían autorizados para suministrar servicios transfronterizos de telecomunicaciones básicas.⁶²⁹

4.332 Los Estados Unidos sostienen que el párrafo b) de la sección 5 contempla las dos formas principales de interconexión:

"Cada Miembro se asegurará de que los proveedores de servicios de otros Miembros tengan acceso a cualquier red o servicio público de transporte de telecomunicaciones ofrecido dentro de sus fronteras o a través de ellas, incluidos los circuitos privados arrendados, y puedan utilizar tal red o servicio, y, a esos efectos, se asegurará, sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos e) y f), de que se permita a dichos proveedores … ii) interconectar circuitos privados arrendados o propios, con redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones o con circuitos arrendados por otro proveedor de servicios o de su propiedad."⁶³⁰

4.333 México aduce que carece de fundamento la alegación de los Estados Unidos de que México se comprometió a dar acceso transfronterizo a proveedores de telecomunicaciones básicas basados en infraestructura.⁶³¹ Según México, la redacción del párrafo b) de la sección 5 demuestra explícitamente que los Miembros de la OMC pretendían y esperaban que "el acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y la utilización de los mismos" fuera algo que podía ser "ofrecido" o no "ofrecido", dentro de las fronteras de determinado Miembro o a través de ellas. México, alega que no "ofreció" ni se comprometió "al acceso o utilización de" redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones, ya sea en México o a través de su frontera. A juicio de México, dos disposiciones de un tratado -párrafo c) i) de la sección 2 y párrafo b) de la sección 5- y no deben ser interpretadas de manera tal que deje a una de ellas sin efecto o inútil.⁶³²

4.334 Según los Estados Unidos, el párrafo b) de la sección 5 garantiza específicamente que los proveedores extranjeros de servicios podrán obtener acceso a las redes y servicios públicos de telecomunicaciones y utilizarlos mediante interconexión de circuitos privados, ya sean arrendados o propios.⁶³³ Los Estados Unidos sostienen que, en ambos casos, los proveedores estadounidenses de servicios deben basarse en una interconexión con un proveedor mexicano de redes y servicios públicos de telecomunicaciones -como Telmex- a fin de tener acceso a las redes y servicios públicos mexicanos y poder utilizarlos para el suministro de un servicio consignado de telecomunicaciones básicas entre los Estados Unidos y México. A juicio de los Estados Unidos, México debe por lo tanto asegurarse -de conformidad con la sección 5 del Anexo- de que los proveedores estadounidenses de servicios consignados de telecomunicaciones básicas puedan efectuar la interconexión con proveedores mexicanos en términos y condiciones razonables.⁶³⁴

4.335 A juicio de México, el inciso i) del párrafo c) de la sección 2 del Anexo exime a México de la obligación de permitir a los proveedores de servicios de telecomunicaciones básicas no basados en infraestructura el suministro de sus servicios de manera transfronteriza empleando la capacidad que arriendan de los operadores en México. Alega México que interpretar el Anexo de otra forma no solamente sería incompatible con las disposiciones expresas del inciso i) del párrafo c) de la sección 2 del Anexo, sino que también debilitaría y dejaría sin efecto la redacción expresamente utilizada de las limitaciones del acceso a los mercados consignadas en la Lista de México del AGCS.⁶³⁵

4.336 Según los Estados Unidos, los circuitos privados arrendados son fundamentalmente líneas que un usuario arrienda a una empresa pública de telecomunicaciones y mediante las cuales transporta (o suministra) su servicio. Por ejemplo, explican los Estados Unidos, un banco puede arrendar una línea de una empresa pública de telecomunicaciones a fin de enviar por ella informaciones financieras de su filial en México D.F. a su oficina central en Nueva York. De manera semejante, una empresa de telecomunicaciones puede arrendar una línea de una empresa pública de telecomunicaciones para enviar una llamada telefónica de su cliente en Los Ángeles al usuario final en Montreal. Los Estados Unidos estiman que en cualquiera de estos casos, el proveedor del servicio (el banco o la compañía telefónica) requiere el acceso a una línea (una red o servicio público de telecomunicaciones) a fin de suministrar un servicio consignado (un servicio financiero o un servicio de telecomunicaciones básicas).⁶³⁶ Alegan los Estados Unidos que México no se ha asegurado de que los proveedores estadounidenses de servicios tengan acceso a las redes y servicios públicos de telecomunicaciones y puedan utilizarlos para el suministro de servicios de telecomunicaciones básicas consignados en la Lista de México⁶³⁷, y por lo tanto no ha cumplido las obligaciones que le corresponden de conformidad con el Anexo.⁶³⁸

4.337 México sostiene que, incluso si el Anexo se aplicase a esta diferencia, los términos y condiciones que México establece para el acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y su uso tendrían que ser considerados como razonables. Según México, el Anexo deja amplio espacio a los Miembros de la OMC para reglamentar el acceso a las redes y servicios de transporte de telecomunicaciones y su uso. A juicio de México, la palabra "razonable" en el párrafo b) de la sección 5 tendría que ser interpretada en términos amplios que incluyesen todos los hechos y circunstancias pertinentes relacionados con la interconexión, y entre ellos la viabilidad económica de los términos de acceso a los operadores mexicanos y a México.⁶³⁹

4.338 Según los Estados Unidos, el párrafo b) de la sección 5 del Anexo obliga a México a asegurarse de que se permitirá a los proveedores de servicios de otro Miembro "ii) interconectar circuitos privados, arrendados o propios, con redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones o con circuitos arrendados por otro proveedor de servicios o de su propiedad". A juicio de los Estados Unidos, en vista de que las obligaciones del párrafo a) de la sección 5 del Anexo se aplican al párrafo b), México debe asegurarse de que los proveedores extranjeros tengan acceso a dichos circuitos privados arrendados, y puedan utilizarlos, en términos y condiciones razonables, para el suministro de los servicios consignados. Los Estados Unidos hacen notar, además que, en este caso, el análisis no tiene por qué extenderse a determinar si los "términos y condiciones" son razonables y no discriminatorios, porque México no ha asegurado ningún acceso ni utilización de los circuitos privados arrendados para el suministro de los servicios consignados⁶⁴⁰, actuando así en forma incompatible con las obligaciones dimanantes de los párrafos a) y b) de la sección 5 del Anexo.⁶⁴¹

4.339 Los Estados Unidos alegan que México no ha cumplido la sección 5 del Anexo en lo que respecta a los compromisos que ha asumido en materia de acceso a los mercados y trato nacional para: 1) el suministro transfronterizo (modo 1) de servicios de telecomunicaciones básicas basados en infraestructura; y 2) el suministro transfronterizo (modo 1) e interno (modo 3) de servicios de telecomunicaciones básicas no basados en infraestructura. Sostienen los Estados Unidos, para evitar toda confusión, que sus reclamaciones en relación con los circuitos privados arrendados se refieren al suministro de servicios públicos de telecomunicaciones básicas consignados utilizando circuitos privados arrendados.⁶⁴²

4.340 Los Estados Unidos sostienen que México asumió estos compromisos de acceso a los mercados y trato nacional para permitir que los proveedores no basados en infraestructura (las "comercializadoras") suministren a terceros servicios de telecomunicaciones básicas con conmutación de circuitos mediante un circuito privado (es decir, dedicado) que se arrienda de un concesionario.⁶⁴³ Los Estados Unidos hacen notar que, según la Lista de México, las comercializadoras no proporcionan servicios de telecomunicaciones básicas mediante la utilización de sus propias instalaciones, sino mediante el uso de capacidad arrendada de un concesionario de telecomunicaciones basado en infraestructura y titular de una licencia.⁶⁴⁴ Señalan los Estados Unidos que el suministro de servicios de telecomunicaciones mediante capacidad arrendada suele conocerse como "reventa", pero en la Lista de México se usa la expresión "comercializadoras".⁶⁴⁵ Recuerdan los Estados Unidos que la "capacidad arrendada" es esencial para el suministro del servicio consignado, puesto que sin el acceso a dicha capacidad, una comercializadora no puede, según la definición de México, suministrar su servicio. Los Estados Unidos sostienen que, por regla general, se entiende por circuitos privados arrendados -que no se definen en el Anexo- las líneas telefónicas arrendadas de una empresa telefónica dedicadas específicamente al uso de un cliente.⁶⁴⁶

4.341 Los Estados Unidos sostienen que México asumió esos compromisos sobre el suministro transfronterizo de servicios (modo 1) mediante la capacidad arrendada del territorio de un Miembro (es decir, los Estados Unidos) al territorio de cualquier otro Miembro (es decir, México). Según los Estados Unidos, México limitó este compromiso del modo 1 a asegurarse de que las comercializadoras extranjeras encaminen el tráfico internacional mediante las instalaciones de un "concesionario". Los Estados Unidos alegan que México se comprometió a permitir que un proveedor extranjero, no basado en infraestructura, ofreciera servicios de telecomunicaciones al territorio de México a partir del territorio de los Estados Unidos mediante la capacidad arrendada del concesionario de redes públicas (es decir, de circuitos privados arrendados). Señalan los Estados Unidos que el suministro transfronterizo de un servicio de telecomunicaciones básicas mediante capacidad arrendada suele conocerse como reventa internacional simple (RIS).⁶⁴⁷

4.342 Los Estados Unidos recuerdan que México también asumió compromisos en relación con las comercializadoras establecidas en el país (modo 3), con algunas limitaciones. Los Estados Unidos hacen notar que, en vista de que México no ha consignado la limitación de la propiedad extranjera de esos servicios, un proveedor extranjero de servicios podría ser propietario del 100 por ciento de una comercializadora establecida en el país. Los Estados Unidos argumentan que, como México no ha indicado otra cosa, este compromiso del modo 3 permite que una comercializadora establecida en el país suministre servicios de telecomunicaciones básicas internacionales mediante capacidad arrendada.⁶⁴⁸

4.343 Los Estados Unidos sostienen que México asumió compromisos del modo 1 y del modo 3 con respecto a servicios que requieren acceso a los circuitos arrendados privados y la utilización de los mismos para su suministro. Los Estados Unidos alegan que los proveedores de servicios estadounidenses no pueden prestar servicios de telecomunicaciones básicas mediante capacidad arrendada en suministro transfronterizo si no pueden arrendar circuitos privados de un proveedor mexicano. Señalan además los Estados Unidos que tampoco pueden los proveedores estadounidenses de servicios establecer una presencia comercial para suministrar servicios de telecomunicaciones básicas internacionales mediante capacidad arrendada si no pueden arrendar circuitos privados de un proveedor mexicano. Los Estados Unidos hacen notar que México no permite que los proveedores estadounidenses de servicios de telecomunicaciones básicas arrienden dichos circuitos para esos servicios y por lo tanto excluye el suministro de servicios de comercializadoras en el modo 1 y el modo 3.⁶⁴⁹

4.344 México sostiene que, con respecto al acceso a través de presencia comercial de proveedores no basados en infraestructura, los Estados Unidos argumentan que México se comprometió al establecimiento de comercializadoras que podrían suministrar servicios por circuitos privados arrendados (es decir, mediante reventa internacional simple (RIS).⁶⁵⁰ México alega que su compromiso en modo 3 (presencia comercial) por lo que respecta a las comercializadoras está sujeto a las siguientes limitaciones:

"Se requiere permiso otorgado por la SCT. Sólo pueden obtener tal permiso empresas constituidas conforme a la ley mexicana.
Los gobiernos extranjeros no podrán participar en una empresa constituida conforme a las leyes mexicanas, ni obtener autorización alguna para prestar servicios de telecomunicaciones.
Salvo aprobación expresa de la SCT, los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones no podrán participar, ni directa ni indirectamente, en el capital de una empresa comercializadora.
El establecimiento y funcionamiento de las empresas comercializadoras deberá sujetarse invariablemente a las disposiciones reglamentarias respectivas. La SCT no otorgará permisos para el establecimiento de una comercializadora hasta que haya sido emitida la reglamentación correspondiente."⁶⁵¹

4.345 México sostiene que el requisito del permiso es elemento central de la limitación. Según México, dado que a la fecha en que se consignó la limitación la SCT no emitía permisos, ello equivale a un contingente cero y, en consecuencia, el requisito cae dentro de la categoría de "limitaciones al número de proveedores del servicio" del párrafo 2 a) del artículo XVI del AGCS.⁶⁵²

4.346 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial⁶⁵³, los Estados Unidos sostienen que la negativa de México a adoptar la reglamentación necesaria para otorgar permisos a las comercializadoras incumple la obligación que corresponde a México, en virtud del párrafo b) de la sección 5 del Anexo sobre Telecomunicaciones, de asegurarse de que los proveedores de servicios tengan acceso a los circuitos privados arrendados y puedan utilizar tales circuitos.⁶⁵⁴ Los Estados Unidos sostienen, además, que Telmex, a través de su filial en los Estados Unidos, aseguró a la FCC que los compromisos asumidos por México en la OMC exigían a México dictar "con prontitud" la reglamentación pertinente y otorgar permisos a los revendedores.⁶⁵⁵

4.347 Los Estados Unidos sostienen que México también asumió compromisos transfronterizos de acceso a los mercados y trato nacional para servicios específicos de telecomunicaciones básicas públicas suministrados por una empresa basada en infraestructura. Según los Estados Unidos, México limitó este compromiso a asegurarse de que los proveedores extranjeros de servicios encaminen el tráfico internacional mediante la infraestructura de un concesionario mexicano. Los Estados Unidos sostienen que para el suministro de esos servicios públicos basados en infraestructura desde el territorio de los Estados Unidos al territorio de México, México prometió otorgar el acceso a los mercados y el trato nacional a los proveedores de esos servicios, siempre que el proveedor estadounidense de los servicios desde los Estados Unidos encaminara el tráfico internacional a través de la infraestructura de un concesionario mexicano.⁶⁵⁶

4.348 Según los Estados Unidos, el acceso a los circuitos privados arrendados y la utilización de los mismos es indispensable para el suministro de los siguientes servicios consignados en la Lista de México: a) servicios de suministro transfronterizo basados en infraestructura (es decir, servicios de telefonía, servicios de transmisión de datos con conmutación de circuitos y servicios de facsímil por una empresa basada en infraestructura, de los Estados Unidos a México); b) comercializadoras (es decir, servicios de suministro transfronterizo de telecomunicaciones básicas por una empresa no basada en infraestructura, mediante capacidad arrendada, de los Estados Unidos a México); y c) comercializadoras establecidas en el país (es decir, servicios de telecomunicaciones básicas por una empresa no basada en infraestructura, mediante capacidad arrendada, de México a los Estados Unidos). Los Estados Unidos alegan que México no se ha asegurado de que se disponga de los circuitos privados arrendados para el suministro de esos servicios consignados.⁶⁵⁷

4.349 Los Estados Unidos sostienen que México se comprometió con arreglo a los párrafos a) y b) de la sección 5 a asegurarse de que los proveedores extranjeros basados en infraestructura, las comercializadoras extranjeras y las comercializadoras establecidas localmente tengan acceso a los circuitos privados arrendados y a su utilización para suministrar servicios de telecomunicaciones básicas internacionales consignados mediante dichos circuitos y puedan interconectar esos circuitos con las redes y servicios públicos de telecomunicaciones. Los Estados Unidos sostienen que, en vista de que los proveedores mexicanos ofrecen circuitos privados arrendados a sus clientes, México debe asegurarse de que es

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