EL GOBIERNO DE CANADÁ Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, en lo sucesivo denominados la "Partes Contratantes",

RECONOCIENDO que el fomento y la protección de las inversiones de los inversionistas de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante conducirán al estímulo de iniciativas comerciales y al desarrollo de la cooperación económica entre las mismas,

HAN ACORDADO lo siguiente:

ARTICULO I: Definiciones

Para los fines de este Acuerdo:

(a) "empresa" significa

(i) cualquier entidad constituida u organizada de conformidad con la legislación pertinente, independientemente de si es o no con fines de lucro, y de si es de propiedad privada o estatal, incluyendo cualquier corporación, "compañia holding", sociedad de personas, propiedad de una sola persona, asociación de empresas en participación u otro tipo de asociación; y

(ii) toda sucursal de cualquiera de dichas entidades;

(b) "disposición existente" significa toda medida en existencia en el momento en que este Acuerdo entre en vigor;

(c) "derechos de propiedad intelectual" significa derechos de autor y otros afines, derechos de marcas registradas, derechos de patentes, derechos por diseños de trazado de circuitos integrados de semiconductores, derechos de secretos comerciales, derechos de reproductores de plantas, derechos en indicaciones geográficas y derechos de diseño industrial;

(d) "inversión" significa cualquier clase de activo que sea propiedad o esté controlada directamente, o indirectamente a través de un inversionista de un tercer Estado, por un inversionista de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante, de conformidad con la legislación de esta última y comprende, en particular, aunque no exclusivamente:

(i) propiedad mobiliaria e inmobiliaria y cualesquiera otros derechos sobre bienes, tales como hipoteca, prenda, o embargo preventivo;

(ii) acciones, valores bursátiles, bonos y obligaciones o cualquier otra forma de participación en una compañía, empresa comercial o industrial o asociación de empresas en participación;

(iii) dinero, créditos pecuniarios, y derechos al cobro de cualquier obligación basada en un contrato que represente un valor financiero;

(iv) valor llave;

(v) derechos de propiedad intelectual;

(vi) derechos, conferidos por ley o bajo contrato, para ejecutar cualquier actividad económica o comercial, incluyendo cualquier derecho a explorar, cultivar, extraer o explotar recursos naturales;

pero no significa bienes raíces u otra propiedad, tangible o intangible, no adquirida o utilizada con la perspectiva de obtener un beneficio económico u otros fines comerciales;

Para mayor grado de certeza, se considerará que una inversión está controlada por un inversionista si el inversionista controla, directa o indirectamente, la empresa que es propietaria de la inversión;

Cualquier cambio en la forma de una inversión no afecta su carácter de inversión;

(e) "inversionista" significa

en el caso de Canadá:

(i) cualquier persona natural que sea ciudadano canadiense, o residente permanente de Canadá de acuerdo con sus leyes; o

(ii) cualquier empresa organizada o legalmente constituida de acuerdo con las leyes aplicables de Canadá,

quien realiza la inversión en el territorio de Uruguay y que no sea ciudadano de Uruguay;

en el caso de Uruguay:

(i) cualquier persona natural que sea ciudadano de Uruguay de acuerdo con sus leyes; o

(ii) cualquier empresa organizada o legalmente constituida de acuerdo con las leyes aplicables de Uruguay, quien realiza la inversión en el territorio de Canadá y que no es ciudadano de Canadá;

(f) "disposición" comprende cualquier ley, reglamento, procedimiento, requisito o práctica;

(g) "rentas" significa todos los ingresos producidos por una inversión y especialmente, aunque no exclusivamente, incluye beneficios, intereses, ganancias de capital, dividendos, regalías, honorarios y cualquier otro ingreso corriente;

(h) "empresa estatal" significa una empresa que sea propiedad del gobierno o que esté controlada por un gobierno, en virtud de sus intereses en dicha empresa;

(i) "territorio" significa, con respecto a una Parte Contratante, el territorio de esa Parte Contratante, así como aquellas zonas marítimas, incluyendo el suelo y el subsuelo marinos adyacentes al límite exterior del mar territorial, sobre los cuales ejerce, de acuerdo con el Derecho Internacional, la soberanía para fines de exploración y explotación de los recursos naturales en tales zonas;

 

ARTICULO II: Promoción y Protección de las Inversiones

1. Ambas Partes Contratantes estimularán la creación de condiciones favorables conducentes a que los inversionistas de la otra Parte Contratante efectúen inversiones en su territorio.

2. Ambas Partes Contratantes tratarán las inversiones o las rentas de los inversionistas de la otra Parte Contratante

(a) de modo justo y equitativo de acuerdo con los principios del derecho internacional; y

(b) otorgarán plena protección y seguridad.

 

ARTICULO III: Establecimiento de las inversiones

1. Ambas Partes Contratantes permitirán el establecimiento de nuevas empresas, o la adquisición de una empresa ya existente, o parte de tal empresa, por inversionistas o probables inversionistas de la otra Parte Contratante, bajo condiciones no menos favorables que aquellos que, en circunstancias similares, permitan tal adquisición o establecimiento por parte de:

(a) inversionistas o potenciales inversionistas de cualquier tercer Estado;

(b) sus propios inversionistas o potenciales inversionistas.

 

ARTICULO IV: Tratamiento de la inversión establecida

1. Ambas Partes Contratantes otorgarán a las inversiones o a las rentas de los inversionistas de la otra Parte Contratante un trato no menos favorables al que, en circunstancias similares, otorgan a las inversiones o rentas de:

(a) inversionistas de cualquier tercer Estado;

(b) sus propios inversionistas.

2. Ambas Partes Contratantes otorgarán a los inversionistas de la otra ParteContratante, con respecto al disfrute, uso, administración, dirección, operación, expansión y venta u otro tipo de disposición de sus inversiones o rentas, un trato no menos favorable al que, en similares condiciones, otorga a:

(a) los inversionistas de cualquier tercer Estado;

(b) sus propios inversionistas.

 

ARTICULO V: Administración, directores y entrada de Personal

1. Ninguna Parte Contratante podrá exigir que una empresa, de esa Parte Contratante que sea una inversión en virtud de este Acuerdo, nombre para cargos ejecutivos superiores a individuos de una nacionalidad específica.

2. Las Partes Contratantes podrán requerir que la mayoría de los miembros del Consejo de Dirección, o de cualquiera de sus comités, de una empresa que sea una inversión en virtud de este Acuerdo sea de una nacionalidad específica, o residente en el territorio de una Parte Contratante, siempre y cuando el requisito no dificulte materialmente la capacidad del inversionista para ejercer el control de su inversión.

3. Con sujeción a sus leyes, reglamentos y políticas relativas a la entrada de personal extranjero, ambas Partes Contratantes otorgarán permiso de entrada temporal a los ciudadanos de la otra Parte Contratante empleados por una empresa que busca prestar servicios a esa empresa o a una sucursal o filial de la misma, en cargos de gerencia o ejecutivos o que requieran conocimientos especializados.

ARTICULO VI: Requisitos de desempeño

Ninguna de las Partes Contratantes podrá imponer ninguno de los requisitos siguientes con respecto al permiso para el establecimiento o adquisición de una inversión ni exigir cualquiera de los requisitos siguientes con respecto a la reglamentación posterior de esa inversión:

(a) exportar un nivel o porcentaje determinado de artículos;

(b) alcanzar un nivel o porcentaje determinado de contenido nacional;

(c) comprar, utilizar u otorgar preferencia a los bienes producidos o a los servicios provistos en su territorio, o comprar bienes o servicios de personas en su territorio;

(d) establecer cualquier tipo de relación entre el volumen o el valor de las importaciones y el volumen o valor de las exportaciones, o con el volumen de los ingresos de divisas extranjeras relacionadas con esas inversiones; o

(e) transferir tecnología, un proceso de producción u otro conocimiento del que se es propietario a una persona en su territorio no vinculada al cedente, excepto cuando el requisito, compromiso u obligación es impuesto o exigido por una Corte, Tribunal Administrativo o Autoridad encargada de asegurar la competencia, tanto para subsanar una supuesta violación de las leyes de libre competencia como para actuar de forma que no se esté en desacuerdo con otras disposiciones de este Acuerdo;

 

ARTICULO VII: Indemnización por pérdidas

A los inversionistas de una de las Partes Contratantes que sufran pérdidas porque sus inversiones o sus rentas dentro del territorio de la otra Parte Contratante se ven afectadas por conflicto armado, emergencia nacional o desastre natural en ese territorio, esta última Parte Contratante les otorgará, con respecto a restitución, indemnización, compensación u otros arreglos, un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios inversionistas o a los inversionistas de cualquier otro Estado.

ARTICULO VIII: Expropiación

1. Las inversiones o las rentas de los inversionistas de cualesquiera de las Partes Contratantes no podrán ser nacionalizadas, expropiadas o sujetas a disposiciones que produzcan un efecto equivalente a la nacionalización o expropiación (en lo sucesivo denominadas "expropiación") en el territorio de la otra Parte Contratante, excepto en caso de utilidad pública, sujeto al debido proceso legal, de modo no discriminatorio y mediante indemnización pronta, adecuada y efectiva. Tal indemnización, se basará en el justo valor de mercado de la inversión o de las rentas expropiadas inmediatamente antes de la expropiación o en el momento en que la expropiación propuesta se hizo de conocimiento público, dependiendo de lo que ocurra primero, será pagadera a partir de la fecha de la expropiación con intereses a la tasa comercial normal, y se hará efectiva sin demora siendo efectivamente realizable y libremente transferible. Los criterios de valoración incluirán el valor de la empresa en actividad, el valor de los activos incluyendo el valor declarado a efectos fiscales de la propiedad tangible y otros criterios, cuando corresponda, para determinar el justo valor de mercado.

2. El inversionista afectado tendrá derecho, en virtud de las leyes aplicables de la Parte Contratante que ejecute la expropiación, al pronto examen de su caso por una autoridad judicial u otra autoridad independiente de esa Parte, y a la valoración de su inversión o rentas de acuerdo con los principios establecidos en este Artículo.

3. Las estipulaciones de este Artículo serán aplicables a una disposición fiscal, a menos que las autoridades fiscales de las Partes Contratantes, en un plazo que no excederá los seis meses después de recibir notificación por parte de un inversionista de que impugna una disposición fiscal, determinen conjuntamente que la disposición en cuestión no constituye una expropiación.

ARTICULO IX: Transferencia de fondos

1. Cada una de las Partes Contratantes garantizará a los inversionistas de la otra Parte Contratante la transferencia de sus inversiones, o sus rentas sin restricciones. Sin limitar la generalidad de lo precedente, ambas Partes Contratantes garantizarán asimismo a los inversionistas la transferencia sin restricciones de:

(a) los fondos para el pago de préstamos relacionados con una inversión;

(b) el producto de la liquidación total o parcial de cualquier inversión;

(c) los salarios y cualquier otra remuneración adeudada a un ciudadano de la otra Parte Contratante a quien se hubiera permitido trabajar en conexión con una inversión en el territorio de la otra Parte Contratante;

(d) cualquier compensación adeudada a un inversionista en virtud de los Artículos VII u VIII del Acuerdo.

2. Las transferencias se efectuarán sin demora en la moneda convertible en la que el capital fue inicialmente invertido o en cualquier otra moneda convertible acordada por el inversionista y la Parte Contratante interesada. A menos que el inversionista acceda a otra cosa, las transferencias se efectuarán a la tasa de cambio aplicable en la fecha de la transferencia.

ARTICULO X: Subrogaciones

1. Si una Parte Contratante o una agencia de la misma realiza un pago a cualquiera de sus inversionistas en virtud de una garantía o contrato de seguro que hubiese suscrito con respecto de una inversión, la otra Parte Contratante reconocerá la validez de la subrogación en favor de tal Parte Contratante o agencia de la misma a cualquier derecho o título que tenga el inversionista.

2. Cualquier Parte Contratante o una agencia de la misma a la cual se subrogan los derechos de un inversionista de acuerdo al párrafo (1) de este Artículo gozará, bajo todas las circunstancias, de los mismos derechos que el inversionista con respecto a la inversión de que se trate y a sus rentas. Tales derechos podrán ser ejercidos por la Parte Contratante o cualquier agencia de la misma o por el inversionista mismo si la Parte Contratante o una agencia de la misma así lo autoriza.

ARTICULO XI: Medidas fiscales

1. Excepto cuando se haga referencia expresa a ello, nada de lo especificado en este Acuerdo será aplicable a las medidas fiscales. Para mayor grado de certeza, nada en este Acuerdo afectará los derechos y obligaciones de las Partes Contratantes en virtud de cualquier convenio fiscal. En caso de cualquier divergencia entre las disposiciones de este Acuerdo y cualquiera de tales convenios, las disposiciones de tal convenio serán aplicables para subsanar tal divergencia.

2. Toda reclamación de un inversionista de que una medida fiscal de una de las Partes Contratantes viola un acuerdo entre las autoridades del gobierno central de una Parte Contratante y el inversionista con respecto a una inversión, se considerará reclamación por violación de este Acuerdo a menos que las autoridades fiscales de las Partes Contratantes determinen conjuntamente, en un plazo no mayor de seis meses después de ser notificado de la reclamación por el inversionista, que la medida no contraviene tal acuerdo.

ARTICULO XII: Solución de las controversias entre un Inversionista y la Parte Contratante anfitriona