Convenio entre la República de Perú y la República del Paraguay
sobre promoción y protección recíproca de inversiones
El Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República del Paraguay, en adelante denominados "Partes Contratantes".
DESEANDO intensificar la cooperación económica en beneficio mutuo de ambos Estados;
CON INTENCIÓN de crear y mantener condiciones favorables a las inversiones de
nacionales de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante;
RECONOCIENDO la necesidad de promover y proteger las inversiones extranjeras
con el propósito de favorecer la prosperidad económica de ambos Estados.
HAN CONVENIDO lo siguiente:
ARTÍCULO I: Definiciones
Para los efectos del presente Convenio:
(1) "Inversión" designa todo tipo de activo definido de acuerdo con las leyes y
reglamentaciones de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión de conformidad con este Convenio. Esto incluye en particular, pero no
exclusivamente:
a) La propiedad de bienes muebles e inmuebles y demás derechos reales, tales como hipotecas, gravámenes y derechos de prenda;
b) Acciones o derechos de participación en sociedades y otros tipos de
participaciones en sociedades o joint ventures;
c) Las acreencias monetarias y derechos a cualquier tipo de prestación de valor
económico;
d) Derechos de propiedad intelectual e industrial, especialmente, derechos de
autor, patentes, modelos de utilidad, diseños y modelos industriales, marcas,
nombres comerciales, secretos industriales y comerciales, procedimientos
tecnológicos, know-how y valor llave;
e) las concesiones otorgadas, por ley o contrato, por las Partes Contratantes o sus
entidades públicas para el ejercicio de una actividad económica, incluídas las concesiones de prospección, exploración y explotación de recursos naturales.
(2) "Ganancias" designa a las sumas obtenidas de una inversión realizada de
conformidad con este Convenio, tales como utilidades, intereses, dividendos,
regalías y otros ingresos.
(3) "Sociedades" designa a todas las personas jurídicas, incluidas las sociedades civiles y comerciales y demás asociaciones con personería jurídica que ejerzan una actividad económica comprendida en el ámbito del presente Convenio.
(4) "Nacionales" designa respecto a cada Parte Contratante:
a) Las personas naturales que posean la nacionalidad de esa Parte Contratante de acuerdo con su legislación;
b) Las sociedades constituídas de acuerdo con la legislación de esa Parte
Contratante o que estén controladas, directa o indirectamente, por nacionales de
esa Parte Contratante.
(5) "Territorio" para la República del Perú, designa, además del área enmarcada en sus límites terrestres, el dominio marítimo y el espacio aéreo, en los cuales el Estado peruano ejerce soberanía y jurisdicción de acuerdo a su legislación y al Derecho Internacional.
(6) "Territorio" para la República del Paraguay, se refiere al territorio del Estado
sobre el cual el mismo ejerce su soberanía y jurisdicción conforme al Derecho Internacional.
ARTÍCULO II: Ámbito de aplicación
El presente Convenio será aplicado a las inversiones en el territorio de una de las
Partes Contratantes, hechas de conformidad con su legislación, incluyendo, de ser el caso, los procedimientos de admisiones eventuales por nacionales de la otra
Parte Contratante, antes o después de la entrada en vigencia de este Convenio. Sin embargo, no será aplicado a las divergencias o disputas que hayan surgido con anterioridad a su entrada en vigencia.
ARTÍCULO III: Promoción - Admisión
(1) Cada Parte Contratante promoverá en su territorio, en la medida de lo posible,
las inversiones de nacionales de la otra Parte Contratante y admitirá tales inversiones
conforme a sus leyes y reglamentos.
(2) La Parte Contratante que haya admitido una inversión en su territorio, otorgar
los permisos necesarios en relación a dicha inversión incluyendo la ejecución de
contratos de licencia y contratos de asistencia técnica, comercial o administrativa.
Cada Parte Contratante facilitará, cuando así se requiera, los permisos necesarios
para las actividades de consultores o de otras personas calificadas de nacionalidad
extranjera.
ARTÍCULO IV: Protección - Tratamiento y Zona de Integración Económica
(1) Protección: Cada Parte Contratante protegerá en su territorio las inversiones
efectuadas según sus leyes y reglamentaciones por los nacionales de la otra Parte
Contratante y no obstaculizará, con medidas indebidas o discriminatorias, la
gestión, el mantenimiento, la utilización, el disfrute, el crecimiento, la venta y, si
fuera el caso, la liquidación de dichas inversiones. En particular, cada Parte
Contratante otorgará los permisos mencionados en el artículo 3, párrafo 2 de este
Convenio.
(2) Tratamiento: Cada Parte Contratante garantizará en su territorio un
tratamiento justo y equitativo para las inversiones de los nacionales de la otra Parte
Contratante. Este tratamiento no será menos favorable que el acordado por cada
Parte Contratante a las inversiones efectuadas en su territorio por sus propios
nacionales o al otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones efectuadas en
su territorio por nacionales de la nación más favorecida, siempre y cuando este
último tratamiento fuere más favorable.
(3) Zona de Integración Económica: El tratamiento de la nación más
favorecida no se aplicará a los privilegios que una Parte Contratante acuerde a los
nacionales de un tercer Estado en virtud de su participación o asociación a una zona
de libre comercio, a una unión aduanera o a un mercado común.
(4) El trato acordado por el presente artículo no se refiere a las ventajas que una de
las Partes Contratantes conceda a los nacionales o sociedades de terceros Estados
como consecuencia de un acuerdo para evitar la doble imposición o de otros
acuerdos sobre asuntos tributarios.
ARTÍCULO V: Libre Transferencia
(1) Cada Parte Contratante, en cuyo territorio, nacionales de la otra Parte
Contratante hayan efectuado inversiones, garantizar a éstos la libre transferencia
de los pagos relacionados con esas inversiones, particularmente de:
a) Ganancias;
b) Amortizaciones de préstamos;
c) Importes destinados a cubrir los gastos relativos a la administración de las
inversiones;
d) Regalías y otros ingresos que se originan de los derechos enumerados en el
artículo 1, párrafo 1, incisos c), d), y e) del presente Convenio;
e) La contribución adicional de capital necesario para el mantenimiento o desarrollo
de las inversiones;
f) El producto de la venta o liquidación parcial o total de una inversión, incluyendo
plusvalías eventuales.
2. La transferencia se efectuará en una moneda libremente convertible, sin
restricción o demora.
ARTÍCULO VI: Expropiación - Compensación
(1) Ninguna de las Partes Contratantes adoptará, directa o indirectamente, medidas
de expropiación, nacionalización o cualquier otra medida de la misma naturaleza o
efecto, contra inversiones de nacionales de la otra Parte Contratante, excepto por
las causas expresamente establecidas en las Constituciones nacionales respectivas,
y a condición que dichas medidas no sean discriminatorias y que den lugar al pago
de una indemnización justa y oportuna.
(2) La indemnización deberá corresponder al valor de la inversión expropiada o
nacionalizada inmediatamente antes de la fecha de hacerse pública la expropiación,
la nacionalización o medida equivalente. La indemnización deberá abonarse sin
demora, en moneda libremente convertible y devengar intereses hasta la fecha de
su pago efectivo, según el tipo usual de interés bancario y deberá ser realizable y
libremente transferible.
(3) Los nacionales o las sociedades de una de las Partes Contratantes que sufran
pérdidas en sus inversiones de capital en el territorio de la otra Parte Contratante a
consecuencia de guerra y otro conflicto armado, revolución, estado de emergencia
nacional, rebelión insurrección o motín en el territorio de la otra Parte Contratante,
no serán tratados por ésta menos favorablemente que sus propios nacionales y
sociedades o los nacionales y las sociedades de cualquier tercer Estado en lo
referente a restituciones, indemnizaciones, ajustes u otros pagos. Los pagos
correspondientes serán transferibles de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.
ARTÍCULO VII: Subrogación
Cuando una Parte Contratante haya acordado una garantía para cubrir los riesgos no comerciales con relación a una inversión efectuada por uno de sus nacionales en el territorio de la otra Parte Contratante, ésta última reconocer la subrogación de la primera Parte Contratante en los mismos derechos del nacional reconocidos por la ley de la parte receptora de la inversión, siempre y cuando la primera Parte Contratante haya efectuado un pago en virtud de dicha garantía.
ARTÍCULO VIII: Controversias entre una parte Contratante y un Nacional de la otra Parte Contratante
(1) Para resolver las controversias relativas a las inversiones entre una Parte
Contratante y un nacional de la otra Parte Contratante, y sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 9 del presente Convenio (Controversias entre las Partes
Contratantes), las partes interesadas celebrarán consultas para solucionar el
diferendo, en lo posible, por vía amistosa.
(2) Si estas consultas no permiten solucionar la controversia en un plazo de seis
meses a partir de la fecha de solicitud de arreglo de la diferencia, el nacional puede
someter la disputa tanto a la jurisdicción nacional de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión o al arbitraje internacional. En este último caso el nacional tiene las siguientes opciones:
a) El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(C.I.A.D.I.), creado por el "Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", abierto a la firma en
Washington, D.C., el 18 de marzo de 1965;
b) Un tribunal ad hoc que, salvo otro parecer acordado entre las partes en
controversia, será establecido bajo las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional (C.N.U.D.M.I.).
(3) En caso de recurrir a la jurisdicción nacional, el nacional no puede apelar al
arbitraje internacional mencionado en el párrafo 2 del presente artículo, salvo en el evento que luego de un período de 18 meses a partir de la citación con la demanda, no haya sentencia definitiva y ejecutoriada y las dos partes, de común acuerdo, desistan de continuar en esa instancia judicial, para someter la controversia al
arbitraje internacional.
(4) La Parte Contratante que sea parte de una controversia en ningún momento,
durante los procedimientos, podrá utilizar en su defensa su inmunidad o el hecho
que el nacional haya recibido una compensación, por contrato de seguro,
indemnizando la totalidad o parte de los daños o pérdidas incurridas.
(5) El tribunal arbitral podrá decidir en base al presente Convenio y a otros acuerdos relevantes entre las Partes Contratantes; en base a los términos de algún acuerdo específico que pueda ser concluído con relación a la inversión; a la ley de la Parte Contratante que sea parte en la controversia, inclusive sus normas sobre conflicto de leyes y aquellos principios y normas del Derecho Internacional que fueren aplicables.
(6) Las decisiones del tribunal son definitivas y obligatorias para las partes en
controversia.
ARTÍCULO IX: Controversias entre las Partes Contratantes
(1) Las controversias entre Partes Contratantes relativas a la interpretación o a la
aplicación de las disposiciones del presente Convenio, se resolverán por vía diplomática.
(2) Si las Partes Contratantes no llegan a un acuerdo dentro de los seis meses
contados a partir del inicio de la controversia, ésta será sometida, a solicitud de cualquiera de ellas, a un tribunal arbitral compuesto de tres miembros. Cada Parte Contratante designará un árbitro, y ambos árbitros así designados nombrarán al presidente del tribunal, que deberá ser un nacional de un tercer Estado.
(3) Si una de las Partes Contratantes no hubiera designado su árbitro y no diera
respuesta a la invitación de la otra Parte Contratante de efectuar esta designación dentro de dos meses, el árbitro será designado, a solicitud de esta última Parte Contratante, por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
(4) Si los dos árbitros no logran llegar a un acuerdo sobre la elección del presidente en el plazo de dos meses siguientes a su designaci¢n, este £ltimo ser designado, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
(5) Si, en los casos previstos en los párrafos 3 y 4 del presente artículo, el
Presidente de la Corte Internacional de Justicia estuviera impedido de realizar dicha
función, o sí fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, las
designaciones serán realizadas por el Vice-Presidente y si este último estuviera impedido, o si fuera nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, los
nombramientos serán realizados por el Juez de la Corte de mayor antigüedad que no sea nacional de cualquiera de las Partes Contratantes.
(6) Salvo que las Partes Contratantes acuerden lo contrario, el propio Tribunal
determinará su procedimiento.
(7) Las decisiones del Tribunal son definitivas y obligatorias para las Partes
Contratantes.
ARTÍCULO X: Observancia de las obligaciones
Cada Parte Contratante respetará en todo momento las obligaciones contraídas respecto de las inversiones de los nacionales de la otra Parte Contratante.
ARTÍCULO XI: Disposiciones complementarias
(1) El presente Convenio no impedirá la aplicación por cualquiera de las partes de las medidas necesarias para el mantenimiento del orden público o la seguridad nacional, en el marco de los principios generales del Derecho Internacional.
(2) Toda expresión que no esté definida en el presente Convenio tendrá el sentido utilizado en la legislación vigente en cada Parte Contratante.
ARTÍCULO XII: Caso de interrupción de relaciones diplomáticas o consulares
Las disposiciones del presente Convenio continuarán siendo plenamente aplicables aún en los casos previstos por el art¡culo 63 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969.
ARTÍCULO XIII: Vigencia del Convenio
(1) El presente Convenio entrará en vigencia a los treinta días siguientes de la fecha en que ambas Partes Contratantes se hayan notificado recíprocamente el cumplimiento de los procedimientos internos necesarios para su aprobación y permanecerá en vigencia por un período de quince años.
(2) A menos que cualquiera de las Partes Contratantes lo hubiese denunciado, por
lo menos con seis meses de anticipación de la fecha de expiración de su vigencia, el presente Convenio se prorrogar t citamente por per¡odos de diez a¤os. Cada Parte Contratante se reserva el derecho de denunciar este Convenio, previa notificación, por lo menos seis meses antes de la fecha de expiración del respectivo período de validez.
(3) Con relación a aquellas inversiones hechas antes de la fecha de terminación de este Convenio, los artículos precedentes del mismo continuarán en vigencia por un período de diez años a partir de esa fecha.
EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados al efecto por sus
respectivos Gobiernos, han suscrito el presente Convenio.
HECHO en la ciudad de Lima, a los treinta y un días del mes de enero de mil
novecientos noventa y cuatro, en dos ejemplares en idioma castellano, siendo
ambos textos igualmente auténticos.
POR EL GOBIERNO DE POR EL GOBIERNO DE
LA REPÚBLICA DEL PERÚ LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER LUISA MARIA RAMIREZ BOETTNER
MINISTRO DE RELACIONES MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES EXTERIORES
|
